Sentencia AA-802-19 — Registro 17447
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación y decretó nulidad de actuaciones dictadas por Juzgado de Primera Instancia que declaró improcedente demanda de nulidad de varios actos administrativos; Confirmó los Acuerdos de cancelación de demandantes; La Autoridad recurrida consideró que procede la Nulidad de Actuaciones por la evidente falta de motivación de la resolución apelada; Considera que el Juez expresa un parecer demasiado vago en sus fundamentos de derecho, toma en cuenta, en la parte dispositiva, lo emitido por el Secretario del Despacho, sin ningún sustento jurídico, provocando imposibilidad en la labor de segunda instancia, todo ello en relación a la Solicitud de Ejecución Forzosa de pago de salarios dejados de percibir promovida por recurrente contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…para la Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y a la luz del derecho constitucional invocado, tanto en el alegato del garantista, como en el propio texto de la resolución judicial impetrada; entiende que no existe contencioso alguno sobre la emisión de una sentencia condenatoria dictada en fecha 10 de enero de 2013 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, a favor de los demandantes, ahora poderdantes del recurrente en amparo; cuya firmeza fue decretada por la Sala Laboral – Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en fecha 23 de septiembre de 2014; de la cual se deriva la Liquidación de los salarios correspondientes al periodo comprendido del 28 de abril de 2010 al 10 de diciembre de 2012, a título de daños y perjuicios; por no ser posible el reintegro de los demandantes. Cabe enfatizar, que la formación y procedimiento judicial seguido para tal liquidación, dio pie al decreto de nulidad de actuaciones por la propia Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 27 de junio 2019; conociendo de la ejecución forzosa de pago de los referidos salarios, dejados de percibir, conforme a sentencia estimatoria dictada por esa misma Corte, en fecha 10 de enero de 2013; sentencia cuya congruencia y razonabilidad, sobre bases constitucionales, se cuestiona ahora en sede de amparo..."..."para la dilucidación de los legítimos derechos invocados en el presente amparo, a favor de los agraviados ejecutantes, se tiene a la vista la denunciada incongruencia en que habría incurrido la Alzada, respecto a interpretar una inexistente infracción in procedendo, por supuesta iniciativa procesal del Secretario, quien habría suplantado, de tal manera, la iniciativa procesal y de fundamentación a las pretensiones que corresponde a las partes. Entiende la Sala que tal supuesto no resulta concordante con el contenido de la foliada, en la cual se aprecia la prevalencia del principio de aportación de parte, para efecto de la apropiada liquidación de la sentencia; lo cual positivamente daría lugar, al dictado a la inaplicabilidad a la representación procesal del impetrante, de la resolución conocida en amparo..."..."la ejecución forzosa de pago de los salarios dejados de percibir, promovida por los señores ESMERALDA FLORES SÁNCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELÉNDEZ GARCÍA Y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, procede legítimamente, toda vez que la sentencia que le sirve de justo título, ha adquirido el carácter de firme; lo cual resulta vinculante el deber, exigible a los Tribunales de Justicia, de juzgar y ejecutar lo juzgado, conforme a lo establecido en los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República..."..."la cuestión ha sido también abordada, con similar ponderación y orientación garantista, por doctrinarios en el ámbito del derecho público hondureño, para quienes: “La ejecución de las sentencias en los juicios contencioso-administrativos es una de las cuestiones que más ha preocupado a los legisladores, juzgadores y estudiosos, ya que de no dotar a esta jurisdicción especial de mecanismos idóneos para hacer que se cumplan sus sentencias, los fallos que se dicten dependerán de la buena voluntad de los funcionarios públicos para ejecutarlas”,[5] supuesto a todas luces inadmisible en un Estado de Derecho; a la luz del cual se desprende la razonabilidad y procedencia de la acción de amparo promovida, pues no concurre fundamentación legal al supuesto fáctico de anulabilidad que declarara concurrente el Ad Quem;[6] lo cual afectaría el brindarle efectivo cumplimiento a una sentencia firme, dictada por la jurisdicción del Estado de Honduras, a satisfacción completa del ejecutante. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia estimatoria a la presente acción constitucional, restituyendo a los beneficiarios del presente recurso de amparo, en el derecho constitucional que se ha visto menoscabado al tenor de la resolución de Alzada; resultando inaplicable a los ciudadanos petentes de amparo, en sede de justicia constitucional, la sentencia de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 134 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de marzo del dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER RODOLFO BAUTISTA BAQUEDANO a favor de los señores ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA, JUANA ELIZABETH AGUILAR, RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE, YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, DILCIA LIZZETH FLORES RODRIGUEZ, y MARIA DEBORA HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintisiete (27) de junio dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación y decretó nulidad de actuaciones, del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de los autos de fecha catorce (14) de junio y diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017); con relación a la solicitud de ejecución forzosa de pago de los salarios dejados de percibir, promovida por los señores ESMERALDA FLORES SÁNCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELÉNDEZ GARCÍA Y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. Estimando el recurrente que, con el acto reclamado, se ha violentado en perjuicio de sus representados el derecho consignado en los artículos 59, 61, 63, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil diez (2010), comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, los Abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, actuando en su condición de Apoderados de los señores ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA, JUANA ELIZABETH AGUILAR, RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE, YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA Y OTROS, incoando demanda de nulidad o en su defecto la anulación de unos actos administrativos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas, el reintegro al cargo, pago de los salarios dejados de percibir, que se tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia que se emita, costas del juicio.” (Folios 1–39 del tomo I de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha uno (01) de febrero de dos mil doce (2012), el citado Juzgado dictó Sentencia Definitiva en la cual Falló: (SIC): “DECLARAR IMPROCEDENTE la acción interpuesta por el Abogado los abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO, Y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, en su condición de apoderados legales de los señores: ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA, JUANA ELIZABETH AGUILAR, RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE, YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, DILCIA LIZZETH FLORES RODRIGUEZ, y MARIA DEBORA HERNANDEZ, contra el estado de Honduras, a través de la SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo de Carácter Particular Impugnado.- SEGUNDO: CONFIRMAR los Acuerdos Números 0917-SE-2010, 0918-SE-2010, 0921-SE-2010, 0922-SE-2010, 0923-SE-2010, 0924-SE-2010, 0929-SE-2010, 0931-SE-2010- Y 0933-SE-2010 todos de fecha 27 de Abril del año 2010 emitido por la Secretaría de Educación del Estado de Honduras en el cual se cancela a los demandantes de sus puestos.” (Folios 532–540 del tomo I de la Pieza del A-Quo) 3) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016), el Abogado WALTER RODOLFO BAUTISTA BAQUEDANO, presentó liquidación de salarios dejados de percibir con sus respectivos intereses comerciales y moratorios, en la cual el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha dos (02) de junio del dos mil diecisiete (2017), Resolvió: (SIC): “1) ESTIMAR parcialmente la Impugnación presentada por la Representación Judicial del Estado de Honduras en la Solicitud de Tasación de Costas y Liquidación de Intereses Comerciales y Moratorios efectuados por la Parte Ejecutante; en consecuencia se deberá pagar las siguientes cantidades en concepto de salarios dejados de percibir e intereses comerciales: A. ESMERALDA FLORES SANCHEZ Total de Salarios Caídos: Lps. 1,196,894.32 Total Intereses Comerciales: Lps. 41,891.28 B. FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA Total de Salarios Caídos: Lps. 1,175,309.77 Total Intereses Comerciales: Lps. 41,135.84 C. MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA Total de Salarios Caídos: Lps. 1,286,574.26 Total Intereses Comerciales: Lps. 45,030.09 D. JUANA ELIZABETH AGUILAR Total de Salarios Caídos: Lps. 1,578,945.67 Total Intereses Comerciales: Lps. 55,263.09 E. RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE Total de Salarios Caídos: Lps. 1,051, 516.75 Total Intereses Comerciales: Lps. 36,803.08 F. YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ Total de Salarios Caídos: Lps. 1,109,637.12 Total Intereses Comerciales: Lps. 38,837.29 G. MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA Total de Salarios Caídos: Lps. 1,054,755.67 Total Intereses Comerciales: Lps. 36,916.44 H. LIZZETH FLORES RODRIGUEZ Total de Salarios Caídos: Lps. 993,642.71 Total Intereses Comerciales: Lps. 34,777.49 I. MARIA DEBORA HERNANDEZ Total de Salarios Caídos: Lps. 815,417.84 Total Intereses Comerciales: Lps. 28,539.62. 