Sentencia AC-04-20 — Registro 13626
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución del recurso de apelación, en relación a la demanda de proceso abreviado se declare servidumbre de tránsito. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo establecido en el Artículo 62 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOS (2): Que el artículo 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece la prohibición a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional de variar o modificar sus sentencias después de firmadas; salvo que: a) sea necesario aclarar algún concepto oscuro b) corregir errores materiales de las mismas. Al respecto esta Sala estima que lo apuntado por la garantista se subsume en el inciso b de los supuestos antes señalados, ya que lo que pretende es corregir errores materiales, entendiéndose estos como los denominados lapsus calami, que pueden ser el errar en un nombre, fecha, guarismo o sea vicios relacionados con una mala transcripción en los datos. CONSIDERANDO TRES (3): Que por lo antes mencionado esta sala es del criterio que SE ACLARE la sentencia de fecha 10 de agosto de 2021, en el ANTECEDENTES NUMERAL 1; CONSIDERANDO SIETE (7); CONSIDERANDO ONCE (11); debiendo de leerse de la siguiente manera: ANTECEDENTES.1).-Que en fecha cinco de marzo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada VERA MILAGROS DAETZ PORTA DE COLLART, interponiendo demanda en contra de la señora XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS, solicitando que mediante procedimiento abreviado, se declare en sentencia la servidumbre de tránsito a favor de la propiedad de mi representada, ubicada en la Lima, departamento de Cortes. (Folios 01 y 06 de la primera pieza de los antecedentes). CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos Jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresara los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función esta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, el Ad-Quem, reconoce la procedencia de la servidumbre de tránsito, pero la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, con respecto a la solicitud de corrección de lo que la amparista considera un error material, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, puestos que en la respuesta dada por la Corte de Apelaciones no se señalan las razones por las que no es considerado como un error; y, basa su respuesta en la figura de la aclaración de sentencias y en la aplicación del plazo para ese efecto, lo que no ha sido solicitada por la recurrente, sino como se dijo, la corrección de un error material; por lo que no se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonablemente en derecho.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 6 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 303 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOS (2): Que el artículo 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece la prohibición a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional de variar o modificar sus sentencias después de firmadas; salvo que: a) sea necesario aclarar algún concepto oscuro b) corregir errores materiales de las mismas. Al respecto esta Sala estima que lo apuntado por la garantista se subsume en el inciso b de los supuestos antes señalados, ya que lo que pretende es corregir errores materiales, entendiéndose estos como los denominados lapsus calami, que pueden ser el errar en un nombre, fecha, guarismo o sea vicios relacionados con una mala transcripción en los datos. CONSIDERANDO TRES (3): Que por lo antes mencionado esta sala es del criterio que SE ACLARE la sentencia de fecha 10 de agosto de 2021, en el ANTECEDENTES NUMERAL 1; CONSIDERANDO SIETE (7); CONSIDERANDO ONCE (11); debiendo de leerse de la siguiente manera: ANTECEDENTES.1).-Que en fecha cinco de marzo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada VERA MILAGROS DAETZ PORTA DE COLLART, interponiendo demanda en contra de la señora XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS, solicitando que mediante procedimiento abreviado, se declare en sentencia la servidumbre de tránsito a favor de la propiedad de mi representada, ubicada en la Lima, departamento de Cortes. (Folios 01 y 06 de la primera pieza de los antecedentes). CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos Jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresara los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función esta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, el Ad-Quem, reconoce la procedencia de la servidumbre de tránsito, pero la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, con respecto a la solicitud de corrección de lo que la amparista considera un error material, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, puestos que en la respuesta dada por la Corte de Apelaciones no se señalan las razones por las que no es considerado como un error; y, basa su respuesta en la figura de la aclaración de sentencias y en la aplicación del plazo para ese efecto, lo que no ha sido solicitada por la recurrente, sino como se dijo, la corrección de un error material; por lo que no se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonablemente en derecho.