Sentencia AC-100-21 — Registro 14420
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada que resolvió un recurso de apelación con relación a la demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de sí mismo contemplados en los artículos 80, 82, 94 y 183 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Se debe recordar que el génesis de la presente acción constitucional lo constituye el hecho que ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON y MISAEL ENRIQUE ALVARADO AYALA, actuando como Apoderados Legales de las Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, comparecieron interponiendo vía declarativa, una demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios, nulidad absoluta de instrumento público, así como de inscripción registral, indemnización de daños y perjuicios, medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos en contra de CARLOS ALBERO SU ALCERRO y ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. En ese sentido el proceso concluyó con una sentencia que adquirió la condición de firmeza, en la cual se condenó únicamente a CARLOS ALBERO SU ALCERRO y se absolvió a la señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. Es menester mencionar, que el bien inmueble sobre el cual se peticiona continúe el cese de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, es propiedad de la señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO, quien fue absuelta de toda responsabilidad. CONSIDERANDO (5): Que se estima necesario conocer el espíritu del legislador con relación a la decisión de mantener o no, impuesta una medida cautelar, sobre un bien inmueble cuando se dictare sentencia absolutoria. En ese sentido el Artículo 395 del Código Procesal Civil, relativo al LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR, en el numeral Uno dispone: Dictada la sentencia absolutoria, aun cuando ésta no fuera firme, acordará el tribunal el inmediato levantamiento de las medidas cautelares adoptadas salvo que el demandante, manifestare la intención de recurrir, peticionar a su mantenimiento o modificación. En tal caso el tribunal, oída la parte contraria y atendidas las circunstancias del caso, resolverá lo procedente. Y en el Artículo 396 Código Procesal Civil, relativo a los EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA, señala en el numeral uno que, cuando la sentencia absolutoria fuera firme, el tribunal dejará sin efecto inmediatamente y de oficio todas las medidas cautelares adoptadas, debiendo el demandante pagar las costas y gastos del proceso cautelar, a pedido de parte, y podrá ser condenado también a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, si se prueban los perjuicios producidos por la medida cautelar. Concluyéndose que, en ambas situaciones el espíritu de la ley es en principio, declarar el cese de la medida cautelar impuesta cuando se ha dictado una sentencia absolutoria, como sucede en el caso de autos. CONSIDERANDO (6): Que de todo lo anterior resulta claro la inexistencia de la infracción al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso, según prescritas los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; siendo en particular relevante desde la perspectiva constitucional el haber fundado la autoridad recurrida, su decisión jurídica en motivación congruente, de fondo y apegada al principio de legalidad, en este caso . CONSIDERANDO (7): Que la decisión jurisdiccional emitida por el tribunal de alzada recurrido, es garante de la legalidad en el proceso, es decir que la sentencia proveída por la Corte Ad Quem ha resultado de conformidad a derecho, en consecuencia, y por todo ello, es procedente DENEGAR la presente acción de Amparo de que se ha hecho mérito, para el efecto que queda expresado.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 396 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGÓN, a favor de los Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios promovida por las Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ contra los Señores CARLOS ALBERTO SU ALCERRO y ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales en perjuicio de si mismo contemplados en los artículos 80, 82, 94 y 183 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres (03) de junio de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON y MISAEL ENRIQUE ALVARADO AYALA, actuando como Apoderados Legales de las Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, interponiendo vía declarativa demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios, nulidad absoluta de instrumento público, así como de inscripción registral, indemnización de daños y perjuicios, medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos en contra de CARLOS ALBERO SU ALCERRO y ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. (Folios 01-74 de la Pieza del A-Quo) 2) Que el citado Juzgado, en Audiencia de Cese de Medida Cautelar celebrada en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019), Resolvió: (SIC) “Habiendo escuchado al Abogado LUIS ARMANDO ORTIZ LAINES, quien ha ratificado su petición con respecto al levantamiento de la medida, no obstante se ha opuesto a dicha petición el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON, y tomando en consideración que a esta fecha en que nos encontramos aun no consta en la pieza principal que la parte Demandante haya iniciado la ejecución de la sentencia aun a pesar de que obtuvo una sentencia de condena favorable a sus poderdantes y siendo que el bien inmueble sobre el cual se decretó la medida formaba parte de la masa hereditaria del causante y fue vendido por el Sr. CARLOS ALBERTO SU ALCERRO a su señora madre ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO, y de esa venta él está obligado a restituir a las Demandantes la cuota que les corresponde y a la indemnización por los daños causados precisamente por la venta de ese inmueble, resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada, en consecuencia se estima que no procede el levantamiento de la medida la cual debe mantenerse porque es necesaria para garantizar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia, independientemente que se haya absuelto a la Sra. ALCERRO SUAZO de la acción contra ella promovida, pero el inmueble formo parte el acervo hereditario del causante, no obstante, la anterior decisión, deberá la Parte Demandante proceder a ejecutar la sentencia en un plazo prudencial de un mes, porque el proceso no puede estar pasivo en el Archivo del Juzgado, y del cambio de las circunstancias a raíz de la ejecución es que el Juzgado podrá considerar el levantamiento de la medida lo anterior con fundamento en artículos 4, 5, 7, 12, 123, 351, 392 y 395.1.- ABOG. ORTIZ LAINES: No estoy conforme porque son dos personas distintas, y tal como lo reconoce en la sentencia, dejo intacto el derecho de la señora Alcerro Suazo, por lo se estaría perjudicando a la Señora Alcerro Suazo, en la misma le absuelve la acción deducida en su contra no así contra el señor Alberto Su Alcerro.- el Juzgado resuelve: Tener por hecha la manifestación por el Abog. Ortiz Laínez, sobre su inconformidad sobre la decisión de mantener la medida. - No habiendo nada más que evacuar, en este acto se da por terminada la presente audiencia, quedando grabada con su respectiva acta sucinta.” (Folio 61 de la Pieza de Medida Cautelar del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado LUIS ARMANDO ORTIZ LAINES, actuando como Apoderado Legal de la Señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS ARMANDO ORTIZ LAINES, en su condición de Apoderado Legal de la Señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO.- SEGUNDO: SE REVOCA la resolución de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019), emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: En consecuencia se ordena al Juzgado de Letras Civil de departamento de Francisco Morazán, dejar sin ningún valor y efecto la medida cautelar que pesa sobre el bien inmueble propiedad de la señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO; expidiendo las respectivas ordenes al Registro de la Propiedad correspondiente.- CUARTO: SIN COSTAS.” (Folios 17-22 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGÓN, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de los Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 94 y 183 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–18 y 47 de la presente Recurso) 5) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no violentarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 50–57 y 59 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que, en la formalización del recurso, de fecha quince de marzo del año dos mil diez, el Abogado impetrante desarrolla el concepto de la violación manifestando lo siguiente: “…Como es de su conocimiento las MEDIDAS CAUTELARES, su principal objeto es asegurar la efectividad y cumplimiento de la sentencia que pudiese recaer en el proceso, a fin de que las parte en la cual está a favor la medida cautelar, tenga la garantía real que, en caso de surgir una condena en la sentencia, esta última pueda ejercer su derecho declarado y reconocido en sentencia de carácter firme. por otro lado, para la adopción de las MEDIDAS CAUTELARES, es requisito en el presente caso la presentación de una caución, con el objeto de responder por los daños y perjuicios que pudiesen sufrir el o los afectados de la adopción de la medida, es por ello que tanto en que peticiona la medida cautelar, como al que la afecta la normativa procesal busca la igual y equidad para ambas partes a fin de garantizar los derechos y posiciones contrapuestas en el juicio. En el presente juicio, Honorables Magistrados, es un hecho que existe una sentencia de carácter firme, lo que se traduce a Cosa Juzgada, en la cual condena a los demandados al pago de una prestación de dinero, derivada de la pretensión de Restitución de Bienes Hereditarios, producto de la venta que le hizo de manera unilateral-el señor CARLOS SU ALCERRO como uno de los herederos, su madre la señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. Pero que a la fecha los demandados no han cumplido con lo condenado y establecido en el libelo de la sentencia firme. Otro elemento a considerar en la vulneración de las garantías constitucionales de mis representadas, es que por parte de los Órganos Jurisdiccionales de la Republica, se le ha reconocido un derecho sucesorio, para su restitución a consecuencia de una acción realizada de manera unilateral por parte de uno de los herederos demandados y condenado en sentencia, el cual a la fecha no ha cumplido con su condena, por lo cual no es operable dejar sin valor y efecto la medida cautelar a través de un cese, sin antes que mis representadas reciban el sus derechos declarados mediante sentencia. Bajo el principio de primero en tiempo primero en derecho. Como es posible Honorables Magistrados, que los que han sido oídos y vencidos en juicios, tengan la intención de liberar de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos del bien inmueble de carácter hereditario, cuando este bien constituye únicamente la garantía y aseguramiento que a mis representadas se les materializa y se le cumpla la tutela judicial efectiva del contenido de Ja sentencia a su favor.” CONSIDERANDO (3): Observa esta Sala de lo Constitucional, que el demandante en amparo, ha centrado su argumentación en destacar como motivo principal de su formalización, en la urgencia de mantener la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el bien inmueble objeto de la masa hereditaria, <una casa en Valle de Ángeles>, no obstante, dicho bien inmueble no pertenece al único condenado en sentencia firme. La Corte de Apelaciones revocó la resolución de petición de cese de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, motivando en el párrafo tercero de su sentencia “ …TERCERO: Que de conformidad a la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, como por este Tribunal que confirma aquella, se ha absuelto a la señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO, de la acción deducida por el demandante, en lo que concierne al bien de su propiedad, razón por la cual resulta innecesario, para los efectos de la condena que contiene el fallo de fecha nueve (09) de noviembre de dos mil quince (2015), mantener la medida cautelar sobre dicha propiedad, pues en el fallo mencionado se ha condenado al señor CARLOS ALBERTO SU ALCERRO, a una prestación monetaria que debe sufragar con su propio patrimonio, y no con el de personas ajenas, como lo constituye el patrimonio de la señora ALCERRO SUAZO, cuyo bien inmueble sujeto a medida cautelar desde los inicios del proceso, es de su propiedad. ” CONSIDERANDO (4): Se debe recordar que el génesis de la