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Sentencia AA-640-20 — Registro 13007

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra actuaciones de la Administración Aduanera d Honduras (ADUANAS), a través de la Subadministradora en la Zona Libre Empacadora Santa Inés. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “La Sala de lo Constitucional con lo apuntado por el garantista y la refutación que hace la autoridad denunciada, más las razones que a su vez expuso la Fiscalía, estima que existen argumentos técnicos suficientes para denegar la presente garantía constitucional de amparo; por otro lado, encuentra también que tanto en el escrito de demanda del amparo, como en su formalización, el garantista no establece con claridad lo que peticiona a este alto tribunal de justicia; porque si bien, solicita que se otorgue amparo a su poderdante, no señala con claridad los medios que considera necesarios para la restitución de su derecho. Sobre esto último, cabe aclarar que en la mayoría de las garantías de amparo que se interponen, existe forma clara de determinar ex officio y con precisión las especificaciones necesarias para ejecutar el decisum o fallo dictado, tal como lo ordena el numeral 3 del artículo 63 de la Ley sobre justicia constitucional. Sin embargo, en este caso para hacerlo era indispensable que el censor señalara dichas especificaciones con precisión al momento de interponer su demanda de amparo, de acuerdo con lo que dispone el numeral 7 del artículo 49 de la Ley sobre justicia constitucional. Resulta que, en este caso el pedimento de amparo no establece con claridad lo siguiente: 1) Si es para mantener el derecho de seguridad jurídica que invoca, evitando el pago del treinta y cinco por ciento, para lo cual habría sido necesario solicitar la suspensión del acto reclamado, solicitar la importación del producto (el cual es perecedero) ofreciendo para ello la caución necesaria para garantizar el derecho del Estado de obtener el pago completo en caso de ser denegada la garantía. 2) Si es para para restituir el derecho de seguridad jurídica que invoca, lo cual cabría si se hizo el pago para agilizar la importación del producto para evitar su pérdida debido a que es perecedero) y solicitando un crédito a su favor para otras importaciones futuras o la devolución de lo pagado ultrapetita. No existe por tanto evidencia de que el producto se encuentre en buen estado o que haya sido retirado oportunamente. De manera que no es posible establecer si cesaron los efectos del acto reclamado o se consumaron de manera irreparable. En virtud de lo cual, por todas estas razones, tanto de fondo como procesales, a juicio de este alto tribunal de justicia es procedente denegar la garantía constitucional de amparo de que ha hecho mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado VIRGILIO UMANZOR a favor de la sociedad mercantil EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS S. de R. L., contra actuaciones de la ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS), a través de LA SUBADMINISTRADORA EN LA ZONA LIBRE EMPACADORA SANTA INÉS. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha ocho de agosto de dos mil veinte fue recibida en este tribunal la acción de amparo que interpuso mediante vía electrónica el abogado VIRGILIO UMANZOR, a favor de la sociedad mercantil EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS S. de R. L., contra la orden emitida por la ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS), consistente en ordenar que para nacionalizar el producto de filete de basa y tilapia que se tiene en inventario, se pague el 35% en concepto de derecho arancelario de importación (DAI), orden que está contenida en la carta de fecha cinco de agosto de dos mil veinte, violentando el derecho genérico al debido proceso a través de la violación al principio de legalidad. (Folios 1–58 de la presente garantía constitucional). 2. En fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte se admitió la presente garantía constitucional de amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rinda un informe dentro del término de dos días hábiles o se remitan los antecedentes del caso. (Folio 60 de la presente garantía constitucional). 3. Consta a folio dieciocho de los autos contenidos en la presente garantía, la nota de fecha cinco de agosto de dos mil veinte suscrita por la señora Kenia Julieth Galeano Vallejos, en su condición de subadministradora de zona libre, mediante la cual se notifica a la sociedad mercantil EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS S. de R. L., que según acuerdo No. 110-2020 de fecha quince de julio de dos mil veinte, emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de Desarrollo Económico, se ha modificado temporal y excepcionalmente el derecho arancelario a la importación (DAI), pasando del 15% al 35%, aplicable, entre otros productos al filete de basa, con posición arancelaria 0304.62.00.00.00 y al filete de tilapia, con posición arancelaria 0304.61.00.00.00” (Folio 18 de la presente garantía constitucional). 4. En fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte, esta Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma, la garantía constitucional de amparo y ordenó dar vista de los autos al fiscal del despacho, a fin de que emita su dictamen. (Folio 77 de la presente garantía constitucional). 5. En fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno este alto tribunal de justicia tuvo por recibido el informe solicitado a la entidad denunciada y el cual fue rendido por el director ejecutivo de la Administración aduanera de Honduras. En dicho informe se solicita que se declare inadmisible la garantía constitucional de amparo de mérito y se ordena que se agreguen a los autos la documentación que se acompaña. (Folios 84-156 de la presente garantía constitucional). 6. En fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno se tuvo por evacuada la vista y por emitido el dictamen del Ministerio Público por medio de su fiscal la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque no se otorgue el amparo de mérito, por no vislumbrarse vulneración a las garantías invocadas por el recurrente. (Folios 159-162 de la presente garantía constitucional). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación de derechos constitucionales. El censor al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que en perjuicio de su poderdante le fueron violentados: El derecho al debido proceso por vía del principio de la seguridad jurídica y a la igualdad. Con relación al principio de la seguridad jurídica, el impetrante reclama que este se ha violentado conculcando el derecho al debido proceso legal contenido en el artículo 90 de la Constitución. Plantea que resulta excesiva la orden recibida por su poderdante de parte de la subadministradora en la zona libre Empacadora Santa Inés en su condición de representante de la Administración aduanera de Honduras, consistente en que pague el treinta y cinco por ciento (35%) en concepto de derecho arancelario de importación DAI, para poder nacionalizar el producto existente en inventario, el cual consiste en filete de basa (Pangasius) con posición arancelaria 0304.62.00.00.00 y filete tilapia con posición arancelaria 0304.61.00.00.00. Explica que el cobro ordenado es excesivo es porque a dicho producto sólo se le aplica el quince por ciento (15%). Seguidamente explica que esto es violatorio del principio de la seguridad jurídica porque desde la formulación del pedido hasta el ingreso del producto al recinto de la zona libre Empacadora Santa Inés, su poderdante tuvo en cuenta que pagaría el arancel vigente del quince por ciento, aspecto que fue determinante comercialmente para su decisión, basado en el costo de obtención y la proyección del precio de venta, considerando un margen razonable de utilidad y un precio competitivo de mercado. Todo ello bajo la certidumbre de un arancel previamente establecido y conocido, el cual fue abruptamente modificado. El garantista reconoce que el Estado hondureño tiene la facultad para modificar el arancel como Estado parte del Tratado de integración económica centroamericano, pero que considera que no se aplica a su poderdante, quien ya había estimado pagar el quince por ciento de arancel y no el treinta y cinco por ciento. Argumenta que su producto fue comprado antes de la puesta en vigencia del aumento arancelario. Reclama que la seguridad jurídica implica ente otros elementos predictibilidad y certeza en el orden jurídico nacional, siendo estos dos factores necesarios para un debido proceso. Al respecto del principio de seguridad jurídica cita al jurista argentino Néstor Pedro Sagüés, así: “DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Últimamente, la sociedad argentina está manejando el concepto de seguridad jurídica, con respecto de las conductas de las autoridades estatales, en cuanto aquella seguridad demanda que los actos de esos órganos se conformen en procedimiento y contenido a la Constitución. Desde esa perspectiva, hay seguridad jurídica en los siguientes casos: a) Cuando el habitante sabe que las decisiones de los poderes públicos se adoptarán según el esquema constitucional de asignación de competencias, es decir que se respetará el subprincipio de corrección funcional: un órgano no asumirá funciones de otro; el presidente por ejemplo, no legislará sino en los casos excepcionalísimos los que pueden emitir decretos de necesidad y urgencia. Del mismo modo, un poder no dejará de cumplir las tareas que le atribuye la Constitución (…). Lo dicho exige, concomitantemente, una real independencia de la operatividad de esos poderes. b) El derecho a la seguridad exige igualmente que se respete el contenido de la Constitución, y en particular, los derechos personales que ella reconoce: libertad, igualdad, propiedad, etcétera. Esto impone que la inevitable dosis de incertidumbre y de inseguridad que rodea a periodos de cambio y de emergencia (…) se reduzca e, incluso desaparezca, al ingresar a etapas de normalidad económica. Así, la validez y legitimidad del derecho de excepción en épocas de gran tensión, donde se plantean situaciones críticas, decae cuando la emergencia disminuye y aparece, al mismo tiempo, un mayor apetito social de regularidad, certeza y confianza (…). Es posible detectar, por ende, un derecho personal a la seguridad jurídica, como aplicación del valor constitucional de seguridad, demandable ante los poderes públicos.” Seguidamente cita un considerando de la Sala de lo Constitucional, estableciendo que en un amparo se pedía que se declarara la inaplicabilidad de la ley No. 553-2010. Fechas nueve de agosto, doce y diecinueve de septiembre de dos mil once. Dicho considerando dice así: “CONSIDERANDO (15): Que en cuanto al principio-derecho a la seguridad jurídica, se debe mencionar que este no es un derecho fundamental per se, en tanto en cuanto, forma parte del derecho fundamental genérico al debido proceso, no obstante, en base en el principio del “no formalismo” que rige en la Ley sobre justicia constitucional, la Sala decide pronunciarse y manifiesta que, cuando se habla de la seguridad como uno de los fines del Estado, hablamos de la seguridad social en sus dos conceptos: 1. Seguridad de las personas. y 2. Seguridad de sus bienes, y cuando se habla de seguridad jurídica , hacemos referencia a un concepto que abarca todo el contexto jurídico social y que a continuación se explica: La seguridad jurídica es el valor que genera en cadena los diferentes tipos de seguridad, una de las características fundamentales del Estado de Derecho es su entera sumisión a las normas jurídicas, sólo así los derechos de las personas están garantizados y la sociedad puede marchar confiada y libre bajo el imperio de la ley, y no de la arbitrariedad. A esta certidumbre sobre los alcances y efectividad de la ley, se le llama seguridad jurídica, por lo que este valor es deber primordial del Estado. La seguridad jurídica también se explica como el valor que tiene por objeto la certidumbre y confianza de que los actos y omisiones humanas realizadas de conformidad al orden jurídico establecido son y serán protegidas por los poderes del Estado.” Con fundamento a lo anterior, el impetrante pide que se ampare a su poderdante ordenando a la Administración aduanera de Honduras que se abstenga de aplicarle el Acuerdo no. 110-2020 de fecha quince de dos mil veinte, el cual establece un derecho arancelario de importación o DAI del treinta y cinco por ciento al inventario de los productos consistentes en filete de basa (Pangasius) con posición arancelaria 0304.62.00.00.00 y filete tilapia con posición arancelaria 0304.61.00.00.00; y en su lugar, se aplique el DAI del quince por ciento, que era el valor aplicable al momento de la compra de dicho producto. Con relación al derecho a la igualdad, el impetrante indica que el acuerdo ejecutivo número 110-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico modifica el DAI de varios productos incluyendo los filetes de basa y de tilapia que importó y pretende introducir su poderdante. Sin embargo, alude el impetrante que dicho acuerdo dispone algunas excepciones en cuanto a su aplicación para algunos productos, así: “CUARTO: La medida establecida en el presente acuerdo no debe afectar a las mercancía en los incisos arancelarios modificados, cuando: a) Hayan salido del lugar de su procedencia antes de la entrada en vigor del presente acuerdo, con destino al territorio aduanero del país; b) se trate de mercancías que se encuentren en depósitos de aduana o en los recintos o almacenes de la aduana, en régimen de depósito temporal, pendientes de la presentación de la declaración de mercancías; y, c) se trate de mercancías retiradas con declaración provisional, los gravámenes aplicables serán los vigentes a la fecha de registro.” El impetrante acota que resulta evidente que las excepciones tienen como propósito salvaguardar la seguridad jurídica a la inversión. Que son medidas dispuestas para no afectar la comercialización e importación de productos y a los empresarios, evitando que resulten afectados con el nuevo arancel los productos que antes de la vigencia del acuerdo, salieron de su país de origen y se encuentran en estado de no nacionalizados, o sea que no hayan corrido, liquidado y pagado la póliza de importación correspondiente. El impetrante en cuanto al caso de mérito, relata que su representada importó los productos ya mencionados antes de la entrada en vigencia del acuerdo ministerial aludido y por el cual se mantienen en el recinto de la zona libre empacadora Santa Inés pendiente de ser nacionalizados. No obstante, la Administración aduanera de Honduras aplica a esos productos el nuevo valor del DAI, lo cual para el garantista es violatorio del derecho de igualdad establecido en el artículo 60 constitucional, debido a que esos productos se encuentran en la misma situación de los exceptuados en el artículo cuarto del acuerdo. En virtud de lo cual el impetrante reclama un trato igual a los exceptuados que se encuentran descritos en dicho acuerdo ministerial. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen del informe remitido por el director ejecutivo de la Administración aduanera de Honduras. El ciudadano Juan José Vides Mejía rinde informe en su condición de director ejecutivo de la Administración aduanera de Honduras, en cumplimiento a lo ordenado por este alto tribunal de justicia y en respuesta a lo señalado por el impetrante en la formalización de la garantía constitucional de amparo bajo examen. El director ejecutivo pide que se declare inadmisible la presente garantía constitucional, con base en los fundamentos y argumentos que a continuación se resumen. Explica que la zona libre empacadora Santa Inés se encuentra bajo el amparo de los beneficios de zona libre y que se encuentra autorizada como operadora usuaria en la categoría de empresa industrial básicamente de exportación, mediante contrato de la Empresa nacional portuaria o ENP, de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, resolución número 366-2001 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil uno emitida por la Secretaría de Estado en los despachos de industrias y comercio (hoy Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico), para dedicarse a la maquila y comercialización de productos derivados del mar para su exportación. Menciona en el informe como antecedente, la nota de fecha cinco de agosto de dos mil veinte suscrita por “la subadministradora de la zona libre empacadora Santa Inés de la Administración aduanera de Honduras y dirigida al gerente general de la sociedad mercantil Empacadora de camarones Santa Inés, S. de R.L.” ordenándole el pagó del 35% en concepto de derecho arancelario de importación DAI para poder nacionalizar el producto de filetes de basa y tilapia, en virtud de haberse modificado temporalmente y en forma excepcional, incrementándose del quince al treinta y cinco por ciento, según acuerdo número 110-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 35,316 de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte. El director ejecutivo informa que a partir del veinticinco de julio de dos mil veinte comenzó la vigencia de la modificación del treinta y cinco por ciento del derecho arancelario a la importación en el Sistema automatizado de rentas aduaneras de Honduras (SARAH), para las posiciones arancelarias 0304.61.00.00.00--- tilapias (Oreochromis spp.) y 0304.62.00.00.00--- Bagres o peces gato (Pangasius spp., Clarias spp.,Ictalurus spp.), tal como muestra en las capturas de imagen que adjunta al informe como anexo 1. En el anexo dos que adjunta al informe, muestra la modificación del DAI del quince al treinta y cinco por ciento desde antes de entrar en vigencia el acuerdo en mención, para nacionalizar la tilapia y bagres o peces gato procedentes de la zona libre de Empacadora de camarones Santa Inés S. de R.L., por intermedio de una usuaria de esa zona libre. Informa además que en el periodo uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la zona libre de Empacadora de camarones Santa Inés S. de R.L., registró en el sistema automatizado de rentas aduaneras de Honduras (SARAH) un total de quince declaraciones de mercancías bajo el régimen de admisión temporal perfeccionamiento activo con transformación ZOLI, de las cuales doce se registraron previo a la vigencia del acuerdo 110-2020. Asimismo, registró un total de trece declaraciones de mercancías bajo el régimen de importación definitiva cancela título transporte, posterior a la vigencia del acuerdo No. 110-2020 en los cuadros a continuación: Declaraciones de mercancías registradas en SARAH antes del 25 de julio de 2020

Régimen aduanero

Total

4000 – IMPORTACIÓN DEFINITIVA CANCELA TÍTULO DE TRANSPORTE

5000 – ADMISIÓN TEMPORAL PERFECCIONAMIENTO ACTIVO CON TRANSFORMACIÓN ZOLI

Total

Declaraciones de mercancías registradas en SARAH después del 25 de julio de 2020

Régimen aduanero

Total

4000 – IMPORTACIÓN DEFINITIVA CANCELA TÍTULO DE TRANSPORTE

5000 – ADMISIÓN TEMPORAL PERFECCIONAMIENTO ACTIVO CON TRANSFORMACIÓN ZOLI

Total

Seguidamente, se le informa a este alto tribunal de justicia que, de conformidad con lo antes mencionado, así mismo a las leyes aplicables y al MEMORANDO ADUANAS-DRE-040-2021 (adjuntado como anexo), los productos referidos por en la nota de fecha cinco de agosto de dos mil veinte no se encuentran dentro de las excepciones establecidas en el apartado CUARTO, literal b del acuerdo No. 110-2020 en virtud de las razones siguientes: “a) Las mercancías importadas por la empresa EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L. no se encontraban en depósito de aduanas o en almacenes de la aduana en régimen de depósito temporal, pendiente de presentación de la declaración de mercancías, en virtud que la misma ya había sido trasladada de la aduana de ingreso hacia el área restringida de la zona libre; para ello se presentó previamente una declaración de tránsito interno la cual se generó un manifiesto y cierre de tránsito por la subadministradora de la zona libre generando posteriormente la zona libre EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L., el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo con transformación ZOLI (código aduanero 5000); b) Según los informes del Sistema informático aduanero SARAH), la zona libre EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L., realizó ingresos de tilapia y bagres peces gato bajo la admisión temporal para perfeccionamiento activo con transformación ZOLI, la cual es una actividad recurrente de la empresa, tal como se aprecia en el anexo 3, cuyas fechas muestran movimientos y registros antes de entrada en vigor del acuerdo número 110-2020, por lo tanto, se demuestra la existencia de inventarios de estas mercancías almacenados dentro del área restringida, bajo beneficios de zona libre; c) El artículo CUARTO literal b del acuerdo No. 110-2020 hace referencia a mercancías que se encuentran en depósitos o en los recintos o almacenes de la aduana, a fin de darle in régimen aduanero, evento que no aplica para este caso en virtud de que las mercancías importadas fueron sometidas a un régimen de zona libre, figura que no está contemplada en dicha normativa; d) La zona libre EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L., pese a la entrada en vigor del acuerdo No. 110-2020, se sometió a la disposición del mismo, es decir pagando el treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos arancelarios a la importación (DAI) por la tilapia y bagre o peces gato procedentes de la zona libre y con destino al mercado nacional, tal como se aprecia en el anexo 4.” CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen del informe remitido por el Ministerio Público. La agente de tribunales Sussy G. Coello emitió su dictamen mediante el cual da a conocer su opinión en el sentido de que no se otorgue el amparo de mérito. La fiscal de inicio estableció que lo que se impugna mediante amparo es la orden contenida en la carta de fecha cinco de agosto de dos mil veinte, la cual si bien es cierto no reviste el carácter de resolución o providencia derivados del procedimiento administrativo, tampoco es un acto que pueda ser revisado por la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa; a lo cual agrega el amparista que este acto produce efectos materiales que violentan el debido proceso en perjuicio de su representada con relación al principio de legalidad, establecido en el artículo 321 constitucional. Esto en virtud de la aplicación indebida del acuerdo número 110-2020, debido a que no se subsumió la situación en la excepción ordenada en el inciso b del apartado CUARTO, siendo que los productos de su representada se encontraban en el régimen de depósito temporal de la zona libre empacadora Santa Inés, antes de la entrada en vigencia del acuerdo referido, y por lo tanto, los productos de su representada no están sujetos a la aplicación del DAI incrementado al 35%, tal como pretende la autoridad recurrida. Seguidamente la fiscal toma el informe rendido