Sentencia AA-78-18 — Registro 15004
Resumen
Se interpuso garantía de Amparo contra resolución que declaró Sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra la declaratoria general de elecciones a nivel presidencial y de diputados, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los artículos 4, 37, 80, 82, 90, 237, 239, 245 numeral 1, 320, 321, 322, 323, 326, 373, 374 y 375 de la Constitución de la República; y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Considerando (16): Que, en definitiva, no se aprecia que la autoridad recurrida haya actuado fuera del marco constitucional al resolver la solicitud de nulidad de la declaratoria de elecciones en el nivel municipal planteada por la recurrente, puesto que esta resolución es congruente con sus atribuciones y competencias específicas acorde al artículo 205 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; resultando taxativa, además, al señalar que el artículo 203 de la ley en referencia solo habilita para impugnar la acción de nulidad sustentada en alguna de las causales establecidas en ley, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan en Derecho; lo cual no fue el caso de la impugnación bajo estudio, la cual tampoco concretó con precisión los hechos en que se funda, ni aportó prueba de ninguna naturaleza para acreditar su pretensión. Considerando (17): Que la tramitación de este amparo, se da con respuesta a los argumentos de fondo planteados por los denunciantes del acto administrativo de índole electoral; teniendo la competencia suficiente la Sala de lo Constitucional de resolver la decisión, si se hubiera demostrado la presencia de la causal de nulidad invocada y el cumplimiento de los requisitos para el análisis de fondo de los otros argumentos planteados; siendo también que el proceso se da en el marco del derecho y oportunidad de ser votado en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución y la Convención Americana Sobre Derecho Humanos. Considerando (18): Que, por lo anteriormente expuesto y motivado, considera esta Sala de lo Constitucional no resultaría procedente se declare el otorgamiento de lo peticionado; estimándose del caso, se proceda al dictado de denegatoria a la presente garantía de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 5 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del dos mil veintiuno. Visto: Para dictar sentencia de la garantía de Amparo interpuesto por el abogado Carlos Antonio García Carranza, a favor del Partido Alianza De Oposición Contra La Dictadura, contra la Resolución IMPUG-360-2017, dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que declaró Sin Lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra la declaratoria general de elecciones a nivel presidencial y de diputados, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los artículos 4, 37, 80, 82, 90, 237, 239, 245 numeral 1, 320, 321, 322, 323, 326, 373, 374 y 375 de la Constitución de la República; y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Antecedentes 1) Que en fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Tribunal Supremo Electoral, el abogado Carlos Antonio García Carranza, interponiendo una garantía de nulidad contra la declaratoria de elecciones, por adolecer vicios de nulidad, solicitando que: se excuse el Magistrado David Andrés Matamoros Batson, de conocer la presente garantía; declare la nulidad total de la declaratoria de elecciones a nivel presidencial, designados y diputados; que se ordene la repetición del proceso electoral a nivel presidencial; y que se ponga a conocimiento del Ministerio Público, la noticia del crimen de traición a la patria, que se investiguen los hechos y se condene a los infractores. (Folios núm. 1 al 127 de la Pieza de antecedentes). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la citada Institución, dictó la Resolución núm. IMPUG-360-2017, mediante la cual resuelve: Primero: Declarase sin lugar la acción de nulidad que antecede interpuesta contra LA DECLARATORIA DE ELECCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, POR ADOLECER DE VICIOS DE NULIDAD QUE VIOLENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES, Y PRINCIPIOS DEMOCRATICOS ASUMIDOS POR EL ESTADO DE HONDURAS COMO PARTE DEL ORDEN SOCIAL, presentada por el Abogado CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA, actuando en su condición personal; en virtud de su manifiesta improcedencia porque las razones de constitucionalidad que en ella se deducen son competencia de la justicia constitucional y por no configurar las causales invocadas la nulidad planteada y no probar los extremos de dicha acción. Segundo: La presente Resolución sobre ésta acción de nulidad, agota la vía administrativa y contra ella solo procederá la Acción de Amparo, el cual deberá interponerse en el término de diez (10) días hábiles, para ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”. (Folios núm. 138 al 146 de la Pieza de antecedentes). 3) Que el abogado Carlos Antonio García Carranza, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Partido Alianza De Oposición Contra La Dictadura, contra la Resolución IMPUG-360-2017, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 4, 37, 80, 82, 90, 237, 239, 245 numeral 1, 320, 321, 322, 323, 326, 373, 374 y 375 de la Constitución de la República; y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho. (Folios núm. 1 al 129 y 141 de la presente garantía). 