presente acción constitucional lo constituye el hecho que ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados NERY ESTEBAN BACA MONDRAGON y MISAEL ENRIQUE ALVARADO AYALA, actuando como Apoderados Legales de las Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, comparecieron interponiendo vía declarativa, una demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios, nulidad absoluta de instrumento público, así como de inscripción registral, indemnización de daños y perjuicios, medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos en contra de CARLOS ALBERO SU ALCERRO y ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. En ese sentido el proceso concluyó con una sentencia que adquirió la condición de firmeza, en la cual se condenó únicamente a CARLOS ALBERO SU ALCERRO y se absolvió a la señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. Es menester mencionar, que el bien inmueble sobre el cual se peticiona continúe el cese de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, es propiedad de la señora ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO, quien fue absuelta de toda responsabilidad. CONSIDERANDO (5): Que se estima necesario conocer el espíritu del legislador con relación a la decisión de mantener o no, impuesta una medida cautelar, sobre un bien inmueble cuando se dictare sentencia absolutoria. En ese sentido el Artículo 395 del Código Procesal Civil, relativo al LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR, en el numeral Uno dispone: Dictada la sentencia absolutoria, aun cuando ésta no fuera firme, acordará el tribunal el inmediato levantamiento de las medidas cautelares adoptadas salvo que el demandante, manifestare la intención de recurrir, peticionar a su mantenimiento o modificación. En tal caso el tribunal, oída la parte contraria y atendidas las circunstancias del caso, resolverá lo procedente. Y en el Artículo 396 Código Procesal Civil, relativo a los EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA, señala en el numeral uno que, cuando la sentencia absolutoria fuera firme, el tribunal dejará sin efecto inmediatamente y de oficio todas las medidas cautelares adoptadas, debiendo el demandante pagar las costas y gastos del proceso cautelar, a pedido de parte, y podrá ser condenado también a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, si se prueban los perjuicios producidos por la medida cautelar. Concluyéndose que, en ambas situaciones el espíritu de la ley es en principio, declarar el cese de la medida cautelar impuesta cuando se ha dictado una sentencia absolutoria, como sucede en el caso de autos. CONSIDERANDO (6): Que de todo lo anterior resulta claro la inexistencia de la infracción al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso, según prescritas los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; siendo en particular relevante desde la perspectiva constitucional el haber fundado la autoridad recurrida, su decisión jurídica en motivación congruente, de fondo y apegada al principio de legalidad, en este caso . CONSIDERANDO (7): Que la decisión jurisdiccional emitida por el tribunal de alzada recurrido, es garante de la legalidad en el proceso, es decir que la sentencia proveída por la Corte Ad Quem ha resultado de conformidad a derecho, en consecuencia, y por todo ello, es procedente DENEGAR la presente acción de Amparo de que se ha hecho mérito, para el efecto que queda expresado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 2, 4, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional, y; 395.1 y 396.1 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesto por el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGÓN, a favor de los Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios promovida por las Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ contra los Señores CARLOS ALBERTO SU ALCERRO y ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre de dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGÓN, a favor de los Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el recurso de amparo mediante el cual se confirmó la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios promovida por las Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ contra los Señores CARLOS ALBERTO SU ALCERRO y ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO. CONSIDERANDO: Que la recurrente estima que la sentencia recurrida en amparo no está apegada a derecho por violentar a sus representadas el derecho a la defensa y el derecho fundamental a un debido proceso mediante la decisión de denegar el amparo interpuesto. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional ha constatado en principio, que el impugnante ha recurrido vía recurso de reposición la sentencia supra, manifestando su desacuerdo con la determinación de haberse denegado el amparo por él interpuesto, exactamente con los mismos argumentos expuestos en el recurso de amparo, volviendo la presente impugnación en repetitiva, por lo cual es conveniente contestar exactamente con los mismos argumentos ya expuestos en la sentencia, siendo que la misma contiene una motivación exhaustiva y congruente con el derecho aplicable al caso, es así como se determina que se esté a lo dispuesto en la sentencia de fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO: Que el derecho a un debido proceso es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que, no se debe considerar vulnerado este derecho fundamental, cuando la respuesta no es acorde con el objeto perseguido por el recurrente. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 N.º 7, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto el Abogado NERY ESTEBAN BACA MONDRAGÓN, a favor de los Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por esta Sala, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria para la restitución de bienes hereditarios promovida por las Señoras MARIA ELVIA ZELAYA ORDOÑEZ, VALENTINA SU LOPEZ, DIANA SU LOPEZ contra los Señores CARLOS ALBERTO SU ALCERRO y ELENA FRANCISCA ALCERRO SUAZO; Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y la resolución de fechas tres de noviembre de dos mil veintiuno y seis de diciembre de dos mil veintiuno, recaídas en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0100-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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