Sentencia AA-59-18 — Registro 14676
Resumen
Se interpuso garantía de Amparo contra la resolución dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra la declaratoria de elecciones, contentivas en el Acuerdo núm. 22-2017 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los artículos 1, 2, 3, 4, 64, 80, 82, 90, 94, 239, 321, 324, 374 y 375 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Considerando (9): Que, en definitiva, no se aprecia que la autoridad recurrida haya actuado fuera del marco constitucional al resolver la solicitud de nulidad de la declaratoria de elecciones en el nivel nacional planteada por el recurrente, puesto que esta resolución es congruente con sus atribuciones y competencias específicas acorde al artículo 205 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; resultando taxativa, además, al señalar que el artículo 203 de la ley en referencia solo habilita para impugnar la acción de nulidad sustentada en alguna de las causales establecidas en ley, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan en Derecho; lo cual no fue el caso de la impugnación bajo estudio, la cual tampoco concretó con precisión los hechos en que se funda, ni aportó prueba de ninguna naturaleza para acreditar su pretensión.-Considerando (13): Que los amparistas señalan que la inscripción de la candidatura del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado tuvo que ser anulada de oficio, en tal sentido se sustenta dicho argumento en el artículo 15 numeral 16 de la Ley Electoral, que dice: Anular de oficio o a petición de parte, la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, cuando los inscritos no llenen los requisitos de Ley. En el artículo 138 de la Ley Electoral se establece el procedimiento de sustitución por fallecimiento, renuncia o causa de inhabilidad de un candidato, que procede antes de practicarse la elección para el cual ha sido postulado; en ese sentido, consta la resolución por el cual los miembros colegiados del Tribunal Supremo Electoral razonaron la inscripción del entonces candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, a nivel presidencial a través del Partido Nacional de Honduras; partiendo de la relación mencionada los actores tuvieron de posibilidad de impugnar cualquier causal de supuesta inhabilitación, a través de la vía administrativa que señala la LEOP, en el momento procesal que era pertinente.-Considerando (14): Que la aplicación de la garantía de amparo procede de forma subsidiaria contra un acto especifico que, para legitimarse la competencia de este órgano de justicia constitucional, es necesario acreditar el haber solicitado a la autoridad recurrida que subsanara la supuesta vulneración de los derecho constitucionales invocados, situación que no se acredita por parte de los quejosos, por lo que este Sala de lo Constitucional deniega los otros argumentos planteado sobre la inhabilidades que se señalan a Juan Orlando Hernández Alvarado como candidato a la presidencia de la República.- Considerando (15): Que la tramitación de este amparo, se da con respuesta a los argumentos de fondo planteados por los denunciantes del acto administrativo de índole electoral; teniendo la competencia suficiente la Sala de lo Constitucional de resolver la decisión, si se hubiera demostrado la presencia de la causal de nulidad invocada y el cumplimiento de los requisitos para el análisis de fondo de los otros argumentos planteados; siendo también que el proceso se da en el marco del derecho y oportunidad de ser votado en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución y la Convención Americana Sobre Derecho Humanos.-Considerando (16): Que, por lo anteriormente expuesto y motivado, considera esta Sala de lo Constitucional no resultaría procedente se declare el otorgamiento de lo peticionado; estimándose del caso, se proceda al dictado de denegatoria a la presente garantía de amparo.”