4) Que en fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada Yulibeth Garay Hernández, y por emitido su dictamen siendo de la opinión de qué: “Que se sobresean las presentes diligencias, en virtud de concurrir la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5); que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción”. (Folios núm. 144 al 149 de la presente garantía). Fundamentos de Derecho Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo núm. 244-2003. Considerando (2): Que el Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. Considerando (3): Que esta Sala de lo Constitucional conoce del Amparo interpuesto a favor de la Alianza De Oposición, contra la resolución núm. IMPUG-360-2017 dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la cual declara, por mayoría de votos de sus miembros, Sin Lugar la Demanda De La Nulidad Parcial De La Declaratoria General de Elecciones de 2017 en el nivel electivo presidencial, que promovieran, en su oportunidad, por representantes del Partido Liberal de Honduras. Considerando (4): Que el impetrante, en su carácter indicado, señala como notificada la resolución impetrada en fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho; sin ulterior recurso, quedando agotada la vía administrativa y dando curso a la presente garantía constitucional de amparo. Argumenta a favor de su recurso, que tal Resolución proferida por el Tribunal Supremo Electoral, de que se le vulnera el derecho al debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República, también lo establecido a la legalidad constitucionales por los límites al actuar de los servidores públicos, que debe regirse bajo los lineamientos expresos de la Ley. Explica lo anterior en que el artículo 205 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) en su artículo da la potestad de realizar las investigaciones que estime necesarias, por lo que, a criterio de los amparistas, al alegar la causal de nulidad establecida en el numeral 7 del artículo 202, sobre la interrupción del proceso electoral sin causa justificada, y la denuncia de la causal del numeral 6, que dice si existe apropiación o sustracción de la documentación y materiales que contienen las bolsas electorales. También hace mención de la presencia de la causal de nulidad establecida en el primer numeral del artículo de la LEOP ya referido. Considerando (5): Que, sobre las interrupciones en el proceso, manifiestan que no se presentó ninguna prueba, puesto que el Sistema de Transmisión y Divulgación de los Resultados Electorales (SIEDE), es únicamente administrado por el TSE, por lo que, a criterio de los actores, el TSE de oficio tuvo que realizar las investigaciones pertinentes sobre lo denunciado. Manifiestan que el informe Técnico de la Auditoria Acotada de la Misión de la OEA registro distintas caídas del sistema; situación que sumada a otras que denuncia no les da certeza de quien fue el ganador de la contienda a nivel presidencial. Considerando (6): Que denuncian que el TSE dictó resolución sin haber oído los dictámenes de órganos consultivo, violentando el principio de legalidad constitucional; lo fundamentan en que la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 1 dispone que la Los órganos y entidades de la Administración Pública están sujetas a esa Ley, por lo que ha criterio de los actores, se tuvo que aplicar lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala: El órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha en que reciben la petición. En todo caso, habrá de solicitarse dictamen de Asesoría Legal respectiva antes de dictar resolución, cuando ésta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados…. Considerando (7): Que el dictamen emitido por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución en fecha, ha resultado asertivo en cuanto a no haberse comprobado la falta de fundamentación y motivación en el acto recurrido que se reclama por la garantista; sino que, por el contrario, la satisfacción de los requisitos y formalidades que la ley señala para garantizar la efectividad del derecho, la cual estaría fundada en norma legal aplicable, como es, en el presente caso, el artículo 202 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, contentivos de las Causas de Nulidad de las Elecciones. Considerando (8): Que Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) señala en el Capítulo VII la Nulidad de las elecciones y sus efectos, pudiéndose presentar a nivel de una mesa electoral receptora, municipal, departamental o a nivel nacional, impugnándose los resultados del escrutinio en los tres niveles electivos (art. 199 LEOP). Con respecto a los efectos de la nulidad, se establece que la misma solo podrá ser decretada por el Tribunal Supremo Electoral, afectando la votación o elección que fue denuncia en nulidad (art. 200 LEOP). En el artículo 202 se establecen las causas de nulidad de las elecciones. Considerando (9): Que en el artículo 202 se establecen las causas de nulidad de las elecciones, invocándose por el actor la causal establecida en el numeral primero de dicha acción, que reza: 1. Si se llevaron a cabo sin convocatoria legal. En ese sentido la Ley Electoral establece en el artículo 9 que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral todo lo relacionado con los actos y procedimiento electoral; legalmente se establecen sus atribuciones (art. 15 LEOP), entre las cuales está la organización, dirección, administración y vigilancia de los procesos electorales; convocar a elecciones; aprobar los cronogramas electorales; entre otros. La Ley establece las condiciones por las cuales El Tribunal Supremo Electoral convoca a los ciudadanos a elecciones generales (art. 160 LEOP). Considerando (10): Que lo denunciado como causal de nulidad de proceso electoral denuncia, no tiene recibo en amparo, puesto que no se acredita la presencia de la causal de nulidad de falta de convocatoria legal, dado que la misma se realizó en tiempo y por el órgano competente para ello, que era el Tribunal Supremo Electoral. Por lo que sobre esa