Sentencia AA-991-19 — Registro 12650
Resumen
Resolución declaró sin lugar recurso de reposición contra decisión administrativa No. 751/2013-SG-TSC en relación a responsabilidad civil derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) contra recurrente y otros; la Autoridad recurrida considera que no es procedente el personamiento del abogado de recurrente ya que a la fecha es la Procuraduría General de la República la que conoce de la causa y ante dicha institución deberá solicitarse cualquier acción administrativa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora ha tenido acceso al procedimiento administrativo correspondiente sin traba alguna, en ellas han alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por el Tribunal Superior de Cuentas en su Resolución; y, mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto., y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."en el caso que nos ocupa se trata de alegaciones de mera legalidad, sobre un acto ya firme; por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada; procediendo su sobreseimiento..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los Artículos 60 párrafo segundo, 64, 70, 76, 82, 90, 94, 103, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 1, 2.1, 7, 8, 10, 16.3, 17.1 y 2, y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1.1, 5.1, 8.1, 11.1, 17.1, 21.2, 24 y 25.1 y 2 literal a) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 3.a y b, 5.2, 9, 14.1 y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 2, 5, 6, 18, 23 y 34 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.-ANTECEDENTES.-1) Que el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la Resolución de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); por considerar que la misma es violatoria de los derechos contemplados en los Artículos 60 párrafo segundo, 64, 70, 76, 82, 90, 94, 103, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 1, 2.1, 7, 8, 10, 16.3, 17.1 y 2, y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1.1, 5.1, 8.1, 11.1, 17.1, 21.2, 24 y 25.1 y 2 literal a) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 3.a y b, 5.2, 9, 14.1 y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 2, 5, 6, 18, 23 y 34 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (Folios 1–36 del presente Recurso).-2) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), de admitió el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe, para que dentro del término de un (1) día hábil, remitan los antecedentes del caso. (Folio 37 del presente Recurso).-3) Que en fecha veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020), la Sala tiene por recibido el informe solicitado al TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), que consiste en copias de: el Escrito de Personamiento, Poder, e Interposición del Recurso de Reposición, que interpuso el recurrente en fecha dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019), y; la Resolución de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en la cual se Resolvió: (SIC) “Téngase por recibido el escrito que antecede, y en cuanto a lo solicitado sin lugar por improcedente en virtud que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece que firme que sea la resolución, que tendrá el carácter de título ejecutivo, el Tribunal procederá a trasladar el respectivo expediente a la Procuraduría General de la Republica, para que inicie las acciones civiles que sean procedentes, tal como sucede en el caso de autos, en el cual ha concluido el trámite administrativo correspondiente a lo interno del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que se procedió a remitir a la Procuraduría General de la República el Pliego de Responsabilidad Civil Nº 03-150-2009-DCSD, correspondiente al ciudadano MARIO RAMÓN LOPEZ GÓMEZ, mediante oficio Nº510/2016-SG-TSC de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Por lo antes expuesto no es procedente tener por personado al Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO ante esta Institución, ya que a la fecha es la Procuraduría General de la República la que conoce de la presente causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente. En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito. -” (Folios 1–75 de la pieza contentiva del Informe).-4) Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 53 del presente Recurso).-5) Que en fecha once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE SOBRESEAN por concurrir la causa de inadmisibilidad antes señalada.” (Folio 55–60 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha, que en su parte conducente señala: declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, señalan que el proceder anómalo de la autoridad recurrida dejó a su representado en estado de indefensión, frente a la acción civil que ejerció la Procuraduría General de la Republica, en contra dl Ingeniero Mario López; lo que indudablemente le ha vedado la oportunidad a la parte afectada a ser oída para oponerse a dicha resolución en vía administrativa; y, consecuentemente se le ha despojado de la posibilidad de accionar en la vía judicial a efecto de realizar la impugnación contencioso administrativo. En consecuencia, se ha vulnerado el derecho a la protección judicial, consagrado en la Carta Magna.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que Tribunal Superior de Cuentas, en la resolución de fecha once de junio de dos mil quince, en su parte conducente señala: “Por lo antes expuesto no es procedente tener por personado al Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO ante esta Institución, ya que a la fecha es la Procuraduría General de la República la que conoce de la presente causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente. En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito. -”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-ONSIDERANDO OCHO (8): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora ha tenido acceso al procedimiento administrativo correspondiente sin traba alguna, en ellas han alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por el Tribunal Superior de Cuentas en su Resolución; y, mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto., y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; y, en el caso que nos ocupa se trata de alegaciones de mera legalidad, sobre un acto ya firme; por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada; procediendo su sobreseimiento.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: SOBRESEYENDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-“ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que falla SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuestos contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS.-CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, actuando en su condición antes referida, en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual fallo sobreseyendo el recurso de amparo de mérito.-CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, en fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que el proceder anómalo de la autoridad recurrida dejó a su representado en estado de indefensión, frente a la acción civil que ejerció la Procuraduría General de la Republica, en contra dl Ingeniero Mario López; lo que indudablemente le ha vedado la oportunidad a la parte afectada a ser oída para oponerse a dicha resolución en vía administrativa; y, consecuentemente se le ha despojado de la posibilidad de accionar en la vía judicial a efecto de realizar la impugnación contencioso administrativo.-CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, cuando quedó debidamente definido que la decisión del por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa, en el que se concluye que es la Procuraduría General de la República la que conoce de la causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente.-CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la forma de pago solicitada es ajeno al objeto del amparo.