Legislación citada
- Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, art. 138 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, art. 203 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, art. 205 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 5 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
SCO-0059-2018 AAE
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del dos mil veintiuno.-Visto: Para dictar sentencia de la garantía de Amparo interpuesto por el abogado Octavio Pineda Espinoza, a favor del Partido Liberal De Honduras, contra la resolución dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra la declaratoria de elecciones, contentivas en el Acuerdo núm. 22-2017 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los artículos 1, 2, 3, 4, 64, 80, 82, 90, 94, 239, 321, 324, 374 y 375 de la Constitución de la República.-antecedentes.-1) Que en fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Tribunal Supremo Electoral, el abogado Octavio Pineda Espinoza, interponiendo una acción de nulidad contra la declaratoria de elecciones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, por estar fundamentada en vicos graves de nulidad que agravian derechos fundamentales y principios democráticos asumidos por el Estado de Honduras, se recusa al Magistrado Presidente del tribunal por no brindar garantías de imparcialidad en sus actuaciones. (Folios núm. 1 al 24 de la pieza de antecedentes).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la citada Institución, dictó la Resolución núm. IMPUG-361-2017, mediante la cual Resuelve: (SIC) “PRIMERO: Declarase sin lugar la acción de nulidad que antecede interpuesta contra LA DECLARATORIA DE ELECCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, POR ESTAR FUNDAMENTADA EN VICIOS GRAVES DE NULIDAD QUE AGRAVIAN DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS DEMOCRATICOS ASUMIDOS POR EL ESTADO DE HONDURAS, en virtud de su manifiesta improcedencia porque las razones de constitucionalidad que en ella se deducen son competencia de la justicia constitucional y por no configurar las causales de nulidad invocadas a y no probar los extremos de dicha acción. SEGUNDO: La presente Resolución sobre ésta acción de nulidad, agota la vía administrativa y contra ella solo procederá la Acción de Amparo, el cual deberá interponerse en el término de diez (10) días hábiles, para ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”. (Folios núm. 36 al 45 de la pieza de antecedentes).-3) Que el abogado Octavio Pineda Espinoza, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, interponiendo amparo a favor del Partido Liberal De Honduras, contra la Resolución IMPUG- 361-2017 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 2,3, 4, 64, 80, 82, 90, 94, 239, 321, 324, 374 y 375 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho. (Folios núm. 25 de la pieza de amparo).-4) Que en fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada Sagrario Gutiérrez Maldonado, y por emitido su dictamen siendo de la opinión “Que se sobresean las presentes diligencias, en virtud de concurrir la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5); que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción”. (Folios núm. 28 al 30 de la presente garantía).-Fundamentos de Derecho.-Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo núm. 244-2003.-Considerando (2): Que el Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-Considerando (3): Que esta Sala de lo Constitucional conoce del Amparo interpuesto por el abogado Octavio Pineda a favor del Partido Liberal de Honduras, Contra La Resolución núm. IMPUG-361-2017 dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la cual declara, por mayoría de votos de sus miembros, Sin Lugar la Demanda De La Nulidad Parcial De La Declaratoria General De Elecciones Del Año 2017 En El Nivel Electivo Presidencial, que promovieran, en su oportunidad, por representantes del Partido Liberal de Honduras.- Considerando (4): Que el abogado impetrante, en su carácter indicado, señala como notificada la resolución impetrada en fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho; sin ulterior recurso, quedando agotada la vía administrativa y dando curso a la presente garantía constitucional de amparo. Argumenta a favor de su recurso, que tal Resolución proferida por el Tribunal Supremo Electoral, parte del análisis de que el TSE basado en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de fecha 22 de abril de 2015 (SCO-1343-2014 acumulada con SCO-0243-2015), dio curso en forma indebida e improcedente a la ilegal pretensión de reelección presidencial del actual titular de la presidencia de la República; por lo que el Tribunal Supremo Electoral incurrió en vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad al inscribir la precandidatura presidencial en la persona de Juan Orlando Hernández Alvarado, actual presidente de la República; aduciendo el abogado amparista, que tal declaratoria de elecciones nace viciada en su origen a resultas de tan anómala inscripción; lo que da pie a que se rectifique, en sede de justicia constitucional, lo actuado en forma írrita a Derecho, haciendo valer la supremacía de la Constitución de la República y la de sus contenidos irreformables o pétreos.