Sentencia AA-65-19 — Registro 12813
Resumen
Con relación a la sanción disciplinaria de expulsión de manera definitiva de institución educativa superior por “Reclutear, inobservando Acuerdo de Admisión y Permanencia por parte de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."6) Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que a folios 33 al 45 del expediente contentivo de la presente garantía constitucional de amparo, se encuentra agregado el antes aludido ACUERDO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN ZAMORANO, observando en su contenido las diferentes políticas que establece la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, para admitir a sus estudiantes, mantener su bienestar, seguridad estudiantil y políticas disciplinarias. En el último acápite, de dicho acuerdo, se encuentra lo que corresponde a la JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE que literalmente dice: “El presente acuerdo se considerará hecho en la República de Honduras por lo que su validez, interpretación y cumplimiento estará sujeto y regido por las leyes de la República de Honduras. Las partes irrevocablemente acuerdan someter sus diferencias a los procedimientos de Conciliación y Arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de la República de Honduras y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Tegucigalpa, ante quien se dirimirá el conflicto. El Tribunal Arbitral que se adopte tendrá jurisdicción exclusiva sobre todas las acciones, procedimientos, controversias, disputas o reclamos de cualquier naturaleza que se presenten entre las partes y ningún otro ente, Tribunal o Corte de Justicia tendrá jurisdicción alguna. Las partes se comprometen a no presentar ningún tipo de oposición, excusa o excepción dilatoria por falta de competencia de este procedimiento alternativo de solución de conflictos. En caso que el Tribunal Arbitral se declare incompetente para conocer de una acción, las partes acuerdan someter su diferencia o conflicto ante los Juzgados o Tribunales que sean competentes siempre en la República de Honduras.”; documento que se encuentra firmado con fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por el estudiante DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE; señalando que conoce y acepta las políticas institucionales de Admisión y Permanencia en Zamorano. CONSIDERANDO (7): Que es de conocimiento de este Alto Tribunal, asimismo, el fallo constitucional dictado en expediente SCO-0565-2017 de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, en asunto similar al aquí planteado; como es la interposición de la garantía de amparo ante la sanción de expulsión de forma definitiva de un estudiante por parte de las autoridades de la Escuela Agrícola Panamericana; en el cual se motiva lo siguiente: “CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala aprecia que ciertamente el recurrente tiene expedita la vía a la que el mismo se sujetó mediante el acuerdo de Admisión y Permanencia, en ese orden de ideas mediante el procedimiento de conciliación y arbitraje debe dilucidarse la controversia, por todo ello, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.” CONSIDERANDO (8): Que, la Sala de lo Constitucional reafirma que, el derecho a la educación entraña también obligaciones por parte de los estudiantes dentro de las instituciones educativas; obligándose a cumplir con sus responsabilidades académicas y a respetar lo previsto en la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y los Códigos de convivencia. Sin entrar a conocer del fondo del asunto sometido a estudio ante este Alto Tribunal, consta de autos la existencia de un acuerdo de admisión y permanencia, que debe ser informado y firmado por todo aspirante a formar parte de la Escuela Agrícola Panamericana Inc.; donde se establece la jurisdicción y la Ley aplicable en aquellos casos en que las partes tengan diferencias, quienes deberán someterlas a los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de la República de Honduras y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Tegucigalpa, ante quien se dirimirá el conflicto. Por lo cual se reafirma lo establecido en el precedente constitucional citado, en el sentido que, para la resolución de las diferencias suscitadas a raíz de la investigación y posterior sanción de expulsión del joven DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE; debe observarse lo estipulado en el Acuerdo de Admisión y Permanencia suscrito y pactado de consuno entre las partes. Por todo lo cual se considera procedente denegar el presente recurso de amparo"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
- Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que a folios 33 al 45 del expediente contentivo de la presente garantía constitucional de amparo, se encuentra agregado el antes aludido ACUERDO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN ZAMORANO, observando en su contenido las diferentes políticas que establece la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, para admitir a sus estudiantes, mantener su bienestar, seguridad estudiantil y políticas disciplinarias. En el último acápite, de dicho acuerdo, se encuentra lo que corresponde a la JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE que literalmente dice: “El presente acuerdo se considerará hecho en la República de Honduras por lo que su validez, interpretación y cumplimiento estará sujeto y regido por las leyes de la República de Honduras. Las partes irrevocablemente acuerdan someter sus diferencias a los procedimientos de Conciliación y Arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de la República de Honduras y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Tegucigalpa, ante quien se dirimirá el conflicto. El Tribunal Arbitral que se adopte tendrá jurisdicción exclusiva sobre todas las acciones, procedimientos, controversias, disputas o reclamos de cualquier naturaleza que se presenten entre las partes y ningún otro ente, Tribunal o Corte de Justicia tendrá jurisdicción alguna. Las partes se comprometen a no presentar ningún tipo de oposición, excusa o excepción dilatoria por falta de competencia de este procedimiento alternativo de solución de conflictos. En caso que el Tribunal Arbitral se declare incompetente para conocer de una acción, las partes acuerdan someter su diferencia o conflicto ante los Juzgados o Tribunales que sean competentes siempre en la República de Honduras.”; documento que se encuentra firmado con fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por el estudiante DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE; señalando que conoce y acepta las políticas institucionales de Admisión y Permanencia en Zamorano. CONSIDERANDO (7): Que es de conocimiento de este Alto Tribunal, asimismo, el fallo constitucional dictado en expediente SCO-0565-2017 de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, en asunto similar al aquí planteado; como es la interposición de la garantía de amparo ante la sanción de expulsión de forma definitiva de un estudiante por parte de las autoridades de la Escuela Agrícola Panamericana; en el cual se motiva lo siguiente: “CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala aprecia que ciertamente el recurrente tiene expedita la vía a la que el mismo se sujetó mediante el acuerdo de Admisión y Permanencia, en ese orden de ideas mediante el procedimiento de conciliación y arbitraje debe dilucidarse la controversia, por todo ello, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.” CONSIDERANDO (8): Que, la Sala de lo Constitucional reafirma que, el derecho a la educación entraña también obligaciones por parte de los estudiantes dentro de las instituciones educativas; obligándose a cumplir con sus responsabilidades académicas y a respetar lo previsto en la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y los Códigos de convivencia. Sin entrar a conocer del fondo del asunto sometido a estudio ante este Alto Tribunal, consta de autos la existencia de un acuerdo de admisión y permanencia, que debe ser informado y firmado por todo aspirante a formar parte de la Escuela Agrícola Panamericana Inc.; donde se establece la jurisdicción y la Ley aplicable en aquellos casos en que las partes tengan diferencias, quienes deberán someterlas a los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de la República de Honduras y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Tegucigalpa, ante quien se dirimirá el conflicto. Por lo cual se reafirma lo establecido en el precedente constitucional citado, en el sentido que, para la resolución de las diferencias suscitadas a raíz de la investigación y posterior sanción de expulsión del joven DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE; debe observarse lo estipulado en el Acuerdo de Admisión y Permanencia suscrito y pactado de consuno entre las partes. Por todo lo cual se considera procedente denegar el presente recurso de amparo
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril del dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Jorge Fernando Jiménez Reyes en su condición de Defensor de Derechos y Presidente de la Organización No Gubernamental Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), a favor de los estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) David Alejandro Alvarado Valle y Luis Armando Zelaya Rivera, contra actuaciones de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) con relación a la expulsión de manera definitiva de los estudiantes David Alejandro Alvarado Valle y Luis Armando Zelaya Rivera. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 64, 69, 80, 81, 82, 84, 93, 94, 99, 103, 151 y 187 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el señor Jorge Fernando Jiménez Reyes, en la condición antes indicada, interponiendo acción de amparo a favor de los estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) David Alejandro Alvarado Valle y Luis Armando Zelaya Rivera, contra actuaciones de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) con relación a la expulsión de manera definitiva de los estudiantes David Alejandro Alvarado Valle y Luis Armando Zelaya Rivera. (Folios 1-8 de la pieza de amparo) 2) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, esta Sala, admitió el recurso de mérito y previo a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión del acto reclamado, ordenó librar comunicación a la autoridad recurrida para que en el término de dos (2) días hábiles remitiera de los antecedentes o en su defecto un informe de mérito. (Folio 10 de la pieza de amparo) 3) Esta Sala tuvo por recibido el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, en fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, del cual se desprenden las resoluciones Nos. 17—2018 y 18-2018, objetos del presente recurso, emitidas por el comité de Disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO), ambas en fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, en las que en su parte dispositiva se resolvió: “Por unanimidad de votos: CONFIRMAR la sanción disciplinaria con código No.20160090 correspondiente a 20 faltas que trae como consecuencia la expulsión por “Reclutear” al estudiante DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE con Código 20081 por los hechos acontecidos el 04 de mayo del año 2018. ZAMORANO aspira que este proceso disciplinario sea una experiencia de aprendizaje que contribuya al crecimiento y madurez de David Alejandro Alvarado Valle y que promueva la reflexión interna, un cambio positivo de comportamiento y el ejercicio tangible en la formación de valores….; “Por unanimidad de votos: CONFIRMAR la sanción disciplinaria con código No.20160090 correspondiente a 20 faltas que trae como consecuencia la expulsión por “Reclutear” al estudiante LUIS ARMANDO ZALAYA RIVERA con Código 20174 por los hechos acontecidos el 04 de mayo del año 2018. ZAMORANO aspira que este proceso disciplinario sea una experiencia de aprendizaje que contribuya al crecimiento y madurez de Luis Armando Zelaya Rivera y que promueva la reflexión interna, un cambio positivo de comportamiento y el ejercicio tangible en la formación de valores…” (Folios 137-145 del amparo) 4) Esta Sala en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, estando pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado, declaró sin lugar la misma, luego del estudio de los antecedentes, que en el caso de autos no se ajustan a lo que estipula el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por consiguiente y habiendo sido remitido el antecedente de mérito, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediendo la vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 190 del recurso de amparo) 5) En fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, al señor Jorge Fernando Jiménez Reyes, en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó al recurrente estarse a lo dispuesto por el Tribunal en el auto de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve (f-190), en consecuencia se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 199 del recurso de amparo) 6) Esta Sala en fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Yulibeth Garay Hernández, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: El amparista alega la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los artículos:64, 80, 82, 94 y 151 de la Constitución de la República; es por ello que una vez analizado el presente caso de autos, el Ministerio Público concluye: Que sin entrar a examinar el fondo del asunto, se observa que el Acuerdo de Admisión y Permanencia en Zamorano es el documento que figura como contrato regulatorio de prestación de servicios educativos entre la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano y la persona que recibe tales servicios educativos; observándose en la parte final de dicho acuerdo, que al referirse a la jurisdicción y ley aplicable establece: “El presente acuerdo se considerará hecho en la República de Honduras por lo que su validez, interpretación y cumplimiento estará sujeto y regido por las leyes de la República de Honduras, las partes irrevocablemente acuerdan someter sus diferencias a los procedimientos de Conciliación y Arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de la República de Honduras, y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ante quien se dirimirá el conflicto. El Tribunal arbitral que se adopte tendrá jurisdicción exclusiva sobre todas las acciones, procedimientos, controversias, disputas o reclamos de cualquier naturaleza que se presenten entre las partes y ningún otro ente, tribunal o corte de justicia tendrá jurisdicción alguna. Las partes se comprometen a no presentar ningún tipo oposición, excusa o excepción dilatoria por falta de competencia de este procedimiento alternativo de solución de conflictos. En caso que el Tribunal Arbitral se declare incompetente para conocer de una acción, las partes acuerdan someter su diferencia o conflicto ante los Juzgados o Tribunales que sean competentes siempre en la República de Honduras.” Por lo cual, al tenor de la cláusula transcrita del Acuerdo de la Admisión y Permanencia el Zamorano, que fue acordado entre las partes, se aprecia que dicha controversia corresponde entre tanto conocer a un tribunal arbitral conforme a los procedimientos de conciliación y arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industrias de la ciudad de Tegucigalpa; sin perjuicio del derecho que le pueda asistir al amparista ante la presunta vulneración de los derechos invocados, asunto que tendrá que plantearse ante la instancia correspondiente. III.OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público es del parecer que se Deniegue la presente acción de amparo ya que compete conocer dicha controversia a un Tribunal de orden arbitral. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa que el caso promovido ante esta Sala y por el cual se solicita la garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en las resoluciones Nos. 17—2018 y 18-2018, objeto del presente recurso, según emitidas por el comité de Disciplina de la Escuela Agrícola Panamericana (ZAMORANO) en fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, por las cuales se confirmó la expulsión definitiva del estudiante DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE, debido al grave incumplimiento incurrido al Acuerdo de Admisión y Permanencia suscrito por el estudiante con dicha Institución educativa.[1] CONSIDERANDO (4): Que en fecha veintidós de enero del año dos mil diecinueve, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado in fieri JORGE FERNANDO JIMÉNEZ REYES, interponiendo Acción de Amparo a favor de los estudiantes DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE y LUIS ARMANDO ZELAYA RIVERA, ambos contra las actuaciones antes descritas de la Escuela Agrícola Panamericana, ZAMORANO consistentes en la sanción de expulsión definitiva de los estudiantes agraviados; la cual califica como atentatoria contra el derecho a la educación, sin apegarse a las formalidades propias de un debido proceso; en vista que, a las audiencias que fue sometido, no pudieron comprobar de manera concreta, la participación de este joven en acto de indisciplina. Todo ello, en infracción a lo preceptuado en los artículos 59, 60, 61, 70, 80, 82, 90, 94, 151, 153 y 183 de la Constitución de la República, entre otros; y en los artículos 8, 11, 14, 24 y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Invocando, asimismo, la aplicación del Bloque de Convencionalidad, para remediar las infracciones a los derechos fundamentales, con prevalencia a lo establecido en Ley, en caso de conflicto. CONSIDERANDO (5): Que, siempre en formalización de la acción constitucional promovida, expone el recurrente argumentos referidos a la normatividad que ampara dichos derechos a la educación y al debido proceso, invocando la aplicabilidad directa del Bloque de Constitucionalidad y