Sentencia AA-949-17 — Registro 17437
Resumen
Resolución confirmó Resolución número 41-2012 dictada por la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial mediante la cual canceló al recurrente del cargo de motorista asignado al Tribunal de Sentencia, en consecuencia declaró sin lugar el escrito de reclamo para el reintegro a su cargo; La Autoridad recurrida dió por acreditadas las conductas del recurrente en cuanto al Extravío de un arma propiedad del Poder Judicial asignada a éste para el desempeño de su cargo y el extravío de determinada cantidad dineraria propiedad de una Magistrada de la Corte Suprema de Justicia; De igual manera a la denuncia se le dió el trámite legal establecido y finalizó con el despido del reclamante mediante el Acuerdo de Cancelación 618 de fecha 29 de mayo de 2012 hechos aceptados por el Reclamante, en virtud de negligencia, por haber dejado los vidrios abiertos del vehículo asignado; con lo cual se tienen por incumplidos los deberes propios de su cargo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución impetrada en amparo es la dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, por medio de la cual resuelve confirmando la destitución del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de motorista del poder judicial, declarando, en consecuencia, sin lugar, su reclamo para el reintegro a su cargo. Razonando el Consejo de la Carrera Judicial para tal proceder, que la Ley de Carrera Judicial considera que las expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier empleado o funcionario público, son actos que atentan contra la dignidad de la administración de justicia. Asimismo, se establece como mala conducta de los funcionarios y empleados judiciales el incumplimiento de los deberes propios de su cargo; sancionándose, según la gravedad de la infracción, los antecedentes y lo dispuesto expresamente en la Ley..."..."el Consejo de la Carrera Judicial, en su resolución reclamada, dio por acreditadas las siguientes conductas del empleado judicial expedientado ante la Dirección de Administración de Personal: 1. Extravío de un arma propiedad del Poder Judicial asignada al señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA para el desempeño de su cargo. Asimismo, se consigna el extravío de L 5, 700.00 propiedad de la Magistrada ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. Constando de autos que a la denuncia de mérito se le dio el trámite legal establecido, el cual finalizó con el despido del Reclamante, materializado mediante acuerdo de cancelación 618 de fecha 29 de mayo de 2012; hechos aceptados por el Reclamante, en virtud de negligencia, por haber dejado los vidrios abiertos del vehículo asignado; con lo cual se tienen por incumplidos los deberes propios de su cargo. 2. De igual manera, al estudiar la prueba practicada en su conjunto, se aprecia la calidad de reincidente en el ahora Reclamante, en las faltas graves atribuidas, pues ya había sido sancionado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en fecha 11 de mayo de 2011, a suspensión del cargo por tres (3) meses, sin derecho a remuneración; en denunciadas acumuladas bajo el número registro 274-IGJT-PJ-2010, interpuestas por el señor LUIS ANDRÉS MENDOZA RODRÍGUEZ, en su condición de Jefe de Servicios Generales en contra del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, por agresión verbal, al haberle mandado mensajes amenazadores y tildar su trabajo de ineficiente; asimismo por mostrar conducta irregular y reprochable en horas de trabajo, efectuar amenazas con arma blanca dentro de los predios del estacionamiento de la Corte Suprema de Justicia; por lo que considera las conductas comprobadas se subsumen en violaciones graves y reiteradas en sus deberes, en incompatibilidad a lo preceptuado en los Capítulos X y XI de la Leu de la Carrera Judicial; conforme a lo cual se estima el acto impugnado, consistente en el Acuerdo por el cual se le cancela del cargo de Motorista del Poder Judicial, se encuentra emitido conforme a Derecho..."..."a juicio de la Sala de lo Constitucional, la Resolución emitida por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, mediante la cual se resuelve confirmar la destitución del señor EDILBERTO ZUÑIGA PADILLA, del cargo de Motorista del Poder Judicial; declarando, en consecuencia, sin lugar el escrito de reclamo para su reintegro al cargo; ha cumplido suficientemente con el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente; en vista a resultar acordada en compatibilidad de los derechos y garantías estatuidos, inter alia, en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, dada su no colisión o confrontación con la preceptiva fundamental; habiéndose garantizado al amparista el regular trámite del proceso, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, en congruencia a todos y cada uno de los aspectos que motivan la reclamación; fundada en derecho congruente, si bien en discrepancia material a las pretensiones reiteradas por el reclamante, aquí demandante de amparo; quien hizo uso de su derecho ante el órgano administrativo competente, presentando las alegaciones y medios de prueba que estimó pertinentes, los cuales fueron admitidos y sometidos al trámite que establece la Ley; sin contravención, disminución, tergiversación o menoscabo alguno a los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República; ajustándose la resolución administrativa, objeto del presente recurso, a las disposiciones legalmente aplicables; no constando, del estudio del expediente examinado, vulneración alguna al plexo constitucional invocado por el Abogado amparista..."..."puede apreciarse del estudio del expediente, que las afirmaciones promovidas en el recurso de amparo, como lesivas al debido proceso y derecho de defensa del señor EDILBERTO ZUÑIGA PADILLA, tienen contrastación motivacional suficiente en el contenido de la resolución impugnada; tanto en lo que concierne al acerbo probatorio valorado, como en cuanto a la apreciación jurídica de los hechos denunciados y comprobados en contra del servidor público destituido; así como demás hechos relevantes, que, si bien no recogidos como causal de despido en la resolución respectiva; sí obran circunstanciados, en forma expresa e inequívoca, en el contradictorio y en dilucidación del asunto debatido..."..."en concatenación a lo anterior, señala la Resolución número 41-2012, dictada en fecha 20 de marzo de 2012, por la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, que tales extremos fueron objeto de documentación y de reconocimiento personal, resultando en puntos de coincidencia con las propias declaraciones del señor EDILBERTO ZUÑIGA PADILLA, en las cuales admite haber dejado momentáneamente sólo el vehículo asignado en la vía pública, con las ventanas bajas y desguarnecida el arma de fuego a él asignada; lo cual propició negligentemente la sustracción de la misma, a juicio de la autoridad administrativa, seguido que fue el trámite de ley; aunado a que tal hecho fue denunciado hasta días después, ante la autoridad de investigación criminal correspondiente..."..."de todo ello, se infiere la efectiva realización del principio contradictorio y del debido proceso. Asimismo, la validez del razonamiento seguido por la instancia administrativa en cuanto al incumplimiento de los deberes propios de su cargo, al haber actuado con negligencia en el cuidado de los bienes a él asignados por el Poder Judicial; a lo cual se agrega la reincidencia con otras faltas contra la dignidad de la Administración de Justicia; concluyéndose en la comprobación objetiva de las causales de destitución que determina la Ley de Carrera Judicial, mediante la resolución impetrada en amparo, como es la dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete; por medio de la cual resuelve confirmando la destitución del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de motorista del poder judicial; la cual fue dictada por parte de los funcionarios judiciales autorizados por la ley para ejercer la atribución disciplinaria. Por todo lo cual se considera, que la resolución objeto de la presente acción de amparo, no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales del derecho de petición, defensa y debido proceso, invocadas por el recurrente; debiendo procederse a la denegatoria del amparo solicitado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS a favor del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual se cancela al señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de MOTORISTA I, asignado al TRIBUNAL DE SETENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 80, 90 y 92 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de junio de dos mil doce, presentó ante el Consejo de la Carrera Judicial, el señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, reclamo judicial contra sanción disciplinaria contentiva de despido injustificado. 2) Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Consejo de la Carrera Judicial, Resolvió: CONFIRMANDO la destitución del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de MOTORISTA DEL PODER JUDICIAL, en consecuencia, SE DECLARA SIN LUGAR EL ESCRITO DE RECLAMO PARA EL REINTEGRO A SU CARGO. 3) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, interponiendo recurso de amparo a favor del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, contra actuaciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL. 4) Que fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera su Dictamen. 