argumentación se deniega el amparo. Considerando (11): Que los amparistas señalan que la inscripción de la candidatura del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado tuvo que ser anulada de oficio, en tal sentido se sustenta dicho argumento en el artículo 15 numeral 16 de la Ley Electoral, que dice: Anular de oficio o a petición de parte, la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, cuando los inscritos no llenen los requisitos de Ley. En el artículo 138 de la Ley Electoral se establece el procedimiento de sustitución por fallecimiento, renuncia o causa de inhabilidad de un candidato, que procede antes de practicarse la elección para el cual ha sido postulado; en ese sentido, consta la resolución por el cual los miembros colegiados del Tribunal Supremo Electoral razonaron la inscripción del entonces candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, a nivel presidencial a través del Partido Nacional de Honduras; partiendo de la relación mencionada los actores tuvieron de posibilidad de impugnar cualquier causal de supuesta inhabilitación, a través de la vía administrativa que señala la LEOP, en el momento procesal que era pertinente. Considerando (12): Que la aplicación de la garantía de amparo procede de forma subsidiaria contra un acto especifico que, para legitimarse la competencia de este órgano de justicia constitucional, es necesario acreditar el haber solicitado a la autoridad recurrida que subsanara la supuesta vulneración de los derecho constitucionales invocados, situación que no se acredita por parte de los quejosos, por lo que este Sala de lo Constitucional deniega los otros argumentos planteado sobre la inhabilidades que se señalan a Juan Orlando Hernández Alvarado como candidato a la presidencia de la República. Considerando (13): Que la Sala frente a los planteamientos traídos en amparo, observa que el artículo 205 de la LEOP señala el trámite de nulidad, de la forma que deberá presentarse por escrito concretando los hechos en que se fundamenta y el precepto legal infringido, presentando las pruebas correspondientes. Posteriormente la Ley otorga la potestad de que el TSE pueda realizar las investigaciones que estime necesarias; y, le señala el plazo para resolver la solicitud en diez días posteriores a su presentación. Considerando (14): Que de la lectura de la misma se observa que la potestad de realizar investigaciones, pero la misma es parte de la discrecionalidad administrativa, donde el TSE tiene cierto margen de libertad para decidir si ejecuta la acción señalada por la Ley, que no puede ser determinado por un solicitante. Como se establece en la LEOP el acto debe acompañar en la solicitud los medios de prueba que le dan la acreditación de sus pretensiones, regulándose un procedimiento específico para la presentación de los medios de prueba que se valoraran, no siendo necesaria la aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo, por la especialidad de la LEOP. Considerando (15): Que, sobre el agravio de los dictámenes, se observa también que el artículo 205 de la LEOP señala un procedimiento concreto para el desarrollo y respuesta de los procesos de nulidad de las elecciones, por lo que no se debe dar la supletoriedad de la Ley del Procedimiento Administrativo. Considerando (16): Que, en definitiva, no se aprecia que la autoridad recurrida haya actuado fuera del marco constitucional al resolver la solicitud de nulidad de la declaratoria de elecciones en el nivel municipal planteada por la recurrente, puesto que esta resolución es congruente con sus atribuciones y competencias específicas acorde al artículo 205 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; resultando taxativa, además, al señalar que el artículo 203 de la ley en referencia solo habilita para impugnar la acción de nulidad sustentada en alguna de las causales establecidas en ley, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan en Derecho; lo cual no fue el caso de la impugnación bajo estudio, la cual tampoco concretó con precisión los hechos en que se funda, ni aportó prueba de ninguna naturaleza para acreditar su pretensión. Considerando (17): Que la tramitación de este amparo, se da con respuesta a los argumentos de fondo planteados por los denunciantes del acto administrativo de índole electoral; teniendo la competencia suficiente la Sala de lo Constitucional de resolver la decisión, si se hubiera demostrado la presencia de la causal de nulidad invocada y el cumplimiento de los requisitos para el análisis de fondo de los otros argumentos planteados; siendo también que el proceso se da en el marco del derecho y oportunidad de ser votado en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución y la Convención Americana Sobre Derecho Humanos. Considerando (18): Que, por lo anteriormente expuesto y motivado, considera esta Sala de lo Constitucional no resultaría procedente se declare el otorgamiento de lo peticionado; estimándose del caso, se proceda al dictado de denegatoria a la presente garantía de amparo. Por Tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 44, 45, 47, 48, 51, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 46 No.5 y párrafo último y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, falla: denegar la garantía de amparo, interpuestas por Carlos Antonio García Carranza, contra la resolución No IMPUG-360-2017, dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, y manda: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal Supremo Electoral para los fines legales consiguientes. Notifíquese. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Electoral), registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0078=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL