Sentencia AA-962-20 — Registro 12532
Resumen
Resolución emitida por el Servicio de Administración de Rentas a través del órgano delegado de la Dirección Regional de Grandes Contribuyentes de Tegucigalpa la cual declara inadmisible por improcedente y extemporáneo recurso de apelación,con relación a la resolución mediante la cual se efectuaron ajustes tributarios al ejercicio 2017 sobre el débito y crédito fiscal del impuesto sobre ventas,según impetrante generando un impuesto adicional a pagar, por la sociedad recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia, cuando señala que se observó que está acreditado que la administración pública dio respuesta a todas las peticiones; y, oportunidad de interponer los recursos que la ley permite, lo que quedó demostrad que no se violentó garantías constitucionales que invoco. Puesto que el actuar del ente publico es en base a ley, concretamente el Código Tributario, por ende, el no formalismo no puede estar sobre la ley; y, máxime si con el mismo intenta cambiar o modificar lo que la ley establece, siendo esa únicamente potestad del Poder Legislativo por mandato constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso evidentemente no sucedió. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020)"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia, cuando señala que se observó que está acreditado que la administración pública dio respuesta a todas las peticiones; y, oportunidad de interponer los recursos que la ley permite, lo que quedó demostrad que no se violentó garantías constitucionales que invoco. Puesto que el actuar del ente publico es en base a ley, concretamente el Código Tributario, por ende, el no formalismo no puede estar sobre la ley; y, máxime si con el mismo intenta cambiar o modificar lo que la ley establece, siendo esa únicamente potestad del Poder Legislativo por mandato constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso evidentemente no sucedió. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020)"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 3 Y 9 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veintiuno VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso interpuesto contra providencia administrativa dictada por la SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), A TRAVES, DEL ORGANO DELEGADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha once (11) de septiembre dos mil diecinueve (2019), que inadmitió un recurso de apelación, con relación a la resolución SAR-DGCT-028-D-2019, mediante la cual se efectuaron ajustes tributarios al ejercicio 2017 sobre el débito y crédito fiscal del impuesto sobre ventas, generando un impuesto adicional a pagar, por la sociedad mercantil COLGATE PALMOLIVE CENTRO AMERICA INC. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 15, 80, 82, 90, 183, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de octubre del dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado FABRICIO DANIEL FLORES FERRERA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil COLGATE PALMOLIVE CENTRO AMERICA INC., promoviendo acción de amparo, que se decrete con urgencia como medida cautelar la suspensión provisional del acto reclamado, remisión de los antecedentes; asimismo y seguido el trámite que en ley corresponde, en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), Resolvió: (SIC) “1° DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el Abogado FABRICIO DANIEL FLORES FERRERA, a favor de la sociedad mercantil denominada COLGATE PALMOLIVE CENTRO AMERICA INC., contra la providencia dictada por el SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR), en fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve; 2° Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con Jurisdicción a nivel Nacional y con sede en Tegucigalpa M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, por ser éste el Tribunal competente. (Folios 1-14 y 22-23 de la pieza del Ad-Quem). 2) Que en fecha veinticuatro (24) de enero del dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo a la admisión de la acción de amparo manda a subsanar, y en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), se tiene por admitida y se libra la comunicación con las inserciones. (Folio 27-28 y 34-35 de la pieza del Ad-Quem) 3) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, emitió sentencia de la acción de amparo, mediante el cual Falló: (SIC) “DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el abogado FABRICIO DANIEL FLORES FERRERA actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada COLGATE PALMOLIVE CENTRO AMERICA INC. Contra la providencia de fecha once (11) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), emitida por el SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, A TRAVES DEL ORGANO DELEGADO LA DIRECCION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central mediante la cual declara INADMISIBLE POR IMPROCEDENTE Y EXTEMPORANEO EL RECURSO DE APELACION.” (Folios 274-283 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020), que denegó el recurso interpuesto contra providencia administrativa dictada por la SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), A TRAVES, DEL ORGANO DELEGADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, en fecha once (11) de septiembre dos mil diecinueve (2019), que inadmitió un recurso de apelación, con relación a la resolución SAR-DGCT-028-D-2019, mediante la cual se efectuaron ajustes tributarios al ejercicio 2017 sobre el débito y crédito fiscal del impuesto sobre ventas, generando un impuesto adicional a pagar, por la sociedad mercantil COLGATE PALMOLIVE CENTRO AMERICA INC. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manifestando básicamente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los Artículos 15, 80, 82, 90, 183, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia, cuando señala que se observó que está acreditado que la administración pública dio respuesta a todas las peticiones; y, oportunidad de interponer los recursos que la ley permite, lo que quedó demostrad que no se violentó garantías constitucionales que invoco. Puesto que el actuar del ente publico es en base a ley, concretamente el Código Tributario, por ende, el no formalismo no puede estar sobre la ley; y, máxime si con el mismo intenta cambiar o modificar lo que la ley establece, siendo esa únicamente potestad del Poder Legislativo por mandato constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso evidentemente no sucedió. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinte (2020); y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0962-2020.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.