Sentencia AA-55-18 — Registro 15003
Resumen
Se interpuso garantía de amparo interpuesto contra la Resolución No IMPUG-353-2017 dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declara sin lugar la demanda de la nulidad parcial de la declaratoria de elecciones llevadas a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, promovida por los actuales recurrentes. Estimando el actor que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio sus representados, los siguientes derechos fundamentales: 1) El de elegir y ser electo; 2) el de defensa; y 3) el de debido proceso, contenido en los artículos 37, 82 y 90, párrafo primero, de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO (2): Que tal y como quedó establecido en el considerando 16 de la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno emitida por esta Sala, se considera que el presente recurso de amparo se subsume en la causal de sobreseimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 numeral 1, al no haber demostrado por parte del amparo en su argumentación y motivos, la procedencia de los presupuestos procesales para que proceda alguna de las razones para establecer la nulidad de las elecciones en el nivel impugnado."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de abril del dos mil veintiuno.-Visto: Para dictar sentencia en la garantía de amparo interpuesto por el abogado Rene Adán Tome Rosales a favor de los señores Melvin Evenor Lopez Herrera, Jose Daniel Barahona, Jorge Yllescas Oliva, Olban Francisco Valladares Ordoñez, Luis Alfonso Maldonado Gáleas, Reina Auxiliadora Rivera Joya, Virginia Aurora Figueroa Girón, Dagoberto Espinoza Murra, Efraín Aníbal Diaz Arrivillaga, contra la Resolución No IMPUG-353-2017 dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que declara sin lugar la demanda de la nulidad parcial de la declaratoria de elecciones llevadas a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, promovida por los actuales recurrentes. Estimando el actor que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio sus representados, los siguientes derechos fundamentales: 1) El de elegir y ser electo; 2) el de defensa; y 3) el de debido proceso, contenido en los artículos 37, 82 y 90, párrafo primero, de la Constitución de la República.-Antecedentes.-1) Que en fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, comparecieron ante el Tribunal Supremo Electoral (TS), los señores Melvin Evenor Lopez Herrera, Jose Daniel Barahona, Jorge Yllescas Oliva, Olban Francisco Valladares Ordoñez, Luis Alfonso Maldonado Gáleas, Reina Auxiliadora Rivera Joya, Virginia Aurora Figueroa Girón, Dagoberto Espinoza Murra, Efraín Aníbal Diaz Arrivillaga, en su condición personal, interponiendo nulidad parcial de la declaratoria de las elecciones llevadas a cabo el 26 de noviembre de 2017, con relación a la indebida declaración de presidente electo recaída ilegalmente en la persona de Juan Orlando Hernández Alvarado, por tratarse de elecciones llevadas a cabo sin la debida convocatoria legal vinculada a inobservancias insubsanables en la etapa primaria del proceso. (Folios No 1 al 32 de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la citada Institución, dictó la Resolución IMPUG No 353 -2017 mediante la cual Resuelve: “PRIMERO: Declararse sin lugar la DEMANDA LA NULIDAD PARCIAL DE LA DECLARATORIA DE LAS ELECCIONES LLEVADAS A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017, CON RELACION A LA INDEBIDA DECLARACION DE PRESIDENTE ELECTO RECAIDA ILEGALMENTE EN LA PERSONA JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, POR TENERSE POR TRATARSE DE ELECCIONES LLEVADAS A CABO SIN LA DEBIDA CONVOCATORIA LEGAL VINCULADA A INOBSERVANCIAS INSUBSANABLES EN LA ETAPA PRIMARIA DEL PROCESO ELECTORAL Y QUE SE MANTIENEN EN ESTE ESTADO A LO LARGO DEL PROCESO INCLUSIVE HASTA EN LA DECLARATORIA DE ELECCIONES GENERALES, que antecede en virtud de su manifiesta improcedencia por que las razones de constitucionalidad que en ella se deducen son competencia de la Justicia Constitucional, por no configurar las causales de nulidad invocadas y no probar los extremos de dicha acción SEGUNDO: La presente resolución sobre esta acción de nulidad agota la vía administrativa y contra ella solo procederá la acción de amparo el cual deberá interponerse en el término de diez (10) días hábiles, para ante la Honorable Corte Suprema de Justicia.-.