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Sentencia AA-98-20 — Registro 13304

Resumen

Resolución que decreto nulidad de actuaciones de auto que resuelve sin incidente de Oposición a la Liquidación de Sentencia, con relación a la Demanda Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de un acto administrativo y pago de intereses promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que decreta Nulidad Absoluta del auto resolutivo de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el que declara Sin Lugar la Oposición a la Liquidación y ordena Liquidar la sentencia firme de fecha dieciséis de marzo del año dos mil once en la cantidad de tres millones setecientos cinco mil trescientos cuarenta lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 3,705,340.45) a favor del señor Enio Darío Cruz Solórzano. (Folios del 19 al 25fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, la Corte de Apelaciones recurrida, en el apartado séptimo da respuesta al recurso de apelación promovido por la parte demandante, al argumentar: “En el caso concreto al momento que la A-quo liquida el concepto de lucro cesante se confunde y asume que corresponde a la misma figura de los intereses que genera la cantidad liquida reconocida y condenada en la sentencia, pues no clarifica porqué impone el 7% que establece el artículo 100 reformado de la LJCA. En este caso la A-quo debe valorar las posturas alegadas por las partes, por el apelante lo establecido en el dictamen pericial que solicita imponer una tasa de 20% como lucro cesante a la cantidad del daño material emergente, justificando que esa es la tasa a aplicar por antecedentes existentes; la postura de la parte oponente, es que se aplique la tasa del interés legal, el 6%. Por lo que la A-quo debe valorar las posturas presentadas por las partes y tomar la decisión conforme a derecho, pero no optar por una tercera postura, como así lo hizo, ninguna de las partes solicito la aplicación del 7% por disposición del artículo 100 reformado de la LJCA. Entiéndase que la aplicación del artículo 100 de la LJCA es para la etapa de liquidación de intereses, y en el caso concreto se está en la etapa de liquidación de sentencia, etapas totalmente diferentes, por lo que no es aplicable dicho artículo. Al momento de que se liquiden los intereses es aplicable realizar el trámite establecido en el artículo 885 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 100 de la LJCA que contiene los porcentajes y el tope que causaran aquellos intereses (rentas y frutos), pero aún no se ha llegado a etapa procesal…” -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (7): Que el Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho emitió el Dictamen correspondiente, siendo de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo; en sus argumentos la Fiscal sostiene que en la fundamentación jurídica de la resolución impugnada en Amparo, la Corte de Apelaciones expone que en el caso de autos, el Juez A-quo aplico indebidamente la tasa del 7% establecida en el artículo 100 reformado de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que corresponde a la etapa de liquidación de intereses y en el caso concreto se está en la etapa de liquidación de sentencia, etapas totalmente diferentes, por lo que no es aplicable dicho artículo. Extremos que, al crear confusión e incongruencia en la resolución emitida, considero procedente anular la sentencia impugnada, por lo que le corresponderá al juzgado de primera instancia el deber de enmendar su resolución, al no contener el Tribunal de Alzada los elementos de juicio necesarios para resolver directamente. Del estudio de los autos se observa que el Tribunal de Alzada únicamente se pronunció respecto a los agravios expresados por el representante procesal del señor Enio Darío Cruz, al no haber sido recurrida dicha sentencia por la representante procesal del ICF; de tal suerte que los agravios expuestos por la amparista no se fijaron en el propio recurso de apelación, consecuentemente el Tribunal impugnado no puede articularse y decidir en relación a un pronunciamiento que no ha sido recurrido por la partes, ni ha sido objeto de debate, pues el Juzgador queda vinculado únicamente por los motivos invocados por el apelante y en cuyo caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba; lo que se traduce en hacer valer el derecho a la defensa. Asimismo la Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República declara en el artículo 60 que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Este reconocimiento a la igualdad de todos los hondureños ante la Ley, encuentra igual reconocimiento en el ámbito de protección de derechos humanos internacional, específicamente el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, textualmente establece: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la ley”. El principio de igualdad jurídica o igualdad ante la ley, constituye por imperativo constitucional, un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación, esto es, a no ser tratada jurídicamente de manera diferente a quienes se encuentren en su misma situación, de no mediar una justificación objetiva y razonable. En la Sentencia del Tribunal Constitucional Español (STC 83/1984, de 24 de julio) se ha referido que la igualdad jurídica es la de no soportar un perjuicio –o una falta de beneficio- desigual e injustificado en razón de los criterios jurídicos por los que se guía la actuación de los poderes públicos. El derecho a la igualdad alude a “los criterios jurídicos normativos, contenidos en las normas jurídicas, así como los criterios jurídicos adoptados por la aplicación de las normas”.