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Sentencia AA-791-19 — Registro 12648

Resumen

Actuaciones de Autoridad recurrida impuso sanción a recurrente consistente en expulsión y suspensión por tres años por causal de consumir o haber consumido sustancias desconocidas sin prescripción médica y por mentir ante las autoridades; La Autoridad recurrida informó que aún se encontraba pendiente de resolución por parte del Comité de disciplina de dicha Institución el asunto ocurrido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Este alto tribunal de justicia con el análisis de las presentes diligencias, estima procedente dictar el sobreseimiento de la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito, de conformidad con las apreciaciones que a continuación se exponen. De acuerdo con lo expresado en el informe rendido por la Escuela agrícola Panamericana Inc., lo cual se constata además con las diligencias tenidas a la vista, es claro que la presentación de la presente garantía constitucional de amparo se subsume en la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 8 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional,..."...."En el presente caso, resulta evidente que, el censor en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve impugnó ante el comité de disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana Inc., la sanción impuesta que le fue notificada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve por el decano asociado de estudiantes mediante correo electrónico. También es evidente que contra ese mismo acto se interpuso el doce de septiembre de ese mismo año, la presente garantía constitucional de amparo. De manera que, para el momento de la interposición del amparo, se encontraba aún pendiente de resolución por parte del Comité de disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana Inc., el recurso ya mencionado, el cual fue resuelto posteriormente por dicho Comité de disciplina el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la resolución No. 24-2019, siendo esta última la actuación definitiva que debió ser el objeto de amparo y no la sanción notificada del cinco de septiembre antes expresado. Por lo que es evidente que, la garantía constitucional fue interpuesta por el censor en forma errónea, al dirigir la misma contra un acto susceptible de un medio de impugnación obligatorio y previo al intento de acudir en amparo, incurriendo así en la causal número de 8 del artículo 46 previamente citado. La presente garantía de amparo se intentó contra un acto administrativo que no cumple con el principio de definitividad como requisito necesario para entrar a su conocimiento. En virtud de lo expuesto, la Sala de lo Constitucional, estima procedente dictar el sobreseimiento que corresponde; y, por ende, no se pronuncia sobre los extremos de fondo expuestos por el amparista en sus escritos de interposición y de formalización, como tampoco de los alegatos de respuesta contenidos en el informe de la entidad denunciada..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"Este alto tribunal de justicia con el análisis de las presentes diligencias, estima procedente dictar el sobreseimiento de la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito, de conformidad con las apreciaciones que a continuación se exponen. De acuerdo con lo expresado en el informe rendido por la Escuela agrícola Panamericana Inc., lo cual se constata además con las diligencias tenidas a la vista, es claro que la presentación de la presente garantía constitucional de amparo se subsume en la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 8 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional,..."...."En el presente caso, resulta evidente que, el censor en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve impugnó ante el comité de disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana Inc., la sanción impuesta que le fue notificada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve por el decano asociado de estudiantes mediante correo electrónico. También es evidente que contra ese mismo acto se interpuso el doce de septiembre de ese mismo año, la presente garantía constitucional de amparo. De manera que, para el momento de la interposición del amparo, se encontraba aún pendiente de resolución por parte del Comité de disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana Inc., el recurso ya mencionado, el cual fue resuelto posteriormente por dicho Comité de disciplina el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la resolución No. 24-2019, siendo esta última la actuación definitiva que debió ser el objeto de amparo y no la sanción notificada del cinco de septiembre antes expresado. Por lo que es evidente que, la garantía constitucional fue interpuesta por el censor en forma errónea, al dirigir la misma contra un acto susceptible de un medio de impugnación obligatorio y previo al intento de acudir en amparo, incurriendo así en la causal número de 8 del artículo 46 previamente citado. La presente garantía de amparo se intentó contra un acto administrativo que no cumple con el principio de definitividad como requisito necesario para entrar a su conocimiento. En virtud de lo expuesto, la Sala de lo Constitucional, estima procedente dictar el sobreseimiento que corresponde; y, por ende, no se pronuncia sobre los extremos de fondo expuestos por el amparista en sus escritos de interposición y de formalización, como tampoco de los alegatos de respuesta contenidos en el informe de la entidad denunciada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veintiuno VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Abner Abdel Laitano Aguilar a favor del señor Armando Agustín Ramírez López, contra actuaciones de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) por medio del decano asociado Jorge A. Cardona y de la ombusperson Cinthia Estela Brenes Armijo. Manifiesta el garantista que a su representado se le impuso una sanción que fue notificada en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve por parte de dichas autoridades, acto que el peticionario considera ilegal e improcedente en perjuicio de su patrocinado; estimando que con el acto reclamado se le han violentado los derechos consagrados en los artículos 31, 59, 63, 64, 68, 80, 82, 88, 89, 90, 94, 96, 100, 323 y 326 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. El doce de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante este alto tribunal de justicia el abogado Abner Abdel Laitano Aguilar, interponiendo acción de amparo a favor del señor Armando Agustín Ramírez López, contra actuaciones de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) por medio del decano asociado Jorge A. Cardona y de la ombusperson Cinthia Estela Brenes Armijo. El recurrente manifiesta que a su representado se le impuso una sanción que le fue notificada en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve por parte de las autoridades de la mencionada escuela, haciéndolo responsable de: “Consumir o haber consumido sustancias desconocidas sin prescripción médica dentro o fuera de la institución; así mismo por mentir ante las autoridades del Zamorano”, El peticionario considera dicho acto, ilegal e improcedente en perjuicio de su patrocinado. (Folios 1-4 de la pieza de amparo). 2. En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional admitió la garantía de mérito; asimismo, estimó que previo a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión del acto reclamado, se procediera al examen de los antecedentes, ordenando librar comunicación a la autoridad recurrida para que en el término de dos días hábiles remitiera los antecedentes o en su defecto un informe sobre sus actuaciones. (Folio 50 de la pieza de amparo).

  1. En fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional tuvo por recibido el informe solicitado a la autoridad recurrida. (Folios 58-73 del amparo). 4. Esta Sala en fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, habiendo dejado pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado, declaró sin lugar la misma, luego del estudio de los antecedentes que en el caso de autos no se ajusta a lo estipulado en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por consiguiente y habiendo sido remitido el informe de mérito, ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediendo la vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 247 del recurso de amparo). 5. En fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, esta Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la garantía constitucional de mérito, por parte del abogado Abner Abdel Laitano Aguilar; en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó al recurrente estarse a lo dispuesto por este tribunal en el auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (f-247); acto seguido, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 254 del recurso de amparo).6. La Sala tuvo por presentado el escrito de abstención emitido por la fiscal, abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, en fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, mediante el cual dispuso lo siguiente: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición de la acción de amparo, se desprende que el amparista acude a esta instancia argumentando que la resolución recurrida ha violentado las garantías constitucionales contendidas en los artículos 31, 59, 63, 64, 80, 82, 94, 100 y 151 de la Constitución de la República. Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Ministerio Público está conociendo de los hechos constitutivos de la sanción impuesta al señor ARMANDO AGUSTÍN RAMÍREZ LÓPEZ, tal como se constata con el informe investigativo realizado por la Dirección de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado de fecha 14 de agosto de 2018, en relación al requerimiento de investigación FESCCO-108-19 de fecha 31 de agosto del año 2018, en el cual detallan las diligencias investigativas relacionadas al supuesto consumo de la droga dietilamida de ácido lisérgico (LSD) por parte del recurrente y otros, en las instalaciones de la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA EL ZAMORANO (Folio 130 al 134 pieza sala), asimismo consta a folios 135 al 140 pieza sala, la resolución emitida por el Juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal. De lo expuesto, esta representación fiscal estima, en base al principio de objetividad y buena fe que rige el actuar de sus funcionarios, el deber de abstenerse de emitir un pronunciamiento en las presentes diligencias, por existir una denuncia pendiente de investigación en la Fiscalía especial contra el crimen organizado, relacionada con el acto reclamado en la presente acción de amparo. IV. CONCLUSIÓN: Por lo antes expuesto, el Ministerio Público SE ABSTIENE de emitir dictamen en la presente acción de amparo, con fundamento en los artículos 15, 37 y demás aplicables de la Ley del Ministerio Público.” (Folios 257-260 del amparo) 7. En fecha tres de marzo de dos mil veinte, esta Sala tiene por abstenida a la fiscal Sagrario Rosibel Gutiérrez de emitir su dictamen por las razones expuestas en el numeral que precede, en consecuencia, ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente. (Folio 262 del amparo). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación de derechos constitucionales y convencionales de derechos humanos. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que le fueron violentados los derechos contenidos en los artículos 59, 63, 64, 80, 82, 94, 100 y 151 de la Constitución; 8, 24 y 25 de la convención americana sobre derechos humanos. Precisa como concepto de violación, la sanción que impuso la Escuela agrícola Panamericana a su poderdante por la causal: “Consumir o haber consumido sustancias desconocidas sin prescripción médica dentro o fuera de la institución”; asimismo “mentir ante las autoridades del Zamorano”. Menciona como derechos vulnerados, el estado de inocencia, debido proceso, inviolabilidad al secreto de las comunicaciones. Manifiesta en principio que, se le impuso la sanción sin tener pruebas y sin tomar en consideración el resultado negativo de la prueba toxicológica. Esto último, señala el censor, fue acreditado en forma fehaciente. Entre otros alegatos, señala el censor, el que su poderdante haya sido expulsado y suspendido por tres años faltando dos meses para graduarse lo que causa en él un grave daño. Manifiesta que lo actuado por la Escuela agrícola El Zamorano es nulo. Entre los hechos que denuncia el garantista, se resumen los siguientes: En el acta de audiencia de descargo verificada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve consta que el propio decano Jorge A. Cardona, reconoció que la prueba toxicológica que se le practicó resulto negativa. Por otro lado, el censor cita el artículo 100 constitucional, que dice: “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las telecomunicaciones, en especial las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial…” De igual manera cita el artículo 214 del Código Penal, que