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Sentencia AA-771-20 — Registro 13418

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia con relación a la demanda administrativa. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el derecho consignado en los artículos 80, 82, 90 párrafo 1), 127, 129, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…CONSIDERANDO: (10) Que el recurrente señala como quebrantado el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, entendiendo como Debido Proceso aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Esta Sala observa que la resolución objeto de este Recurso no vulnera el Debido Proceso, el Ad Quem, ha dado respuesta a lo peticionado por el recurrente de manera razonada y argumentada, observando las exigencias, requisitos contenidos en la ley. CONSIDERANDO; (11) Que el recurrente considera como quebrantado su Derecho al Trabajo y su Estabilidad Laboral, contenidos en los artículos 127 y 129 constitucionales, esta Sala no aprecia vulneración a este derecho, toda vez que el recurrente no se le restringe el derecho a ejercer la profesión y por ende a mantener la estabilidad en un puesto de trabajo, sin embargo en el caso que nos ocupa, de acuerdo a los hechos que motivan la demanda es necesario que sean dilucidados ante un Juez Competente, lo que no implica la prohibición al ejercicio del derecho al trabajo. De igual manera se aprecia a lo largo de los antecedentes que no se han quebrantado los artículos 321, 322 y 323 constitucionales, toda vez que los funcionarios judiciales de acuerdo a los antecedentes y la resolución recurrida no se han excedido en las facultades que les confiere la ley. CONSIDERANDO: (12) Que, del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala considera que ciertamente el Ad Quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; En virtud que la sentencia dictada por el A Quo objeto del Recurso de Apelación se fundamentó en un reglamento carente de validez por no haber sido debidamente aprobado por la Secretaria del Trabajo, siendo la norma aplicable la ley de Servicio Civil, misma que tiene fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 12.5 del Código Procesal Civil que establece ”El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo hayan sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.” En tal sentido desde el prisma de la justicia constitucional esta Sala observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el impetrante, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado. CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ALEJANDRO DUARTE SALGADO, a favor del Señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha nueve (09) de junio dos mil veinte (2020), que declaró nulidad de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda administrativa promovida por el Señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el derecho consignado en los artículos 80, 82, 90 párrafo 1), 127, 129, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, el Señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO, actuando en causa propia, incoando demanda contenciosa en materia personal para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo o la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su restablecimiento, se adopte el pago en concepto de salarios dejados de percibir, reintegro, por ser nulo el acto administrativo, intereses y costas del juicio. (Folios 01–18 de la Pieza del A-Quo) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dicto Sentencia Definitiva en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO (1): Declarar procedente la acción promovida por el ciudadano MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO, por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en Acuerdo de despido No.1580 de fecha primero (01) de junio del 2015, emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud por medio del cual se cancela por despido el nombramiento de los demandantes.- En virtud de lo cual se Anulan los mismos. SEGUNDO (2): Reconocer la situación jurídica individualizada de los demandantes y como medida para su pleno restablecimiento se resuelve el reintegro del demandante a su cargo u otro cargo de igual o mejor categoría.- TERCERO (03): Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, al pago a favor de los demandantes de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que este restituido en su cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, más el pago de derechos laborales como décimo tercero, décimo cuarto mes de salario, vacaciones y bonificaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder. CUARTO (04): Se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto del demandante. QUINTO (5): Contra la sentencia procede el recurso de apelación el que debe interponerse ante este tribunal dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación y/o comunicación del presente fallo.” (Folios 198–203 de la Pieza del A-Quo) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, contra la sentencia definitiva de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018); asimismo, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha ocho (08) de junio de dos mil veinte (2020), dictó sentencia en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Decretar NULIDAD de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, y que corre a folios del número ciento noventa y ocho (198) al número doscientos tres (203-v) de la pieza principal de autos.” (Folios 11-19 de la Pieza del Ad-Quem) 4) Que el Abogado ALEJANDRO DUARTE SALGADO, compareció ante este Tribunal en fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor del Señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO, contra la sentencia de fecha ocho (08) de junio de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo 1), 127, 129, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–39 y 56 del presente Recurso) 5) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud que la resolución recurrida no vulnera los derechos constitucionales invocados por la recurrente.” (Folios 59–60 y 62 del presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado ALEJANDRO DUARTE SALGADO, a favor del señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha ocho de junio del dos mil veinte, que declaró la nulidad de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte, con relación a la Demanda Administrativa promovida por el señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. CONSIDERANDO: (4) Que, el recurrente en la Formalización del Recurso de Amparo, en el párrafo de los Hechos señala “que la Corte de Apelaciones declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, interponiendo en su oportunidad procesal el recurso de reposición contra dicha resolución a efecto, de que la Corte de Apelaciones corrigiera el error o exceso de poder que se centra en que el Ad Quem no puede alterar el petitorio, ni fundar su decisión en hechos nuevos de los que han sido alegados por las partes, sin embargo el Recurso de Reposición fue declarado Sin Lugar. Cuando la Corte de Apelaciones altera el petitorio, violenta los siguientes artículos constitucionales: 80, 82, 90 párrafo 1), 127, 129, 321, 322, 323 primer párrafo, de la Constitución y los artículos 3, 12.5, 13.1, 245.1, y 479.1 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: (5) Que la Corte de Apelaciones impugnada, dictó sentencia en fecha 08 de julio del año 2020, expone “Los agravios de los que se hizo valer el apelante, que señala en primer lugar la finalidad de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, que además debe respetar los Reglamentos internos de cada institución y lo previsto en ellos se sujeta a la Ley de Servicio Civil, en el caso de autos existe un Reglamento interno especial, aplicable a los empleados de la Secretaría de Salud y en base a ese cuerpo Legal es que se deberá analizar si el acto impugnado fue emitido conforme o no a derecho. Deja establecido que si bien es cierto el Reglamento existe no está legalizado ante la Secretaría de Estado en el Despacho del Trabajo, por lo que no tiene validez alguna, violentándose lo establecido en el artículo 256 constitucional que establece; “El Régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentándose en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad. La Administración de personal estará sometida a métodos científicos en el sistema de mérito…”. Señala además la parte apelante en sus agravios que la sentencia que apela en el numeral quinto establece, que en el caso de mérito al demandante se le citó a Audiencia de Descargo por haber cometido la falta consistente en haber ingresado al centro de trabajo una botella de Ron Flor de Caña y haber ingerido la totalidad de la misma dentro de la oficina de Auditoría Interna en horas de trabajo y al realizarle la prueba de alcohometría dio positivo, manifestando al respecto que la Secretaría tiene su propio reglamento de personal que tutela los derechos y obligaciones y fue mediante el mismo que se citó a audiencia de descargo al demandado, reglamento que en su artículo 141 dispone que la Audiencia de Descargo debe realizarse dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación y en el caso de mérito la notificación del demandante se realizó el 23 de abril del 2015, y la audiencia se celebró el seis (6) de mayo del 2015, es decir días después de lo establecido en el artículo 141 de dicho Reglamento, en cuanto a la prueba de alcoholemia, ésta fue practicada por personal del IHADFA (F5), cuando el artículo 13 literal K) establece que debe ser practicada por el Ministerio Público, además de que es una falta menos grave presentarse a las oficinas en estado de ebriedad, no estando dentro de las causales de despido, señaladas en el artículo 129 del Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud, por lo que cualquier falta cometida y probada debe de ser proporcional a la acción establecida para la misma.” CONSIDERANDO: (6) Que la Corte de Apelaciones impugnada en el acápite de los Fundamentos de Derecho, en la parte conducente deja establecido; “Que los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre, que por esa causa, se haya producido indefensión, por consiguiente, de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Apelación solo podrá decidir en relación con los procedimientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso”. Deja establecido: Que en la sentencia emitida por el A Quo, este hace aplicación del Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud, cuando la parte demandante en su escrito de demanda no ha hecho alusión a dicha normativa, tampoco ha defendido su causa con los supuestos que enmarcan los artículos del mencionado reglamento (Artículos 13 y 141 del Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud), lo anterior a tenor de lo establecido en el artículo 12.5 del Código Procesal Civil, que rige como norma supletoria a la norma especial, hechos como el plazo para la celebración de la audiencia de descargo y que es el Ministerio Público quien debió de hacerle la prueba de alcoholemia al demandante”. Los hechos anteriores hacen que la sentencia pierda la dirección procesal que las partes han planteado, de ahí que es tan importante dejar establecido el objeto del debate en la Audiencia Preliminar, situación que vuelve a la sentencia en incongruente, provocando inevitablemente la nulidad. CONSIDERANDO: (7) Que el Ad Quem en el párrafo Noveno, señala “Que los agravios expuestos, al tenor de lo establecido en el artículo 704 y 715 del Código Procesal Civil como norma supletoria, debe concordar con la petición del Recurso de Apelación, es decir si se considera que el fallo tiene una infracción procesal, pues el pedimento debe ser la nulidad de las actuaciones o de la sentencia, en su caso, además en otros requisitos legales que habría que cumplir; y si no existiese ninguna infracción procesal que provoque la nulidad de actuaciones, su solicitud debe ir enfocada a confirmar o revocar la resolución apelado, es decir valorar el fondo del asunto. En el caso bajo análisis la representante del Estado denuncia la nulidad de la sentencia por infracción procesal e invoca el artículo 12.5 del CPC, pero solicita se revoque la sentencia, petición totalmente incongruente. Señalando que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, señalando que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición. Por todo ello concluye en anular la sentencia conocida en apelación por evidenciarse una infracción procesal. En consecuencia, por unanimidad de votos dictó la nulidad de la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.”