- CONSIDERANDO (10): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO (11): Que, como corolario de lo anterior, el Debido Proceso engloba una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, sea éste judicial o administrativo, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y a los entes de la administración pública en amparo de sus pretensiones. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho a la defensa, debido proceso y el derecho a la igualdad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 60, 64, 82 y 90, en la resolución de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve dictada por el Ad-quem. En ese orden de ideas la recurrente en Amparo exterioriza que el demandante pretende hacer cobro de daños con interese y lucro cesante poniendo como tasa de interés la del 20% anual, como que fuera una institución bancaria, cuando la sentencia es clara y la misma no condena a su representada al pago de interés, por lo que en todo caso y sin querer convalidar lo planteado por la parte actora el interés que pudiera aplicar es el interés legal es decir el que está contemplado en el Código Civil cuya tasa es del 6%, específicamente el establecido en el artículo 1367. Transgresiones a derechos constitucionales que no se observan, conforme el análisis de la resolución impugnada que a continuación se realiza.- CONSIDERANDO (12): Que siguiendo la línea de los argumentos expuestos por la recurrente al censurar la sentencia emitida por el Ad-quem, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la resolución cuestionada se encuentra dictada conforme a derecho, esto es así, porque en los argumentos externados en el numeral séptimo de los fundamentos de derecho, la Corte de Apelaciones no está señalando cual es el interés que se debe pagar en concepto de daño emergente y lucro cesante solicitado por el demandante; en atención a las facultades que le otorga el Artículo 715.2 del Código Procesal Civil, la Alzada le indica al A-quo que al momento que liquida el concepto de lucro cesante se confunde y asume que corresponde a la misma figura de los intereses que genera la cantidad liquida reconocida y condenada en la sentencia, pues no clarifica por qué impone el 7% que establece el artículo 100 reformada de la LJCA[2]. La Corte señala que el artículo 100 de la LJCA es para la etapa de liquidación de intereses y que en el caso concreto se está en la etapa de liquidación de sentencia, etapas totalmente diferentes, por lo que no es aplicable dicho artículo. Es así que la resolución cuestionada por la recurrente en amparo, ordena al A-quo debe nuevamente decidir sobre el fondo del asunto planteado, conforme a las pretensiones expuestas por las partes en relación al interés que se debe aplicar en cuanto a la etapa en que se encuentra el proceso que es la etapa de liquidación de sentencia.- CONSIDERANDO (13): Que, para finalizar, se debe señalar que el quebranto a los derechos fundamentales invocados por la recurrente en Amparo, no han sido observados por este Alto Tribunal, ello en atención a que la resolución cuestionada, fue emitida conforme a los trámites y dentro de los límites legalmente previstos, a efecto de resolver el asunto en cuestión, se han respetado los derechos de la recurrente en Amparo, tal es así, que ha tenido acceso a los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley pone a su disposición, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, asimismo se le ha brindado respuesta a esos recursos en consonancia al debido proceso, de observancia obligatoria en toda decisión judicial. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales; situación ésta última que tampoco atañe en el asunto sub júdice, pues en ninguna de los apartados de la sentencia, se señala cual es la tasa de interés que debe pagar la parte demandada, siendo éste el asunto de fondo que debe decidir nuevamente el A-quo conforme lo dispone la ley. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.- CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de septiembre del año dos mil veintiuno.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ERICKA PATRICIA LOPEZ PINEDA, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), que decretó la Nulidad Absoluta del auto resolutivo de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), emitido por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; que resuelve un incidente de Oposición a la Liquidación de Sentencia, con relación a la Demanda Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, promovida por el señor ENIO DARIO CRUZ SOLORZANO, contra en ese entonces la Administración Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).-Estimando la recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos a la defensa, debido proceso y el principio de igualdad, contenidos en los artículos 60, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil siete (2007), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor ENIO DARIO CRUZ SOLORZANO, actuando en su condición de persona natural, interponiendo Demanda Contencioso Administrativo para que se declare la Nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de la situación Jurídica Individualizada, y como medida necesaria para su pleno restablecimiento se condene el pago como indemnización de los daños y perjuicios producidos por el daño emergente por la pérdida o disminución patrimonial sobrevenida y lucro cesante por privación de la ganancia esperada, condena en costas del juicio, contra en ese entonces la Administración Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). (Folios del 1 al 10 de la pieza principal de antecedentes del A-quo).- 2) Que seguido que fue el tramite el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por el ciudadano ENIO DARIO CRUZ SOLORZANO, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como la Resolución GG-MP-068-2007, de fecha uno (1) de agosto del 2007, dictada por la Gerencia General de la AFE-COHDEFOR, ahora denominado Instituto nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF); en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Se reconoce la situación jurídica individualizada, sobrevenida por la no ejecución de lo resuelto en la Resolución GG-MP-077-205 de fecha ocho de noviembre de 2005 y para el Pleno Restablecimiento se resuelve: A) Reconocer los daños y perjuicios solicitados por el demandante.- B) ordenar el pago de los mismos cuya liquidación se difiere al momento de ejecutar la presente sentencia, en vista que no constan en autos suficientes datos que coadyuven a su liquidación…” (Folios del 218 al 224fv de la pieza principal de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el Abogado Jorge Orlando Núñez Hernández, solicitando Ejecución y Liquidación de sentencia mediante el procedimiento de Apremio; por lo que seguido el trámite procesal, en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el referido Juzgado, dictó Auto resolutivo, mediante el cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar Sin Lugar la oposición a la liquidación por las razones expuestas en los fundamentos de Derecho Quinto y Sexto. SEGUNDO: Liquidar la sentencia firme de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, dictada por este Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la cantidad siguiente: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.3,705,340.45) a favor del señor ENIO DARÍO CRUZ SOLÓRZANO. TERCERO: Condenar a la INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE a pagar a favor del Demandante las cantidades anteriormente establecidas en concepto de Liquidación de Sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil once…” (Folios del 81–84 de la Pieza Separada de los antecedentes del A-quo) 4) Que acto seguido, no estando conforme con lo resuelto en el auto relacionado en el acápite que antecede, el abogado Jorge Orlando Núñez Hernández, actuando en su condición de apoderado legal del señor Enio Darío Cruz Solórzano, interpuso Recurso de Apelación; en respuesta al recurso de apelación promovido contra el Auto de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictó Sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECRETAR NULIDAD ABSOLUTA el auto resolutivo de fecha treinta (30) de marzo del dos mil diecisiete (2017) emitida por el Jugado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central…” (Folios del 19–25 de la pieza de antecedentes del Ad-quem).- 5) Que la abogada ERICKA PATRICIA LOPEZ PINEDA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinte (2020), interponiendo Recurso de Amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, contra la Sentencia de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de los derechos a la defensa, debido proceso y el principio de igualdad, contenidos en los artículos 60, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional, por formalizado el recurso de mérito, en fecha once de diciembre del año dos mil veinte, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 1–4 y 39 de los autos).- 6) Que en fecha nueve de febrero del año dos mil veintiuno, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud que la resolución recurrida no vulnera los derechos constitucionales invocados por la recurrente…” (Folios del 42 al 47 de los autos).- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Abogado JORGE ORLANDO NUÑEZ HERNANDEZ, en su condición de apoderado legal del señor ENIO DARIO CRUZ SOLORZANO, solicitando Ejecución y Liquidación de Sentencia, mediante el procedimiento de Apremio, en relación a la Demanda Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, promovida por el señor ENIO DARIO CRUZ SOLORZANO, contra en ese entonces la Administración Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), ahora Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).-CONSIDERANDO (3): Que en fecha seis de febrero del año dos mil veinte, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada ERICKA PATRICIA LOPEZ PINEDA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contra el fallo dictado fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la resolución de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en relación al incidente de Oposición a la Liquidación de Sentencia, promovido por la parte demandada; considera la recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso y el principio de igualdad, contenidos en los artículos 60, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición de la acción constitucional promovida, la recurrente expone como argumento fundamental, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones violenta el derecho de defensa e igualdad de la recurrente por la emisión incompetente e ilegítima del interés legal aplicado para el cálculo del daño emergente y lucro cesante, el cual ya establece el porcentaje que al Estado de Honduras deberá ser aplicado por el Código Civil y Código de Comercio, SON EVIDENTES, en virtud de que los medios de prueba presentados por el demandante establece una cantidad mínima que no podría generar esas ganancias, las cuales fueron calculadas con madera de exportación y no con el precio de la madera plagada que fue lo pactado por el demandante y el Instituto Forestal; la indefensión no se tiene ni que probar, porque en un acto de intervención en la economía privada, producto y resultado de un caso que rememora los hechos arbitrarios de los principios rusos, manda y obliga a establecer precios en los productos de venta, sin el conocimiento previo y con el resultante y clásico abuso de poder. Que el fallo recurrido excede las facultades del Tribunal, el cual desestimo el criterio y las sentencias definitivas del A-quo, al permitir algo que le está prohibido por la ley, por cuanto la Constitución establece que su competencia debe respetar y tener como límites los derechos y libertades que son reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (5): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que la recurrente muestra su inconformidad con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que decreta Nulidad Absoluta del auto resolutivo de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el que declara Sin Lugar la Oposición a la Liquidación y ordena Liquidar la sentencia firme de fecha dieciséis de marzo del año dos mil once en la cantidad de tres millones setecientos cinco mil trescientos cuarenta lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 3,705,340.45) a favor del señor Enio Darío Cruz Solórzano. (Folios del 19 al 25fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual la recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, la Corte de Apelaciones recurrida, en el apartado séptimo da respuesta al recurso de apelación promovido por la parte demandante, al argumentar: “En el caso concreto al momento que la A-quo liquida el concepto de lucro cesante se confunde y asume que corresponde a la misma figura de los intereses que genera la cantidad liquida reconocida y condenada en la sentencia, pues no clarifica porqué impone el 7% que establece el artículo 100 reformado de la LJCA. En este caso la A-quo debe valorar las posturas alegadas por las partes, por el apelante lo establecido en el dictamen pericial que solicita imponer una tasa de 20% como lucro cesante a la cantidad del daño material emergente, justificando que esa es la tasa a aplicar por antecedentes existentes; la postura de la parte oponente, es que se aplique la tasa del interés legal, el 6%. Por lo que la A-quo debe valorar las posturas presentadas por las partes y tomar la decisión conforme a derecho, pero no optar por una tercera postura, como así lo hizo, ninguna de las partes solicito la aplicación del 7% por disposición del artículo 100 reformado de la LJCA. Entiéndase que la aplicación del artículo 100 de la LJCA es para la etapa de liquidación de intereses, y en el caso concreto se está en la etapa de liquidación de sentencia, etapas totalmente diferentes, por lo que no es aplicable dicho artículo. Al momento de que se liquiden los intereses es aplicable realizar el trámite establecido en el artículo 885 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 100 de la LJCA que contiene los porcentajes y el tope que causaran aquellos intereses (rentas y frutos), pero aún no se ha llegado a etapa procesal…” -Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (7): Que el Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho emitió el Dictamen correspondiente, siendo de la opinión que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo; en sus argumentos la Fiscal sostiene que en la fundamentación jurídica de la resolución impugnada en Amparo, la Corte de Apelaciones expone que en el caso de autos, el Juez A-quo aplico indebidamente la tasa del 7% establecida en el artículo 100 reformado de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que corresponde a la etapa de liquidación de intereses y en el caso concreto se está en la etapa de liquidación de sentencia, etapas totalmente diferentes, por lo que no es aplicable dicho artículo. Extremos que, al crear confusión e incongruencia en la resolución emitida, considero procedente anular la sentencia impugnada, por lo que le corresponderá al juzgado de primera instancia el deber de enmendar su resolución, al no contener el Tribunal de Alzada los elementos de juicio necesarios para resolver directamente. Del estudio de los autos se observa que el Tribunal de Alzada únicamente se pronunció respecto a los agravios expresados por el representante procesal del señor Enio Darío Cruz, al no haber sido recurrida dicha sentencia por la representante procesal del ICF; de tal suerte que los agravios expuestos por la amparista no se fijaron en el propio recurso de apelación, consecuentemente el Tribunal impugnado no puede articularse y decidir en relación a un pronunciamiento que no ha sido recurrido por la partes, ni ha sido objeto de debate, pues el Juzgador queda vinculado únicamente por los motivos invocados por el apelante y en cuyo caso por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba; lo que se traduce en hacer valer el derecho a la defensa. Asimismo la Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República declara en el artículo 60 que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Este reconocimiento a la igualdad de todos los hondureños ante la Ley, encuentra igual reconocimiento en el ámbito de protección de derechos humanos internacional, específicamente el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, textualmente establece: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual protección de la ley”. El principio de igualdad jurídica o igualdad ante la ley, constituye por imperativo constitucional, un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación, esto es, a no ser tratada jurídicamente de manera diferente a quienes se encuentren en su misma situación, de no mediar una justificación objetiva y razonable. En la Sentencia del Tribunal Constitucional Español (STC 83/1984, de 24 de julio) se ha referido que la igualdad jurídica es la de no soportar un perjuicio –o una falta de beneficio- desigual e injustificado en razón de los criterios jurídicos por los que se guía la actuación de los poderes públicos. El derecho a la igualdad alude a “los criterios jurídicos normativos, contenidos en las normas jurídicas, así como los criterios jurídicos adoptados por la aplicación de las normas”.- CONSIDERANDO (10): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO (11): Que, como corolario de lo anterior, el Debido Proceso engloba una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, sea éste judicial o administrativo, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y a los entes de la administración pública en amparo de sus pretensiones. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho a la defensa, debido proceso y el derecho a la igualdad, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 60, 64, 82 y 90, en la resolución de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve dictada por el Ad-quem. En ese orden de ideas la recurrente en Amparo exterioriza que el demandante pretende hacer cobro de daños con interese y lucro cesante poniendo como tasa de interés la del 20% anual, como que fuera una institución bancaria, cuando la sentencia es clara y la misma no condena a su representada al pago de interés, por lo que en todo caso y sin querer convalidar lo planteado por la parte actora el interés que pudiera aplicar es el interés legal es decir el que está contemplado en el Código Civil cuya tasa es del 6%, específicamente el establecido en el artículo 1367. Transgresiones a derechos constitucionales que no se observan, conforme el análisis de la resolución impugnada que a continuación se realiza.- CONSIDERANDO (12): Que siguiendo la línea de los argumentos expuestos por la recurrente al censurar la sentencia emitida por el Ad-quem, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la resolución cuestionada se encuentra dictada conforme a derecho, esto es así, porque en los argumentos externados en el numeral séptimo de los fundamentos de derecho, la Corte de Apelaciones no está señalando cual es el interés que se debe pagar en concepto de daño emergente y lucro cesante solicitado por el demandante; en atención a las facultades que le otorga el Artículo 715.2 del Código Procesal Civil, la Alzada le indica al A-quo que al momento que liquida el concepto de lucro cesante se confunde y asume que corresponde a la misma figura de los intereses que genera la cantidad liquida reconocida y condenada en la sentencia, pues no clarifica por qué impone el 7% que establece el artículo 100 reformada de la LJCA[2]. La Corte señala que el artículo 100 de la LJCA es para la etapa de liquidación de intereses y que en el caso concreto se está en la etapa de liquidación de sentencia, etapas totalmente diferentes, por lo que no es aplicable dicho artículo. Es así que la resolución cuestionada por la recurrente en amparo, ordena al A-quo debe nuevamente decidir sobre el fondo del asunto planteado, conforme a las pretensiones expuestas por las partes en relación al interés que se debe aplicar en cuanto a la etapa en que se encuentra el proceso que es la etapa de liquidación de sentencia.- CONSIDERANDO (13): Que, para finalizar, se debe señalar que el quebranto a los derechos fundamentales invocados por la recurrente en Amparo, no han sido observados por este Alto Tribunal, ello en atención a que la resolución cuestionada, fue emitida conforme a los trámites y dentro de los límites legalmente previstos, a efecto de resolver el asunto en cuestión, se han respetado los derechos de la recurrente en Amparo, tal es así, que ha tenido acceso a los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley pone a su disposición, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, asimismo se le ha brindado respuesta a esos recursos en consonancia al debido proceso, de observancia obligatoria en toda decisión judicial. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales; situación ésta última que tampoco atañe en el asunto sub júdice, pues en ninguna de los apartados de la sentencia, se señala cual es la tasa de interés que debe pagar la parte demandada, siendo éste el asunto de fondo que debe decidir nuevamente el A-quo conforme lo dispone la ley. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.- CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente DENEGAR el recurso de amparo que ahora se conoce.- POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 60, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 y 715 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada ERICKA PATRICIA LOPEZ PINEDA, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021), Certificación de la sentencia de fecha uno (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0098-2020.

CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.

[2] Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.