dispone: “Quien sin la debida autorización judicial con cualquier propósito se apoderare de los papeles correspondencia de otro, intercepta o hace interceptar sus comunicaciones telefónicas, telegráficas, soportes electrónicos, computadoras, facsimilares o de cualquier otra naturaleza incluyendo las electrónicas será sancionado con seis a ocho años si se tratare de un particular …” También cita el artículo 94 del Código Procesal Penal, que menciona la ilegalidad de las pruebas cuando fueren obtenidas por métodos ilícitos y abuso a los derechos humanos. Como también los artículos 2 y 7 de la Ley especial sobre intervención de las comunicaciones privadas. Esta ley tiene por objeto normar las intervenciones o escuchas telefónicas ordenadas por un juez. El artículo 7 mencionado señala que la autorización podrá ser dada únicamente a la policía, Ministerio Público o cualquier otra autoridad competente, dentro de las cuales refiere el censor, no se encuentra la Escuela agrícola Panamericana. El garantista destaca que, en el informe rendido por la institución denunciada en el presente amparo, se consignan todas las intervenciones, sustracciones, acciones ilegales perpetradas al margen de la Constitución y las leyes. La ombusperson de la escuela procedió a interceptar llamadas, grabar conversaciones, capturar pantallas sin ninguna autorización judicial. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen del informe remitido por la Escuela agrícola Panamericana Inc., para contestar los alegatos del garantista. Con informe circunstanciado remitido por la Escuela agrícola Panamericana Inc. en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, del cual se destaca lo siguiente: A) El veintisiete de julio de dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la licenciada Camila Almendarez recibió llamada de la estudiante Ana Paula Gallardo, informándole que “una niña estaba en mal de salud y que le habían dado droga”. La licenciada Almendarez encontró a la estudiante Evelyn Ramírez Gallardo en estado incontrolable, acompañada por las estudiantes Dana Marisela Alvarado y Ana Paula Gallardo Romero quienes intentaban asistirla. La joven tenía las pupilas dilatadas, estaba desnuda, agresiva, se subía a las mesas y a las ventanas, asimismo indicaba que la estudiante Sazkya le había dado ácido y repetía constantemente “Sazkya me dio” y entre risas y habla incoherente decía los siguientes apodos y nombres: Derbez, Adefesio y MTV, Lenin, Igor y Anderson. Cuando se le informó que sería llevada a la clínica médica se puso alterada y al ver que no podían controlarla, solicitaron la ayuda a los instructores de Vida estudiantil, Ing. Kenjy Kuniyoshi e Ing. Roger Díaz. En la espera de los instructores, fue convencida de ir a la clínica médica, pero debiendo ser cargada. Al llegar a la clínica médica la paciente fue consultada que había ingerido, contestando que había estado en la residencia estudiantil, dormitorio “Barrios”, con Adefesio, Derbez y Sazkya y que le habían dado ácido, también repetía: MTV, Lenin Igor y Anderson. La estudiante Evelyn Ramírez Gallardo fue atendida por la doctora Marilyn Vásquez quien la remitió a la clínica y hospital Viera. El decano asociado de estudiantes, doctor Jorge Cardona fue informado por el ingeniero Roger Díaz. Aproximadamente a las nueve y media de la noche, estando siempre bajo los efectos de la droga, pero mucho más consciente, la estudiante Evelyn Ramírez Gallardo señaló que había estado con sus amigos Kevin Lojan, Armando Ramírez y Sazkya Cordonez en el dormitorio Barrios y confirmó que consumieron ácido y pidió a la consejera, licenciada Zelenia Eguigure que quería hablar con la ombudsperson Cynthia Brenes; B) Las autoridades del campus identificaron como posibles involucrados a los estudiantes: Kevin Santiago Lojan Rosero, Armando Agustín Ramírez López, Sazkya Senith Erazo, Anderson Rosero, Igor Alexis Mamaní, Lenin Erazo y César Emilio Zeledón. Debido a que los estudiantes Anderson Rosero e Igor Alexis Mamaní se encontraban fuera del campus de la escuela, únicamente fueron citados el resto de los estudiantes para confirmar si habían estado con Evelyn Ramírez Gallardo. Las entrevistas se hicieron en equipo, en el caso del joven Armando Agustín Ramírez López éste manifestó ante el ingeniero Roger Díaz, doctor Jorge Cardona y licenciada Cynthia Brenes que no sabía que había consumido su compañera, que él estaba moviéndose entre su habitación y el Beta Barrios porque estaba instalando la computadora para ver películas y que no interactuó con Evelyn Ramírez, también dijo que estuvo con ella unos veinte minutos y que si la notó rara pero que consideraba que eso era normal en ella. Preguntado sobre a que se refería con rara, contestó que pasiva, decaída y baja de energía, aunque aclaró que no la conocía bien y que la persona en común entre ellos era Kevin Lojan Rosero. En el informe se hace ver que las autoridades en ese momento consideraron contradictorias las declaraciones de los jóvenes y que sospecharon que estaban ocultando algo. 3. Al día siguiente, domingo veintiocho de julio de dos mil diecinueve, la ombudsperson, licenciada Cynthia Brenes se hizo presente diez minutos antes de las ocho de la mañana a la clínica donde estaba hospitalizada la joven Evelyn Ramírez Gallardo. Su visita fue a petición de la paciente para solicitarle información sobre el proceso disciplinario, la licenciada en mención le explicó el procedimiento y le informó sobre todo lo acontecido el día anterior. La estudiante Evelyn Ramírez autorizó por escrito declarar y ser grabada. Dicha grabación y el original de la autorización escrita fue entregada a la dirección de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Para la autorización sirvió como testigo el señor Alberto García Fortín. Asimismo, se informa que con el propósito de comprobar el relato de la joven estudiante Evelyn Ramírez, ésta entregó a la licenciada Brenes las capturas de pantalla de las conversaciones de chat con Kevin Santiago Lojan Rosero a quien tiene identificado en sus contactos como Chapo Lojan Tata y con Armando Agustín Ramírez López a quien tiene como Derbez. Se señala además que durante esa mañana la estudiante Evelyn Ramírez Gallardo recibió varias llamadas de forma insistente, procediendo ella a hablar y poner en altavoz las conversaciones para que fueran grabadas. En el informe se indica que fueron identificadas las llamadas hechas por los estudiantes Endy Rolando Rodríguez Godínez (por tenerlo identificado así entre sus contactos), quien le pasó a Kevin Santiago Lojan Rosero; éste le pedía que no dijera nada sobre el consumo de drogas del día anterior y que diera la versión a las autoridades estudiantes de que había comido unos hongos durante el módulo de aprender haciendo, porque si contaba lo que había sucedido iba a afectar a muchas personas. C) La institución educativa decidió denunciar los hechos ante el Ministerio Público para que procediera a investigar la existencia de droga en sus predios. La denuncia es la DLCN-03-0801-37- 2019 bajo la dirección de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. En virtud de esto se presentaron dos agentes ese mismo domingo a las clínicas Viera para tomar declaración a la estudiante Evelyn Ramírez Gallardo y a la licenciada Cynthia Brenes. Nuevamente la estudiante en mención autorizó para hacer grabaciones y el acceso a su celular. Posteriormente, personal de la dirección de medicina forense se presentó para tomar muestras de sangre y orina a la estudiante Evelyn Ramírez Gallardo. A las cinco de la tarde llegó personal de la DPI para decomisar el celular de dicha estudiante. D) El mismo domingo veintiocho de julio de dos mil diecinueve se les tomaron pruebas rápidas en orina a los estudiantes Kevin Santiago Lojan Rosero, Saskia Senith Cordones y Armando Agustín Ramírez López para detectar consumo de drogas (anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, opioides y marihuana), las cuales resultaron negativas. Se aclara que dichas pruebas no detectan el LSD. Hace mención el informe de que, aunque ya habían pasado más de cuarenta y ocho horas de la supuesta toma de LSD, se mandó al estudiante Armando Agustín Ramírez López ante la dirección de medicina forense a que se hiciera en fecha veintinueve de julio, otras pruebas para la detección de drogas. Esto en virtud de que ya había sido antes sancionado por consumo de drogas en el año dos mil diecisiete, según resolución que se adjunta al informe. Se acota que, en la anterior ocasión, el joven negó durante todo el procedimiento haber consumido drogas, para después admitir en el presente procedimiento que si lo había hecho. Se señala en el informe que aún no se conocen los resultados de las pruebas practicadas en medicina forense. E) La estudiante Evelyn Ramírez Gallardo fue dada de alta el martes treinta de julio aproximadamente a la una de la tarde. Debido a temores por su seguridad la joven fue alojada en la clínica médica del campus de la escuela, acompañada por la licenciada Brenes. A las nueve de la noche aproximadamente, Evelyn Ramírez fue contactada por el Messenger de Facebook, siendo captadas las imágenes en fotografías con el celular de la licenciada Brenes previa autorización de la estudiante. Los mensajes eran de Saskya Cordonez Erazo o Kevin Santiago Lojan Rosero como después se descubrió con la declaración de Natalia Victoria Barba y una grabación que esta le hizo a Saskya Senith Cordonez Erazo. El propósito del mensaje era citarla a un encuentro en el negocio Café expresso americano del campus a las diez de la mañana del día siguiente. F) El miércoles treinta y uno de julio de dos mil veinte la joven Evelyn Ramírez compareció a la cita encontrándose en el lugar y hora convenida con Saskya Senith Cordonez (quien se hizo pasar por Natalia Victoria Barba para hacer la cita), Kevin Santiago Lojan Rosero y Anderson Rosero. Dicha conversación fue grabada para ser entregada a la doctora Jinestha y licenciada Cynthia Brenes, una copia se entregó a la dirección de lucha contra el narcotráfico. Según se afirma en el informe con dichas grabaciones se comprueba que Kevin, Saskya y Armando Agustín Ramírez López estuvieron consumiendo LSD y que buscaban de Evelyn Ramírez que mintiera diciendo que había comido unos hongos. El joven Kevin expresó intención de pagar a los agentes de la dirección de medicina forense para que los resultados de las muestras fueran negativos. G) El jueves uno de agosto compareció personal de la dirección de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado a la escuela, para tomar declaraciones en sede administrativa sobre los hechos de la denuncia. Se señala en el informe que debido a la gravedad de lo declarado por los estudiantes sobre consumo y venta de drogas se decidió tomar la declaración de Evelyn Ramírez Gallardo bajo la forma de prueba anticipada, debido a que dicha joven se retiraba de la institución en cumplimiento a la suspensión disciplinaria por tres años dictada por la institución educativa. Dicha declaración fue tomada ante el juez de letras penal con jurisdicción nacional, abogado Claudio Daniel Aguilar Elvir. H) El catorce de agosto de dos mil veinte se practicó un allanamiento judicial en la morada de varios estudiantes, entre ellos Armando Agustín Ramírez López. I) Como resultado de las pesquisas realizadas se identificó al estudiante retirado Ivan Andres Wong Vera como el vendedor del LSD, quien actualmente se encuentra con prisión preventiva dictado en virtud del auto de formal procesamiento impuesto por el delito de tráfico ilícito de drogas; asimismo se identificó a Allan Daniel Alemán Ortez quien también se encuentra con prisión preventiva por el mismo delito. Siempre, en el informe remitido por la Escuela agrícola Panamericana Inc. en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, consta el procedimiento disciplinario seguido en contra del estudiante Armando Agustín Ramírez López, así: A) En cumplimiento a lo previsto en el párrafo primero del procedimiento previsto en el reglamento disciplinario, se en fecha seis de agosto de ese año se publicó mediante correo electrónico, en el portal estudiantil, la causal de sanción disciplinaria por: “Engañar y/o mentir al personal de la institución o a cualquier otra persona.” Seguidamente el ocho de agosto se publicó de la misma forma la causal: “Consumir o haber consumido, ingresar o tener cualquier tipo de medicamentos controlados o sustancias desconocidas sin prescripción médica, dentro o fuera de la institución.” B. El ocho de agosto, el joven Armando Agustín Ramírez López solicitó por correo electrónico audiencia de descargo por la segunda causal de sanción, por lo que se estima que acepta la primera; además, se estima que nuevamente volvió a mentir con relación al consumo de drogas. C) El nueve de agosto, el joven Armando Agustín Ramírez López se presentó en la decanatura asociada de estudiantes para escuchar las grabaciones que lo implican en el consumo de drogas, firmando para constancia que tuvo acceso a dichas grabaciones previamente a la audiencia de descargo. D) El veinte de agosto, Armando Agustín Ramírez López presentó reclamo al doctor Jorge Cardona porque en el sistema electrónico disciplinario o portal electrónico aparecía como aprobada la causal de sanción por consumir drogas sin habérsele escuchado aun en audiencia de descargo. Ese mismo día el doctor Cardona le comunicó en horas de la noche al joven Ramírez López que se estaba planificando su audiencia de descargo según disponibilidad de horarios. E) El veintiséis de agosto se citó al joven Armando Agustín Ramírez López para que se presentara con una USB a la decanatura con el fin de proveerle copia de las evidencias relacionadas con la causal de sanción impuesta previo a su audiencia de descargo. F) El veintinueve de agosto se celebró la audiencia de descargo, la cual quedó consignada en el acta DAE 91-19. Entre los documentos agregados a la audiencia consta el proveído por el mismo joven Armando Agustín Ramírez López que consiste en la remisión del informe de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve que fue enviado a la fiscalía de turno por parte del agente de investigación Celén Rodríguez. G) El cinco de septiembre, el decano asociado de estudiantes notificó mediante correo electrónico al joven Armando Agustín Ramírez López, que la sanción por consumir o haber consumido drogas se mantenía, y además su derecho de acudir ante el comité de disciplina. H) El once de septiembre, el joven Armando Agustín Ramírez López solicitó el conocimiento de la sanción impuesta por el comité de disciplina como entidad de alzada. No obstante, sin que se hubiera pronunciado aún el comité de disciplina como entidad de alzada, el apoderado legal del joven en mención, interpuso la presente garantía constitucional de amparo en contra de la resolución del cinco de septiembre de dos mil diecinueve. I) El doce de septiembre se informó al joven Armando Agustín Ramírez López que la licenciada Cynthia Brenes se excusó del conocimiento del procedimiento disciplinario ante el comité de disciplina y que sería sustituida por el decano académico con base en el artículo 7 del Reglamento del comité de disciplina; asimismo se le informó que la audiencia ante el comité de disciplina tendría lugar el dieciséis de septiembre, también se le informó que dicho comité había recibido información adicional del Ministerio Público, señalándole sobre esto último que su apoderado podía obtener dicha información del proceso investigativo. J) El lunes dieciséis de septiembre se verificó la audiencia del comité de disciplina, cuyo curso quedó consignado en el acta CD No. 21-19. A dicha audiencia acudió el joven Armando Agustín Ramírez López acompañado por su abogado. K) El veinticinco de septiembre el comité de disciplina emitió su resolución bajo el número 24-19, mediante la cual se confirma la decisión de sancionar disciplinariamente al joven Armando Agustín Ramírez López por quince faltas con una suspensión de tres años. Con esta resolución se puso fin al procedimiento disciplinario interno facultando al joven Armando Agustín Ramírez López para que accione ante la Cámara de comercio e industria de Tegucigalpa, por cualquier reclamo o controversia de cualquier naturaleza. Atendiendo a lo anterior, la Escuela agrícola Panamericana Inc., rechaza los hechos primero y quinto del escrito de interposición del amparo, señalando que la presente garantía constitucional se instauró en contra de la notificación del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, fecha en que todavía no había terminado el procedimiento disciplinario, atribuyendo al amparista el deseo de sorprender a este alto tribunal de justicia. El acto del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, objeto de la presente garantía de amparo, no es definitivo y sólo tenía como propósito lo siguiente: “Por medio de la presente, le informo que, después de revisar su caso y de reunirme con usted, las faltas por: Consumir o haber consumido, ingresar o tener cualquier tipo de medicamento controlado o sustancia desconocida sin prescripción médica, se mantienen. Cualquier duda estoy a la orden. Saludos cordiales.” Se informa que el mismo supuesto agraviado en fecha once de septiembre de ese año, envió por correo electrónico la solicitud de que la decisión fuera conocida por el comité de disciplina, de manera que el dieciséis de septiembre el joven Ramírez López acudió junto con su abogado y ahora amparista, a la audiencia celebrada por el comité de disciplina. Previo a que se pronunciara el comité de disciplina, se interpuso la presente garantía constitucional de amparo, lo que la vuelve improcedente, en virtud de que se dirigió en contra de una resolución que no era definitiva. Asimismo, hace ver que la decisión del comité de disciplina tiene expedita la vía ante la Cámara de comercio e industria de Tegucigalpa. Por otro lado, en el informe se aclara que al joven Armando Agustín Ramírez López se le impuso la sanción por la comisión de cinco faltas con relación a la causal: “Engañar y/o mentir al personal de la institución o a cualquier otra persona”; y, por quince faltas relacionadas con la causal que se refiere al consumo de drogas; sin embargo, dicho joven solamente impugnó las faltas relacionadas con la última causal, de manera que aceptó la primera. Rechaza el hecho segundo del amparo que alude a la violación del artículo 100 constitucional por la intercepción de llamadas, grabación de conversaciones, capturas de pantallas, debido a que fueron obtenidas con la autorización de la joven Evelyn Ramírez Gallardo, constando este extremo en diversos medios de prueba y obtenida a favor de la ombudsperson licenciada Brenes y agentes del Ministerio Público. Señala que el artículo 45 de la Ley especial sobre intervención de las comunicaciones privadas dispone que cuando una grabación o captación sea autorizada o con consentimiento expreso por uno de los participantes legítimos del derecho, “no será considerada una intervención y podrá ser valorada como prueba conforme a las reglas generales”, tal como ocurrió en el presente asunto. Asimismo, se señala que desde el momento mismo en que la joven Evelyn Ramírez Gallardo pone en altavoz su conversación para facilitar su grabación, renuncia a su derecho de privacidad sobre dicha comunicación; o cuando dicha joven en forma voluntaria graba la conversación sostenida en el café Expresso americano de la escuela, donde es ella directamente quien capta en grabación lo allí dicho, sin intervención de nadie más. Finalmente, se expone en el informe que se rechazan los hechos tercero y cuarto del escrito de interposición de amparo con los mismos argumentos que se han expuesto. De igual forma en el informe se solicita que se declare la improcedencia de la garantía constitucional de amparo con fundamento en los siguientes argumentos: 1) Porque la Escuela agrícola Panamericana Inc. no ejerce actos de delegación de algún órgano del Estado. Al respecto se manifiesta que la acción de amparo procede contra los particulares cuando estos ejecutan actos y hechos si son sostenidos con fondos públicos y contra aquellos que actúan por delegación de algún órgano del Estado, en virtud de concesión, contrato u otra resolución valida, según lo dispone el artículo 42 de la Ley sobre justicia constitucional. Se explica que la escuela del “Zamorano”, se creó, organizó y existe de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, EEUU y fue reconocida su personalidad jurídica por la república de Honduras, mediante acuerdo número 1018 del trece de enero de mi novecientos cuarenta y dos, emitido por la entonces Secretaría de Estado en los despachos de gobernación, justicia, sanidad y beneficencia. Opera en Honduras con fundamento en el decreto número 47 del honorable Congreso Nacional que aprobó el contrato suscrito por el Estado de Hondura. Dicho contrato suscrito por Honduras y aprobado por el Congreso Nacional se encuentra vigente en virtud de la renovación contenida en el decreto número 962 del Congreso Nacional, entonces no es un acto de delegación de la administración pública. Señala que en según dispone el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

“El acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de la delegación y el órgano delegado podrá contener instrucciones obligatorias para este en materia procedimental. En los actos dictados por delegación, se expresará esta circunstancia y se entenderán adoptados por el órgano competente…” Observando que estos parámetros no son los del contrato de obligaciones reciprocas suscrito por la escuela con la república de Honduras. Por el contrario, dicho contrato establece en el numeral 3 que la escuela tiene: “amplia libertad de acción en todo cuanto se refiera al funcionamiento y sostenimiento de la misma y por tanto tendrá bajo su único, absoluto y exclusivo control y dirección: a) La libre organización, administración, régimen y funcionamiento de la Escuela. b) La libre designación, nombramiento o remoción del personal dicente o administrativo y demás empleados de la institución, así como la designación de sus sueldos, honorarios y demás emolumentos. c) La selección, condiciones necesarias de admisión y la disciplina interna de los alumnos, así como la expulsión o suspensión de estos y la apreciación de las causas que la motivaron. d) La preparación y adopción del plan de estudios de la Escuela y los reglamentos necesarios para su régimen interno y disciplina; y e) El número de alumnos que la misma admitirá, acomodará y atenderá.” Sobre esto mismo, en el informe se aclara que no ejecuta actos de autoridad frente a terceros. De igual manera, la escuela se encuentra autorizada por la Ley de universidades privadas y particulares y por la Ley de educación superior a proveer servicios de educación superior en forma privada. El impetrado indica que el Consejo de educación superior tiene entre sus atribuciones la facultad de aprobar la creación y funcionamiento de centros de educación superior conforme al artículo 17 de la Ley de educación superior inciso d), sin que exista en dichas atribuciones la de delegar una función pública. Señala que tampoco es un órgano desconcentrado o autónomo ya que no ha sido creado por ningún decreto por parte del presidente en consejo de secretarios de Estado o en virtud de una ley, tal como lo disponen los artículos 45 y 49 de la Ley general de administración pública. Tampoco es un instituto público, ni una empresa pública, tal como lo indica los artículos 51 y 52 de la misma Ley general de administración pública, ya que no ha sido creada en función de ley alguna y aunque presta servicios educativos su patrimonio no está constituido por fondos del Estado. Establece que la relación entre la Escuela El Zamorano y el Estado es de colaboración en relación con la función educativa de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de universidades privadas particulares. Pero dicha colaboración no es una delegación. Señala que adicionalmente el Estado de Honduras le ha otorgado a la Escuela del Zamorano el estatus de “organismo internacional”, tal como aparece en la constancia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete emitida por la directora del ceremonial diplomático de la Cancillería de la República de Honduras. 2) Porque los alegatos del recurrente son falsos, inexactos y perjudiciales. Señala el impetrado que sus actuaciones se hicieron con la debida diligencia y respetando los derechos que el garantista presenta como vulnerados, tal como se deduce de los argumentos ya expuestos. En apoyo de esto, además arguye que el hecho por el cual se sancionó al joven Armando Agustín Ramírez López originó una investigación por parte de la dirección de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, el cual ha dado lugar al enjuiciamiento de dos personas que por el momento se encuentran en prisión preventiva en virtud de habérseles formalizado auto de formal procesamiento. Estima el impetrado en su informe que no es procedente que la Sala de lo Constitucional se pronuncie con relación al presente amparo en virtud de que además se encuentra pendiente de resolución la querella presentada ante el tribunal de sentencia del departamento de Francisco Morazán incoada en contra de la licenciada Cynthia Esthela Brenes Armijo por la supuesta comisión del delito de violación de las comunicaciones, la cual se relaciona con los mismos hechos de la presente garantía constitucional y se alegan también los mismos argumentos. Extremo que la entidad impetrada estima como ejercicio de acciones legales en otras instancias y que se encuentran pendientes de resolución. 3) En el informe, la impetrada se defiende manifestando que el derecho de la educación no es absoluto. Para lo cual cita la sentencia AA-0565-2017 de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho. dictada por la Sala de lo Constitucional. Estima que dicho derecho debe analizarse en relación con otros derechos, citando a la sazón, la libertad de administración, la cual en su opinión prevalece por ser la institución educativa denunciada una entidad de carácter privado reconocida por el Estado de Honduras. En fundamento de esto último señala que la intervención del Estado a los centros educativos, especialmente los de carácter privado solamente procede ante decisiones administrativas tomados por estos, que sean notoriamente arbitrarios e ilegales, lo que no procede en el presente caso. Además, el impetrado arguye que, en el acuerdo de admisión y permanencia suscrito por los padres del joven en mención con el centro educativo, estos aceptan las normas reglamentarias e instrucciones de este último. Por lo que la sanción impuesta en este caso, obtenida de conformidad a estas normas no contravienen el derecho a la educación en perjuicio del joven Armando Agustín Ramírez López. Esto lo sustenta con la jurisprudencia de la Sala, según la sentencia AC-0047-2010, dictada el trece de septiembre de dos mil once. En adición a lo anterior, se establece que el joven Armando Agustín Ramírez había sido readmitido en forma condicionada por la comisión de una falta similar por la que fue suspendido en el año dos mil diecisiete. Por otra parte, en el informe se manifiesta que la institución educativa, en virtud del derecho a la libre contratación y empresa puede imponer sanciones contenidas en las normas reglamentarias aceptadas contractualmente por la contraparte, procediendo contra ellas, en su opinión, acciones puramente civiles, dirimidas mediante formas alternas a la solución de conflictos, según fue aceptado por las partes contratantes al momento de suscribir el acuerdo de admisión y permanencia. El compareciente, en virtud de todo lo anterior, reclama su derecho al debido proceso en relación con el agotamiento previo de acciones y recursos ordinarios expeditos de que dispone el impetrante de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 constitucional y a la libertad de administración. En ese sentido demanda que el ahora amparista debió acudir a la Cámara de comercio e industria de Tegucigalpa. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Este alto tribunal de justicia con el análisis de las presentes diligencias, estima procedente dictar el sobreseimiento de la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito, de conformidad con las apreciaciones que a continuación se exponen. De acuerdo con lo expresado en el informe rendido por la Escuela agrícola Panamericana Inc., lo cual se constata además con las diligencias tenidas a la vista, es claro que la presentación de la presente garantía constitucional de amparo se subsume en la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 8 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, que literalmente establece: “Artículo 46. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: … 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; …” Lo entrelineado corresponde a este tribunal. Como se puede destacar, el numeral 8 citado, contiene dos causales, disponiendo a la sazón que no es dable interponer garantía constitucional de amparo, cuando: a) la ley pone a disposición del presunto agraviado, de los recursos o medios de impugnación que le permitan evitar o corregir la violación de sus derechos constitucionales; asimismo se incurre en dicha causal cuando: b) la ley pone a disposición la vía jurisdiccional de lo contencioso administrativo. En el presente caso, resulta evidente que, el censor en fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve impugnó ante el comité de disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana Inc., la sanción impuesta que le fue notificada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve por el decano asociado de estudiantes mediante correo electrónico. También es evidente que contra ese mismo acto se interpuso el doce de septiembre de ese mismo año, la presente garantía constitucional de amparo. De manera que, para el momento de la interposición del amparo, se encontraba aún pendiente de resolución por parte del Comité de disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana Inc., el recurso ya mencionado, el cual fue resuelto posteriormente por dicho Comité de disciplina el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la resolución No. 24-2019, siendo esta última la actuación definitiva que debió ser el objeto de amparo y no la sanción notificada del cinco de septiembre antes expresado. Por lo que es evidente que, la garantía constitucional fue interpuesta por el censor en forma errónea, al dirigir la misma contra un acto susceptible de un medio de impugnación obligatorio y previo al intento de acudir en amparo, incurriendo así en la causal número de 8 del artículo 46 previamente citado. La presente garantía de amparo se intentó contra un acto administrativo que no cumple con el principio de definitividad como requisito necesario para entrar a su conocimiento. En virtud de lo expuesto, la Sala de lo Constitucional, estima procedente dictar el sobreseimiento que corresponde; y, por ende, no se pronuncia sobre los extremos de fondo expuestos por el amparista en sus escritos de interposición y de formalización, como tampoco de los alegatos de respuesta contenidos en el informe de la entidad denunciada. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 46 No. 8 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: sobreseyendo la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado Abner Abdel Laitano Aguilar a favor del señor Armando Agustín Ramírez López, contra actuaciones de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) por medio del decano asociado Jorge A. Cardona y de la ombusperson Cinthia Estela Brenes Armijo. Y MANDA: Que una firme el presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su procedencia y se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-791-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”