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Sentencia AA-903-19 — Registro 13329

Resumen

Resolución declaró sin lugar nulidad de actuaciones alegada en pliego de responsabilidad civil No. RC-007-2014-DASII-Hondutel -A; Autoridad recurrida declaró firme y ejecutoria Resolución No 907/2017 por alcanzar carácter de título ejecutivo por no haberse interpuesto el recurso de reposición en tiempo y forma ordenando traslado del expediente a la Procuraduría General de la República para entablar la demanda de ejecución de título

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el caso referido y para estudio en esta sala, tiene su origen en las actuaciones adoptadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), consistente en el acto de notificar una serie de resoluciones a través de un medio de circulación nacional en fecha 27 de marzo del 2019 a través de Diario El Heraldo, “notificación de resoluciones de responsabilidad civil” entre las que se encuentra la Resolución No. 907/2017-SG-TSC emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS en fecha catorce (14) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), contenida en el Pliego de Responsabilidad Civil No.007-001-2014-DASII-HONDUTEL-A formulado a la Empresa Word Venture Group Telecom S. de R.L. a través de su representante legal el ciudadano, Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, correspondiente a la Auditoria Especial, practicada a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) durante el periodo comprendido del uno (1) de junio del dos mil once (2011) al treinta y uno de diciembre del dos mil doce (2012), auditoria que evidencia irregularidades de la citada empresa, responsabilidad formulada que tiene su comienzo, en primer lugar, a que no se aplicó la tasa de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante pactadas en el acuerdo firmado entre Hondutel y la empresa LATAM IPFAST LLC y WORD VENTURE GROUP S. DE R.L. y segundo, a valores no cobrados por HONDUTEL, por servicio de tráfico telefónico y alquiler de canales a la Empresa Word Ventures Group S. de R.L., Resolución en la que el Pleno del Tribunal Superior de Cuentas RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS: “PRIMERO CONFIRMAR a la empresa WORD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L. a través de su representante legal, el ciudadano Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, en el pliego de responsabilidad civil No.007-001-2014-DASII.HONDUTEL-A, la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,631,762.31), valor que es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras..."..."examinados los antecedentes del caso, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en fecha 11 de julio del 2016 tuvo por caducado e irrevocablemente perdido el termino dejado de utilizar por el representante legal de la Empresa Mercantil WORLD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L., Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, al no impugnar el pliego de responsabilidad civil que se había notificado en legal y debida forma el 18 de marzo del 2016 a través de un diario de circulación nacional como obra de autos, continuó el trámite administrativo hasta dictar la Resolución No 907/2017 de fecha 14 de noviembre del 2017, en la que confirma el pliego de responsabilidad civil a la citada empresa por la cantidad de Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Dos Dólares con Treinta y un centavos (US$ 1,631,762.31) por perjuicio económico causado al Estado de Honduras, acto resolutivo que fue notificado el 27 de marzo del 2019, en un diario de circulación nacional a la referida empresa y otros (El Heraldo). .."..."Se observa de autos, que el acto administrativo recurrido, alcanzó su firmeza y que la empresa reparada en ningún momento hizo uso de los recursos que le franquea la ley para impugnar en los términos ya previstos, tanto en cuanto al pliego de responsabilidad civil como de la Resolución, con la cual se confirma ulteriormente la responsabilidad civil a la empresa reparada, WORLD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L.,...es decir, que la ley especial prevalece sobre cualquier otra de igual o inferior rango, desplazando la eficacia de la general; aplicando en este caso la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo..."..."si bien es cierto el Amparista recurre a esta vía contra el auto de fecha 9 de septiembre del 2019, mediante el cual el tribunal Superior de Cuentas, resuelve declarar sin lugar la petición planteada de Nulidad Absoluta de Actuaciones promovida contra el acto de notificación de fecha 27 de marzo del 2019, esgrimiendo en el personamiento, vulneración al debido proceso, pidiendo la nulidad del acto de notificación, aduciendo además que se resolvió el auto sin motivación jurídica y sin tener los antecedentes a la vista; sin embargo, examinado el auto objeto del incidente promovido, aprecia esta Sala que el órgano administrativo se pronunció conforme a derecho, que el Pliego de Responsabilidad Civil No. RC-007-001-2014-DASII-HONDUTEL-A fue formulado contra la empresa WORLD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L., a través de su representante legal señor Jhan Carlos Chavarría Vallecillo y no en su condición personal, y que el poder para comparecer debió otorgarse en la condición referida y no de forma personal, finalizando con la formula CUMPLASE. Es evidente en las piezas traídas para estudio, que el Amparista no hizo valer ante el Tribunal Superior de Cuentas los recursos ordinarios[2] que le confiere la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, mucho menos promovió acción ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que dio paso para que al agraviado se le tuviese por agotada la vía administrativa, por firme o ejecutoriada la resolución, procediendo a dar traslado del expediente a la Procuraduría General de la República, a efecto de que entable la acción civil ante el órgano jurisdiccional competente..."..."la Sala de lo Constitucional, visto y analizado el acto impugnado, encuentra que el mismo se encuentra ajustado a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, motivación que soporta la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Cuentas, al declarar Sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesto por el Apoderado Legal del señor Jhan Carlos Chavarría Vallecillo en su condición personal, no encuentra esta Sala que se haya vulnerado la garantía al debido proceso, el de ser oído o el derecho de ofrecer y producir prueba con lo resuelto por el Tribunal Superior de Cuentas; sumado a ello, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en cuanto a la motivación de los fallos, en el sentido que “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[3]. Se colige de autos, que la decisión tomada por el Órgano Administrativo que resuelve el incidente y lo declara improcedente mandando archivar las diligencias, hoy motivo de impugnación ante esta Sala, es un acto de la administración pública que se presume emitido de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico, no obstante, cuando contravienen el ordenamiento jurídico la legislación reconoce a los particulares los medios para impugnar esos actos, mediante los recursos administrativos o la acción contencioso administrativo, esta presunción de legitimidad tiene carácter de presunción Iuris Tantum, es decir, que aunque un acto se presuma perfecto, los afectados por el mismo, tienen oportunidad de alegar y probar, mediante la respectiva impugnación..."..."el caso en estudio, como se aprecia de autos, comparece el recurrente ante el Tribunal Superior de Cuentas promoviendo un incidente, con un poder otorgado de manera personal, la legitimación impone la obligación por parte del Órgano Administrativo de admitir y examinar lo planteado por el particular, si este no acredita estar legitimado, la solicitud será rechazada ad limine, articulo 92[4] de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo; siendo así, solamente el que este legitimado puede participar en un procedimiento determinado, en el presente caso, por tratarse de una persona jurídica comparecerán sus representantes legales, al no comparecer como representante legal de la precitada sociedad o como apoderado del señor Jhan Carlo Chavarría Vallecillo en la condición de representante legal de la misma, carece de legitimación para comparecer contra el acto de notificación señalado, esto impide al recurrente notificarse del auto resolutivo emitido por el Tribunal Superior de Cuentas de fecha 9 de septiembre del 2019 hoy objeto de amparo, respuesta que si bien es cierto es adversa a los intereses del suplicante, no implica que el acto esté viciado de nulidad por parte del Órgano Administrativo o que haya vulnerado las garantías invocadas, al declararlo sin lugar por improcedente y mandarlo archivar, como ha quedado resuelto..."..."asiste también a la resolución subjudice, -como ha quedado expresado- la presunción de legitimidad de los actos públicos, la cual ha sido reconocida en sólida jurisprudencia constitucional, en aquellos casos asentados con base a reserva de ley, dado que la forma de comunicación de los actos procesales en la presente garantía de amparo, según la génesis del asunto estudiado, se refiere a la Notificación Mediante Publicación, la que no deja de ser un medio eficaz, apto para producir efectos jurídicos, conforme a los protocolos reglamentarios establecidos, según dispone el artículo 89[5] de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y contra la cual cabe el recurso de reposición según disposición contenida en el artículo 90 de la misma norma legal y que, la parte agraviada no hizo uso del mismo en tiempo y forma para agotar la vía administrativa..."..."examinada la presente Acción de Amparo, en todo su contexto, no encuentra este Alto Tribunal, que los derechos constitucionales invocados por el recurrente se encuentren conculcados, como son el derecho a la defensa, principio de legalidad y al debido proceso, la parte que se considera agraviada con el acto producido, tuvo oportunamente a su disposición los recursos legales así como los impulsos reglamentarios específicos, a fin de desvanecer en tiempo y forma el acto procesal que hoy intenta por esta vía, se aprecia además, que el ciudadano agraviado dispuso del tiempo razonable para que la representación legal tuviera conocimiento de la aludida resolución administrativa; asimismo, que las circunstancias expresadas en los considerandos que anteceden establecen a la vez, motivos calificados de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento de la presente acción de amparo, según lo prescrito en el artículos 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sin embargo, al no demostrar la probada imposibilidad para la interposición de los recursos, así como el hecho de no estar legitimado como parte en el acto administrativo impugnado, nos lleva a la certidumbre que no se han menoscabado las garantías invocadas, por tanto no cabe el otorgamiento de la acción intentada, en consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, estima esta Sala procedente denegar la presente garantía constitucional de Amparo..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 94 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Procedimiento Administrativo, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, a favor del señor JHAN CARLO CHAVARRIA VALLECILLO, Contra la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaro Sin Lugar una solicitud de Nulidad de actuaciones alegada en el pliego de responsabilidad Civil N° RC-007-2014-DASII-HONDUTEL-A contentivo de la Resolución No.907/2017-SG-TSC de fecha catorce (14) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) promovido contra el señor JHAN CARLO CHAVARRIA VALLECILLO, por considerarlo ser el representante legal de la Sociedad Mercantil WORLD VENTURE GROUP TELECOM S DE R.L).-Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 82,90, Y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante esta Sala, el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, en representación legal del señor JHAN CARLO CHAVARRIA VALLECILLO, Contra la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaro Sin Lugar una solicitud de Nulidad de actuaciones alegada en el pliego de responsabilidad Civil N° 907/2017-DG-TSC de fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete (2017) promovido contra el señor JHAN CARLO CHAVARRIA VALLECILLO, por considerarlo ser el representante legal de la Sociedad Mercantil “WORLD VENTURE GROUP TELECOM S DE R.L” (folio 01 al 07 de la pieza de Amparo) 2) En fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se recibió en la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los antecedentes remitidos por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).- Donde se desprende resolución de fecha nueve de septiembre del dos mil diecinueve: “TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.- TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- Téngase por recibido el escrito que antecede, en cuanto a lo solicitado Sin Lugar por improcedente, ya que el pliego de Responsabilidad Civil N° 007-001-2014- DASII-HONDURAS-A formulado contra LA EMPRESA WORLD VENTURA GROUP TELECOM S DE R.L Representada legalmente por el ciudadano JHAN CARLO CHAVARRIA VALLECILLO, y no en la condición personal de dicho ciudadano, por lo tanto el poder de representación conferido a favor del Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, debió efectuarse en la condición antes referida y no a nombre del ciudadano JHAN CARLO CHAVARRIA VALLECILLO, en su condición de persona natural.- En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito.- CUMPLASE”. 3) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folios 28 de la pieza de amparo). 4) Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta por no vislumbrase violaciones a las garantías Constitucionales señaladas por el Amparista (Folio 31 al 37 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo conforme a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional vigente. CONSIDERANDO (2): Que el estado reconoce la acción de Amparo, en consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a fin de que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establece y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República de conformidad al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en concordancia con el 183 de la Carta Magna, recurso de amparo que debe interponerse de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado Walter Daniel Cárcamo López actuando como representante procesal del señor Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, expone como motivos en el recurso presentado, que la presente acción constitucional se dirige en contra de las actuaciones realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC); que en fecha 27 de marzo del 2019, mediante publicación en el diario El Heraldo donde publicó una serie de notificaciones de pliegos de responsabilidad civil, entre ellos una notificación confirmando a la empresa Word Venture Group Telecom S. de R.L. el