CONSIDERANDO: (8) Que de acuerdo con lo peticionado por el apelante en su momento procesal oportuno y la aplicación de la Normativa Procesal Civil como norma supletoria por parte del Ad Quem, debe analizarse si es congruente con la resolución impugnada. El artículo 704 del Código Procesal Civil hace mención de la regla general para la interposición de los recursos devolutivos, por su parte el artículo 705 establece la finalidad del recurso de apelación, el que tiene por objeto la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. De igual manera tiene por objeto la revisión de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba. Por su parte el artículo 715 del mismo cuerpo legal, está dedicado al alcance de la decisión de la apelación, relacionado a la nulidad relativa o absoluta de actuaciones, ello cuando se han apreciado infracciones procesales que lleven como consecuencia la nulidad de parte o todo lo actuado en el Tribunal de primera instancia. Así como las nulidades por infracciones de otra clase, referidas a aquellas resoluciones que contengan infracciones procesales aun cuando no lleven aparejadas en forma expresa una nulidad relativa o absoluta, pero que afecta la cuestión de fondo debatida. Las infracciones en la fijación o valoración de los hechos probados de la demanda y la infracción de derecho por falta de aplicación e interpretación de la norma.” CONSIDERANDO: (9) Que, la Constitución de la República en el artículo 82 establece que el “el Derecho de Defensa es inviolable y que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma en que señalan las leyes”. El Derecho de Defensa en juicio es una garantía que las reglas del debido proceso exigen en nuestra Constitución, exhorta a que la resolución que se dicte deberá haber precedido un debido proceso lo que implica un adecuado derecho de defensa en todos los ámbitos en los que los derechos de los ciudadanos pudieran resultar conculcados. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el demandante y el demandado; y sin lugar a dudas un presupuesto de validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia. Al ser la defensa procesal una garantía, el Estado tiene la exigencia no solo de reconocerla formalmente, sino, además, le corresponde procurar que sea real y efectiva en el proceso[1] El Derecho de Defensa en el proceso es una garantía exigida e inherente al debido proceso, por lo que la violación de esta garantía invalida los efectos de una resolución. Como consecuencia del quebrantamiento de un derecho y garantía fundamental reconocida como derecho Humano en los Tratados suscritos y ratificados por el Estado de Honduras, de acuerdo a lo prescrito en la Constitución de la República en su artículo 16 segundo párrafo, dichos Tratados forman parte del derecho interno de la República. Así la defensa garantiza a las partes su intervención en cualquier procedimiento y demás incidencias en el mismo. Tal como ocurre en el caso de autos, a las partes se le ha garantizado su derecho a la defensa, ha intervenido en todas las incidencias del proceso, y ha hecho uso de la acción recursiva, por ello se concluye que su derecho a la defensa no se ha quebrantado. CONSIDERANDO: (10) Que el recurrente señala como quebrantado el Debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, entendiendo como Debido Proceso aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Esta Sala observa que la resolución objeto de este Recurso no vulnera el Debido Proceso, el Ad Quem, ha dado respuesta a lo peticionado por el recurrente de manera razonada y argumentada, observando las exigencias, requisitos contenidos en la ley. CONSIDERANDO; (11) Que el recurrente considera como quebrantado su Derecho al Trabajo y su Estabilidad Laboral, contenidos en los artículos 127 y 129 constitucionales, esta Sala no aprecia vulneración a este derecho, toda vez que el recurrente no se le restringe el derecho a ejercer la profesión y por ende a mantener la estabilidad en un puesto de trabajo, sin embargo en el caso que nos ocupa, de acuerdo a los hechos que motivan la demanda es necesario que sean dilucidados ante un Juez Competente, lo que no implica la prohibición al ejercicio del derecho al trabajo. De igual manera se aprecia a lo largo de los antecedentes que no se han quebrantado los artículos 321, 322 y 323 constitucionales, toda vez que los funcionarios judiciales de acuerdo a los antecedentes y la resolución recurrida no se han excedido en las facultades que les confiere la ley. CONSIDERANDO: (12) Que, del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala considera que ciertamente el Ad Quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, no es de recibo la pretensión del recurrente; En virtud que la sentencia dictada por el A Quo objeto del Recurso de Apelación se fundamentó en un reglamento carente de validez por no haber sido debidamente aprobado por la Secretaria del Trabajo, siendo la norma aplicable la ley de Servicio Civil, misma que tiene fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 12.5 del Código Procesal Civil que establece ”El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo hayan sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.” En tal sentido desde el prisma de la justicia constitucional esta Sala observa que la resolución impugnada no quebranta los derechos fundamentales invocados por el impetrante, pues ha sido dictada conforme a derecho, por lo que procede se Deniegue el Amparo intentado. CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, artículo 12.5, 704, 705 y 715 del Código Procesal Civil FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado ALEJANDRO DUARTE SALGADO, a favor del señor MIGUEL ANGEL FIGUEROA VALLEJO, contra las resolución de fecha ocho de junio del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0771-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Carrocca Pérez, Alex, op cit. 56, citado por Servigon Nakazaki César Augusto. La garantía de la Defensa procesal. Defensa Eficaz y nulidad del proceso penal por indefensión.