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 6 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Diez de Agosto del año de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada VERA DAETZ PORTA DE COLLART a favor de la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis; con relación a la demanda de proceso abreviado se declare servidumbre de transito promovida por la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS contra la señora XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo establecido en el Artículo 62 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de marzo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada VERA MILAGROS PORTA DE COLLART, interponiendo demanda en contra del Señor JIMY ORLANDO ROMERO JUAREZ, solicitando que, mediante procedimiento abreviado, se declare en sentencia la servidumbre de tránsito a favor de la propiedad de mi representada ubicada en La Lima, departamento de Cortés. (Folios 01 y 06 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante la cual Falló: 1) Declarando CON LUGAR la demanda para que se declare Servidumbre de Transito, promovida por la abogada VERA MILAGROS DAETS PORTA DE COLLART, en su condición de apoderada judicial de la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS, en contra de la señora XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS. 2) Se constituye servidumbre de tránsito a favor de la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS, dentro del inmueble que le pertenece a la señora XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS, quedando fijado que las medidas y colindancias será:” (Folios 54 al 56 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados VERA DAETZ PORTA DE COLLART en su condición de apoderada legal de la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS y JACOBO ZALDÍVAR, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia cinco de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual RESUELVE: PRIMERO: 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jacobo Zaldívar contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de abril del dos mil dieciséis. 2) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada VERA DAETS DE COLLART, contra la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil dieciséis. 3) REVOCAR Y DICTAR la sentencia dictada en fecha veintinueve de abril del dos mil diecinueve, en el sentido de declarar con lugar la servidumbre de transito promovida por la Abogada Vera Daets de Collart, en su condición de apoderada legal de la señora Alba Luz Dueñas Posas, constituyendo servidumbre de tránsito (predio dominante) a favor de la señora Alba Luz Dueña Posas, contra la señora Xiomara Jaquelin Dueñas Posas, quedando fijado que las medidas y colindancias serán…” (Folios 07 y 09 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 4) Que en fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, la Abogada VERA DAETZ PORTA DE COLLART, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, solicitando aclaración y corrección de la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la citada Corte de Apelaciones. En consecuencia, dicha Corte de Apelaciones en fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, resolvió: “1) …Por tanto esta Corte estima procedente subsanar el error material de la sentencia dictada en fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis. 2) Rectificar el error materia del apellido DAETS el cual deberá de leerse así DAETZ. En la motivación fáctica y jurídica en su numeral tercero se consignó el artículo 826 siendo el correcto el artículo 829. Parte Resolutiva en su numeral tercero se omitió la inscripción del predio dominante debiendo de leerse de la siguiente manera: 3) REVOCAR Y DICTAR la sentencia dictada en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial, en el sentido de declarar con lugar la servidumbre de tránsito promovida por la Abogada Vera Daetz de Collart, en su condición de apoderada legal de la señora Alba Luz Dueñas Posas, contra la señora Xiomara Jaquelin Dueñas Posas, constituyendo servidumbre de tránsito (predio dominante a favor de la señora Alba Luz Dueñas Posas, inscrito bajo el número Siete del Tomo Cinco Mil Ochocientos Cinco traslado a folio real bajo matrícula 882896, quedando fijado que las medidas y colindancias serán norte: veintiún metros y cincuenta centímetros, colinda con Xiomara Jaquelin Dueñas Posas, al este tres metros colinda con Alba Luz Dueñas Posas, al oeste: tres metros y colinda con calle, la cual deberá ser inscrita en el Instituto de la Propiedad Inmueble de San Pedro Sula al margen de asiento registrado bajo el número 65 del tomo 1252 y traslado a folio real bajo matrícula 1420596. …” (Folios 15 y 16 de la segunda pieza) 5) Que en fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, la Abogada VERA DAETZ PORTA DE COLLART, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando se rectificara un error material para que pudiera inscribirse una servidumbre, consistente dicho error según la peticionaria, en que existe un error manifiesto al haberse omitido la colindancia del lado sur, pues dicha omisión afecta la inscripción de la servidumbre, la cual le fue solicitada por el Instituto de la Propiedad para proceder a la respectiva inscripción. (Folio 22 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 6) Que en fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho, la a Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió resolución en la cual resolvió: “1) …. 2) Que por todo lo antes expuesto se declara SIN LUGAR la solicitud del error material por encontrarse interpuesta de manera extemporánea la sentencia de fecha de cinco de septiembre de dos mil dieciséis la cual se encuentra firme, solicitada por la Abogada VERA MILAGROS DAETZ PORTA.” (Folio 36 de la segunda pieza de los antecedentes.) 7) Que la Abogada VERA DAETZ PORTA DE COLLART, compareció nuevamente ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando se subsanara la medida de la Colindancia Sur, por existir error material en la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis y que ésta sea incluida en dicha sentencia para que tuviera efectividad y pudiera ser inscrito un Derecho de Servidumbre. (Folios 46 al 48 de la segunda pieza de antecedentes) 8) Que en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: “Admítase el escrito que antecede el cual se manda agregar a los autos; en cuanto a lo solicitado estese a lo resuelto a lo resuelto en el auto de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciocho (2018) que obra a folio treinta y seis (36). …” (Folio 53 de la segunda pieza de los antecedentes) 9) Que la Abogada VERA DAETZ PORTA DE COLLART, compareció ante este Tribunal en fecha seis de enero de dos mil veinte, interponiendo acción de amparo a favor de la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS, contra la resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. (Folios 1–233 y 258 del presente Recurso) 5) Que en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido su dictamen a través de su Fiscal la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión: “que SE OTORGUE, la presente Acción Amparo por existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la amparista. Estimando la Fiscal del Despacho que la resolución objeto de estudio no fue dictada en observancia al Debido Proceso y Principio de Legalidad. (Folios 261 al 270 del recurso de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho, en la cual resolvió: “1) …. 2) Que por todo lo antes expuesto se declara SIN LUGAR la solicitud del error material por encontrarse interpuesta de manera extemporánea la sentencia de fecha de cinco de septiembre de dos mil dieciséis la cual se encuentra firme, solicitada por la Abogada VERA MILAGROS DAETZ PORTA.” Así como la de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, donde resolvió: “Admítase el escrito que antecede el cual se manda agregar a los autos; en cuanto a lo solicitado estese a lo resuelto a lo resuelto en el auto de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciocho (2018) que obra a folio treinta y seis (36). …”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San pedro Sula, reconoció el derecho de su representada de disfrutar de la servidumbre sin tener que pagar indemnización, pero luego por un error omitió incluir en la sentencia la colindancia sur del predio dominante, lo que a simple vista indica que fue un error humano en la transcripción, en el que se saltó todo un renglón, error que se escapó a tres Magistrados, al Secretario de la Corte, al escribiente y a ella también. Error que la Corte de Apelaciones se ha negado a corregir; haciendo de imposible ejecución la sentencia. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado, cuando se constata que en la sentencia de fecha 5 de Septiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se produjo un error material respecto a las colindancias de la servidumbre otorgada a favor de la demandante, apreciándose que la Alzada contempla en dicha sentencia específicamente en el numeral 3 lo siguiente: “las medidas y colindancias serán: al Norte: veintiuno metros (21 mts) y cincuenta centímetros (50cm) y colinda con XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS; al Este: Tres metros (3.00mts) y colinda con la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS al Oeste: Tres metros (3.00mts) y colinda con calle, por lo que de su lectura se advierte que el colindante del punto norte, fue modificado en cuanto fue consignado un nombre diferente al contemplado en la sentencia emitida por el A-quo de fecha 29 de abril del 2016; asimismo se omitió totalmente la colindancia Sur, lo cual, pese a no haber sido advertido por la recurrente con anterioridad, no menos cierto es, que ello constituye un error material que puede ser subsanado en cualquier momento, para efecto de hacer efectivo el derecho de servidumbre otorgado en la sentencia de mérito, lo anterior de conformidad a lo preceptuado en el Código Procesal Civil que en su apartado de ACLARACIÓN y CORRECCIÓN DE RESOLUCIONES señala en el Artículo 3: “Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento incluso de oficio”; en virtud de lo cual se estima que para hacer efectiva lo declarado en la sentencia dicho error debe ser subsanado por el Ad-quem. De lo expuesto, esta Representación Fiscal estima que la resolución traída a estudio no ha sido dictada en observancia al Debido Proceso y Principio de Legalidad, por lo que se advierte vulneración de las Garantías constitucionales alegadas por la impetrante que deben ser restauradas por la vía de amparo. ONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho, declara sin lugar la solicitud para la rectificación de un error por considerar que fue interpuesta de manera extemporánea, siendo que la sentencia de fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis se encuentra firme. Fundamentándose en el Artículo 204 del Código Procesal Civil, que manda que la aclaración y corrección de resoluciones, las aclaraciones a que se refiere el Artículo anterior, podrán hacerse de oficio dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Publico en su caso, formulada dentro del mismo plazo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, el A-Quem, reconoce la procedencia de la servidumbre de tránsito, pero la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, con respecto a la solicitud de corrección de lo que la amaparista considera un error material, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, puesto que en la respuesta dada por la Corte de Apelaciones no se señalan las razones por las que no es considerado como un error; y, basa su respuesta en la figura de la aclaración de sentencias y en la aplicación del plazo para ese efecto, lo que no ha sido solicitado por la recurrente, sino, como se dijo, la corrección de un error material; por lo que no se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso, al no obtener una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituya el debido proceso a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; sin perjuicio que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil veintiuno.