pliego de responsabilidad civil NO.RC-001-2014-DASII-HONDUTEL-A, notificándole a su vez la Resolución No.907/2017-SG-TSC de fecha 14 de noviembre del 2017, de la cual tuvo conocimiento su representado hasta el 28 de julio del 2019, notificación que según el Tribunal Superior de Cuentas la realiza al representante legal de dicha empresa, Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, y siendo que éste no es representante legal de dicha empresa, el 29 de julio del 2019 se personó promoviendo una acción de Nulidad Absoluta de Actuaciones, ya que desde que la empresa suscribió el contrato con HONDUTEL su representado jamás fungió o realizó acto alguno como representante legal de la mencionada empresa, desde la firma del Contrato con HONDUTEL no tenía vínculo alguno con la misma, en tal sentido desde el 29 de julio del 2019 en mi condición de representante legal del señor Chavarría Vallecillo por cuestiones de responsabilidad de asumir una representación de esta naturaleza, con frecuencia visité las instalaciones de la Secretaria General del TSC y preguntamos por el pliego de responsabilidad civil ya relacionado de fecha 14 de noviembre del 2017, la respuesta siempre era que el expediente se encontraba en trabajo porque estaban resolviendo sobre la admisión de la nulidad, fue así que el 20 de agosto, 2 y 11 de septiembre del 2019 registre mis visitas a la secretaria General del TSC en el libro de procuradores, dejando constancia de la respuesta del personal de dicha oficina, que el expediente se encontraba para trabajo. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante continúa expresando que en fecha 10 de octubre del 2019, le manifestó la encargada de dar información del TSC que el expediente ya no estaba con ellos, que había sido remitido a la Procuraduría General de la República el 28 de agosto del 2019, haciéndome entrega de un folder registrado con el número 47-19-V-1 conteniendo únicamente la nulidad presentada y a folio 8 el auto de fecha nueve (9) de septiembre del dos mil diecinueve (2019) que literalmente expresa “Téngase por recibido el escrito que antecede, en cuanto a lo solicitado sin lugar por improcedente…”. En tal virtud archívese sin más trámite la diligencia de mérito. - CUMPLASE”, lo que violenta el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo que manda que si a criterio del ente administrativo el escrito no reuniera los requisitos que se señalan en el artículo 61 (si se iniciara a instancia de persona interesada y mi representado lo es), y en su caso, lo establecido en el artículo precedente, se requerirá al peticionario para que, en el plazo de diez días, proceda a completarlo con apercibimiento de que, si no lo hiciere se archivara sin más trámite. Violentado el debido proceso establecido por la norma adjetiva. Que al no poder hacer uso de los recursos deja en indefensión a su representado, al no haber plasmado en el auto Notifíquese, actuando con evidente desprecio al derecho y a la ley, violenta todos los derechos constitucionales, 82 de defensa, el debido proceso artículo 90, por vulnerar las etapas del proceso, en cuanto al derecho de ser oído, la garantía de defensa exige por sobre todas las cosas que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que le asisten, asegurando el derecho a obtener una resolución o sentencia fundada, el TSC al no haber dado tramite a la nulidad absoluta de actuaciones planteada limita el ejercicio de su derecho de defensa para utilizar los medios que acrediten que mi representado no es el representante legal de la empresa Word Venture Group Telecom S. de R.L. frustrando los propósitos de la garantía constitucional, lo que pone en riesgo a mi representado de ser sujeto de acciones de índole jurisdiccional donde no tiene ninguna participación. Manifiesta vulneradas las garantías de derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad, contenidas en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República y artículo 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (5): Que, para la Sala de lo Constitucional, examinados los agravios propuestos por el garantista, en relación a los actos realizados por el juzgador, respecto a los derechos contenciosos de las partes y, por sobre todo, que en sus actos procesales impere la condición de ser imparcial e independiente, que se vele por el íntegro cumplimiento del debido proceso, en los actos emitidos por los órganos de la administración pública y que se encuentran sujetos a la normativa vigente en cuanto a sus límites y alcances a la garantía genérica del debido proceso reconocida en la Constitución de la República, así como en las convenciones y normas ordinarias y reglamentarias vigentes, compete a este Alto Tribunal de Justicia dilucidar si existen en el acto administrativo producido, violaciones a garantías como el debido proceso y defensa, considerando que el recurrente estaría sometido a la acción fiscalizadora a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado y demás instituciones que constituyen los sujetos pasivos. CONSIDERANDO (6): Que