Sentencia AA-811-19 — Registro 13896
Resumen
Resolución resolvió sin lugar recurso de apelación contra resolución No.033-2018 dictada por el Instituto Nacional Agrario en solicitud de adjudicación en dominio pleno de terreno fiscal acumulado a solicitud de afectación y posterior adjudicación a nombre de recurrente; Autoridad recurrida considera que lo resuelto está apegada a ley, por lo que el INA debe proceder a realizar la adjudicación de la tierra según lo decidido efectuada en función al factor hombre tierra; así como proceder de ipso facto a emitir los títulos definitivos de propiedad a favor de ambas partes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución agraria bajo estudio se ajusta a las disposiciones legales que rigen a las resoluciones administrativas, bajo los parámetros del derecho del debido proceso; no habiéndose tampoco determinado la infracción de los derechos constitucionales agrarios invocados por el garantista, ni de la normativa emanada del bloque de convencionalidad en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); en coincidencia a los criterios sustantivos expresados por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a través de su Agente Fiscal acreditada ante la Sala; por lo cual resulta del caso desestimar la presente garantía constitucional de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de octubre del dos mil veintiuno.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por Abogado René Barahona Valladares, a favor de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “RENOVACIÓN COLAMA”, manifestando el recurrente la acción de amparo se interpone en contra de la resolución administrativa emitida por el Consejo Nacional Agrario, en fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución No.033-2018 dictada por el Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, con relación a una solicitud de adjudicación en dominio pleno de terreno fiscal con número de expediente 100955, el cual, según expone, corre acumulado a la solicitud de afectación y posterior adjudicación con números de expediente 77674/ 10729/ 122027/ 75003/ 10729 a nombre de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “RENOVACIÓN COLAMA”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 344, 345, 347 y 350 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado René Barahona Valladares, interponiendo acción de amparo a favor de Empresa Asociativa Campesina de Producción “RENOVACIÓN COLAMA”, manifestando el recurrente la acción de amparo se interpone en contra de la resolución administrativa emitida por el Consejo Nacional Agrario, en fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución No.033-2018 dictada por el Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, con relación a una solicitud de adjudicación en dominio pleno de terreno fiscal con número de expediente 100955, el cual, según expone, corre acumulado a la solicitud de afectación y posterior adjudicación con números de expediente 77674/ 10729/ 77698/ 122027/ 75003 /10729, a nombre de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “RENOVACIÓN COLAMA”. (Folios 1-2 del recurso).-2) Que en fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por Abogado René Barahona Valladares, a favor la Empresa Asociativa Campesina de Producción “RENOVACIÓN COLAMA”; en consecuencia, se libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (2) días hábiles remitieran los antecedentes del caso. (Folio 8 del recurso).-3) Que en fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo Nacional Agrario; objeto del presente recurso, de la cual se desprende de su parte resolutiva lo siguiente: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, por haber sido dictada la resolución por el A-quo, en estricto apego a la ley y por lo resuelto oportunamente por esta instancia sobre el mismo caso; 2) Que el INA proceda a realizar la adjudicación de la tierra en la forma decidida, por medio de la distribución emanada de la actividad de campo, efectuada en función al factor hombre tierra en su momento apreciado y contenida en resolución recurrida; 3) Proceder de ipso facto a la emisión de los títulos definitivos de propiedad, a favor de ambas partes, según las áreas adjudicadas, desalojando de las áreas ocupadas más allá de las acreditadas por medio de la recuperación de la tierra; y que en atención al informe técnico rendido por el Instituto por la falta de ocupación real de los predios por parte de los grupos, se proceda a comprobar tal extremo con el objeto de aplicar las causales de afectación que correspondan. 4) Que al estar firme el presente fallo, sea devuelto a su lugar de origen. (Folios 38-40 de la pieza 1 del antecedente).-4) En fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, remitidos que fueron los antecedentes del recurso de mérito, se ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 20 del recurso de amparo).-5) En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por el Abogado René Barahona Valladares, en su condición antes indicada, asimismo, se declaró sin lugar la solicitud de suspensión del acto reclamado, en virtud de no ajustarse la misma a los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consecuencia, se dispuso dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 29 del recurso de amparo).