Sentencia AA-783-21 — Registro 13853
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Procuraduría General de la República (PGR), referente según indica el recurrente que denegó la solicitud de conciliación y acuerdo de reparación del daño causado, a quien se le supone responsable del delito de encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración pública del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está la discrecionalidad que la ley le otorga en esos casos, de manera que se cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante su tramitación el derecho de defensa.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno.-VISTO: el Informe presentado por la autoridad recurrida, el cual se manda agregar a las diligencias del recurso de amparo interpuesto por el Abogado LEONEL HUMBERTO NUÑEZ ESPINOZA, a favor del señor ROGER ALEXIS MONTES MONCADA, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veintiuno, dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), referente según indica el recurrente que denegó la solicitud de conciliación y acuerdo de reparación del daño causado, en la causa instruida contra la señora ROGER ALEXIS MONTES MONCADA, a quien se le supone responsable del delito de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que el impetrante estima que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), atenta contra la libertad de su representado al tomarse atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial, por ser del criterio el recurrente que en el caso de estudio se reúnen los requisitos exigidos por la ley para que se conceda la conciliación que pretende por lo que la denegación de esta se pierde la posibilidad de su mandante de gozar no solo de esta medida alterna sino también de una rebaja de la pena por medio del procedimiento abreviado.-CONSIDERANDO: Que del estudio del mismo escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como quebrantadas las declaraciones y derechos establecidos en los artículos 59, 64, 80, 82, 94 entre otros de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que mediante providencia de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil veintiuno, ésta Sala, dispuso que previo a la admisión de la presente acción, que la autoridad recurrida rindiera un informe circunstanciado de lo expuesto por el recurrente en el recurso de mérito e indique los recursos disponibles al recurrente y de haber hecho el reclamante uso de estos para obtener la subsanación del acto reclamado, la fecha en que se le notificó de lo resuelto en el mismo.-CONSIDERANDO: Que del Informe rendido por el ente denunciado se desprende que este hace referencia a pronunciamientos dictados por esta Sala relacionados a la potestad de representación del Estado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR).-CONSIDERANDO: Que la procuraduría General de la República es la institución que, por determinación del constituyente originario, representa legalmente al Estado de Honduras, según lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República, por virtud de tal disposición, tiene a su cargo la representación legal del Estado y la Defensa de sus intereses. En el marco de sus atribuciones Constitucionales y legales la procuraduría General constituye en primer término, un órgano de ejecución al cual corresponde ejercer la acción penal pública en contra de quienes cometan delitos tributarios o delitos contra la propiedad estatal, la Administración Pública, la seguridad interior del Estado; así como, los que atenten contra el patrimonio cultural de la nación, además, le corresponde ejercer la acción civil cuando se trate de hechos punibles que hayan dañado el Estado. Como órgano de ejecución corresponde a la Procuraduría General de la República también, promover demandas ante los Juzgados y Tribunales de la República en defensa de los derechos y bienes del Estado y practicar las acciones que sean necesarias para ejecutar las resoluciones de la Administración Pública; así como las multas y responsabilidades civiles determinadas por el Tribunal Superior de Cuentas; asimismo contestar y oponerse a todo tipo de demanda y acciones, que los particulares promuevan en contra del Estado de Honduras.[1]-CONSIDERANDO: Que la conciliación es una medida desjudicializadora que este caso está condicionada a la aquiescencia de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), por ende, la aplicación de la conciliación resulta potestativa y no imperativa a ésta, por lo que su aprobación o su denegación en su caso no puede por sí solo apreciarse como una violación de derechos o garantías constitucionales, toda vez que dicha facultad se la otorga expresamente la ley en el artículo 45 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que la resolución denunciada contiene los motivos que tuvo la autoridad denunciada para emitir su decisión, entre las cuales está la discrecionalidad que la ley le otorga en esos casos, de manera que se cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante su tramitación el derecho de defensa.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que la autoridad denunciada recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. -CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad.- POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 403 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado LEONEL HUMBERTO NUÑEZ ESPINOZA, a favor del señor ROGER ALEXIS MONTES MONCADA, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veintiuno, dictada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0783-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Considerando segundo de la Sentencia de fecha 17 de octubre del año2017, recaída en el AP 0177-2015.