…”. (Folios No 64 al 71 de la Pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, compareció ante esta Tribunal el señor Rene Adán Tome Rosales, actuando en representación de los ciudadanos Melvin Evenor Lopez Herrera, Jose Daniel Barahona, Jorge Yllescas Oliva, Olban Francisco Valladares Ordoñez, Luis Alfonso Maldonado Gáleas, Reina Auxiliadora Rivera Joya, Virginia Aurora Figueroa Girón, Dagoberto Espinoza Murra, Efraín Aníbal Diaz Arrivillaga, contra la Resolución de impugnación No 353-2017, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, que se deja relacionada en el numeral anterior. Téngase por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha seis de junio de dos mil dieciocho. (Folios No 1 al 40 y 48 de la presente Garantía).-4) Que en fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada Yulibeth Garay, y por emitido su dictamen siendo del parecer: “Que se Sobresean las presentes diligencias…”; en virtud de apreciarse jurídicamente que en fecha 9 de junio de 2017, el Tribunal Supremo Electoral adoptó la resolución número 153-2017 mediante la cual se inscribió la candidatura del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional de Honduras para las Elecciones Generales celebradas en fecha 26 de noviembre de 2017; efectuándose la respectiva Declaratoria de las Elecciones Generales de 2017, mediante el Acuerdo Número 22-2017, publicado en fecha 18 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial La Gaceta número 34, 520, en donde se declara oficialmente al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, como Presidente Electo para el periodo constitucional 2018-2022; habiendo tomado en consecuencia de dicha Declaratoria que lo proclamaba ganador de las Elecciones Generales, posesión de su cargo como Presidente Constitucional de la República de Honduras a partir del 27 de enero de 2018, de acuerdo a las respectivas declaratorias que hizo el Tribunal Supremo Electoral conforme a sus facultades legales; por lo que en consecuencia, se aprecia la causal prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 5) contra los actos consumados de modo irreparable; que refiere acerca de la inadmisibilidad de la acción. (Folios No 171 al 175 de la presente Garantía).-Fundamentos de Derecho.-Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo núm. 244-2003.-Considerando (2): Que el Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-Considerando (3): Que esta Sala de lo Constitucional conoce del Amparo interpuesto en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, por el abogado Rene Adán Tome Rosales a favor de los señores Melvin Evenor López Herrera, Jose Daniel Barahona, Jorge Yllescas Oliva, Olban Francisco Valladares Ordoñez, Luis Alfonso Maldonado Gáleas, Reina Auxiliadora Rivera Joya, Virginia Aurora Figueroa Girón, Dagoberto Espinoza Murra, Efraín Aníbal Diaz Arrivillaga, Contra La Resolución núm. IMPUG-353-2017 dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la cual declara, por mayoría de votos de sus miembros, Sin Lugar la Demanda De La Nulidad Parcial De La Declaratoria General De Elecciones Del Año 2017 En El Nivel Electivo Presidencial, que promovieran, en su oportunidad, por los ciudadanos agraviados cuyo nombre consta en el preámbulo de la presente sentencia. La cual motiva el Colegiado Electoral, con la adición del voto razonado del magistrado Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete; en virtud de la manifiesta improcedencia de lo demandando, porque las razones de constitucionalidad que en ella se deducen son competencia de la justicia constitucional, por no configurar las causales de nulidad invocadas y por no probar los extremos de dicha acción.-Considerando (4): Que el abogado impetrante, en su carácter indicado, señala como notificada la resolución impetrada en fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho; sin ulterior recurso, quedando agotada la vía administrativa y dando curso a la presente garantía constitucional de amparo. Argumenta a favor de su recurso, que tal Resolución proferida por el Tribunal Supremo Electoral, toma como punto de partida una resolución a su criterio contraria a derecho, como es la sentencia de la Sala de lo Constitucional de fecha 22 de abril de 2015 (SCO-1343-2014 acumulada con SCO-0243-2015), la cual ha dado curso en forma indebida e improcedente a la ilegal pretensión de reelección presidencial del actual titular de la primera magistratura del Estado; recurso que jamás debió haberse emitido a la luz de lo establecido en el artículo 76 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC), empleando subterfugios como su declaratoria de “inaplicabilidad”, en lugar de inconstitucionalidad, como sería lo procedente; de no invertir el orden lógico jerarquizado de las normas, haciendo incidir la preceptiva del Código Penal, por sobre la Norma Fundamental de la República y más aún, sobre artículos constitucionales irreformables o de contenido pétreo, atinentes a la forma de gobierno, entre ellos el que prohíbe la reelección presidencial; de lo cual se infiere la prohibición constitucional a la reelección continúa firme y que el Tribunal Supremo Electoral incurrió en vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad al inscribir la precandidatura presidencial en la persona de Juan Orlando Hernández Alvarado, actual presidente de la República; aduciendo el abogado amparista, que tal declaratoria de elecciones nace viciada en su origen a resultas de tan anómala inscripción; lo que da pie a que se rectifique, en sede de justicia constitucional, lo actuado en forma írrita a Derecho, haciendo valer la supremacía de la Constitución de la República y la de sus contenidos irreformables o pétreos.-Considerando (5): Que continúa exponiendo el amparista, una síntesis de los hechos y antecedentes que motivan la solicitud, reiterando los motivos ya formulados en la garantía de Nulidad Parcial de la Declaratoria de Elecciones llevadas a cabo el veintiséis de noviembre del año dos mil diecisiete a nivel nacional y en el nivel electivo presidencial; la cual se sustentó en lo establecido en los artículos 1, 4, 37 numerales 1 y 4; 44, 51, 80, 82, 90, párrafo primero, 183, 237, 240, numeral 3), 303, 304, 305, 313, preámbulo y numeral 5), 320, 321 y 375 de la Constitución de la República; así como en los artículos 2, numeral 8), 15, numerales 15) y 16), 98, 115, 117, 119, 186, 190, 200, 202 numeral 1), 203, 204, 205 y 206 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, entre otras norma legales de pertinente aplicación; solicitando, en definitiva, resolver con carácter de urgente, dictando la sentencia correspondiente otorgando el amparo solicitado.-Considerando (6): Que de la vista de Amparo y bajo el panorama expuesto en el acápite anterior, esta Sala encuentra que los ciudadanos amparistas se dirigen en su solicitud a reiterar hechos y alegaciones que fueron objeto de argumentación ante la instancia electoral administrativa competente, observándose que las mismas fueron resueltas en tiempo y forma por el Tribunal Supremo Electoral; el cual es el órgano competente para tal menester, acorde a las atribuciones que le franquea la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.-Considerando (7): Que no se refleja en los argumentos esgrimidos por el Recurrente que la violación a la normativa constitucional invocada, aun y cuando se trate de hechos desvalorados desde una perspectiva integral del sistema jurídico, propios más bien de un estado de cosas inconstitucional; puedan ser reparables en el momento presente, consumados que fueren tales hechos, por la vía de la garantía jurisdiccional de amparo; tratándose de situaciones y hechos consolidados por el transcurso natural del tiempo, tal y como se ha fundamentado la opinión fiscal.- Considerando (8): Que el dictamen emitido por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución en fecha, ha resultado asertivo en cuanto a no haberse comprobado la falta de fundamentación y motivación en el acto recurrido que se reclama por la garantista; sino que, por el contrario, la satisfacción de los requisitos y formalidades que la ley señala para garantizar la efectividad del derecho, la cual estaría fundada en norma legal aplicable, como es, en el presente caso, el artículo 202 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, contentivos de las Causas de Nulidad de las Elecciones.-Considerando (9): Que, en definitiva, no se aprecia que la autoridad recurrida haya actuado fuera del marco constitucional al resolver la solicitud de nulidad de la declaratoria de elecciones en el nivel nacional planteada por el recurrente, puesto que esta resolución es congruente con sus atribuciones y competencias específicas acorde al artículo 205 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; resultando taxativa, además, al señalar que el artículo 203 de la ley en referencia solo habilita para impugnar la acción de nulidad sustentada en alguna de las causales establecidas en ley, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan en Derecho; lo cual no fue el caso de la impugnación bajo estudio, la cual tampoco concretó con precisión los hechos en que se funda, ni aportó prueba de ninguna naturaleza para acreditar su pretensión.-Considerando (10): Que, el quejoso manifiesta que la elección presidencial arrastra una serie de actos inválidos e insubsanables, para las posteriores consecuencias que se derivaron en la inscripción de Juan Orlando Hernández Alvarado, como precandidato a la presidencia de la República dentro del proceso primario del Partido Nacional de Honduras, donde fue electo y participó en las elecciones generales, acto que fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral, y celebradas las elecciones, contra las cuales se presente un recurso de nulidad con los resultados, que es impugnado en esta sede de Amparo.