Sentencia AC-1046-21 — Registro 14147
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que conoció de un recurso de queja contra la resolución con relación a la demanda de expiración de contrato por falta de pago y desahucio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición el cual interpone contra la resolución de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, apreciándose que omitido establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución recurrida en reposición, se aprecia que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, a favor de la sociedad mercantil denominada CONGELADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra la resolución dicta en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintiuno, por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que conoció de un recuso de queja contra la resolución dictada en fecha seis (06) de agosto del año dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda de expiración de contrato por falta de pago y desahucio promovida por las Sociedades Mercantiles F&F REAL STATE, INC. S. A. como propietaria de los locales comerciales e INTERNACIOTIONAL MANAGEMENT S.A., como empresa autorizada de administrar los locales comerciales, contra la sociedad mercantil denominada CONGELADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por el recurrente en la interposición del recurso, se aprecia que éste indica que con el acto reclamado en amparo se violan los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por el recurrente en el escrito de anteposición como de los documentos que acompaña se aprecia que el Ad-quem en cuanto al acto reclamado, observó las formalidades legales al haberse dictado el mismo por autoridad judicial competente, con la motivación, formalidades derechos y garantías establecidos por la ley, con lo que se garantiza el respeto al debido proceso y asimismo se aprecia una debida motivación en la resolución. CONSIDERANDO: Que en lo atinente a la posible violación de los artículos 64, 82 y 90 de nuestra Constitución se aprecia que la resolución recurrida no vulnera nuestro ordenamiento jurídico en materia de Inquilinato y se evidencia, contrario a lo expuesto por el recurrente que se ha hecho una aplicación correcta de lo dispuesto en la Ley de Inquilinato, específicamente en lo concerniente a lo dispuesto en el artículo 69 de la misma, sobre cuya Constitucionalidad ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades esta sala, al dejar establecido entre otras cosas que al tenor de lo previsto en la norma Constitucional, podemos afirmar que el acceso al sistema de recursos previstos en la ley de Inquilinato para la impugnación de las resoluciones judiciales, puede estar condicionado por el cumplimiento de ciertos requisitos, siempre y cuando que los criterios finalísticos o teleológicos que justifiquen a estos, se fundamenten a su vez en el principio de proporcionalidad. CONSIDERANDO: Que en lo que se refiere al requisito procesal discutido en el presente caso contenido en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato, la Sala ha sido y es del criterio que la condición del pago o consignación de rentas vencidas al tiempo de la interposición de los recursos, no constituye un formalismo desproporcionado sino que representa una exigencia esencial para el acceso y la sustanciación de los mismos. Ello se justifica por la propia finalidad de la imposición legal de tal requisito procesal, que es el de impedir o evitar que el arrendatario se valga del sistema de recursos, que la Ley concede, como medio para continuar en el goce del inmueble arrendado sin satisfacer la contraprestación de la renta, convirtiendo la interposición de tales remedios procesales, en una maniobra dilatoria del lanzamiento en perjuicio del arrendador. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, tanto de lo expuesto en los considerandos que anteceden, de lo expuesto por el recurrente como de los documentos que acompaña y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional para este tipo de acciones en materia de inquilinato, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82, 90, 95 y 320 de la Constitución de la República; mas aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y séptimo, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio declarativo principal. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 197 del Código de Procedimientos Civilesl; 41, 44, 46 No. 1 y 7, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, a favor de la sociedad mercantil denominada CONGELADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra la resolución dicta en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintiuno, por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad por lo que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el proceso y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se certifique la presente resolución al tribunal Ad-quem y A-quo para los efectos legales consiguiente.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de la sociedad mercantil denominada CONGELADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra la resolución dicta en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintiuno, por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que conoció de un recurso de queja contra la resolución dictada en fecha seis (06) de agosto del año dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda de expiración de contrato por falta de pago y desahucio promovida por las Sociedades Mercantiles F&F REAL STATE, INC. S. A., como propietaria de los locales comerciales e INTERNACIOTIONAL MANAGEMENT S.A., como empresa autorizada de administrar los locales comerciales, contra la sociedad mercantil denominada CONGELADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición el cual interpone contra la resolución de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, apreciándose que omitido establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución recurrida en reposición, se aprecia que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, al no rebatir de manera concreta el fondo o la forma de dicha resolución. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1046=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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