Visto que en fecha diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la Sala constitucional dicto sentencia otorgando el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VERA DAETZ DE COLLART, a favor de la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), en el recurso de apelación, interpuesto ante el Juzgado de Letras Civil de esa misma ciudad en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda de proceso abreviado para que se declare servidumbre de transito promovida por la señora ALBA LUZ DUEÑAS POSAS, contra la señora XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS; notificándose dicha sentencia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiuno (2021), mediante llamada telefónica. CONSIDERANDO UNO (1): Que la Abogada VERA DAETZ DE COLLART, solicito en tiempo aclaración de la sentencia proferida en fecha diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021), a efecto que este Tribunal de Justicia proceda a aclarar algunos aspectos de la sentencia, en dicha solicitud la recurrente expone lo siguiente: 1.- En la pagina uno, en el párrafo de ATECEDENTES, se lee en el numeral 1)….., la Abogada Vera Milagros Porta de Collart, interponiendo demanda contra el señor JIMY ORLANDO ROMERO JUAREZ, ….. siendo lo correcto primero consignar bien mis dos apellidos, que son DAETZ PORTA, y luego el nombre de la demandada es: XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS y no el Sr. Jimy Orlando Romero Juárez, El nombre de la demandada fue bien consignado en el numeral 2) de los mismo antecedentes. 2.- Y en la página 10 se repite la frase ”función esta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto”. 3.- En el considerando once se lee: “Amaparista” en lugar de Amparista. CONSIDERANDO DOS (2): Que el artículo 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece la prohibición a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional de variar o modificar sus sentencias después de firmadas; salvo que: a) sea necesario aclarar algún concepto oscuro b) corregir errores materiales de las mismas. Al respecto esta Sala estima que lo apuntado por la garantista se subsume en el inciso b de los supuestos antes señalados, ya que lo que pretende es corregir errores materiales, entendiéndose estos como los denominados lapsus calami, que pueden ser el errar en un nombre, fecha, guarismo o sea vicios relacionados con una mala transcripción en los datos. CONSIDERANDO TRES (3): Que por lo antes mencionado esta sala es del criterio que SE ACLARE la sentencia de fecha 10 de agosto de 2021, en el ANTECEDENTES NUMERAL 1; CONSIDERANDO SIETE (7); CONSIDERANDO ONCE (11); debiendo de leerse de la siguiente manera: ANTECEDENTES.1).-Que en fecha cinco de marzo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada VERA MILAGROS DAETZ PORTA DE COLLART, interponiendo demanda en contra de la señora XIOMARA JAQUELIN DUEÑAS POSAS, solicitando que mediante procedimiento abreviado, se declare en sentencia la servidumbre de tránsito a favor de la propiedad de mi representada, ubicada en la Lima, departamento de Cortes. (Folios 01 y 06 de la primera pieza de los antecedentes). CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos Jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresara los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función esta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, el Ad-Quem, reconoce la procedencia de la servidumbre de tránsito, pero la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, con respecto a la solicitud de corrección de lo que la amparista considera un error material, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, puestos que en la respuesta dada por la Corte de Apelaciones no se señalan las razones por las que no es considerado como un error; y, basa su respuesta en la figura de la aclaración de sentencias y en la aplicación del plazo para ese efecto, lo que no ha sido solicitada por la recurrente, sino como se dijo, la corrección de un error material; por lo que no se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonablemente en derecho. POR TANTO: La Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 80 y 303 de la Constitución de la República; 1 y 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR la Solicitud de Aclaración de la sentencia de fecha 10 de agosto de 2021, en el ANTECEDENTES NUMERAL 1; CONSIDERANDO SIETE (7); CONSIDERANDO ONCE (11); quedando de la manera establecida en el CONSIDERANDO TRES (3) de la presente resolución. Y MANDA: Que en virtud de estar firme dicha sentencia se cumpla en lo ordenado en la parte dispositiva, devolviéndose los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fechas diez de agosto de dos mil veintiuno y tres de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0004-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.