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de Abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero y Resolución de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) recaídas en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0991-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los Artículos 60 párrafo segundo, 64, 70, 76, 82, 90, 94, 103, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 1, 2.1, 7, 8, 10, 16.3, 17.1 y 2, y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1.1, 5.1, 8.1, 11.1, 17.1, 21.2, 24 y 25.1 y 2 literal a) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 3.a y b, 5.2, 9, 14.1 y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 2, 5, 6, 18, 23 y 34 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.-ANTECEDENTES.-1) Que el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la Resolución de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); por considerar que la misma es violatoria de los derechos contemplados en los Artículos 60 párrafo segundo, 64, 70, 76, 82, 90, 94, 103, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 1, 2.1, 7, 8, 10, 16.3, 17.1 y 2, y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1.1, 5.1, 8.1, 11.1, 17.1, 21.2, 24 y 25.1 y 2 literal a) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 3.a y b, 5.2, 9, 14.1 y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 1, 2, 5, 6, 18, 23 y 34 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (Folios 1–36 del presente Recurso).-2) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), de admitió el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe, para que dentro del término de un (1) día hábil, remitan los antecedentes del caso. (Folio 37 del presente Recurso).-3) Que en fecha veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020), la Sala tiene por recibido el informe solicitado al TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), que consiste en copias de: el Escrito de Personamiento, Poder, e Interposición del Recurso de Reposición, que interpuso el recurrente en fecha dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019), y; la Resolución de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en la cual se Resolvió: (SIC) “Téngase por recibido el escrito que antecede, y en cuanto a lo solicitado sin lugar por improcedente en virtud que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, establece que firme que sea la resolución, que tendrá el carácter de título ejecutivo, el Tribunal procederá a trasladar el respectivo expediente a la Procuraduría General de la Republica, para que inicie las acciones civiles que sean procedentes, tal como sucede en el caso de autos, en el cual ha concluido el trámite administrativo correspondiente a lo interno del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que se procedió a remitir a la Procuraduría General de la República el Pliego de Responsabilidad Civil Nº 03-150-2009-DCSD, correspondiente al ciudadano MARIO RAMÓN LOPEZ GÓMEZ, mediante oficio Nº510/2016-SG-TSC de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Por lo antes expuesto no es procedente tener por personado al Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO ante esta Institución, ya que a la fecha es la Procuraduría General de la República la que conoce de la presente causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente. En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito. -” (Folios 1–75 de la pieza contentiva del Informe).-4) Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 53 del presente Recurso).-5) Que en fecha once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE SOBRESEAN por concurrir la causa de inadmisibilidad antes señalada.” (Folio 55–60 del presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha, que en su parte conducente señala: declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, señalan que el proceder anómalo de la autoridad recurrida dejó a su representado en estado de indefensión, frente a la acción civil que ejerció la Procuraduría General de la Republica, en contra dl Ingeniero Mario López; lo que indudablemente le ha vedado la oportunidad a la parte afectada a ser oída para oponerse a dicha resolución en vía administrativa; y, consecuentemente se le ha despojado de la posibilidad de accionar en la vía judicial a efecto de realizar la impugnación contencioso administrativo. En consecuencia, se ha vulnerado el derecho a la protección judicial, consagrado en la Carta Magna.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que Tribunal Superior de Cuentas, en la resolución de fecha once de junio de dos mil quince, en su parte conducente señala: “Por lo antes expuesto no es procedente tener por personado al Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO ante esta Institución, ya que a la fecha es la Procuraduría General de la República la que conoce de la presente causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente. En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito. -”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-ONSIDERANDO OCHO (8): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora ha tenido acceso al procedimiento administrativo correspondiente sin traba alguna, en ellas han alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por el Tribunal Superior de Cuentas en su Resolución; y, mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto., y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; y, en el caso que nos ocupa se trata de alegaciones de mera legalidad, sobre un acto ya firme; por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada; procediendo su sobreseimiento.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: SOBRESEYENDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-“ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que falla SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuestos contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), de fecha dos (2) de agosto de dos mil diecinueve (2019), que declaró SIN LUGAR un recurso de reposición contra la Resolución no. 751/2013-SG-TSC de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013); con relación a la Responsabilidad Civil no. 03-150-2009-DCSD, derivada de la investigación especial practicada en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, que generó responsabilidad civil contra el señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ y OTROS.-CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, actuando en su condición antes referida, en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del señor MARIO RAMON LOPEZ GOMEZ. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual fallo sobreseyendo el recurso de amparo de mérito.-CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, en fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que el proceder anómalo de la autoridad recurrida dejó a su representado en estado de indefensión, frente a la acción civil que ejerció la Procuraduría General de la Republica, en contra dl Ingeniero Mario López; lo que indudablemente le ha vedado la oportunidad a la parte afectada a ser oída para oponerse a dicha resolución en vía administrativa; y, consecuentemente se le ha despojado de la posibilidad de accionar en la vía judicial a efecto de realizar la impugnación contencioso administrativo.-CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por el recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, cuando quedó debidamente definido que la decisión del por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC), se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones administrativas de este tipo; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa, en el que se concluye que es la Procuraduría General de la República la que conoce de la causa, y en consecuencia es ante dicha institución que deberá solicitarse cualquier acción administrativa que el peticionario considere procedente.-CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la forma de pago solicitada es ajeno al objeto del amparo.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de Abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero y Resolución de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) recaídas en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0991-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL