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Sentencia AA-682-20 — Registro 13420

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que declaró con lugar acción de amparo en relación a la suspensión temporalmente en el ejercicio de la profesión por un periodo de dos (2) años.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, consignados en los artículos 82, 90, 127 y 129 de la Constitución de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 10: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 42, establece que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO 11: Que esta Sala entiende, que la acción de amparo como garantía específica, se constituye en un procedimiento preferente y sumario de defensa de los derechos individuales de la ciudadanía, mediante la cual se procura garantizar la efectiva tutela de sus derechos fundamentales, contra los posibles excesos de la autoridad pública nominada en el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, precitado, por la aplicación arbitraria, rigorista, irrazonable, o desproporcionada de la Ley. CONSIDERANDO 12: Que, por lo anterior, esta Sala estima que las resoluciones y/o actuaciones de autoridades de un colegio profesional no son susceptible de impugnación por la vía de amparo, por tal motivo es procedente en esta etapa del procedimiento denegar el recurso de Amparo de mérito, al no configurarse el acto reclamado como objeto de la tutela que garantiza el artículo 183 de la Constitución de la República, ello en atención a lo que dispone el artículo 69 de la ley Sobre Justicia Constitucional, en la sentencia que recaiga en la Consulta, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada. CONSIDERANDO 13: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REVOCAR la sentencia venida en trámite consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinte, que falla declarando con lugar la acción de amparo interpuesta por la señora Ela Maria Martínez Reyes. CONSIDERANDO 14: Que, si bien este Alto Tribunal no tiene competencia para conocer de la Acción de Amparo promovida contra actuaciones realizadas por autoridades de un Colegio Profesional, según la reiterada jurisprudencia de esta Alto Tribunal, a efecto de conocer el fondo del asunto, en relación a la vulneración de derechos fundamentales expuestos por la recurrente, ello es sin perjuicio del derecho que pueda asistirle a la recurrente, de acudir a la jurisdicción contencioso administrativo en atención a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pues a ésta jurisdicción compete el conocer lo relativo a los actos particulares o generales emitidos por las entidades de Derecho Público, tales como Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio e Industrias, siempre que la Ley no los sometiere a una jurisdicción especial. Conforme a lo anteriormente señalado, la recurrente cuenta con el término de diez días hábiles que manda el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo a efecto de interponer la demanda correspondiente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020), que declaró Con Lugar acción de amparo interpuesta por la señora ELA MARIA MARTINEZ REYES, contra actuaciones del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, por actos realizados por la CIX ASAMBLEA GENERAL de dicha institución, celebrada en fechas veintiséis (26) y veintisiete (27) de julio del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, al emitir los acuerdos 7 y 15 que entre otros, sancionó a la Ingeniera ELA MARIA MARTINEZ REYES y la suspenden temporalmente en el ejercicio de la profesión por un periodo de dos (2) años.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, consignados en los artículos 82, 90, 127 y 129 de la Constitución de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve(2019),compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, la señora ELA MARIA MARTINEZ REYES, interponiendo acción de Amparo a favor de SÍ MISMA, contra actuaciones del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, por actos realizados por la CIX ASAMBLEA GENERAL de dicha institución celebrada en fechas veintiséis (26) y veintisiete (27) de julio del año dos mil diecinueve (2019), al emitir los acuerdos 7 y 15 que entre otros, sancionó a la Ingeniera ELA MARIA MARTINEZ REYES y la suspenden temporalmente en el ejercicio de la profesión por un periodo de dos (2) años, lo anterior por denuncia que le interpusiera el ingeniero MARIO ROBERTO PINEDA. (Folios del 01 al 04 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020) emitió sentencia, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por la señora ELA MARIA MARTINEZ REYES quien actúa en causa propia en contra del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS. SEGUNDO: SE ANULAN los puntos 7 y 15 realizados por la CIX AAMBLEA GENERAL, de dicha institución celebrada en fechas 26 y 27 de julio de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Con el objeto de que se pronuncie el Tribunal de Honor sobre la admisión o no del recurso de apelación interpuesto por la recurrente Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho comunique y notifique en legal y debida forma la presente sentencia, y remita las presentes diligencias en consulta obligatoria a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia para los efectos legales correspondientes, tal como lo dispone los artículos 10 y 68 de la Ley Sobre justicia Constitucional…” (Folios del 290 al 294 de la pieza de antecedentes de Amparo) 3) Que en fecha veinte (20) de Agosto del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos) CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante sentencia de fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinte. Acción constitucional interpuesta por la señora ELA MARIA MARTINEZ REYES, a favor de SÍ MISMA, contra actuaciones del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, por actos realizados por la CIX ASAMBLEA GENERAL de dicha institución, celebrada en fechas veintiséis (26) y veintisiete (27) de julio del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, al emitir los acuerdos 7 y 15 que entre otros, sancionó a la Ingeniera ELA MARIA MARTINEZ REYES y la suspenden temporalmente en el ejercicio de la profesión por un periodo de dos (2) años. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente en la acción de amparo promovida, estima, que el acto contra el cual se reclama, de fechas veintiséis y veintisiete de julio del año dos mil diecinueve, emitido por la CIX ASAMBLEA GENERAL, del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, consignados en los artículos 82, 90, 127 y 129 de la Constitución de la República, en relación a lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por: a). Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva; y, b). Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en amparo los Acuerdos 7 y 15, emitidos por la CIX Asamblea General, del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, celebrada en fechas 26 y 27 de julio del año 2019, que resuelve aprobar la resolución y fallo emitido por el Tribunal de Honor que falló: (Sic) “Primero: Fallar en contra de la Ingeniera Ela María Martínez Reyes, declarándola culpable de haber contravenido la pluralidad de normas éticas antes descritas en las consideraciones, calificando sus faltas a la ética como gravísimas por las razones antes planteadas, imponiendo suspensión temporal en el ejercicio profesional por un periodo de dos (2) años para que sea sometido a conocimiento de la Asamblea General la causa…” (Folios 163 y 164 de la pieza de antecedentes de Amparo) CONSIDERANDO 6: Que el Ministerio Público a través de la Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial de Impugnaciones, Abogada Sandra Lorena Zúniga García, emitió Dictamen en fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, en el que concluye que se otorgue parcialmente el recurso de amparo interpuesto; sostiene la Fiscal del Ministerio Público que por otra parte se advierte del antecedente de mérito, que el recurso de apelación presentado por la Ingeniera Ela Maria Martínez Reyes en fecha 24 de julio del 2019, no fue resuelto, denotándose omisión al artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros, de ahí que al no haberse efectuado el trámite pertinente a efecto de que la Asamblea General se pronunciara en torno a la impugnación planteada, limita el derecho a un proceso justo y por ende obtener una resolución a lo planteado en vía recursiva, circunstancia que lesiona indudablemente las garantías invocadas por la censora. CONSIDERANDO 7: Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinte, dictó sentencia, en relación a la acción constitucional de Amparo ilustrada en este libelo; la Alzada fundamenta su fallo emitido, señalando que, vistas las diligencias se puede establecer que efectivamente hubo una resolución en la cual le sancionan con suspensión del ejercicio profesional por dos años a la recurrente, no obstante, y pese a que interpuso el recurso de apelación, el Tribunal de Honor de dicho Colegio nunca se pronunció a favor o en contra del mismo, independientemente que pareciera que esta extemporáneo, provocando alteración al derecho de petición y respuesta al recurso de apelación interpuesto en fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, por lo que convierte que la decisión tomada en asamblea sea ilegal y arbitraria, afectando con ello el derecho a la defensa y debido proceso, por lo tanto este tribunal se ve en la necesidad de otorgar el Amparo. CONSIDERANDO 8: Que del estudio de los autos se observa que la demanda interpuesta fue en contra del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, por actos realizados por la CIX ASAMBLEA GENERAL de dicha institución, celebrada en fechas veintiséis (26) y veintisiete (27) de julio del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, al emitir los acuerdos 7 y 15 que, entre otros, sancionó a la recurrente Ingeniera ELA MARIA MARTINEZ REYES y la suspenden temporalmente en el ejercicio de la profesión por un periodo de dos (2) años; sanción que fue impuesta por el Tribunal de Honor del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, mediante resolución de fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, siendo ratificada por la CIX ASAMBLEA GENERAL del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Sin entrar a conocer el fondo del asunto, esta Sala de lo Constitucional cita en los fallos constitucionales con registro de expediente números AA 100-2020[1], AA 320-2020[2] y AA 756-2020[3], la reiterada jurisprudencia,[4] emanada de este Alto Tribunal en no admitir recursos de amparos que se interpongan contra resoluciones y/o actuaciones realizadas por autoridades de un colegio profesional, pues las mismas no se encuentran comprendidas dentro de las resoluciones dictadas por autoridad o empleado público, que expresamente señalan los artículos nueve, diez y once de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 9: Que por mandato constitucional[5], la acción de amparo se deberá interponer de conformidad con lo que prevea la Ley, en este caso, se desarrolla el precepto fundamental por el ordenamiento adjetivo contenido en la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 10: Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 42, establece que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO 11: Que esta Sala entiende, que la acción de amparo como garantía específica, se constituye en un procedimiento preferente y sumario de defensa de los derechos individuales de la ciudadanía, mediante la cual se procura garantizar la efectiva tutela de sus derechos fundamentales, contra los posibles excesos de la autoridad pública nominada en el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, precitado, por la aplicación arbitraria, rigorista, irrazonable, o desproporcionada de la Ley. CONSIDERANDO 12: Que, por lo anterior, esta Sala estima que las resoluciones y/o actuaciones de autoridades de un colegio profesional no son susceptible de impugnación por la vía de amparo, por tal motivo es procedente en esta etapa del procedimiento denegar el recurso de Amparo de mérito, al no configurarse el acto reclamado como objeto de la tutela que garantiza el artículo 183 de la Constitución de la República, ello en atención a lo que dispone el artículo 69 de la ley Sobre Justicia Constitucional, en la sentencia que recaiga en la Consulta, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada. CONSIDERANDO 13: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REVOCAR la sentencia venida en trámite consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinte, que falla declarando con lugar la acción de amparo interpuesta por la señora Ela Maria Martínez Reyes. CONSIDERANDO 14: Que, si bien este Alto Tribunal no tiene competencia para conocer de la Acción de Amparo promovida contra actuaciones realizadas por autoridades de un Colegio Profesional, según la reiterada jurisprudencia de esta Alto Tribunal, a efecto de conocer el fondo del asunto, en relación a la vulneración de derechos fundamentales expuestos por la recurrente, ello es sin perjuicio del derecho que pueda asistirle a la recurrente, de acudir a la jurisdicción contencioso administrativo en atención a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, pues a ésta jurisdicción compete el conocer lo relativo a los actos particulares o generales emitidos por las entidades de Derecho Público, tales como Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio e Industrias, siempre que la Ley no los sometiere a una jurisdicción especial. Conforme a lo anteriormente señalado, la recurrente cuenta con el término de diez días hábiles que manda el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo a efecto de interponer la demanda correspondiente. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10, 41, 42, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REVOCANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinte. 2) DENEGANDO EL AMPARO promovido por la señora ELA MARIA MARTINEZ REYES a favor de SÍ MISMA, contra actuaciones del COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, por actos realizados por la CIX ASAMBLEA GENERAL de dicha institución, celebrada en fechas veintiséis (26) y veintisiete (27) de julio del año dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha seis de mayo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, bajo el número SCO-0682-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Sentencia de fecha doce de febrero de dos mil veinte, recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE LUIS DUBON PORTILLO a favor de SÍ MISMO, contra actuaciones de la JUNTA ELECTORAL NACIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.

[2] Sentencia de fecha veinte de agosto del año dos mil veinte, recurso de amparo interpuesto por el Abogado CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, a favor de SI MISMO; contra la resolución No. JEN-CAH-01-2020 dictada por la JUNTA ELECTORAL NACIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.

[3] Sentencia de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinte, recurso de amparo interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES a favor de SÍ MISMO, contra la Resolución No.JEN-CAH-02-2020 emitida por la JUNTA ELECTORAL NACIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.

[4] Vid. Expedientes números 249=02, 1632=02, 73=04, 647=04, 156=06, 165=06, 294=06, 292=06, 327=06, 359=06, 901=12, 636=13, 53=14.

[5] Vid. Párrafo final del artículo 183 de la Constitución Hondureña.