- Considerando (11): Que Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) señala en el Capítulo VII la Nulidad de las elecciones y sus efectos, pudiéndose presentar a nivel de una mesa electoral receptora, municipal, departamental o a nivel nacional, impugnándose los resultados del escrutinio en los tres niveles electivos (art. 199 LEOP). Con respecto a los efectos de la nulidad, se establece que la misma solo podrá ser decretada por el Tribunal Supremo Electoral, afectando la votación o elección que fue denuncia en nulidad (art. 200 LEOP). En el artículo 202 se establecen las causas de nulidad de las elecciones, invocándose por el actor la causal establecida en el numeral primero de dicha acción, que reza: 1. Si se llevaron a cabo sin convocatoria legal. En ese sentido la Ley Electoral establece en el artículo 9 que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral todo lo relacionado con los actos y procedimiento electoral; legalmente se establecen sus atribuciones (art. 15 LEOP), entre las cuales está la organización, dirección, administración y vigilancia de los procesos electorales; convocar a elecciones; aprobar los cronogramas electorales; entre otros. La Ley establece las condiciones por las cuales El Tribunal Supremo Electoral convoca a los ciudadanos a elecciones generales (art. 160 LEOP).-Considerando (12): Que lo denunciado como causal de nulidad de proceso electoral denuncia, no tiene recibo en amparo, puesto que no se acredita la presencia de la causal de nulidad de falta de convocatoria legal, dado que la misma se realizó en tiempo y por el órgano competente para ello, que era el Tribunal Supremo Electoral. Por lo que sobre esa argumentación se deniega el amparo.-Considerando (13): Que los amparistas señalan que la inscripción de la candidatura del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado tuvo que ser anulada de oficio, en tal sentido se sustenta dicho argumento en el artículo 15 numeral 16 de la Ley Electoral, que dice: Anular de oficio o a petición de parte, la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, cuando los inscritos no llenen los requisitos de Ley. En el artículo 138 de la Ley Electoral se establece el procedimiento de sustitución por fallecimiento, renuncia o causa de inhabilidad de un candidato, que procede antes de practicarse la elección para el cual ha sido postulado; en ese sentido, consta la resolución por el cual los miembros colegiados del Tribunal Supremo Electoral razonaron la inscripción del entonces candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, a nivel presidencial a través del Partido Nacional de Honduras; partiendo de la relación mencionada los actores tuvieron de posibilidad de impugnar cualquier causal de supuesta inhabilitación, a través de la vía administrativa que señala la LEOP, en el momento procesal que era pertinente.-Considerando (14): Que la aplicación de la garantía de amparo procede de forma subsidiaria contra un acto especifico que, para legitimarse la competencia de este órgano de justicia constitucional, es necesario acreditar el haber solicitado a la autoridad recurrida que subsanara la supuesta vulneración de los derecho constitucionales invocados, situación que no se acredita por parte de los quejosos, por lo que este Sala de lo Constitucional deniega los otros argumentos planteado sobre la inhabilidades que se señalan a Juan Orlando Hernández Alvarado como candidato a la presidencia de la República.-Considerando (15): Que la tramitación de este amparo, se observan los argumentos planteados por el denunciante del acto administrativo de índole electoral; teniendo la competencia suficiente la Sala de lo Constitucional de resolver la decisión, si se hubiera demostrado la presencia de la causal de nulidad invocada y el cumplimiento de los requisitos para el análisis de fondo de los otros argumentos planteados; siendo también que el proceso se da en el marco del derecho y oportunidad de ser votado en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución y la Convención Americana Sobre Derecho Humanos.- Considerando (16): Que, por lo anteriormente expuesto y motivado, considera esta Sala de lo Constitucional resulta procedente se declare el sobreseimiento la presente garantía de amparo, en vista de que el recurrente se limita a realizar alegatos de mera legalidad establecida en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que el sistema de nulidad establecidas en la Ley de caso son una lista de cláusulas cerradas y determinadas, no habiendo demostrado por ´parte del amparo en su argumentación y motivos planteado la procedencia de los presupuestos procesales para la procedencia de alguna de las razones para establecer la nulidad de las elecciones en el nivel impugnado.- Por Tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 44, 45, 47, 48, 51, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1 y párrafo último y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, falla: sobreseer la garantía de amparo, por presentarse la causal de inadmisión de mera legalidad, en vista que el recurrente no acredita la concurrencia de alguna causal de nulidad establecida en la Ley Electoral, acción interpuesta por el abogado Rene Adán Tome Rosales, contra la resolución No IMPUG-353-2017, dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, y manda: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los fines legales consiguientes. Notifíquese.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RENE ADAN TOME ROSALES, a favor de los señores MELVIN EVENOR LOPEZ HERRERA, JOSE DANIEL BARAHONA, JORGE YLLESCAS OLIVA, OLBAN FRANCISCO VALLADARES ORDOÑEZ, LUIS ALFONSO MALDONADO GALEAS, REINA AUXILIADORA RIVERA JOYA, VIRGINIA AURORA FIGUEROA GIRON, DAGOBERTO ESPINOZA MURRA, EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno, que falla SOBRESEYENDO la acción de AMPARO interpuesta por el recurrente, contra la resolución de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declara sin lugar la demanda de nulidad parcial de la declaratoria de elecciones llevada a cabo el veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete.-CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado RENE ADAN TOME ROSALES, en fecha siete de febrero del año dos mil veintidós, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia antes referida que emitiera éste Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico de la Sala, argumentando entre otras cosas, que en el recurso no se ha teorizado lo que la Constitución de la República y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas disponen en cuanto a la elección de presidente de la República. En consecuencia, la pretensión del recurrente no es de recibo, ya que los argumentos con los que comparece en el presente recurso de reposición que hoy intenta, ya han sido analizados por esta Sala y se ha dado respuesta en el fallo de fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno, siendo el contexto de dicha sentencia claro y razonando de acuerdo al estudio de los antecedentes y el fallo recurrido.-CONSIDERANDO (2): Que tal y como quedó establecido en el considerando 16 de la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno emitida por esta Sala, se considera que el presente recurso de amparo se subsume en la causal de sobreseimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 numeral 1, al no haber demostrado por parte del amparo en su argumentación y motivos, la procedencia de los presupuestos procesales para que proceda alguna de las razones para establecer la nulidad de las elecciones en el nivel impugnado.-CONSIDERANDO (3): Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que está instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, siendo la finalidad del mismo garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible.- CONSIDERANDO (4): Que analizado el escrito de interposición del recurso de reposición se aprecia que la resolución dictada por esta Sala en fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno se encuentra apegada a derecho; y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no se ha demostrado por la parte recurrente argumentos suficientes para la procedencia del mismo, en consecuencia, es pertinente declarar sin lugar el presente recurso de reposición.-CONSIDERANDO (5): En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 41, 120 párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado RENE ADAN TOME ROSALES, a favor de los señores MELVIN EVENOR LOPEZ HERRERA, JOSE DANIEL BARAHONA, JORGE YLLESCAS OLIVA, OLBAN FRANCISCO VALLADARES ORDOÑEZ, LUIS ALFONSO MALDONADO GALEAS, REINA AUXILIADORA RIVERA JOYA, VIRGINIA AURORA FIGUEROA GIRON, DAGOBERTO ESPINOZA MURRA, EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021) y Resolución de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022), recaídas en el Amparo Administrativo (Electoral), registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0055-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL