Sentencia AA-843-21 — Registro 14118
Resumen
Sentencia revocó decisión dictada por juzgado de primera instancia que identificó nexo causal entre administrado y el acto impugnado para determinar la legitimidad en demanda en materia de personal promovida por demandada contra recurrente; El Tribunal de Apelaciones consideró que incidente fue resuelto respetando el procedimiento conforme al ordenamiento jurídico vigente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"ésta Sala después de revisados los antecedentes y del acto reclamado en especifico, observa que el incidente planteado por el recurrente fue resuelto respetando el procedimiento establecido y conforme al ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"ésta Sala después de revisados los antecedentes y del acto reclamado en especifico, observa que el incidente planteado por el recurrente fue resuelto respetando el procedimiento establecido y conforme al ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., uno de diciembre del año dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RICHAR ALEXANDER RUÍZ RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SECRETARÍA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinticinco, dictado por la CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciocho, en la demanda en materia de personal promovida por la señora LILIANA MARTINEZ VALENZUELA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del SECRETARÍA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual desestima las defensas previas que entabló, estimando el recurrente que la demandante no forma parte del escalafón diplomático y por tanto no goza de los derechos y prestaciones de los funcionarios del servicio diplomático y consular ya que esta se encuentra dentro de los funcionarios de libre remoción por parte del Presidente de la República, por cuanto no puede estimarse según indica el solicitante que el acuerdo de cancelación se efectúo vulnerando derechos a la demandante en virtud de que esta no tiene carrera diplomática ni está adscrita al Servicio Civil. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como vulnerados los Artículos 80, 183 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que la Alzada establece en su resolución que el A-quo emitió un pronunciamiento de fondo al identificar el nexo causal entre el administrado y el acto impugnado para determinar la legitimidad que alega el recurrente motivo por el cual procedió a revocar la decisión del A-quo al apreciar un aplicación errónea de la ley y prejuzgamiento sobre los derechos que le asisten y reclama la demandante. CONSIDERANDO: Que ésta Sala después de revisados los antecedentes y del acto reclamado en especifico, observa que el incidente planteado por el recurrente fue resuelto respetando el procedimiento establecido y conforme al ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RICHAR ALEXANDER RUÍZ RODRIGUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del SECRETARÍA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinticinco, dictado por la CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL; al constatar la concurrencia de la causal de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0843-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
4