de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en optimización del principio pro-persona; ya que el estudiante DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE está siendo afectado por acciones contrarias a todas las garantías constitucionales, dejándolo en total indefensión e inminente estado de peligro y vulnerabilidad por dicha sanción de expulsión; lo cual califica como acto viciado de nulidad y constitutivo de delitos, ya que pueden establecerse excesos y vulneración de derechos cometidos por las autoridades de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, cuando de forma irregular, se les notifica la sanción de expulsión mediante Cedula de Notificación; por todo lo cual, solicita se otorgue la presente Acción de Amparo, con suspensión de los actos que se reclama; resolviendo en lo demás conforme a derecho corresponda. CONSIDERANDO (6) Que del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que a folios 33 al 45 del expediente contentivo de la presente garantía constitucional de amparo, se encuentra agregado el antes aludido ACUERDO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA EN ZAMORANO, observando en su contenido las diferentes políticas que establece la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, para admitir a sus estudiantes, mantener su bienestar, seguridad estudiantil y políticas disciplinarias. En el último acápite, de dicho acuerdo, se encuentra lo que corresponde a la JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE que literalmente dice: “El presente acuerdo se considerará hecho en la República de Honduras por lo que su validez, interpretación y cumplimiento estará sujeto y regido por las leyes de la República de Honduras. Las partes irrevocablemente acuerdan someter sus diferencias a los procedimientos de Conciliación y Arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de la República de Honduras y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Tegucigalpa, ante quien se dirimirá el conflicto. El Tribunal Arbitral que se adopte tendrá jurisdicción exclusiva sobre todas las acciones, procedimientos, controversias, disputas o reclamos de cualquier naturaleza que se presenten entre las partes y ningún otro ente, Tribunal o Corte de Justicia tendrá jurisdicción alguna. Las partes se comprometen a no presentar ningún tipo de oposición, excusa o excepción dilatoria por falta de competencia de este procedimiento alternativo de solución de conflictos. En caso que el Tribunal Arbitral se declare incompetente para conocer de una acción, las partes acuerdan someter su diferencia o conflicto ante los Juzgados o Tribunales que sean competentes siempre en la República de Honduras.”; documento que se encuentra firmado con fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por el estudiante DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE; señalando que conoce y acepta las políticas institucionales de Admisión y Permanencia en Zamorano. CONSIDERANDO (7): Que es de conocimiento de este Alto Tribunal, asimismo, el fallo constitucional dictado en expediente SCO-0565-2017 de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, en asunto similar al aquí planteado; como es la interposición de la garantía de amparo ante la sanción de expulsión de forma definitiva de un estudiante por parte de las autoridades de la Escuela Agrícola Panamericana; en el cual se motiva lo siguiente: “CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala aprecia que ciertamente el recurrente tiene expedita la vía a la que el mismo se sujetó mediante el acuerdo de Admisión y Permanencia, en ese orden de ideas mediante el procedimiento de conciliación y arbitraje debe dilucidarse la controversia, por todo ello, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.” CONSIDERANDO (8): Que, la Sala de lo Constitucional reafirma que, el derecho a la educación entraña también obligaciones por parte de los estudiantes dentro de las instituciones educativas; obligándose a cumplir con sus responsabilidades académicas y a respetar lo previsto en la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y los Códigos de convivencia. Sin entrar a conocer del fondo del asunto sometido a estudio ante este Alto Tribunal, consta de autos la existencia de un acuerdo de admisión y permanencia, que debe ser informado y firmado por todo aspirante a formar parte de la Escuela Agrícola Panamericana Inc.; donde se establece la jurisdicción y la Ley aplicable en aquellos casos en que las partes tengan diferencias, quienes deberán someterlas a los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje regulados por la Ley de Conciliación y Arbitraje de la República de Honduras y por el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Tegucigalpa, ante quien se dirimirá el conflicto. Por lo cual se reafirma lo establecido en el precedente constitucional citado, en el sentido que, para la resolución de las diferencias suscitadas a raíz de la investigación y posterior sanción de expulsión del joven DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE; debe observarse lo estipulado en el Acuerdo de Admisión y Permanencia suscrito y pactado de consuno entre las partes. Por todo lo cual se considera procedente denegar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 70, 80, 82, 90 párrafo primero, 151, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el señor JORGE FERNANDO JIMÉNEZ REYES, a favor del estudiante DAVID ALEJANDRO ALVARADO VALLE, contra actuaciones de la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. (EL ZAMORANO), formalizadas a través de las resoluciones No. 17—2018 y 18-2018, de fecha treinta de julio del año dos mil dieciocho. Y MANDA: Que, una vez certificado y notificado este fallo, se archiven las diligencias en la Secretaría de ésta Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0065-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] El cual corre a folios 33-45 del expediente contentivo de la presente garantía constitucional de amparo.