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Sentencia AC-1046-19 — Registro 12876

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que decidió un recurso de apelación con relación a la oposición planteada en la solicitud de ejecución de título judicial. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (25): Que como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos—como resulta ser el caso que nos ocupa—deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. CONSIDERANDO (26): Que en virtud todo lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, al quedar fuera de la misma aspectos atinentes al derecho fundamental que asiste a la aparte agraviada y que deben ser objeto de pronunciamiento por la Alzada en aras de asegurar la tutela judicial efectiva y la garantía a un debido proceso, la que es establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación exhaustiva y precisa, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver, tomando en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por las partes, las actuaciones del proceso y las consideraciones de este fallo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la abogada SHEILA CAROLINA FERRERA BORJAS, a favor de SI MISMA y de la Sociedad Mercantil KAVASH INTERNACIONAL contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que decidió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la oposición planteada en la solicitud de ejecución de título judicial promovida por la señora SHEILA CAROLINA FERRERA BORJAS en su condición de gerente propietaria de la Sociedad Mercantil KAVASH INTERNACIONAL contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN JAAR, S. DE R. L. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de su representada contemplados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Señora SHEILA CAROLINA FERRERA BORJAS, solicitando ejecución forzosa de título judicial, intereses mercantiles, daños y perjuicios y daños morales e intereses legales, habilitación de días y horas inhábiles, comunicación subsidiaria para efecto de requerimiento de pago. (Folios 01-11 del Tomo I de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “…después de un análisis racional e intelectivo, aunado a lo advertido por el Ad Quem, y en nombre del estado de honduras, que debo declarar y declaro ad hunc modum, sin lugar la oposición de la ejecución de título extrajudicial, interpuesta por: la señora SHEILA CAROLINA FERRERA BORJAS contra la Sociedad Mercantil denominada CORPORACIÓN JAAR, S. DE R. L. a través de su representante legal, la señora MARÍA DELMIRA SANSUR DE JAAR representada en juicio por el Abogado FRANCIS RODOLFO PARRALES ORDOÑEZ. En consecuencia, sígase con la tramitación de la presente ejecución hasta la satisfacción completa de la ejecutante las cantidades contenidas en el escrito inicial de la demanda declarativa, y el monto actualizado en el escrito inicial de la presente ejecución. ASÍ LO ORDENO, ESTA ES MI CONCLUSIÓN EN BASE A LEY Y SENTIDO DE JUSTICIA...” (Folios 319–321 del Tomo II de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la resolución antes relacionada por parte del Abogado FRANCIS RODOLFO PARRALES ORDOÑEZ, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN JAAR S. DE R.L., la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “…PRIMERO: Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto.- SEGUNDO: Revocando la resolución recurrida del 17 de mayo de 2019.- Habiendo elementos de juicio suficientes para decidir, se resuelve directamente.- TERCERO: Desestimando el motivo de oposición pluspetición.- CUARTO: Estimando el motivo de oposición de falta de requisitos legales en el titulo.- QUINTO: Sin lugar la solicitud de ejecución de título judicial.- En consecuencia se ordena levantar todas las medidas de embargo, reintegrándose al deudor a la situación anterior al inicio del proceso ejecutivo.- SEXTO: Sin costas en primera instancia.- SÉPTIMO: Sin costas en segunda instancia...”. (Folios 45–52 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció la Abogada SHEILA CAROLINA FERRERA BORJAS, ante este alto Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMA y de la Sociedad Mercantil KAVASH INTERNACIONAL, contra la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020). (Folio 01–22 y 46 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en los términos expresados, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folio 50–53 y 55 del presente Recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama por vía de la presente acción constitucional de amparo que la sentencia emitida por la referida CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve resulta ser violatoria de garantías constitucionales en perjuicio de la empresa mercantil Kavash Internacional, S. de R. L., la cual promovió una demanda para la ejecución forzosa de un título judicial, consistente en una sentencia condenatoria de pago dictada contra la empresa Corporación Jaar, S. de R.L., por parte del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la cual fue revocada en apelación por el Tribunal de Alzada. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA

CONSIDERANDO (6): Que en su sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, la precitada Corte Primera de Apelaciones de lo Civil determinó declarar ha lugar un recurso de apelación que fuera interpuesto por el apoderado de la empresa mercantil Corporación Jaar, S. de R. L., contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil de este mismo departamento, y mediante la cual desestimó la oposición opuesta contra la ejecución forzosa de un título judicial que fue presentada por la ya mencionada empresa Kavash Internacional, favorecida con una sentencia definitiva que condena a Corporación Jaar para que ésta pagase una cantidad de dinero en concepto de indemnización derivada de la resolución de un contrato de compra venta de un vehículo automotor. De acuerdo con los razonamientos esgrimidos por la Corte de Alzada, la ejecución de la sentencia referida resultaba impropia, en tanto que, por un error craso del juez que la emitió, se omitió establecer en la misma la cantidad a liquidar o en su defecto, las bases para hacer la liquidación, lo cual significó que, a criterio de la Alzada, faltaba en el titulo un elemento esencial para su ejecución, de allí que estimase declarar ha lugar la oposición a la ejecución que formulara la parte ejecutada en cuanto a que la falta de requisitos legales del título a ser ejecutado. ALEGACIÓN DE LA RECURRENTE CONSIDERANDO (7): Que la recurrente y representante de la empresa ejecutante fundó su reclamo en reiterar el derecho que asiste a su representada, siendo su pretensión que esta Sala interpretase lo pertinente a las sentencias con reserva de liquidación, siendo muy escasa en cuanto a explicar o motivar la forma o inclusive los derechos constitucionales que estima violentados en perjuicio de su representada. Con respecto a la postura de la Alzada dijo que ésta no había emitido pronunciamiento en cuanto al derecho que asiste a su representada de entablar acción por la vía ordinaria para reclamar su derecho con el ánimo de “subsanar” la sentencia, por considerarlo “justo y legal”. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (8): Que pareciera evidente que la controversia derivada de este asunto se ha generado a partir de una demanda para la resolución de un contrato de compraventa promovida por la empresa Kavash Internacional en contra de Corporación Jaar, S de R. L., la cual culminó con una sentencia que dictara el juez Luis Alberto Rivera Santos en fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, mediante la cual dispuso declarar con lugar la demanda y condenar a la empresa demandada, en este caso, la Corporación Jaar, S. de R. L., a indemnizar a la parte demandada en: “…todos y cada uno de ellos extremos solicitados en el escrito inicial de demanda…”, declaración contenida en la propia sentencia. De esta sentencia resalta claramente la omisión por parte del juzgador de establecer de manera concreta la cantidad a pagar, pues se remite a las cantidades establecidas en el escrito de la demanda, como se puede observar. CONSIDERANDO (9): Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 209 del CPC, cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada, o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética. CONSIDERANDO (10): Que el campo de aplicación de la ejecución por cantidad de dinero se encuentra establecido en el artículo 799 del Código Procesal Civil, el cual establece inter alia que para ordenar la ejecución es exigible: 1. La existencia de un título de ejecución; y, 2. Que la obligación contenida en el mismo sea liquida. La norma dispone que se considerará liquida toda cantidad de dinero determinada, expresada en el titulo con letras, cifras, o guarismos comprensibles. CONSIDERANDO (11): Que, bajo esta premisa, puede colegirse en principio que, cuando en un título ejecutivo no se exprese cantidad liquida concreta, no es posible su ejecución, y como lo afirma De Oliva Santos A., en estos casos la sentencia de condena, aun siendo firme no constituye un titulo ejecutivo, pues presupuesto para que de ella se deduzca el derecho al mandamiento de ejecución es que la cantidad a la que haya de hacerse frente por parte del deudor sea liquida.[1] No obstante, como acertadamente lo refiere Gonzales García, si bien esta es la regla general, es decir que cuando se pide la condena a dar una cantidad de dinero, esa cantidad debe estar expresamente señalada en la demanda y también, en la sentencia favorable, también el Código Procesal Civil, contiene tres excepciones a esta regla general, y lo son las llamadas condenas liquidables, las condenas ilíquidas con reserva de liquidación y las condenas en costas.[2] La primera de excepción o sea el supuesto de estas condenas liquidables es el caso de que, aunque en el titulo ejecutivo no se señale una cantidad exacta adeudada, sí expresa las bases para la liquidación a través de operaciones aritméticas sencillas, de conformidad como lo dispone el artículo 209.1 del CPC. El segundo supuesto es el caso de las condenas pecuniarias con reserva de liquidación, conforme lo indica el artículo 209.3 del CPC. El tercer supuesto incumbe a la condena en costas, las que normalmente se liquidan no en la propia sentencia de condena sino una vez que ésta adquiere firmeza y para la determinación de la cantidad liquida se establece un procedimiento especifico en la ley, al cual no nos referiremos por no ser pertinente al asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (12): Que si bien las alegaciones de la impetrante en este caso resultan ser escasas y carentes de un razonamiento claro y exhaustivo en torno a la explicación de los motivos por los que alega la existencia de las violaciones alegadas, sí puso de manifiesto que la Alzada no estableció en su sentencia aspectos relacionados con el derecho que le asiste de acudir a la vía ordinaria y además, esta Sala no puede ignorar el hecho que la parte a la que representa ha sido favorecida en juicio con una sentencia declarativa emitida por órgano jurisdiccional competente, la cual tiene carácter de firme y como tal se le reconoce, incluso constitucionalmente, el derecho a su ejecución conforme a ley. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala asiente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en el sentido que el derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos exige también que el fallo [derivado del proceso] se cumpla en sus propios términos, pues sólo de esta manera el Derecho reconocido en el proceso se hace real y efectivo, y se garantiza el pleno respeto a la paz y seguridad jurídica de quien se vio protegido judicialmente[3]. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala a su vez reconoce que el derecho a la ejecución se satisface cuando los jueces y tribunales a quienes corresponde ejecutar lo juzgado según las normas y competencias aplicables, adoptan las medidas oportunas para el estricto cumplimiento del fallo, sin alterar el sentido y contenido del mismo[4]. De ahí que por disposición constitucional corresponda a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En este sentido, nuestra ley procesal reconoce el derecho a la ejecución forzosa, que tiene como finalidad el hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada. CONSIDERANDO (15): Que no obstante lo anterior, esta Sala reconoce que el derecho a la ejecución de sentencias firmes es de configuración legal, por lo que se somete a determinadas condiciones para su ejercicio, las que son dispuestas por el legislador, lo que implica que este derecho se restringe a los requisitos y limitaciones formales y materiales dispuestas en la ley. Ahora bien, una decisión de no ejecución de una sentencia, como la que ha tomado la Corte de Apelaciones, debe apoyarse en la concurrencia de causales legalmente previstas que deberán ser interpretadas en el sentido mas favorable a tal ejecución. La denegación del derecho a la ejecución jamás puede ser arbitraria ni irrazonable ni fundarse en causa inexistente ni en una interpretación restrictiva del derecho a la tutela judicial efectiva, de ahí que nuestro Código Procesal Civil establezca a su vez en su artículo 129 que los requisitos formales nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan en una traba insuperable para el acceso a la justicia de los ciudadanos. CONSIDERANDO (16): Que dicho lo anterior, esta Sala observa que si bien el Tribunal de Alzada en su sentencia ha externado los motivos por los que estimó denegar la ejecución de una sentencia firme en este caso en favor de una oposición al título ejecutivo, motivos que no parecen ser arbitrarios ni irrazonables pues parten de disposiciones y causas establecidas ley, también se advierte que la Alzada no ha sido exhaustiva en dos aspectos fundamentales en su fallo, los que, en atención al deber que como órgano jurisdiccional tiene motivar debidamente sus fallos y de no hacer una interpretación restrictiva del derecho a la tutela judicial efectiva en lo atinente al derecho a la ejecución de sentencias firmes, debieron ser incluidos y explicados de manera comprensible y exhaustiva, mismos que se detallan a continuación: El fallo no hace alusión a las excepciones contenidas en el artículo 209 del CPC, en específico las condenas liquidables y las condenas ilíquidas con reserva de liquidación: a. Las primeras referentes a aquellos casos en los que si bien en el titulo no se las señale en forma exacta, resulten ser cantidades liquidables cuando se expresen las bases para la liquidación, las que, según el juez de instancia y la parte agraviada, parecieran estar asentadas en el título cuando las remite al escrito de la demanda, una conclusión que si bien es rechazada por la Alzada al sostener la autonomía de la sentencia, la denegación al derecho a la ejecución exige una motivación con mayor alcance que esta simple afirmación por parte del Tribunal de Apelación; b. En cuanto a las condenas ilíquidas con reserva de liquidación, no obstante que en su contestación de agravios la parte apelada refiere que esta disposición es aplicable a su caso, el Tribunal de Apelaciones omitió referirse a ello en su sentencia, debiendo explicarse por qué esta disposición no resultó pertinente al caso, ello en virtud que es un argumento que, a pesar de formar parte de los pronunciamientos de la parte apelada, no obtuvo respuesta concreta por parte de la Alzada. 1. Si bien el fallo parece, en principio, dejar a salvo el derecho del ejecutante a que sus pretensiones puedan ser (sic) “…fijadas en un proceso declarativo posterior…” como se establece en la parte final del apartado octavo de los fundamentos de derecho de la sentencia, esta Sala considera que esto debe establecerse con más claridad y precisión, de tal manera que la parte a quien asiste el derecho pueda ejercerlo oportunamente en forma efectiva. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala es consciente de los límites legales del recurso de apelación, sin embargo, no estima que estas omisiones se encuentren fuera de sus alcances, al estar parte de ellas relacionadas con el pronunciamiento de la parte agraviada, y, además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 701.2 del CPC, la Alzada podrá, respetando los limites propios del recurso, resolver el mismo invocando normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque no coincidan con los señalados por los recurrentes en sus escritos. Esta Sala aprecia que lo dispuesto por el artículo 209 del CPC que recoge aquellos supuestos en los que no se consigne en el título la cantidad liquida a ejecutar debieron ser objeto de análisis por parte del Tribunal de Alzada en su sentencia, considerando, como se dijo ya, que el derecho a la ejecución de las sentencias firmes forma parte integral del derecho a una tutela judicial efectiva, de tal manera que de ser denegada una ejecución de este índole, deben estar plena y claramente razonados los motivos de su denegatoria y abarcados todos los aspectos que se relacionan con este derecho conforme con nuestra legislación. CONSIDERANDO (18): Que, por otra parte, esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[5] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[6]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (19): Que esta Sala ha insistido que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[7], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[8] CONSIDERANDO (20): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (21): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[9], que la tutela judicial efectiva genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (22): Que de lectura del fallo objeto de la presente acción constitucional, logra advertirse que la sentencia emanada del Tribunal de Apelación, si bien en su mayor parte refleja un razonamiento amplio y ordenado, denota falta de exhaustividad en abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por la parte ejecutora, así como otros relacionados con el derecho a la ejecución de sentencias firmes conforme con la ley y que se han dejado ya explicados en esta sentencia, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados y con los aspectos que hemos dejado aquí señalados. CONSIDERANDO (23): Que esta Sala asiente con lo dicho por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la obligación de fundamentar las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, en un sentido u otro, sino que el deber de motivación exige que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente[10]. CONSIDERANDO (24): Que conforme lo dispuesto por el artículo 207 del Código Procesal Civil las sentencias deberán estar debidamente motivadas, correspondiendo dicha motivación en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito. En el presente asunto se estima que la resolución que ha originado el presente recurso de amparo carece de la debida motivación en cuanto a los supuestos y alcances que se han dejado señalados, situación procesal irregular que vulnera el debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental transgredido al advertirse desavenencias en la sentencia de la Alzada como se desprende de los razonamientos jurídicos que hemos señalado en el presente fallo. CONSIDERANDO (25): Que como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso[11]. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos—como resulta ser el caso que nos ocupa—deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. CONSIDERANDO (26): Que en virtud todo lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, al quedar fuera de la misma aspectos atinentes al derecho fundamental que asiste a la aparte agraviada y que deben ser objeto de pronunciamiento por la Alzada en aras de asegurar la tutela judicial efectiva y la garantía a un debido proceso, la que es establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación exhaustiva y precisa, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver, tomando en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por las partes, las actuaciones del proceso y las consideraciones de este fallo. P A R T E R E S O L U T I V A POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 12.5, 129, 206, 207, 209 1) y 2), 701 y 799 del Código Procesal Civil; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la abogada SHEILA CAROLINA FERRERA BORJAS, a favor de la Sociedad Mercantil KAVASH INTERNACIONAL contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por las razones que se han dejado aquí establecidas; por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso tomando en cuenta las consideraciones que han sido aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y uno días del mes de agosto de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-1046=2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] El autor es citado por GONZÁLES GARCÍA en su obra “La ejecución forzosa por cantidad de dinero en el nuevo Código Procesal Civil”, OIM, Honduras, 2008, pág. 75.

[2] Así también lo refiere en “La ejecución forzosa por cantidad de dinero en el nuevo Código Procesal Civil”, OIM, Honduras, 2008, pág. 75

[3] Vid. Picó I Junoy, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, pág.93.

[4] Así también Picó I Junoy

[5] AP 259-12; AAC-802-14;

[6] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Págs. 54-55

[7] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[8] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pág. 56

[9] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11

[10] Así, PICÓ I JUNOY, citando al TCE en Las garantías constitucionales del proceso, Bosch Editor, Barcelona, 2012

[11] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr. 77, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141.