Sentencia AA-653-21 — Registro 13504
Resumen
Juez conocedora de la causa admitió a trámite incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por demandante, declarándolo con lugar, retrotrayendo las actuaciones hasta el auto que cita para sentencia definitiva en relación a demanda promovida contra recurrente a fin de que se declare la nulidad de acto administrativo mediante el cual se declare nula la resolución final sobre verificación de origen dictadas por la Dirección General de Integración y Política Comercial dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que esta Sala es del criterio que de la revisión de la sentencia venida en consulta, se desprende que en efecto tiene razón la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el sentido que una vez que se ha emitido sentencia definitiva por parte del órgano de primera instancia, la competencia del Juzgado queda en suspenso, pues lo que prevé la Ley es la interposición y revisión de la sentencia a través de un recurso devolutivo, es decir apelación, por consiguiente las únicas facultades que tenía el Juzgado de Primera Instancia era para controlar los requisitos mínimos de la interposición y contestación del Recurso de Apelación y remitir las diligencias al Tribunal de Alzada para su revisión, quedando vedado conocer del asunto o juicio fuera de las circunstancias señaladas, sumado a lo anterior y tomando en cuenta que a la fecha de la interposición de la nulidad de actuaciones, el juicio ya estaba firme, teniendo no solo el carácter de cosa juzgada sino que tiene la característica de juicio fenecido y al resolver la nulidad un Juez de primera instancia, aperturó un juicio finalizado, circunstancia prohibida por el artículo 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), por consiguiente se debe confirmar la sentencia definitiva venida en consulta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico- jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto"
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha nueve (09) de junio de dos mil veintiuno (2021), que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, en su carácter de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en relación a la demanda promovida por el Señor MIGUEL AFIF HANDAL SOLIMAN contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha vulnerado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo del dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada LESLY VERONICA GUZMAN CASTILLO, en su condición de Representante Procesal del Señor MIGUEL AFIF HANDAL SOLIMAN, promoviendo demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y en su caso sea nulo, uno acto administrativo de carácter particular mediante el cual se declare nula la resolución final sobre verificación de origen No.DGIEPC 01-2013 dictadas por la Dirección General de Integración y Política Comercial dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, en virtud que las mismas fueron dictadas no conforme a derecho declarados sin lugar los recursos de reposición.- Que se reconozca una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento que se declare como originario el arroz importado a Honduras del periodo comprendido del uno (01) de enero de dos mil ocho (2008) al treinta (30) de junio de dos mil doce (2012). (Folios 01–389 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado en referencia, la Abogada LESLY VERONICA GUZMAN CASTILLO, interponiendo incidente de nulidad absoluta de actuaciones procesales a partir de la sentencia definitiva de fecha seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020). (Folio 01-07 de la pieza de Incidente de Nulidad). 3) Que en fecha once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, emitió audiencia de nulidad de actuaciones en la demanda relacionada, mediante el cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar Con Lugar la cuestión incidental de Nulidad de Actuaciones de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veinte, interpuesta por la Abogada Lesly Verónica Guzmán Castillo, en su condición de representante legal del señor Miguel Afif Handal Soliman, Comerciante Individual de Granero San Miguel. SEGUNDO: Anular actuaciones desde el folio 472 al 482, y folio 484 al 491 de la pieza principal de autos en el orden siguiente: del folio 472 al 482, comprende la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del año dos mil veinte, del folio 484 al 485 comprende la notificación de fecha trece de octubre del dos mil veinte, el auto de citación para sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, folio 486 al folio 488, que contiene la habilitación para notificación para sentencia, así como su respectiva notificación a ambas partes, a folio 489 el informe de preclusión del derecho a interponer el recurso de apelación, y a folio 490 al 492 su notificación. TERCERO: Que el Secretario del Despacho proceda a notificar el auto de citación para sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil diecisiete, a la representante procesal demandante, Abogada Lesly Verónica Guzmán Castillo el cual consta a folio 458 de la pieza principal de autos en virtud de que en la misma solo consta la notificación personal del Apoderado demandado, Abogado Colindres, CUARTO: notificado el auto de citación pata sentencia a partir del día siguiente hábil este Tribunal queda habilitado para dictar sentencia definitiva y seguir con el trámite legal correspondiente, contra esta resolución no cabe ningún recurso, sin embargo algo que tengan que agregar abogados, a lo que el Abogado apoderado legal de la parte demandada, MANIFIESTA: estoy no conforme con la emisión del auto y utilizare los recursos o las acciones pertinentes para presentar la no conformidad, LA SUSCRITA JUEZ MANIFIESTA: y no habiendo nada más que agregar, se da por finalizada la misma . . .” (Folios 21-24 de la pieza de Incidente de Nulidad) 4) Que en fecha nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, en su carácter de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo, contra la resolución de nulidad de actuaciones de fecha once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). (Folios 01–08 de la pieza del Ad-Quem). 5) Que en fecha nueve (09) de junio del dos mil veintiuno (2021), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Fallo: (SIC) “PRIMERO: OTORGAR LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO, interpuesto por Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR actuando en su condición de Apoderado del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo Económico; contra la resolución dictada en fecha once (11) de Febrero de dos mil veintiuno (2021) emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza separada de Nulidad de Actuaciones con orden de ingreso Número 0801-2015-00140, de la demanda promovida por la Abogada LESLY VERONICA GUZMAN CASTILLO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaria de Desarrollo Económico SEGUNDO: SE ORDENA LA RETROACCION DE LAS ACTUACIONES AL ESTADO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL DEFECTO QUE LO ORIGINO SIENDO LA RESOLUCION DE NULIDAD DE ACTUACIONES, MISMA QUE DEBE SER DECLARADA SIN LUGAR.” (Folios 32–37 de la Pieza del Ad-Quem). 6) Que en fecha veintiuno (21) de junio del dos mil veinte (2020), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR a favor del ESTADO DE HONDURAS, es dirigida contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021), que otorgo la acción de amparo interpuesta por MARLON JOEL COLINDRES UMANZOR, en contra de la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativa de Tegucigalpa, Francisco Morazán del once de febrero de dos mil veintiuno, que había declarado con lugar un incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en su momento por la parte demandante. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, que se le ha violentado el derecho a la defensa y el debido proceso, al considerar que estando firme la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso de Tegucigalpa, Francisco Morazán de fecha seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020), la Juez conocedora de la causa admitió a trámite un incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la apoderada legal de la parte demandante, declarando el mismo con lugar, retrotrayendo las actuaciones hasta el auto que cita para sentencia definitiva. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, estableciendo que al amparista no se le ha vulnerado en ningún momento esta garantía Constitucional, en virtud que el ahora recurrente ha tenido participación en todo el desarrollo del proceso, teniendo la oportunidad para hacer uso de los recursos expeditos por la Ley, es decir, no se le han limitado de ninguna manera su derecho a defensa, realizando una intervención activa en el trámite del juicio y el solo hecho de que en la tramitación del proceso, se dicten resoluciones con las que no se encuentre de acuerdo no significa que se le vulnera ese derecho, por tanto es del criterio que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución . CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 200, 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala es del criterio que de la revisión de la sentencia venida en consulta, se desprende que en efecto tiene razón la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en el sentido que una vez que se ha emitido sentencia definitiva por parte del órgano de primera instancia, la competencia del Juzgado queda en suspenso, pues lo que prevé la Ley es la interposición y revisión de la sentencia a través de un recurso devolutivo, es decir apelación, por consiguiente las únicas facultades que tenía el Juzgado de Primera Instancia era para controlar los requisitos mínimos de la interposición y contestación del Recurso de Apelación y remitir las diligencias al Tribunal de Alzada para su revisión, quedando vedado conocer del asunto o juicio fuera de las circunstancias señaladas, sumado a lo anterior y tomando en cuenta que a la fecha de la interposición de la nulidad de actuaciones, el juicio ya estaba firme, teniendo no solo el carácter de cosa juzgada sino que tiene la característica de juicio fenecido y al resolver la nulidad un Juez de primera instancia, aperturó un juicio finalizado, circunstancia prohibida por el artículo 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), por consiguiente se debe confirmar la sentencia definitiva venida en consulta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico- jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 195, 196, 691, 705, 706, 707, 709 y 711 del Código Procesal Civil; 1 y 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT); FALLA: CONFIRMANDO la sentencia definitiva venida en consulta y emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional de fecha nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0653-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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