2) No se condena al pago de Intereses Moratorios por lo decretado en la reforma realizada al Artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3) Que el Secretario del Despacho como Director de los Actos de comunicación notifique e presente auto en la forma prescrita por la legislación procesal correspondiente y siendo firme el mismo, haga constar sus incidencias en la pieza principal de autos.” (Folios 116-126 de la Pieza del A-Quo) 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los abogados ALFONSO OCAMPO OROZCO Y GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012), contra la sentencia definitiva de fecha uno (01) de febrero de dos mil doce (2012); asimismo la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019), Falló: (SIC): “UNICO: DECRETAR NULIDAD de actuaciones de los autos de fecha catorce (14) de Junio del año dos mil dieciséis (2016) específicamente numeral cuarto de la parte dispositiva (ver folio 26 y 27); auto de fecha 17 de agosto del año 2016, (ver folio 65) donde se ordena al secretario dar cumplimiento al auto de fecha (14) de Junio del año dos mil dieciséis (2016); Auto Definitivo de fecha dos de junio del año dos mil diecisiete (ver folio 116 al 126 de la pieza separada de la liquidación), con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en la pieza separada de incidente de tasación de costas de liquidación de intereses, de la pieza principal de autos.” (Folios 28-38 de la Pieza del A-Quo) 5) Que el Abogado WALTER RODOLFO BAUTISTA BAQUEDANO, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de ESMERALDA FLORES SANCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELENDEZ GARCIA, JUANA ELIZABETH AGUILAR, RAMON ANTONIO BAIDE BAIDE, YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, MARIXA FILOMENA JULIN ZELAYA, DILCIA LIZZETH FLORES RODRIGUEZ, y MARIA DEBORA HERNANDEZ, contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019), relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 61, 63, 64, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (09) de marzo de dos mil veinte (2020). (Folios 1–6 y 31 del presente Recurso) 6) Que en fecha uno (01) de octubre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Agente de Tribunales, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen, siendo de la opinión porque: “SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista”; con base a que la liquidación planteada por la parte demandante, se encuentra en relación a la sentencia condenatoria emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, cuya firmeza fue decretada por la Sala Laboral – Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en fecha 23 de septiembre de 2013 (Sic.); por lo cual se estima la liquidación efectuada por el Secretario del Juzgado A Quo no deriva de una actuación antojadiza, sino que resulta de conformidad a la sentencia mencionada y a lo establecido en los artículos 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 884 del Código Procesal Civil, respecto a la manera de proceder en liquidación de daños y perjuicios. En tal virtud, la nulidad decretada por el Ad Quem, motivándose en la existencia de un mal procedimiento en la liquidación de la sentencia, no es congruente a Derecho; habida cuenta que la liquidación planteada por la parte demandante se hizo en atención a la sentencia condenatoria emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, decretada firme por la Sala Laboral – Contencioso Administrativo y fundándose en el derecho que queda invocado; por lo cual la Nulidad decretada por el Ad Que, no se enmarca en lo que señala el Código Procesal Civil, en su artículo 212, como norma supletoria; ya que el auto definitivo emitido por el A Quo establece que, al revisar las operaciones aritméticas de los salarios dejados de percibir, efectuados por la Secretaria de ese Despacho; estos concuerdan con los conceptos y montos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Banco Central respectivamente. - Por todo lo cual, estima la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, en su Dictamen, que existe la vulneración a los derechos constitucionales invocados por el amparista. (Folios 33–40 y 42 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional; en fecha veintisiete (27) de junio dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de apelación y decretó nulidad de actuaciones, de los autos de fecha catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016), específicamente numeral cuarto de la parte dispositiva; (Ver folio 26 y 27); auto de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016), (Ver folio 65), y el auto definitivo de fecha dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017); (Ver folios 116 al 126 de la Pieza Separada de la Liquidación); todo ello con relación a la solicitud de ejecución forzosa de pago de los salarios dejados de percibir, promovida por los señores ESMERALDA FLORES SÁNCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELÉNDEZ GARCÍA Y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN; señalando la Alzada, particularmente en el Considerando Noveno (9) de su resolución, que procede dictar la nulidad de actuaciones por hacerse evidente la falta de motivación de la resolución apelada, la cual carece de argumentos legales por los cuales pueda considerarse emitida conforme a derecho; sin obrar tampoco relacionada una explicación concreta del objeto del pleito; aspectos que deben ser exhaustivamente apreciados y analizados para una eficiente Administración de Justicia; lo cual, considera no ser el caso de la sentencia emitida por el Juez de primera instancia, el cual expresa un parecer demasiado vago y general al realizar la fundamentación de derecho y al tomar en cuenta, en la parte dispositiva, lo emitido por el Secretario del Despacho, sin ningún sustento jurídico; provocando imposibilidad en la labor de segunda instancia (Ver: Considerando Décimo Segundo (12) de la resolución). CONSIDERANDO (4): Que considera el Recurrente, Abogado WALTER RODOLFO BAUTISTA BAQUEDANO, en formalización de su recurso de amparo, que la sentencia de la Alzada, anteriormente descrita y circunstanciada, resulta violatoria a los derechos y declaraciones constitucionales reconocidos en los artículos 59, 61, 63, 64, 82, 90, así como el artículo 321 de la Constitución de la República. Manifestando, a tal efecto, que tal infracción al principio de igualdad, al derecho de defensa, al debido proceso y al principio de legalidad constitucional, operó en vista a que la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veintisiete (27) de junio dos mil diecinueve (2019), no emite los elementos de hecho necesarios para justificar la aplicación concreta de la ley, admitiendo solo alegatos subjetivos que deniegan el pago de loa valores adeudados, según aprobados por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, porque ellos se encuentran laborando para la Secretaría de Educación; siendo improcedente dicho alegato en este momento procesal. Por lo cual no se observa, en la resolución objeto de amparo, un argumento dentro del marco legal que motive sus actuaciones, ni relaciona una aplicación concreta del objeto del pleito, manifestando, a la luz de que norma legal valora el fallo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Señala que al tenor del artículo 743 del Código Procesal Civil comporta el “Principio de Completa Satisfacción del Ejecutante”, lo cual vincula a la tutela jurídica del Estado, no a una labor meramente declarativa. CONSIDERANDO (5): Que, siguiendo el hilo del argumento manifestando por el recurrente, en sustento de la acción de amparo, que tal accionar jurisdiccional lesiona los derechos fundamentales antes invocados y, en especial, el principio derecho del debido proceso, pues la parte dispositiva de la referida sentencia no fue motivada o fundamentada, esclareciendo los motivos por los cuales los demandantes no tendrían derecho al pago de los salarios dejados de percibir y ordenados porque el Secretario del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo corrige una liquidación presentada por la parte demandante; con lo cual, ha interpretado erróneamente la Corte de Apelaciones, que dicho Secretario elaboró la liquidación contemplada en la sentencia. Conceptúa tal accionar como arbitrario, por encontrarse desprovisto de justificación objetiva y razonable, a la luz de los valores y derechos constitucionales, sirviendo como prueba las propias sentencias emitidas por el Poder Judicial en las instancias correspondientes; donde se señala que el Secretario no debió realizar liquidación, a contrario sensu lo que manda el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con relación al artículo 134 del Código Procesal Civil y el artículo 707 del Código de Comercio; donde señala la aplicación de daños y perjuicios, tal como ordenara la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Laboral Contencioso Administrativa, en fecha 23 de septiembre de 2014. CONSIDERANDO (6): Que, continúa manifestando el recurrente que ratifica los derechos fundamentales que se consideran violados con el acto de la sentencia que se reclama, de arbitraria imposición, por transgredir los siguientes derechos y garantías constitucionales: a) Derecho de Defensa, cuya inviolabilidad se encuentra confrontada por el dispositivo antes descrito, contraviniendo el derecho del acreedor a una rápida y adecuada satisfacción de sus intereses, de conformidad especialmente a lo prescrito en el artículo 743.2 del Código Procesal Civil, y; b) Derecho al Debido Proceso, prescripto en los artículos 321 y 90 Constitucionales, con relación a los artículos 98 y 100 (No señala la Ley invocada), referida a la obligación de dar cantidades liquidas y determinadas, reconocidas en las sentencias condenatorias contra el Estado, de conformidad al procedimiento de apremio. Considerando, finalmente, que con la sentencia impetrada en amparo se reconoce el derecho de pago de los derechos dejados de percibir, pero no señala las cantidades a pagar, por lo que era necesario presentar una liquidación de sus derechos reconocidos a sus representados, durante el término que va desde el 28 de abril de 2010 hasta el 10 de diciembre de 2012; lo cual es denegado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por la sentencia dictada en fecha veintisiete (27) de junio dos mil diecinueve (2019), en contradicción, inclusive a lo ordenado por esa misma Corte de Apelaciones, en fecha diez (10) de enero de dos mil trece (2013); razones por la cual acude ante esta Sala de lo Constitucional, solicitando se otorgue la presente garantía de amparo, declarándola con lugar y restituyendo a los agraviados en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales que estima conculcados. CONSIDERANDO (7): Que, para la Sala de lo Constitucional, oído el parecer del Ministerio Público y a la luz del derecho constitucional invocado, tanto en el alegato del garantista, como en el propio texto de la resolución judicial impetrada; entiende que no existe contencioso alguno sobre la emisión de una sentencia condenatoria dictada en fecha 10 de enero de 2013 por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, a favor de los demandantes, ahora poderdantes del recurrente en amparo; cuya firmeza fue decretada por la Sala Laboral – Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en fecha 23 de septiembre de 2014; de la cual se deriva la Liquidación de los salarios correspondientes al periodo comprendido del 28 de abril de 2010 al 10 de diciembre de 2012, a título de daños y perjuicios; por no ser posible el reintegro de los demandantes. Cabe enfatizar, que la formación y procedimiento judicial seguido para tal liquidación, dio pie al decreto de nulidad de actuaciones por la propia Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 27 de junio 2019; conociendo de la ejecución forzosa de pago de los referidos salarios, dejados de percibir, conforme a sentencia estimatoria dictada por esa misma Corte, en fecha 10 de enero de 2013; sentencia cuya congruencia y razonabilidad, sobre bases constitucionales, se cuestiona ahora en sede de amparo. CONSIDERANDO (8): Que, para la dilucidación de los legítimos derechos invocados en el presente amparo, a favor de los agraviados ejecutantes, se tiene a la vista la denunciada incongruencia en que habría incurrido la Alzada, respecto a interpretar una inexistente infracción in procedendo, por supuesta iniciativa procesal del Secretario, quien habría suplantado, de tal manera, la iniciativa procesal y de fundamentación a las pretensiones que corresponde a las partes. Entiende la Sala que tal supuesto no resulta concordante con el contenido de la foliada, en la cual se aprecia la prevalencia del principio de aportación de parte, para efecto de la apropiada liquidación de la sentencia; lo cual positivamente daría lugar, al dictado a la inaplicabilidad a la representación procesal del impetrante, de la resolución conocida en amparo. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 19 del Código Civil alude al método lógico o sistemático de interpretación de la ley, que resulta aplicable a las diversas ramas del ordenamiento jurídico, incluyendo a la jurisdicción contencioso - administrativa. Conforme a lo dispuesto en el precepto legal antes mencionado, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. CONSIDERANDO (10): Que la ejecución forzosa de pago de los salarios dejados de percibir, promovida por los señores ESMERALDA FLORES SÁNCHEZ, FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA, MARINA YOLANDA MELÉNDEZ GARCÍA Y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, procede legítimamente, toda vez que la sentencia que le sirve de justo título, ha adquirido el carácter de firme; lo cual resulta vinculante el deber, exigible a los Tribunales de Justicia, de juzgar y ejecutar lo juzgado, conforme a lo establecido en los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (11): Que a lo anteriormente expuesto, la doctrina y jurisprudencia comparada concurren, al definir así el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva: “El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales – que representa el parámetro normativo a utilizar – se salvaguarda, como lo veremos, con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al actor, que habrá de recaer en el fondo si concurren los presupuestos procesales para ello, extendiéndose a su efectivo cumplimiento…”;[1] aspecto de la efectividad de la sentencia, sin la cual las decisiones judiciales y el reconocimiento de derechos que a éstas atañen, se convertirían en meras declaraciones de intenciones.[2] El derecho a la ejecución remite, entonces, a un aspecto principal e inherente al debido proceso; pues para que la tutela judicial sea efectiva, como establece una interpretación armónica e integral de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, invocados en amparo: “… resulta de todo punto insuficiente el simple dictado de la sentencia si ésta no se lleva a efecto de modo coactivo en los casos en que voluntariamente no se cumple el pronunciamiento contenido en ella”,[3] lo cual, por consiguiente, configura objetivamente: “… una pieza clave para la efectividad del Estado de Derecho”.[4] CONSIDERANDO (12): Que la cuestión ha sido también abordada, con similar ponderación y orientación garantista, por doctrinarios en el ámbito del derecho público hondureño, para quienes: “La ejecución de las sentencias en los juicios contencioso-administrativos es una de las cuestiones que más ha preocupado a los legisladores, juzgadores y estudiosos, ya que de no dotar a esta jurisdicción especial de mecanismos idóneos para hacer que se cumplan sus sentencias, los fallos que se dicten dependerán de la buena voluntad de los funcionarios públicos para ejecutarlas”,[5] supuesto a todas luces inadmisible en un Estado de Derecho; a la luz del cual se desprende la razonabilidad y procedencia de la acción de amparo promovida, pues no concurre fundamentación legal al supuesto fáctico de anulabilidad que declarara concurrente el Ad Quem;[6] lo cual afectaría el brindarle efectivo cumplimiento a una sentencia firme, dictada por la jurisdicción del Estado de Honduras, a satisfacción completa del ejecutante. Por todo lo cual, procede el dictado de sentencia estimatoria a la presente acción constitucional, restituyendo a los beneficiarios del presente recurso de amparo, en el derecho constitucional que se ha visto menoscabado al tenor de la resolución de Alzada; resultando inaplicable a los ciudadanos petentes de amparo, en sede de justicia constitucional, la sentencia de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 70, 80, 82, 90, 127, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, para los efectos constitucionalmente vinculantes que quedan motivados en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. WILFREDO MENDEZ ROMERO. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0802-2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] MORENO CATENA, V. y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. Introducción al Derecho Procesal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. Pág. 196. (El subrayado no está en el original).
[2] Ibídem, p. 200. Entre las sentencias del Tribunal Constitucional español, que concurren a esta línea jurisprudencial, se citan la SSTC 167/1987 y la 26/1983.
[3] Ídem.
[4] Ídem. En el mismo sentido, la sentencia STC 67/1984, del 7 de junio; según la cual: “… difícilmente puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando no se cumplen las sentencias y resoluciones judiciales firmes”. Vid. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J. Amparo constitucional y proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. Págs. 91-92.
[5] Ver: ORELLANA MERCADO, E: “La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, en: Revista de Derecho: Órgano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 3°Epoca (19), 1987. Págs. 97-102.
[6] Para el caso, mostrar la subsunción del supuesto de hecho, en lo establecido en el artículo 715.1 del Código Procesal Civil: “Alcance de la decisión de la apelación. Si se apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el juzgado o tribunal lo declarará así, y ordenará la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la originó”.