-6) Que esta Sala, en fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Sobre el particular, esta Representación Fiscal encuentra que el objeto de la controversia en la presente acción de amparo, es que el amparista no está de acuerdo en la forma como fueron adjudicadas las tierras en conflicto, por el Instituto Nacional Agrario, tal como está plasmado en la Resolución N° 033-2018 de fecha 28 de febrero del año 2018, emitida por el Instituto Nacional Agrario, resolución mediante la cual, dicho instituto está dando cumplimiento a la Resolución Definitiva de fecha 06 de septiembre del 2011; en ese sentido al haberse interpuesto recurso de apelación contra la resolución No.033-2018, por parte de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Nueva Colama, el Consejo Nacional Agrario en fecha cinco (5) de marzo del año 2019, señala que conociendo por segunda vez sobre los mismos hechos, RESUELVE: Declarar sin lugar dicho recurso de apelación por considerar que la resolución emitida por el A-quo está dictada en estricto apego a la ley. De acuerdo al artículo 150 de la Ley de Reforma Agraria, contra las resoluciones definitivas emitidas por el Director Ejecutivo cabrá el recurso de reposición y subsidiariamente apelación ante el Consejo Nacional Agrario, y contra las resoluciones que adopte el Consejo Nacional solamente cabrá el recurso de amparo, por lo que la resolución definitiva de fecha 06 de septiembre de 2011, emitida por el Consejo Nacional Agrario, al no haberse interpuesto recurso alguno contra la misma, en consecuencia quedó firme y de cumplimiento obligatorio. Cabe señalar que en dicho fallo de fecha 06 de septiembre del 2011, se estableció que el INA emitió resolución más fundada en principio de equidad que en la norma jurídica, por lo que, en los predios a adjudicarse a cada empresa campesina, debía revisarse el aspecto relativo a la tenencia y posesión. En ese sentido, lo pretendido por el amparista de que se adjudique a su representada un área de terreno mayor, va en contravención de lo señalado en dicho fallo del 06 de septiembre de 2011, donde se establece que deberá tomarse en cuenta la tenencia o posesión, y según lo refiere el propio amparista, de las investigaciones practicadas por personal del INA, el predio ocupado por la Empresa “Renovación Colama”, es de un área de treinta y tres Hectáreas, once áreas, noventa y ocho punto quince centiáreas, área total que finalmente les fue adjudicada. De la resolución traída a estudio, la suscrita es del parecer que el criterio esgrimido por el Consejo Nacional Agrario, no vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente, ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso, apreciándose que el fallo impugnado es razonables, congruente y justo. IV.CONCLUSIÓN: Que, por las razones anteriormente expuestas, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no concurrir las vulneraciones alegadas por el amparista. (Folios 32-36 del recurso).- CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO DOS (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en vía de amparo la resolución administrativa proferida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), en fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, que resolvió sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No.033-2018 dictada por el Instituto Nacional Agrario (INA), en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, con relación a una solicitud de adjudicación en dominio pleno de terreno fiscal con número de expediente 100955, a nombre de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “RENOVACIÓN COLAMA”, el cual, corre acumulado a solicitudes de afectación y posterior adjudicación con números varios, enunciados en el antecedente primero de la presente resolución; la cual obra transcrita en el antecedente 3) de la presente sentencia.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, Abogado RENÉ BARAHONA VALLADARES, actuando en su condición preindicada y a favor de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “RENOVACIÓN COLAMA”, aduce, en su escrito de formalización de Recurso de Amparo, que el CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), actuó en contrariedad a las garantías ínsitas en los artículos 344, 345, 347 y 348 de la Constitución de la República, ya que el Estado se ve obligado, a través del Instituto Nacional Agrario, a rectorar la reforma agraria y garantizar justicia social en el campo, en consecución de los objetivos que se plantean para la misma en el artículo 5 de la Ley de Reforma Agraria; tales como son la garantía de libre asociación, el derecho a una vivienda digna, el acceso a la tierra, a través de los entes respectivos, el derecho de petición y el derecho a la alimentación; en correlación axiológica a la igualdad de derechos, igualdad ante la ley e igualdad ante la justicia, precavidas constitucionalmente y reconocidas convencionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), vinculante al Estado de Honduras. Lo anteriormente fundamentado, al causar dicha resolución del recurso de apelación respectivo, denegatoria del susodicho reclamo administrativo, en agravio a los expresados derechos constitucionales de la Empresa Asociativa Campesina de Producción que es su poderdante; pues si bien es cierto el Honorable Consejo Nacional Agrario emite en fecha 06 de septiembre de 2011, un fallo mediante el cual resuelve revisar el aspecto relativo a la tenencia o posesión para efecto de prevenir consecuencias funestas, derivadas de decisiones incorrectas; el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) adoptó decisiones incorrectas, las cuales, lejos de generar paz en el agro, crean conflicto por decisiones fuera del marco legal y social.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que, hace referencia el contenido material de dicho fallo, a la distribución del lote propiedad fiscal solicitado en adjudicación agraria. El lote en mención, fue adquirido por el Estado, por compra efectuada a la señora MARIA GUILLERMINA SALINAS PORTILLO, encontrándose inscrito el dominio bajo el asiento 36 del tomo 1134 del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Choluteca; en el cual, según investigaciones que refiere el postulante, el predio ocupado por la empresa agraviada mantiene una ocupación, en forma individual y colectiva, de un área de TREINTA Y TRES HECTÁREAS, ONCE AREAS, NOVENTA Y OCHO PUNTO QUINCE CENTIAREAS (33 Has 11 As 98.1 Cas); mientras que, a la Empresa Asociativa Campesina de Producción “NUEVA COLAMA”, se le están adjudicando TRES PREDIOS rurales de naturaleza jurídica fiscal, OCHENTA Y DOS HECTÁREAS, NOVENTA Y UN AREAS, CINCUENTA Y SIETE PUNTO NOVENTA Y DOS CENTIAREAS (82 Has 91 As 57.92 Cas); lo cual percibe el amparista, como una adjudicación no proporcionada, no congruente al principio de relación Hombre – Tierra y violatorio al baremo de proporcionalidad del artículo 123 de la Ley de Reforma Agraria, donde se establece que el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) determinará la superficie a adjudicar a cada empresa, tomando en cuenta el número de familias que lo constituyen.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que, finaliza manifestando el recurrente, que por todo lo anteriormente manifestado y en aplicación del derecho, justicia y equidad, a la luz de la normativa estatal e internacional en materia de derechos humanos, que incluyen las observaciones generales del Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; solicita el presente recurso de amparo sea otorgado; ordenándose que se permita a sus representados del sector campesino acceso a la explotación de la tierra en partes iguales con la otra empresa beneficiaria; garantizando así, a sus familias, un mejor desarrollo socioeconómico.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que acorde la Constitución de la República, los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus actos y resoluciones. Conforme lo establecido en los artículos 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, siendo obligatoria la motivación de los actos, donde se expresará sucintamente, tanto los hechos, antecedentes, como los fundamentos de derecho que sustentan lo actuado; lo cual se considera concurrente al caso bajo estudio, por expresar derivación racional a lo resuelto por el Consejo Nacional Agrario, mediante fallo definitivo de fecha seis de septiembre del año dos mil once; ordenando se procediera en la forma decidida: “… por medio de la distribución emanada de la actividad de campo, efectuada en función al factor hombre tierra en su momento apreciado y contenida en resolución recurrida.”[1].-CONSIDERANDO OCHO (8): Que, como acción, el amparo consiste en proteger, garantizar cualquiera de los derechos fundamentales, de modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, una ley, o en su caso, tratados internacionales. Como recurso, el amparo en una garantía procesal añadida para el ciudadano y/o la persona jurídica, encontrándose, en lo conducente, dirigida a tutelar con efectividad los derechos constitucionales de la persona.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, para la Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa, cabe analizar la extensión del principio pro persona a situaciones jurídicas en que intervienen personas jurídicas o morales, como expresa salvedad a la regla de juicio dictada consultivamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la Opinión Consultiva No. 22/16 de 26 de febrero de 2016, solicitada por la República de Panamá;[2] en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros, establece lo siguiente: “(…), que 2. El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado, en los términos establecidos en los párrafos 37 a 70 de esta Opinión Consultiva.” Lo anterior, teniendo en cuenta el objetivo común establecido en el Bloque de Constitucionalidad, como es: “… lograr la adecuada compatibilidad y cohesión para asegurar la satisfacción máxima de los derechos fundamentales, esto es, salvaguardar ante todo el principio “pro persona” (…)”.[3]- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, la resolución agraria bajo estudio se ajusta a las disposiciones legales que rigen a las resoluciones administrativas, bajo los parámetros del derecho del debido proceso; no habiéndose tampoco determinado la infracción de los derechos constitucionales agrarios invocados por el garantista, ni de la normativa emanada del bloque de convencionalidad en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); en coincidencia a los criterios sustantivos expresados por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a través de su Agente Fiscal acreditada ante la Sala; por lo cual resulta del caso desestimar la presente garantía constitucional de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los 1 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316, 321, 344, 345, 347 y 350 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 67 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA), con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0811-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver resolutivo 2) de la resolución venida en amparo.
[2] Asequible vía Internet, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf [Consulta del 11 de octubre de 2021]
[3] Voto razonado del Juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, de 26 de noviembre de 2010, párr. 62. Citado por: MEJÍA A., J. et al, en: Obligaciones internacionales del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y bienes culturales (2018). Tegucigalpa: Editorial Guaymuras. pp. 381 y ss.