el caso referido y para estudio en esta sala, tiene su origen en las actuaciones adoptadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), consistente en el acto de notificar una serie de resoluciones a través de un medio de circulación nacional en fecha 27 de marzo del 2019 a través de Diario El Heraldo, “notificación de resoluciones de responsabilidad civil” entre las que se encuentra la Resolución No. 907/2017-SG-TSC emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS en fecha catorce (14) de noviembre del dos mil diecisiete (2017), contenida en el Pliego de Responsabilidad Civil No.007-001-2014-DASII-HONDUTEL-A formulado a la Empresa Word Venture Group Telecom S. de R.L. a través de su representante legal el ciudadano, Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, correspondiente a la Auditoria Especial, practicada a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) durante el periodo comprendido del uno (1) de junio del dos mil once (2011) al treinta y uno de diciembre del dos mil doce (2012), auditoria que evidencia irregularidades de la citada empresa, responsabilidad formulada que tiene su comienzo, en primer lugar, a que no se aplicó la tasa de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante pactadas en el acuerdo firmado entre Hondutel y la empresa LATAM IPFAST LLC y WORD VENTURE GROUP S. DE R.L. y segundo, a valores no cobrados por HONDUTEL, por servicio de tráfico telefónico y alquiler de canales a la Empresa Word Ventures Group S. de R.L., Resolución en la que el Pleno del Tribunal Superior de Cuentas RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS: “PRIMERO CONFIRMAR a la empresa WORD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L. a través de su representante legal, el ciudadano Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, en el pliego de responsabilidad civil No.007-001-2014-DASII.HONDUTEL-A, la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1,631,762.31), valor que es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras. SEGUNDO… TERCERO…” CONSIDERANDO (7): Que examinados los antecedentes del caso, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en fecha 11 de julio del 2016 tuvo por caducado e irrevocablemente perdido el termino dejado de utilizar por el representante legal de la Empresa Mercantil WORLD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L., Jhan Carlo Chavarría Vallecillo, al no impugnar el pliego de responsabilidad civil que se había notificado en legal y debida forma el 18 de marzo del 2016 a través de un diario de circulación nacional como obra de autos, continuó el trámite administrativo hasta dictar la Resolución No 907/2017 de fecha 14 de noviembre del 2017, en la que confirma el pliego de responsabilidad civil a la citada empresa por la cantidad de Un Millón Seiscientos Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Dos Dólares con Treinta y un centavos (US$ 1,631,762.31) por perjuicio económico causado al Estado de Honduras, acto resolutivo que fue notificado el 27 de marzo del 2019, en un diario de circulación nacional a la referida empresa y otros (El Heraldo). CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal Superior de Cuentas seguido el procedimiento administrativo de ley, en fecha 29 de abril del 2019 declara firme y ejecutoria la Resolución No 907/2017, la que alcanzó el carácter de titulo ejecutivo, al no haberse interpuesto el recurso de reposición en tiempo y forma, consecuentemente, se ordena el traslado del expediente a la Procuraduría General de la República a fin de que proceda a entablar la demanda de ejecución de titulo ante el órgano jurisdiccional tal como lo disponen los artículos 94 y 95 de la Ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, acto que también fue notificado a través de un diario de circulación nacional al representante legal de la mencionado empresa el 19 de junio del 2019. (La tribuna). CONSIDERANDO (9): Que en fecha 30 de julio del 2019, pasados cuatro meses y días, comparece el abogado Walter Cárcamo López, en su condición de representante Procesal del señor Jhan Carlo Chavarría Vallecillo ante el Tribunal Superior de Cuentas, solicitando nulidad absoluta de actuaciones del acto de notificación de fecha 27 de marzo del 2019, motivando entre otras situaciones, que su representado no fue ni es representante legal de la empresa WORLD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L., a lo que el Tribunal Superior de Cuentas en fecha 9 de Septiembre del 2019 resuelve la petición, declarándola sin lugar en virtud que el poder de representación conferido por el señor Jhan Carlo Chavarría Vallecillo lo hizo en su condición de persona natural y no como representante legal de la empresa, contra la cual se formuló el pliego de responsabilidad civil, ordenando archivar las diligencias sin más trámite y concluyendo con la formula Cúmplase. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas expresa, ”Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal, cabrá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación…”; el artículo 94 de la misma Ley Orgánica en correspondencia con el anterior artículo, prescribe se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando él o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales. CONSIDERANDO (11): Que, por otro lado, el artículo 95 de la precitada Ley Orgánica, establece que una vez firme la resolución procede la acción civil; no sin antes haber observado durante el proceso administrativo todos los actos del tramite, propios del procedimiento que ordena la ley en respeto al debido proceso, entre estos actos lo relativo a lo estipulado en el artículo 98 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el cual autoriza la notificación mediante publicación,[1]. Se observa de autos, que el acto administrativo recurrido, alcanzó su firmeza y que la empresa reparada en ningún momento hizo uso de los recursos que le franquea la ley para impugnar en los términos ya previstos, tanto en cuanto al pliego de responsabilidad civil como de la Resolución, con la cual se confirma ulteriormente la responsabilidad civil a la empresa reparada, WORLD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L., actos que fueron resueltos de forma preeminente al derecho constitucional, en aplicación del principio de especialidad de la norma que rige las relaciones Inter normativas, es decir, que la ley especial prevalece sobre cualquier otra de igual o inferior rango, desplazando la eficacia de la general; aplicando en este caso la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (12): Que si bien es cierto el Amparista recurre a esta vía contra el auto de fecha 9 de septiembre del 2019, mediante el cual el tribunal Superior de Cuentas, resuelve declarar sin lugar la petición planteada de Nulidad Absoluta de Actuaciones promovida contra el acto de notificación de fecha 27 de marzo del 2019, esgrimiendo en el personamiento, vulneración al debido proceso, pidiendo la nulidad del acto de notificación, aduciendo además que se resolvió el auto sin motivación jurídica y sin tener los antecedentes a la vista; sin embargo, examinado el auto objeto del incidente promovido, aprecia esta Sala que el órgano administrativo se pronunció conforme a derecho, que el Pliego de Responsabilidad Civil No. RC-007-001-2014-DASII-HONDUTEL-A fue formulado contra la empresa WORLD VENTURE GROUP TELECOM S. DE R.L., a través de su representante legal señor Jhan Carlos Chavarría Vallecillo y no en su condición personal, y que el poder para comparecer debió otorgarse en la condición referida y no de forma personal, finalizando con la formula CUMPLASE. Es evidente en las piezas traídas para estudio, que el Amparista no hizo valer ante el Tribunal Superior de Cuentas los recursos ordinarios[2] que le confiere la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, mucho menos promovió acción ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que dio paso para que al agraviado se le tuviese por agotada la vía administrativa, por firme o ejecutoriada la resolución, procediendo a dar traslado del expediente a la Procuraduría General de la República, a efecto de que entable la acción civil ante el órgano jurisdiccional competente.CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, visto y analizado el acto impugnado, encuentra que el mismo se encuentra ajustado a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, motivación que soporta la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Cuentas, al declarar Sin lugar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones interpuesto por el Apoderado Legal del señor Jhan Carlos Chavarría Vallecillo en su condición personal, no encuentra esta Sala que se haya vulnerado la garantía al debido proceso, el de ser oído o el derecho de ofrecer y producir prueba con lo resuelto por el Tribunal Superior de Cuentas; sumado a ello, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en cuanto a la motivación de los fallos, en el sentido que “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[3]. Se colige de autos, que la decisión tomada por el Órgano Administrativo que resuelve el incidente y lo declara improcedente mandando archivar las diligencias, hoy motivo de impugnación ante esta Sala, es un acto de la administración pública que se presume emitido de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico, no obstante, cuando contravienen el ordenamiento jurídico la legislación reconoce a los particulares los medios para impugnar esos actos, mediante los recursos administrativos o la acción contencioso administrativo, esta presunción de legitimidad tiene carácter de presunción Iuris Tantum, es decir, que aunque un acto se presuma perfecto, los afectados por el mismo, tienen oportunidad de alegar y probar, mediante la respectiva impugnación. CONSDERANDO (14): Que el caso en estudio, como se aprecia de autos, comparece el recurrente ante el Tribunal Superior de Cuentas promoviendo un incidente, con un poder otorgado de manera personal, la legitimación impone la obligación por parte del Órgano Administrativo de admitir y examinar lo planteado por el particular, si este no acredita estar legitimado, la solicitud será rechazada ad limine, articulo 92[4] de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo; siendo así, solamente el que este legitimado puede participar en un procedimiento determinado, en el presente caso, por tratarse de una persona jurídica comparecerán sus representantes legales, al no comparecer como representante legal de la precitada sociedad o como apoderado del señor Jhan Carlo Chavarría Vallecillo en la condición de representante legal de la misma, carece de legitimación para comparecer contra el acto de notificación señalado, esto impide al recurrente notificarse del auto resolutivo emitido por el Tribunal Superior de Cuentas de fecha 9 de septiembre del 2019 hoy objeto de amparo, respuesta que si bien es cierto es adversa a los intereses del suplicante, no implica que el acto esté viciado de nulidad por parte del Órgano Administrativo o que haya vulnerado las garantías invocadas, al declararlo sin lugar por improcedente y mandarlo archivar, como ha quedado resuelto. CONSIDERANDO (15): Que asiste también a la resolución subjudice, -como ha quedado expresado- la presunción de legitimidad de los actos públicos, la cual ha sido reconocida en sólida jurisprudencia constitucional, en aquellos casos asentados con base a reserva de ley, dado que la forma de comunicación de los actos procesales en la presente garantía de amparo, según la génesis del asunto estudiado, se refiere a la Notificación Mediante Publicación, la que no deja de ser un medio eficaz, apto para producir efectos jurídicos, conforme a los protocolos reglamentarios establecidos, según dispone el artículo 89[5] de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y contra la cual cabe el recurso de reposición según disposición contenida en el artículo 90 de la misma norma legal y que, la parte agraviada no hizo uso del mismo en tiempo y forma para agotar la vía administrativa. CONSIDERANDO (16): Que examinada la presente Acción de Amparo, en todo su contexto, no encuentra este Alto Tribunal, que los derechos constitucionales invocados por el recurrente se encuentren conculcados, como son el derecho a la defensa, principio de legalidad y al debido proceso, la parte que se considera agraviada con el acto producido, tuvo oportunamente a su disposición los recursos legales así como los impulsos reglamentarios específicos, a fin de desvanecer en tiempo y forma el acto procesal que hoy intenta por esta vía, se aprecia además, que el ciudadano agraviado dispuso del tiempo razonable para que la representación legal tuviera conocimiento de la aludida resolución administrativa; asimismo, que las circunstancias expresadas en los considerandos que anteceden establecen a la vez, motivos calificados de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento de la presente acción de amparo, según lo prescrito en el artículos 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sin embargo, al no demostrar la probada imposibilidad para la interposición de los recursos, así como el hecho de no estar legitimado como parte en el acto administrativo impugnado, nos lleva a la certidumbre que no se han menoscabado las garantías invocadas, por tanto no cabe el otorgamiento de la acción intentada, en consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, estima esta Sala procedente denegar la presente garantía constitucional de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 82, 90, 183, 222, 232, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46, 48, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 89, 90, 117; 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y 117 de su Reglamento; 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a la Autoridad Administrativa de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0903=2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

[1] Las notificaciones podrán ejecutarse en un periódico de circulación nacional. En este caso las cédulas contendrán los fundamentos y la parte dispositiva de la resolución; numero del expediente o informe, fecha del acto. Los efectos de la notificación se empezarán a contar a partir del día siguiente de la publicación. Las personas que fueron notificadas por esta forma podrán solicitar ante la Secretaria General del Tribunal, copia íntegra de la resolución o el respectivo pliego de responsabilidad para hacer uso de su derecho de defensa.

[2] Articulo 90 de la Ley Orgánica del TSC y 117 de su Reglamento.

[3]Sentencia. AP-0173-2017, 8/5/2018

[4] Art.92. Para recurrir a la vía administrativa y en la vía judicial contra las resoluciones del Tribunal, no será necesario ningún pago o caución previa, pero si será necesario ser titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal o legítimo.

[5] Las notificaciones podrán efectuarse por cualquiera de los medios siguientes: 1) … 2) … 3) … 4) Mediante publicaciones en un diario de circulación nacional; en este caso los efectos de la notificación se comenzarán a contar a partir del día siguiente de su publicación.