5) Que con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Abogada YULIBETH GARAY HERNADEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta, bajo las siguientes consideraciones: Que de la revisión del expediente No. 082-CSJ-2017 del Consejo de la Carrera Judicial, se contiene una serie de actuaciones por parte de la autoridad recurrida, relacionadas a la impugnación de la sanción disciplinaria de despido del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de Motorista del Poder Judicial, observándose que durante la sustanciación del proceso disciplinario que se le siguió, tuvo la oportunidad el recurrente de defenderse, contradecir, presentar argumentaciones, presentar y evacuar pruebas, recursos y acciones, a efectos desvanecer la causal de despido imputada; inclusive, lo relativo a la pérdida del dinero que señala el impugnante, observándose que fue, efectivamente, un punto controvertido, mediante audiencia de descargo número 41-2012, celebrada en fecha 6 de marzo de 2012, diligencia que se llevó a cabo con todas las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Asimismo, se aprecia que respecto al alegato de que las personas que firman la resolución del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, no recibieron, ni evacuaron prueba en primera instancia, dictando sentencia en el presente reclamo; se aprecia que la normativa invocada alude a lo establecido en el Código Procesal Civil (Principio de Inmediación); rigiéndose el proceso disciplinario, en cambio, por las normas que señala la autoridad recurrida durante la sustanciación del presente reclamo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que la resolución impetrada en amparo es la dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, por medio de la cual resuelve confirmando la destitución del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de motorista del poder judicial, declarando, en consecuencia, sin lugar, su reclamo para el reintegro a su cargo. Razonando el Consejo de la Carrera Judicial para tal proceder, que la Ley de Carrera Judicial considera que las expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier empleado o funcionario público, son actos que atentan contra la dignidad de la administración de justicia. Asimismo, se establece como mala conducta de los funcionarios y empleados judiciales el incumplimiento de los deberes propios de su cargo; sancionándose, según la gravedad de la infracción, los antecedentes y lo dispuesto expresamente en la Ley. En tal concepto, los servidores del Poder Judicial gozarán del derecho de estabilidad en sus cargos cuando ingresen debidamente al servicio y sólo podrán ser removidos cuando incurran en causas de despido, acorde el principio de legalidad. De igual manera, la Ley de Carrera Judicial establece que los servidores del poder judicial podrán ser despedidos de su cargo por incumplimiento o violación grave o reiterada de algunos de los deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en los Capítulos X y XI de la referida Ley; inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo; por todo acto de violencia, injurias, calumnias, malos tratamientos en que incurra el servidor fuera del servicio en perjuicio de sus superiores, cuando se cometieren sin que hubiese procedido (Sic.) provocación inmediata y suficiente del afectado. CONSIDERANDO (4): Que el Consejo de la Carrera Judicial, en su resolución reclamada, dio por acreditadas las siguientes conductas del empleado judicial expedientado ante la Dirección de Administración de Personal: 1. Extravío de un arma propiedad del Poder Judicial asignada al señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA para el desempeño de su cargo. Asimismo, se consigna el extravío de L 5, 700.00 propiedad de la Magistrada ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. Constando de autos que a la denuncia de mérito se le dio el trámite legal establecido, el cual finalizó con el despido del Reclamante, materializado mediante acuerdo de cancelación 618 de fecha 29 de mayo de 2012; hechos aceptados por el Reclamante, en virtud de negligencia, por haber dejado los vidrios abiertos del vehículo asignado; con lo cual se tienen por incumplidos los deberes propios de su cargo. 2. De igual manera, al estudiar la prueba practicada en su conjunto, se aprecia la calidad de reincidente en el ahora Reclamante, en las faltas graves atribuidas, pues ya había sido sancionado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en fecha 11 de mayo de 2011, a suspensión del cargo por tres (3) meses, sin derecho a remuneración; en denunciadas acumuladas bajo el número registro 274-IGJT-PJ-2010, interpuestas por el señor LUIS ANDRÉS MENDOZA RODRÍGUEZ, en su condición de Jefe de Servicios Generales en contra del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, por agresión verbal, al haberle mandado mensajes amenazadores y tildar su trabajo de ineficiente; asimismo por mostrar conducta irregular y reprochable en horas de trabajo, efectuar amenazas con arma blanca dentro de los predios del estacionamiento de la Corte Suprema de Justicia; por lo que considera las conductas comprobadas se subsumen en violaciones graves y reiteradas en sus deberes, en incompatibilidad a lo preceptuado en los Capítulos X y XI de la Leu de la Carrera Judicial; conforme a lo cual se estima el acto impugnado, consistente en el Acuerdo por el cual se le cancela del cargo de Motorista del Poder Judicial, se encuentra emitido conforme a Derecho. CONSIDERANDO (5): Que ha manifestado el recurrente, Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, en formalización de la acción constitucional promovida, que conceptúa la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, mediante la cual declaró sin lugar el reclamo promovido a favor de su representado, señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, como un fallo arbitrario, abusivo e ilegal, pues dio lugar a ratificar un despido injustificado, dictado en infracción al debido proceso y con exceso de poder; lo cual contraviene lo establecido en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que entre las principales consideraciones del amparista, se manifiesta que la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en contra de su representado, destituyéndole de su cargo de Motorista I, asignado al Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, hace mención de las cláusulas de despido contempladas en los incisos b) y d) de dicho oficio, en las cuales se hizo del conocimiento del Honorable Consejo de la Judicatura, una serie de problemas personales con el ex jefe inmediato del administrado, Lic. LUIS ANDRÉS MENDOZA RODRÍGUEZ; lo que conllevó a denunciarlo por faltas ante el Juzgado de Paz de lo Criminal, el cual fue conciliado a instancias del denunciado. Tal sería el antecedente de la denuncia efectuada por éste, ante la Inspectoría de Tribunales, la cual no debió tomarse en cuenta por ser evidente su enemistad manifiesta hacia el señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA y su aprovechamiento del puesto para perjudicarlo. En cuanto al inciso c) de dicho oficio, rechaza que se hubiere incumplido deberes propios de su cargo, al extraviar un arma del Poder Judicial asignada a su persona para efectuar su trabajo; en vista a que el puesto del señor ZUNIGA PADILLA era de Motorista I, asignado al Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, no de vigilancia o guardaespaldas; lo cual es solo una práctica que se ha venido dando en el Poder Judicial, no constando se haya cambiado su categoría laboral a través de Acuerdo. Finalmente, en cuanto al inciso e), se le imputa a su representado reincidencia por haber sido sancionado administrativamente con anterioridad, a través de la sanción de multa; considerando el Abogado garantista se ha violentado con la valoración efectuada por el Consejo de la Carrera Judicial, lo estipulado en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, en la Audiencia de fecha cinco de agosto de dos mil quince, celebrada con la presencia del Consejero JULIO CÉSAR BARAHONA HENRÍQUEZ y de la representación de la Dirección de Recursos Humanos. CONSIDERANDO (7): Que, ha manifestado el amparista que las pruebas documentales públicas presentadas a su instancia, acreditan que su representado no se encuentra denunciado, ni condenado por ningún delito; lo cual relaciona a una de las causales que motivaron el despido, como es la pérdida de un arma, de lo cual se le responsabiliza. Asimismo, el acta de conciliación judicial, con la cual se acreditan los hechos que motivaron al ex jefe inmediato del reclamante, Lic. LUIS ANDRÉS MENDOZA RODRÍGUEZ, a interponer su denuncia ante la Inspectoría de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la reincidencia, considera que esta no se acredito mediante expediente contentivo de dichas faltas administrativas, como causal de despido. Que los hechos declarados probados en los Considerandos 4 y 11 de la Resolución, jamás estuvieron plasmados como causa de despido en el Oficio 1671-SCSJ-2012 y tampoco fueron discutidos en la audiencia celebrada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Finalmente, que la resolución impugnada en amparo, al Reclamo Administrativo para reintegro en el cargo, efectuado por el compareciente, misma que resuelve confirmarlo; fue efectuado por funcionarios que no recibieron prueba, en contravención a la normativa procesal civil vigente y al debido proceso; por todo lo cual, solicita amparo contra la señalada resolución administrativa, de conformidad a derecho. CONSIDERANDO (8): Que la normatividad que rige el proceso disciplinario debe aplicarse, en todo caso, con apego a la garantía del debido proceso que establece la Constitución de la República; garantizando que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa; teniendo en consecuencia el administrado el derecho a ser oído en la sustanciación de cualquier proceso, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro orden;[1] conservando - por ende - su derecho a proponer e instar la evacuación de pruebas ante Juez o autoridad competente, en un plazo razonable; así como también formular argumentos y alegaciones que tuviere a bien e interponer cuantos recursos estime oponibles, de conformidad a ley. CONSIDERANDO (9): Que, a juicio de la Sala de lo Constitucional, la Resolución emitida por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, mediante la cual se resuelve confirmar la destitución del señor EDILBERTO ZUÑIGA PADILLA, del cargo de Motorista del Poder Judicial; declarando, en consecuencia, sin lugar el escrito de reclamo para su reintegro al cargo; ha cumplido suficientemente con el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente; en vista a resultar acordada en compatibilidad de los derechos y garantías estatuidos, inter alia, en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, dada su no colisión o confrontación con la preceptiva fundamental; habiéndose garantizado al amparista el regular trámite del proceso, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, en congruencia a todos y cada uno de los aspectos que motivan la reclamación; fundada en derecho congruente, si bien en discrepancia material a las pretensiones reiteradas por el reclamante, aquí demandante de amparo; quien hizo uso de su derecho ante el órgano administrativo competente, presentando las alegaciones y medios de prueba que estimó pertinentes, los cuales fueron admitidos y sometidos al trámite que establece la Ley; sin contravención, disminución, tergiversación o menoscabo alguno a los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República; ajustándose la resolución administrativa, objeto del presente recurso, a las disposiciones legalmente aplicables; no constando, del estudio del expediente examinado, vulneración alguna al plexo constitucional invocado por el Abogado amparista. CONSIDERANDO (10): Que, en definitiva, puede apreciarse del estudio del expediente, que las afirmaciones promovidas en el recurso de amparo, como lesivas al debido proceso y derecho de defensa del señor EDILBERTO ZUÑIGA PADILLA, tienen contrastación motivacional suficiente en el contenido de la resolución impugnada; tanto en lo que concierne al acerbo probatorio valorado, como en cuanto a la apreciación jurídica de los hechos denunciados y comprobados en contra del servidor público destituido; así como demás hechos relevantes, que, si bien no recogidos como causal de despido en la resolución respectiva; sí obran circunstanciados, en forma expresa e inequívoca, en el contradictorio y en dilucidación del asunto debatido. CONSIDERANDO (11): Que, en concatenación a lo anterior, señala la Resolución número 41-2012, dictada en fecha 20 de marzo de 2012, por la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, que tales extremos fueron objeto de documentación y de reconocimiento personal, resultando en puntos de coincidencia con las propias declaraciones del señor EDILBERTO ZUÑIGA PADILLA, en las cuales admite haber dejado momentáneamente sólo el vehículo asignado en la vía pública, con las ventanas bajas y desguarnecida el arma de fuego a él asignada; lo cual propició negligentemente la sustracción de la misma, a juicio de la autoridad administrativa, seguido que fue el trámite de ley; aunado a que tal hecho fue denunciado hasta días después, ante la autoridad de investigación criminal correspondiente. CONSIDERANDO (12): Que, de todo ello, se infiere la efectiva realización del principio contradictorio y del debido proceso. Asimismo, la validez del razonamiento seguido por la instancia administrativa en cuanto al incumplimiento de los deberes propios de su cargo, al haber actuado con negligencia en el cuidado de los bienes a él asignados por el Poder Judicial; a lo cual se agrega la reincidencia con otras faltas contra la dignidad de la Administración de Justicia; concluyéndose en la comprobación objetiva de las causales de destitución que determina la Ley de Carrera Judicial, mediante la resolución impetrada en amparo, como es la dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete; por medio de la cual resuelve confirmando la destitución del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de motorista del poder judicial; la cual fue dictada por parte de los funcionarios judiciales autorizados por la ley para ejercer la atribución disciplinaria. Por todo lo cual se considera, que la resolución objeto de la presente acción de amparo, no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales del derecho de petición, defensa y debido proceso, invocadas por el recurrente; debiendo procederse a la denegatoria del amparo solicitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal del Despacho, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2), 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 120 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente acción constitucional de amparo. Y MANDA: Que, con Certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al órgano colegiado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de marzo del dos mil veintiuno. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS a favor del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), la cual falla DENEGANDO la garantía constitucional de amparo promovida por el recurrente, contra la resolución definitiva dictada por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (17), mediante la cual se cancela al señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA del cargo de MOTORISTA I, asignado al TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. CONSIDERANDO (1): Que conforme a lo establecido en el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente al de su notificación, por tabla de avisos del despacho; lo cual es cumplido en tanto requisito de procedibilidad, según resulta de la notificación y consiguiente interposición del recurso de reposición, ambas efectuadas en fecha quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021), según consta en la pieza principal. CONSIDERANDO (2): Que, el recurso de reposición planteado invocando la garantía y derecho fundamental establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República, se interpone en tiempo y forma contra la referida sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021); solicitando se reconsidere lo fallado y se tutele con efectividad los derechos fundamentales invocados como violentados a su representado; tales como son el derecho de petición, al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho a la defensa. CONSIDERANDO (3): Que, particularmente, señala el recurrente, la consideración que le amerita el despido injusto por incumplimiento de los deberes propios de su cargo, al actuar en forma negligente en el cuidado de un arma propiedad del poder judicial, asignada a la persona del agraviado. En concepto del recurrente en reposición, en ninguna parte de la ley actualmente vigente, para ejercer despidos y disciplina laboral, se dice que, a un motorista ostentando este cargo se le asignaran responsabilidades de guardaespaldas o seguridad; lo cual no es el caso del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, pues no obra en las diligencias ningún Acuerdo que transforme, o amplíe, su responsabilidad para ostentar tal cargo. Considera el recurrente, con base a tal posición argumentativa, que el fallo impugnado confronta el principio de legalidad y el debido proceso, ya que tales hechos no formaron parte del acervo probatorio evacuado ante el Consejo de la Judicatura que no dictó sentencia definitiva y que quien dicta sentencia deja sin valor el reclamo administrativo es el Consejo de la Carrera Judicial, la cual se vuelve violatoria ya que nunca evacuó prueba, no hubo principio de contradicción que indica en el Código Procesal Civil, que quien evacua prueba deberá dictar sentencia, lo que no es el presente caso. Apostilla que ha representado al agraviado desde el principio del proceso, participando en las Audiencias del Consejo de la Judicatura y nunca salió a colación tal hecho; por todo lo cual, solicita se declare con lugar la reposición del fallo por la Sala de lo Constitucional, con suspensión del acto reclamado. CONSIDERANDO (4): Que, el planteamiento recursivo de la Abogada garantista, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), fue sometido a estudio por la Sala; encontrándolo reiterativo a las razones anteriormente promovidas por el garantista, en sustanciación de su recurso de amparo; considerándose, a contrario sensu, que la sentencia dictada por la Sala, define con precisión las razones por las cuales reconoce como eficientemente cumplidos los estándares de motivación y justificación, tanto en el ámbito probatorio, como de la preceptiva jurídica; que asisten a la resolución administrativa conocida por la vía de amparo. Por todo lo cual, se considera que la resolución impugnada resulta aplicable al caso concreto bajo estudio, sin vulneración de las garantías constitucionales invocadas; no concurriendo, por ende, razón suficiente para proceder a su revocatoria. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 Nº 7 y Nº 8, 41, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS a favor del señor EDILBERTO ZUNIGA PADILLA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que la Secretaría notifique al garantista la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción constitucional y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Y a solicitud del Abogado Gabriel Edgardo Ordóñez, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fechas veinticinco de febrero y diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-949-2017.
CRISTIAN RAMÓN BAQUIZ FLORES
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).