por el director ejecutivo de la Administración aduanera de Honduras, estableciendo que en este se aprecia que las mercancías importadas por la empresa EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS S. de R.L. no se encuentran comprendidos dentro de las excepciones determinadas en el apartado CUARTO del referido acuerdo número 110-2020, el cual hace referencia a mercancías que se encuentran en depósitos de aduana o en los recintos o almacenes de la aduana, en régimen de depósito temporal, pendientes de presentación de la declaración de mercancías; circunstancias que en opinión de quien rindió el informe, no concurren en el caso de mérito. El director ejecutivo apoya su posición en la documentación que remitió junto con el informe, mediante la cual acredita que las mercancías referidas en la nota de fecha cinco de agosto de dos mil veinte ya no se encontraban bajo el régimen de depósito temporal, ni pendientes de presentación de sus declaraciones, siendo que las mismas fueron registradas para su trámite en el Sistema automatizado de rentas aduaneras de Honduras o SARAH, previo a la vigencia del acuerdo No. 110-2020 y por ende destinadas al respectivo régimen aduanero , en tanto que desde el acto de la declaración de mercancías el interesado expresa libre y voluntariamente el régimen al cual somete la mercancía. De esa manera la autoridad recurrida explica que la existencia de inventarios de las mercancías almacenadas dentro del área restringida, ya habían agotado los actos necesarios para someterlas al régimen de zonas libres. La fiscal en respuesta a lo establecido por el amparista en cuanto a que la carta de fecha cinco de agosto de dos mil veinte no reviste el carácter de resolución o providencia, señala que el objeto de la nota es notificarle la aplicación del acuerdo No. 110-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico en fecha quince de julio de dos mil veinte, por lo que contrario a lo afirmado por el amparista la modificación de derechos arancelarios a la importación a la que se refiere la misma no es producto de una resolución emitida por la autoridad aduanera derivada de un procedimiento administrativo, sino mediante acuerdo emitida por la secretaría de estado competente. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Determinación del acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El objeto de la presente garantía constitucional es la orden contenida en la carta de fecha cinco de agosto de dos mil veinte que literalmente dice: “Choluteca, 5 de agosto de 2020. Señor Antonio Cano Anguiano, gerente general Empacadora de camarones Santa Inés, S. de R.L. Ciudad. Estimado señor Cano: Por medio de la presente le notifico que según acuerdo No. 110-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico en fecha quince de julio de 2020 y publicado en el Diario oficial La Gaceta, en su edición NUM. 35,316, se ha modificado temporal y excepcionalmente el derecho arancelario a la importación (UDAI), pasando del 15% al 35% aplicable entre otros productos al filete de basa con posición arancelaria 0304.62.00.00.00 y al filete de tilapia con posición arancelaria número 0304.61.00.00.00. La modificación antes referida ya está actualizada en el sistema, y en vista que su representada tiene en inventario 181,670 kilogramos de filete de basa y 12,300 kilogramos de filete de tilapia, aunque dicho producto ingresó a la zona libre Empacadora Santa Inés, antes de la fecha de inicio de la vigencia del acuerdo referido en el párrafo primero de la presente carta para nacionalizar este producto deberá pagar el 35% en concepto de DAI. Atentamente Kenia Julieth Galeano Vallejos, subadministradora zona libre Empacadora Santa Inés Administración aduanera de Honduras. Firma y sello.” CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Este alto tribunal de justicia al examinar las diligencias de mérito encuentra que el reproche que el garantista explica en relación con el principio de la seguridad jurídica, y que subsume como una violación al derecho de debido proceso legal no es de recibo por las razones que a continuación se detallan. El garantista estima que la orden dictada por la subadministradora en la zona libre Empacadora Santa Inés es excesiva porque no debió cobrar el treinta y cinco por ciento (35%) en concepto de derecho arancelario de importación DAI, para poder nacionalizar el producto que su poderdante pretendía introducir al país. A la vez, reclama que ese producto sólo debía pagar el quince por ciento (15%). Estima que esa alza repentina en la tasa a pagar violenta el principio de seguridad jurídica porque la tasa impuesta al momento de la formulación del pedido y al ingreso del producto al recinto de la zona libre era del quince y no del treinta y cinco por ciento; asimismo, reclama que dicha tasa a pagar fue determinante para que su poderdante tomara la decisión de importar el producto, con base en la proyección costo-beneficio. El impetrante en consecuencia de lo anterior, reprocha que la decisión de la autoridad denunciada produjo perjuicio a su poderdante; y que, si bien es cierto el Estado tiene la facultad para modificar el arancel, este cambio no se aplica a su poderdante, porque su producto fue comprado antes de la puesta en vigencia del aumento arancelario. Asimismo, el censor justifica la relación entre el principio de seguridad jurídica con el derecho al debido proceso basándose en lo expresado por esta Sala de lo Constitucional, en sentencias dictadas en fechas nueve de agosto, doce y diecinueve de septiembre de dos mil once. Pidiendo en consecuencia que se ampare a su poderdante ordenando a la Administración aduanera de Honduras que se abstenga de aplicarle el Acuerdo no. 110-2020 de fecha quince de dos mil veinte, el cual establece un derecho arancelario de importación o DAI del treinta y cinco por ciento al inventario de los productos consistentes en filete de basa (Pangasius) con posición arancelaria 0304.62.00.00.00 y filete tilapia con posición arancelaria 0304.61.00.00.00; y en su lugar, se aplique el DAI del quince por ciento, que era el valor aplicable al momento de la compra de dicho producto. En respuesta a lo anterior, la autoridad denunciada contesta el reproche expuesto párrafos antes, estableciendo en primer lugar que, la zona libre empacadora Santa Inés se encuentra bajo el amparo de los beneficios de zona libre; y, que se encuentra autorizada como operadora usuaria en la categoría de empresa industrial básicamente de exportación, mediante contrato de la Empresa nacional portuaria o ENP. Dicha autoridad denunciada justifica el cobro del 35 por ciento a la sociedad mercantil Empacadora de camarones Santa Inés, S. de R.L., señalando que lo hace en aplicación del acuerdo número 110-2020 emitido por la Secretaría de Estado en el despacho de desarrollo económico, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 35,316 de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte. Luego explica y acredita que el acuerdo en mención entró en vigor a partir del veinticinco de julio de dos mil veinte, aplicándose la modificación del treinta y cinco por ciento del derecho arancelario a la importación en el Sistema automatizado de rentas aduaneras de Honduras (SARAH), para las posiciones arancelarias atinentes al producto de la Empacadora de camarones Santa Inés. Asimismo, demuestra el aumento del DAI del quince al treinta y cinco por ciento desde antes de entrar en vigencia el acuerdo en mención, para nacionalizar la tilapia y bagres o peces gato procedentes de la zona libre de Empacadora de camarones Santa Inés S. de R.L., por intermedio de una usuaria de esa zona libre. Al respecto, en el anexo dos que adjunta al informe, muestra la modificación del DAI del quince al treinta y cinco por ciento desde antes de entrar en vigencia el acuerdo en mención, para nacionalizar la tilapia y bagres o peces gato procedentes de la zona libre de Empacadora de camarones Santa Inés S. de R.L., por intermedio de una usuaria de esa zona libre. En dicho informe también se establece que en el periodo uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la zona libre de Empacadora de camarones Santa Inés S. de R.L., registró en el sistema automatizado de rentas aduaneras de Honduras (SARAH) un total de quince declaraciones de mercancías bajo el régimen de admisión temporal perfeccionamiento activo con transformación ZOLI, de las cuales doce se registraron en forma previa a la vigencia del acuerdo 110-2020. Asimismo, registró un total de trece declaraciones de mercancías bajo el régimen de importación definitiva cancela título transporte, posterior a la vigencia del acuerdo No. 110-2020 en los cuadros a continuación: Declaraciones de mercancías registradas en SARAH antes del 25 de julio de 2020

Régimen aduanero

Total

4000 – IMPORTACIÓN DEFINITIVA CANCELA TÍTULO DE TRANSPORTE

5000 – ADMISIÓN TEMPORAL PERFECCIONAMIENTO ACTIVO CON TRANSFORMACIÓN ZOLI

Total

Declaraciones de mercancías registradas en SARAH después del 25 de julio de 2020

Régimen aduanero

Total

4000 – IMPORTACIÓN DEFINITIVA CANCELA TÍTULO DE TRANSPORTE

5000 – ADMISIÓN TEMPORAL PERFECCIONAMIENTO ACTIVO CON TRANSFORMACIÓN ZOLI

Total

Este alto tribunal de justicia toma en consideración lo antes informado al igual que las leyes invocadas por la entidad denunciada y al MEMORANDO ADUANAS-DRE-040-2021 (adjuntado como anexo); así como las razones que ésta aduce para estimar que los productos referidos en la nota de fecha cinco de agosto de dos mil veinte no se encuentran dentro de las excepciones establecidas en el apartado CUARTO, literal b del acuerdo No. 110-2020, siendo dichas razones las siguientes: “a) Las mercancías importadas por la empresa EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L. no se encontraban en depósito de aduanas o en almacenes de la aduana en régimen de depósito temporal, pendiente de presentación de la declaración de mercancías, en virtud que la misma ya había sido trasladada de la aduana de ingreso hacia el área restringida de la zona libre; para ello se presentó previamente una declaración de tránsito interno la cual se generó un manifiesto y cierre de tránsito por la subadministradora de la zona libre generando posteriormente la zona libre EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L., el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo con transformación ZOLI (código aduanero 5000); b) Según los informes del Sistema informático aduanero SARAH), la zona libre EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L., realizó ingresos de tilapia y bagres peces gato bajo la admisión temporal para perfeccionamiento activo con transformación ZOLI, la cual es una actividad recurrente de la empresa, tal como se aprecia en el anexo 3, cuyas fechas muestran movimientos y registros antes de entrada en vigor del acuerdo número 110-2020, por lo tanto, se demuestra la existencia de inventarios de estas mercancías almacenados dentro del área restringida, bajo beneficios de zona libre; c) El artículo CUARTO literal b del acuerdo No. 110-2020 hace referencia a mercancías que se encuentran en depósitos o en los recintos o almacenes de la aduana, a fin de darle in régimen aduanero, evento que no aplica para este caso en virtud de que las mercancías importadas fueron sometidas a un régimen de zona libre, figura que no está contemplada en dicha normativa; d) La zona libre EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS, S. de R.L., pese a la entrada en vigor del acuerdo No. 110-2020, se sometió a la disposición del mismo, es decir pagando el treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos arancelarios a la importación (DAI) por la tilapia y bagre o peces gato procedentes de la zona libre y con destino al mercado nacional, tal como se aprecia en el anexo 4.” Este alto tribunal de justicia da cuenta también que ha tenido en cuenta para su decisión lo expresado por la fiscal en su dictamen, en el cual refiriéndose al informe rendido por el director ejecutivo de la Administración aduanera de Honduras, especialmente en la parte donde establece que mercancías importadas por la empresa EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS S. de R.L. no se encuentran comprendidos dentro de las excepciones determinadas en el apartado CUARTO del referido acuerdo número 110-2020, y acepta las razones aludidas por la administración. La fiscalía apunta que en el informe que comenta, se hace referencia a las mercancías que se encuentran en depósitos de aduana o en los recintos o almacenes de la aduana, en régimen de depósito temporal, pendientes de presentación de la declaración de mercancías, coincidiendo la fiscal con el informe en cuanto a que dichos productos no se encuentran comprendidos en los caos de excepción. La fiscal resalta lo expresado por el director ejecutivo en su informe, expresando que con la documentación que se adjuntó con dicho informe, se acreditó que las mercancías referidas en la nota de fecha cinco de agosto de dos mil veinte ya no se encontraban bajo el régimen de depósito temporal, ni pendientes de presentación de sus declaraciones, siendo que las mismas fueron registradas para su trámite en el Sistema automatizado de rentas aduaneras de Honduras o SARAH, previo a la vigencia del acuerdo No. 110-2020 y por ende destinadas al respectivo régimen aduanero, en tanto que desde el acto de la declaración de mercancías el interesado expresa libre y voluntariamente el régimen al cual somete la mercancía. La Sala de lo Constitucional con lo apuntado por el garantista y la refutación que hace la autoridad denunciada, más las razones que a su vez expuso la Fiscalía, estima que existen argumentos técnicos suficientes para denegar la presente garantía constitucional de amparo; por otro lado, encuentra también que tanto en el escrito de demanda del amparo, como en su formalización, el garantista no establece con claridad lo que peticiona a este alto tribunal de justicia; porque si bien, solicita que se otorgue amparo a su poderdante, no señala con claridad los medios que considera necesarios para la restitución de su derecho. Sobre esto último, cabe aclarar que en la mayoría de las garantías de amparo que se interponen, existe forma clara de determinar ex officio y con precisión las especificaciones necesarias para ejecutar el decisum o fallo dictado, tal como lo ordena el numeral 3 del artículo 63 de la Ley sobre justicia constitucional. Sin embargo, en este caso para hacerlo era indispensable que el censor señalara dichas especificaciones con precisión al momento de interponer su demanda de amparo, de acuerdo con lo que dispone el numeral 7 del artículo 49 de la Ley sobre justicia constitucional. Resulta que, en este caso el pedimento de amparo no establece con claridad lo siguiente: 1) Si es para mantener el derecho de seguridad jurídica que invoca, evitando el pago del treinta y cinco por ciento, para lo cual habría sido necesario solicitar la suspensión del acto reclamado, solicitar la importación del producto (el cual es perecedero) ofreciendo para ello la caución necesaria para garantizar el derecho del Estado de obtener el pago completo en caso de ser denegada la garantía. 2) Si es para para restituir el derecho de seguridad jurídica que invoca, lo cual cabría si se hizo el pago para agilizar la importación del producto para evitar su pérdida debido a que es perecedero) y solicitando un crédito a su favor para otras importaciones futuras o la devolución de lo pagado ultrapetita. No existe por tanto evidencia de que el producto se encuentre en buen estado o que haya sido retirado oportunamente. De manera que no es posible establecer si cesaron los efectos del acto reclamado o se consumaron de manera irreparable. En virtud de lo cual, por todas estas razones, tanto de fondo como procesales, a juicio de este alto tribunal de justicia es procedente denegar la garantía constitucional de amparo de que ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 46 Nos. 5 o 6, 49 No. 7, 63 No. 3 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado VIRGILIO UMANZOR a favor de la sociedad mercantil EMPACADORA DE CAMARONES SANTA INÉS S. de R. L., contra actuaciones de la ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS), a través de LA SUBADMINISTRADORA EN LA ZONA LIBRE EMPACADORA SANTA INÉS. Y MANDA: Que una firme el presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su procedencia y se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0640=2020. Firma y Sello.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Vid. Artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Vid. Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”