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Sentencia AC-1059-19 — Registro 12884

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que resolvió los recursos de apelación interpuestos con relación a la demanda ordinaria de indemnización de Daños y Perjuicios. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se ha violado, en perjuicio de su representada, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones recurrida motivó la decisión antes apuntada en la siguiente argumentación fáctica y jurídica: “… La resolución que es vista mediante recurso de apelación, es la que inadmite mediante audiencia preliminar, la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios y ordena el archivo de la demanda y la devolución de los anexos al interesado. La inadmisión de demanda fue resuelta en la audiencia preliminar y el archivo de las diligencias mediante resolución que subsana la emitida en la audiencia preliminar. SEGUNDO: El juez inadmitió la demanda en audiencia preliminar, luego que la parte demandada invocara la excepción de falta de los requisitos legales, no se acompañen a la demanda los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión. Es argumentada dicha excepción en la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gastos Públicos, articulo 23. La disposición legal antes enunciada, se refiere a los reclamos administrativos o jurisdiccionales contra el Estado de Honduras por concepto de intereses adeudados daño emergente y lucro cesante, debe presentar el demandante ante el tribunal una certificación emitida por firma auditora autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El juez ante la denuncia del defecto procesal, considero este como un obstáculo para la valida continuación del proceso al no presentar la certificación de que trata dicha norma. Resolución que no es compartida por este tribunal de Apelación, por las siguientes razones: 1. La Ley de Eficiencia en el ingreso y gasto público, tiene como finalidad, el asegurar la eficiencia de ingresos mediante el control y restricción de exoneración y medidas anti - evasión, así como gasto público, para captar recursos destinados a atender programas sociales. Así lo determina el artículo 1 de la Ley; 2. El artículo 23 de la Ley en mención, se encuentra comprendido en el capítulo V, específicamente en la parte de recuperación de adeudos por parte del Estado. Se denomina dicho artículo como registro de rentas, por lo que su contenido es relacionado con ello y los reclamos que se realicen contra el Estado por dicho tema; 3.El caso que nos ocupa una empresa Mercantil demanda por daños y perjuicios a la Municipalidad de San Pedro Sula, la ley especial establece los requisitos de rigor para | plantearla, a, pero no es de aplicación el artículo 23 de la Ley “de Eficiencia en el ingreso y gasto público : 4.Confirmar la decisión tomada por el Juez de primera instancia implicaría detrimento al principio de acceso a la justicia, y violatorio a la Constitución de la Republica. TERCERO: En cuanto a los agravios planteados por la parte demandada, respecto a los defectos procesales de no haberse agotado la vía Administrativa y la petición en la vía Administrativa y la vía Judicial, son diferentes, compartimos los argumentos expuestos por el juez, el de haberse agotado la vía Administrativa, lo cual se acredita atreves de las actas notariales, el hecho que no se tenga una resolución no equivale a que no se instó la vía Administrativa. En cuanto a la discordancia en la petición Administrativa y judicial, no existe, por cuanto las peticiones en ambas coinciden, pagos de daños y perjuicios. CUARTO: De conformidad a lo expuesto en los numerales anteriores es procedente revocar la resolución apelada, en el sentido que se debe desestimar el defecto procesal invocado por la parte demandada, consistente en la inadmisibilidad de la demanda por no haber acompañado un documento probatorio, consistente en una certificación donde se haga constar el monto registrado en la contabilidad en la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Confirmando todo lo demás.” CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional estima que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, en torno a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso. Así, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas no solo es un principio que informa al ejercicio de la función jurisdiccional, sino, además, es un derecho fundamental mediante el cual se garantiza, por un lado, que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes y por el otro, que los justiciables puedan ejercer su derecho de defensa con efectividad. En ese sentido, una vez analizados los antecedentes, y las respuestas jurisdiccionales del A-quo como del Ad-quem, se observa que la respuesta recurrida, cumple con los requerimientos establecidos en el artículo 207 del Código Procesal Civil, al analizar y contestar a cada una de las excepciones o defectos procesales opuestos por la parte demandada, con una respuesta técnico jurídica apegada a derecho, coincidiendo esta Sala de lo Constitucional con el razonamiento jurídico plasmado en la sentencia, relativo a que, en el caso de autos no opera ni es aplicable la excepción o defecto procesal de falta de los requisitos legales, por no haber acompañado a la demanda, los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión, posición jurisdiccional fundada en la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gastos Públicos, la cual en su artículo 23 dispone que cuando se trate de reclamos administrativos o jurisdiccionales contra el Estado de Honduras por concepto de intereses adeudados daño emergente y lucro cesante, el demandante debe presentar ante el tribunal, una certificación emitida por firma auditora autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Es de mencionar que dicha circunstancia es inexistente en el caso de autos, ya que el objeto de la demanda es que con la prueba aportada por ambas partes, se determine si hubo una razón justificada en ley, para que la Municipalidad de San Pedro Sula, ordenara el desmantelamiento de propaganda colocada por la empresa demandante en varios puntos de esa ciudad y posteriormente haber mandado a retirar la misma, en ese sentido, dependiendo del resultado del proceso procederá o no el pago de daños y perjuicios y lucro cesante. Se manifiesta que el A-quo vulneró el debido proceso por aplicación errónea de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gastos Públicos, aplicación de la cual deviene el archivo del caso, violentando el derecho de acción, el derecho de defensa y el derecho a un debido proceso, por lo que la decisión que ahora se recurre, consistente el revocar la decisión del A-quo, es garantista del principio /derecho a la legalidad, siendo procedente la denegatoria del amparo interpuesto, máxime si la consecuencia jurídica de esta decisión, no es otra más que el comienzo de un proceso civil, con todas las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ITALO GODOY MENDIETA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), con relación a la Demanda Ordinaria de Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el abogado ROOSEVELT GEOVANY NUÑEZ BODDEN, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA, S.A. DE C.V., en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se ha violado, en perjuicio de su representada, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado ROOSEVELT GEOVANY NUÑEZ BODDEN, actuando en su condición de apoderado legal la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA, S.A. DE C.V., interponiendo Demanda Ordinaria de Indemnización de Daños y Perjuicios, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, solicitando que dicte sentencia mediante la cual se declare con lugar la demanda, y se proceda a la restitución de los bienes decomisados, y al pago de resarcimiento de los daños causados a la parte demandada y los intereses legales ocasionados en su perjuicio, como daño emergente y lucro cesante. (Folios 1–169 del Tomo I de la Primera Pieza de antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “… en cuanto a la prescripción del momento para demandar el tribunal no se va a referir por cuanto la prescripción afecta al fondo del proceso y se resuelve en sentencia definitiva, se procede a resolver el defecto de inadmisibilidad de la demanda por falta de reclamación administrativa previa, … se acredita de alguna manera fehaciente que ha habido reclamaciones administrativas previas y que finalmente no se le ha tenido una resolución final a la parte peticionaria por cuanto si se ha acudido a la vía administrativa previa, con relación al defecto procesal inadmisibilidad de la demanda por no haber acompañado un documento probatorio … se declara con lugar este defecto procesal por no haber acompañado a la demanda lo que es la certificación donde se haga constar que el monto registrado en la contabilidad en la declaración jurada del impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal correspondiente es una obligación presentar esta certificación juntamente con la demanda, considera el Tribunal con lugar este defecto procesal …, en cuanto a defecto del reclamo administrativo pedía nulidad daños y perjuicios e intereses y en este caso en la demanda solo pide daños y perjuicios el manifestó que renuncio la Ley establece que tanto el reclamo como la demanda tienen que ser la misma acción, en ese caso se declara sin lugar en virtud de que el reclamo según se lee en esta suma estable los daños y perjuicios si no menciona alguna de las pretensión no considera el tribunal que es un motivo suficiente para declarar con lugar este defecto pues está ejerciendo un derecho que la Ley le otorga el derecho de petición esta tutelado y coincide la parte general con la reclamación administrativa previa en cuanto a lo que está solicitando la falta de legitimación no se resuelve porque esto ataca el fondo entonces tendrá que ser en la sentencia, …”. (Folios 309–317v del Tomo I de la Primera Pieza de antecedentes) 3) Que como consta en la certificación agregada al expediente de la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la misma conoció de los recursos de apelación interpuestos por las partes, y dictó su Sentencia en fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandante.- 2) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada.- 3) REVOCAR Y DICTAR la sentencia apelada, en el sentido desestimar el defecto procesal invocado por la parte demandada, consistente en la inadmisibilidad de la demanda por no haber acompañado un documento probatorio, consistente en una certificación donde se haga constar el monto registrado en la contabilidad en la declaración jurada del impuesto sobre la renta.- 4) Que se continúe con el trámite de ley.-” (Folios 8–9v de la Segunda Pieza de antecedentes) 4) Que el abogado ITALO GODOY MENDIETA, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, contra la Sentencia de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho contenido en el artículos 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020). (Folios 1–8 y 27 del presente Recurso) 5) Que en fecha uno (1) de diciembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por haberse vulnerado el derecho constitucional alegado por el Amparista.” (Folios 32–39 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo, acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que el génesis del caso que se conoce tiene lugar cuando empleados del Departamento de Medio Ambiente Impacto Ambiental y control de Publicidad de la Municipalidad de San Pedro Sula, desmantelaron y dañaron las estructuras de publicidad <rótulos, vallas, paraderos de publicidad> de diferentes empresas reconocidas, con quienes la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA, S.A. DE C.V., había firmado contrato de servicios publicitarios, debidamente autorizados por la Municipalidad de San Pedro Sula, sin embargo fueron destruidos por estimar el departamento supra, que estaban colocados sobre las aceras, y en varios puntos de la ciudad que obstruían la visibilidad vial. por lo que el objeto de la demanda civil, IKA PUBLICITARIA, S.A. DE C.V, además de solicitar que se le restituya cada uno de los puntos donde estaban colocadas las estructuras publicitarias con la publicidad pactadas con terceros, peticiona el pago de la cantidad dineraria que dejo de percibir por parte de estas empresas que pagaron la publicidad y que fue desmantelada, ello en concepto de daño emergente y lucro cesante. CONSIDERANDO (4): Que, en la respetiva audiencia preliminar, la Municipalidad de San Pedro Sula, opuso cuatro defectos procesales, el de prescripción del momento para demandar, inadmisibilidad por no haber agotado el procedimiento administrativo, inadmisibilidad por no haber acompañado certificación de una firma auditora, requisito exigido por la ley; e inadmisibilidad por estimar que el reclamo administrativo y la demanda, no se sustentan en los mismos hechos y derechos. El A-quo en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), dictó Resolución desestimando los defectos procesales y estimando uno de ellos de la manera siguiente: “…y con relación al defecto procesal de inadmisibilidad de la demanda por no haber acompañado un documento probatorio … se declara con lugar este defecto procesal por no haber acompañado a la demanda lo que es la certificación donde se haga constar que el monto registrado en la contabilidad en la declaración jurada del impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal correspondiente es una obligación presentar esta certificación juntamente con la demanda, considera el Tribunal con lugar este defecto procesal…” y en una resolución posterior ordenó el archivo de las diligencias. No conforme, la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA, S.A. DE C.V., interpuso recurso de apelación, resolviendo el Tribunal de alzada, en sentencia de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, 1) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandante.- 2) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada.- 3) REVOCAR Y DICTAR la sentencia apelada, en el sentido desestimar el defecto procesal invocado por la parte demandada, consistente en la inadmisibilidad de la demanda por no haber acompañado un documento probatorio, consistente en una certificación donde se haga constar el monto registrado en la contabilidad en la declaración jurada del impuesto sobre la renta.- 4) Que se continúe con el trámite de ley.- CONSIDERANDO (5): Que la Municipalidad de San Pedro Sula, en la formalización de la acción de amparo interpuesta, expone a través de su recurrente tres vulneraciones a derechos fundamentales, a saber: 1.- Al debido proceso por no haber agotado el procedimiento administrativo. 2.- Al debido proceso por no haber acompañado una certificación de la firma auditora, requisito exigido por la ley. 3.- Al debido proceso por estimar que el reclamo y la demanda no se sustentan en los mismos hechos y derechos. Con relación a la primera vulneración al debido proceso por no haber agotado el procedimiento administrativo, el recurrente fundamenta su desarrollo de la violación, en la inobservancia por parte del Tribunal recurrido a lo dispuesto en los artículos 414 y 426 del Código Procesal Civil que respectivamente dicen, artículo 414.- Procedencia; 1. Cuando la Administración Pública, en los términos fijados por las leyes, deba ser parte demandada en un proceso civil por controversias fundadas en derecho privado, no se admitirá la demanda a trámite si no se acompaña certificación válida de haberse denegado la petición objeto del proceso en la vía administrativa previa, debiendo vigilar de oficio el tribunal la concurrencia de este requisito, sin perjuicio del derecho de la parte a alegarlo en la contestación a la demanda en el juicio ordinario o al principio de la audiencia en el juicio abreviado. 2. La falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado el derecho, suspenderá el procedimiento civil y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas. Y el artículo 426.- Inadmisión de la demanda. 1. Sólo se inadmitirá la demanda en los casos y por las causas expresamente previstos en este Código. 2. El juez declarará inadmisible la demanda cuando carezca de los requisitos legales, no se acompañen a ella los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión. 3. El juez comunicará al demandante, por una sola vez, los defectos u omisiones de la demanda para que, si son subsanables, proceda a corregirlos o a completarla en el plazo que se fije al efecto, que no podrá ser superior a diez (10) días. 4. Si la demanda contuviera defectos insubsanables, o no se hubieran subsanado en el plazo concedido al efecto, se ordenará el archivo del expediente y la devolución de los anexos. El recurrente expone en el desarrollo de la violación que, al tratarse de una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, el demandante debió haber agotado la vía administrativa, y la forma en que sostiene que el procedimiento administrativo no se agotó, es precisamente por no haber adjuntado a la demanda el documento que la ley exige, y que estimar lo contrario, vulnera a su representado el artículo 90 constitucional, al apreciar que la alzada confundió el acudir a la vía administrativa, con agotar la vía administrativa, ya que en efecto se acudió a la vía administrativa pero el trámite no ha finalizado, por no haberse notificado de una resolución mediante la cual la Municipalidad demandada, resuelve que no se adjuntó a la demanda, la certificación de haberse denegado la petición objeto del proceso. CONSIDERANDO (6): Que el impetrante alega la vulneración al debido proceso por no haber acompañado una certificación de la firma auditora, requisito que a su juicio exige la ley, lo fundamenta en el decreto legislativo 113-2011, contentivo de la Ley de Eficacia en los Ingresos y Gastos Públicos, la que, en su artículo 426 numerales 1 y 2 manda a un Juez declarar inadmisible una demanda, cuando carezca de los requisitos legales, no se acompañen a ella los documentos y medios probatorios que la ley exija para su admisión, esto, con relación al artículo 23 de la misma ley antes mencionada, que dice que en caso de reclamos administrativos y/o judiciales contra el Estado de Honduras por concepto de intereses adeudados daño emergente y lucro cesante. Sostiene la demandada que el demandante debió adjuntar a la demanda, una certificación emitida por una firma auditora autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en donde se haga constar que dicho monto esta registrados en la contabilidad y en la declaración jurada del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal del año correspondiente. Sostiene que, al no existir esta certificación, nunca se debió haber admitido la demanda, por lo que, con su admisión, el Juez vulneró el debido proceso por inaplicación de los artículos 23 y 426 numerales 1 y 2 de la Ley de Eficacia en los Ingresos y Gastos Públicos. Y como tercera vulneración al debido proceso sostiene que la demanda no se sustenta en los mismos hechos y derechos, y explica que el reclamo administrativo es totalmente distinto al reclamo judicial así: en la vía administrativa presento escrito solicitando nulidad absoluta de actuaciones de un acto de resolución administrativa dictada por el Jefe del departamento de medio ambiente impacto ambiental y control de publicidad, restitución de los puntos o lugares donde se encontraban todas las estructuras instaladas con la publicidad, y hacer efectivo el pago en concepto de indemnización de los daños y perjuicios de que fue objeto mi representada en su peculio por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula y la acción judicial incoada, trata de una demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios de que fue objeto mi representada en su peculio por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula. CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones recurrida motivó la decisión antes apuntada en la siguiente argumentación fáctica y jurídica: “… La resolución que es vista mediante recurso de apelación, es la que inadmite mediante audiencia preliminar, la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios y ordena el archivo de la demanda y la devolución de los anexos al interesado. La inadmisión de demanda fue resuelta en la audiencia preliminar y el archivo de las diligencias mediante resolución que subsana la emitida en la audiencia preliminar. SEGUNDO: El juez inadmitió la demanda en audiencia preliminar, luego que la parte demandada invocara la excepción de falta de los requisitos legales, no se acompañen a la demanda los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión. Es argumentada dicha excepción en la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gastos Públicos, articulo 23. La disposición legal antes enunciada, se refiere a los reclamos administrativos o jurisdiccionales contra el Estado de Honduras por concepto de intereses adeudados daño emergente y lucro cesante, debe presentar el demandante ante el tribunal una certificación emitida por firma auditora autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El juez ante la denuncia del defecto procesal, considero este como un obstáculo para la valida continuación del proceso al no presentar la certificación de que trata dicha norma. Resolución que no es compartida por este tribunal de Apelación, por las siguientes razones: 1. La Ley de Eficiencia en el ingreso y gasto público, tiene como finalidad, el asegurar la eficiencia de ingresos mediante el control y restricción de exoneración y medidas anti - evasión, así como gasto público, para captar recursos destinados a atender programas sociales. Así lo determina el artículo 1 de la Ley; 2. El artículo 23 de la Ley en mención, se encuentra comprendido en el capítulo V, específicamente en la parte de recuperación de adeudos por parte del Estado. Se denomina dicho artículo como registro de rentas, por lo que su contenido es relacionado con ello y los reclamos que se realicen contra el Estado por dicho tema; 3.El caso que nos ocupa una empresa Mercantil demanda por daños y perjuicios a la Municipalidad de San Pedro Sula, la ley especial establece los requisitos de rigor para | plantearla, a, pero no es de aplicación el artículo 23 de la Ley “de Eficiencia en el ingreso y gasto público : 4.Confirmar la decisión tomada por el Juez de primera instancia implicaría detrimento al principio de acceso a la justicia, y violatorio a la Constitución de la Republica. TERCERO: En cuanto a los agravios planteados por la parte demandada, respecto a los defectos procesales de no haberse agotado la vía Administrativa y la petición en la vía Administrativa y la vía Judicial, son diferentes, compartimos los argumentos expuestos por el juez, el de haberse agotado la vía Administrativa, lo cual se acredita atreves de las actas notariales, el hecho que no se tenga una resolución no equivale a que no se instó la vía Administrativa. En cuanto a la discordancia en la petición Administrativa y judicial, no existe, por cuanto las peticiones en ambas coinciden, pagos de daños y perjuicios. CUARTO: De conformidad a lo expuesto en los numerales anteriores es procedente revocar la resolución apelada, en el sentido que se debe desestimar el defecto procesal invocado por la parte demandada, consistente en la inadmisibilidad de la demanda por no haber acompañado un documento probatorio, consistente en una certificación donde se haga constar el monto registrado en la contabilidad en la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Confirmando todo lo demás.” CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional estima que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, en torno a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de proceso. Así, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas no solo es un principio que informa al ejercicio de la función jurisdiccional, sino, además, es un derecho fundamental mediante el cual se garantiza, por un lado, que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes y por el otro, que los justiciables puedan ejercer su derecho de defensa con efectividad. En ese sentido, una vez analizados los antecedentes, y las respuestas jurisdiccionales del A-quo como del Ad-quem, se observa que la respuesta recurrida, cumple con los requerimientos establecidos en el artículo 207 del Código Procesal Civil, al analizar y contestar a cada una de las excepciones o defectos procesales opuestos por la parte demandada, con una respuesta técnico jurídica apegada a derecho, coincidiendo esta Sala de lo Constitucional con el razonamiento jurídico plasmado en la sentencia, relativo a que, en el caso de autos no opera ni es aplicable la excepción o defecto procesal de falta de los requisitos legales, por no haber acompañado a la demanda, los documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su admisión, posición jurisdiccional fundada en la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gastos Públicos, la cual en su artículo 23 dispone que cuando se trate de reclamos administrativos o jurisdiccionales contra el Estado de Honduras por concepto de intereses adeudados daño emergente y lucro cesante, el demandante debe presentar ante el tribunal, una certificación emitida por firma auditora autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Es de mencionar que dicha circunstancia es inexistente en el caso de autos, ya que el objeto de la demanda es que con la prueba aportada por ambas partes, se determine si hubo una razón justificada en ley, para que la Municipalidad de San Pedro Sula, ordenara el desmantelamiento de propaganda colocada por la empresa demandante en varios puntos de esa ciudad y posteriormente haber mandado a retirar la misma, en ese sentido, dependiendo del resultado del proceso procederá o no el pago de daños y perjuicios y lucro cesante. Se manifiesta que el A-quo vulneró el debido proceso por aplicación errónea de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y Gastos Públicos, aplicación de la cual deviene el archivo del caso, violentando el derecho de acción, el derecho de defensa y el derecho a un debido proceso, por lo que la decisión que ahora se recurre, consistente el revocar la decisión del A-quo, es garantista del principio /derecho a la legalidad, siendo procedente la denegatoria del amparo interpuesto, máxime si la consecuencia jurídica de esta decisión, no es otra más que el comienzo de un proceso civil, con todas las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ITALO GODOY MENDIETA, a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), con relación a la Demanda Ordinaria de Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el abogado ROOSEVELT GEOVANY NUÑEZ BODDEN, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA, S.A. DE C.V., en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. -Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., seis de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el abogado ITALO GODOY MENDIETA, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, en el recurso de amparo interpuesto por el hoy recurrente a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), con relación a la Demanda Ordinaria de Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el abogado ROOSEVELT GEOVANY NUÑEZ BODDEN, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil IKA PUBLICITARIA, S.A. DE C.V., en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, representada por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que la sentencia recurrida en amparo no está apegada a derecho por violentar a su representada el derecho fundamental a un debido proceso contemplado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional ha constatado en principio, que el impugnante ha recurrido vía recurso de reposición la sentencia supra, manifestando su desacuerdo con la determinación de haberse denegado el amparo interpuesto, exactamente con los mismos argumentos expuestos en el recurso de amparo, volviendo la presente impugnación en repetitiva. En aras del derecho al recurso, manifestación del derecho de defensa y este a su vez de un debido proceso, esta Sala ha revisado y analizado de nuevo los antecedentes, reiterando su conclusión referente a la inaplicabilidad en el presente caso, del artículo 23 de la Ley de Eficiencia y Gasto Público, pues no se trata de control, restricción de exoneraciones y/o medidas anti-evasión, a la que se refiere el artículo 23 referido, que a juicio del impugnante se debe aplicar, sino que, como se motivó en la sentencia, el objeto de la demanda es que con la prueba aportada por ambas partes, se determine si hubo una razón justificada en ley, para que la Municipalidad de San Pedro Sula, ordenara el desmantelamiento de propaganda colocada por la empresa demandante en varios puntos de esa ciudad y posteriormente haber mandado a retirar la misma, en ese sentido, dependiendo del resultado del proceso procederá o no el pago de daños y perjuicios y lucro cesante. CONSIDERANDO: Que el derecho a un debido proceso es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que, no se debe considerar vulnerado este derecho fundamental, cuando la respuesta no es acorde con el objeto perseguido por el recurrente. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado ITALO GODOY MENDIETA, contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno, que deniega el Recurso de Amparo interpuesto que se conoce; Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno y la resolución de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, recaídas en Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1059-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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