-Considerando (5): Que la solicitud de Nulidad Parcial de la Declaratoria de Elecciones llevadas a cabo el veintiséis de noviembre del año dos mil diecisiete a nivel nacional y en el nivel electivo presidencial, se sustentó en lo establecido en los artículos 1, 4, 37 numerales 1 y 4; 44, 51, 80, 82, 90, párrafo primero, 183, 237, 240, numeral 3), 303, 304, 305, 313, preámbulo y numeral 5), 320, 321 y 375 de la Constitución de la República; así como en los artículos 2, numeral 8), 15, numerales 15) y 16), 98, 115, 117, 119, 186, 190, 200, 202 numeral 1), 203, 204, 205 y 206 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, entre otras norma legales de pertinente aplicación; solicitando, en definitiva, resolver con carácter de urgente, dictando la sentencia correspondiente otorgando el amparo solicitado.-Considerando (6): Que de la vista de Amparo y bajo el panorama expuesto en el acápite anterior, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el instituto político en amparo se dirigen en su solicitud a reiterar hechos y alegaciones que fueron objeto de argumentación ante la instancia electoral administrativa competente, observándose que las mismas fueron resueltas en tiempo y forma por el Tribunal Supremo Electoral; el cual es el órgano competente para tal menester, acorde a las atribuciones que le franquea la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.- Considerando (7): Que no se refleja en los argumentos esgrimidos por el Recurrente que la violación a la normativa constitucional invocada, aun y cuando se trate de hechos desvalorados desde una perspectiva integral del sistema jurídico, propios más bien de un estado de cosas inconstitucional; puedan ser reparables en el momento presente, consumados que fueren tales hechos, por la vía de la garantía jurisdiccional de amparo; tratándose de situaciones y hechos consolidados por el transcurso natural del tiempo, tal y como se ha fundamentado la opinión fiscal. -Considerando (8): Que el dictamen emitido por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución en fecha, ha resultado asertivo en cuanto a no haberse comprobado la falta de fundamentación y motivación en el acto recurrido que se reclama por la garantista; sino que, por el contrario, la satisfacción de los requisitos y formalidades que la ley señala para garantizar la efectividad del derecho, la cual estaría fundada en norma legal aplicable, como es, en el presente caso, el artículo 202 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, contentivos de las Causas de Nulidad de las Elecciones.-Considerando (9): Que, en definitiva, no se aprecia que la autoridad recurrida haya actuado fuera del marco constitucional al resolver la solicitud de nulidad de la declaratoria de elecciones en el nivel nacional planteada por el recurrente, puesto que esta resolución es congruente con sus atribuciones y competencias específicas acorde al artículo 205 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; resultando taxativa, además, al señalar que el artículo 203 de la ley en referencia solo habilita para impugnar la acción de nulidad sustentada en alguna de las causales establecidas en ley, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan en Derecho; lo cual no fue el caso de la impugnación bajo estudio, la cual tampoco concretó con precisión los hechos en que se funda, ni aportó prueba de ninguna naturaleza para acreditar su pretensión.-Considerando (10): Que, el quejoso manifiesta que la elección presidencial arrastra una serie de actos inválidos e insubsanables, para las posteriores consecuencias que se derivaron en la inscripción de Juan Orlando Hernández Alvarado, como precandidato a la presidencia de la República dentro del proceso primario del Partido Nacional de Honduras, donde fue electo y participó en las elecciones generales, acto que fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral, y celebradas las elecciones, contra las cuales se presente un recurso de nulidad con los resultados, que es impugnado en esta sede de Amparo.-Considerando (11): Que Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) señala en el Capítulo VII la Nulidad de las elecciones y sus efectos, pudiéndose presentar a nivel de una mesa electoral receptora, municipal, departamental o a nivel nacional, impugnándose los resultados del escrutinio en los tres niveles electivos (art. 199 LEOP). Con respecto a los efectos de la nulidad, se establece que la misma solo podrá ser decretada por el Tribunal Supremo Electoral, afectando la votación o elección que fue denuncia en nulidad (art. 200 LEOP). En el artículo 202 se establecen las causas de nulidad de las elecciones, invocándose por el actor la causal establecida en el numeral primero de dicha acción, que reza: 1. Si se llevaron a cabo sin convocatoria legal. En ese sentido la Ley Electoral establece en el artículo 9 que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral todo lo relacionado con los actos y procedimiento electoral; legalmente se establecen sus atribuciones (art. 15 LEOP), entre las cuales está la organización, dirección, administración y vigilancia de los procesos electorales; convocar a elecciones; aprobar los cronogramas electorales; entre otros. La Ley establece las condiciones por las cuales El Tribunal Supremo Electoral convoca a los ciudadanos a elecciones generales (art. 160 LEOP).-Considerando (12): Que lo denunciado como causal de nulidad de proceso electoral denuncia, no tiene recibo en amparo, puesto que no se acredita la presencia de la causal de nulidad de falta de convocatoria legal, dado que la misma se realizó en tiempo y por el órgano competente para ello, que era el Tribunal Supremo Electoral. Por lo que sobre esa argumentación se deniega el amparo.-Considerando (13): Que los amparistas señalan que la inscripción de la candidatura del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado tuvo que ser anulada de oficio, en tal sentido se sustenta dicho argumento en el artículo 15 numeral 16 de la Ley Electoral, que dice: Anular de oficio o a petición de parte, la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, cuando los inscritos no llenen los requisitos de Ley. En el artículo 138 de la Ley Electoral se establece el procedimiento de sustitución por fallecimiento, renuncia o causa de inhabilidad de un candidato, que procede antes de practicarse la elección para el cual ha sido postulado; en ese sentido, consta la resolución por el cual los miembros colegiados del Tribunal Supremo Electoral razonaron la inscripción del entonces candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, a nivel presidencial a través del Partido Nacional de Honduras; partiendo de la relación mencionada los actores tuvieron de posibilidad de impugnar cualquier causal de supuesta inhabilitación, a través de la vía administrativa que señala la LEOP, en el momento procesal que era pertinente.-Considerando (14): Que la aplicación de la garantía de amparo procede de forma subsidiaria contra un acto especifico que, para legitimarse la competencia de este órgano de justicia constitucional, es necesario acreditar el haber solicitado a la autoridad recurrida que subsanara la supuesta vulneración de los derecho constitucionales invocados, situación que no se acredita por parte de los quejosos, por lo que este Sala de lo Constitucional deniega los otros argumentos planteado sobre la inhabilidades que se señalan a Juan Orlando Hernández Alvarado como candidato a la presidencia de la República.- Considerando (15): Que la tramitación de este amparo, se da con respuesta a los argumentos de fondo planteados por los denunciantes del acto administrativo de índole electoral; teniendo la competencia suficiente la Sala de lo Constitucional de resolver la decisión, si se hubiera demostrado la presencia de la causal de nulidad invocada y el cumplimiento de los requisitos para el análisis de fondo de los otros argumentos planteados; siendo también que el proceso se da en el marco del derecho y oportunidad de ser votado en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución y la Convención Americana Sobre Derecho Humanos.-Considerando (16): Que, por lo anteriormente expuesto y motivado, considera esta Sala de lo Constitucional no resultaría procedente se declare el otorgamiento de lo peticionado; estimándose del caso, se proceda al dictado de denegatoria a la presente garantía de amparo.- Por Tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 44, 45, 47, 48, 51, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 46 No.5 y párrafo último y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, falla: denegar la garantía de amparo, interpuestas por el abogado Octavio Pineda Espinoza, contra la resolución No IMPUG-361-2017, dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, y manda: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los fines legales consiguientes. Notifíquese.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021), recaída en el Amparo Administrativo (Electoral), registrado en este Tribunal bajo el número 0059-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL