Sentencia AA-549-20 — Registro 13856
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra actuaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por la omisión por parte de la Autoridad Recurrida, al no emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de reconocimiento como nuevo titular de los derechos y obligaciones contenidas en el contrato no. 13/2008.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que conforme con lo establecido por el Articulo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. La ley estipula que tales aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia. CONSIDERANDO: Que dada la importancia de que reviste la sentencia, es preciso para esta Sala de lo Constitucional que se debe de entender que los considerandos seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece relacionados en la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, emitida por esta Honorable Sala de lo constitucional, están concatenados entre sí, y al unísono establecen, que en el caso concreto, se violentó el debido proceso, en virtud de la inactividad material administrativa derivada de la omisión del cumplimiento de una obligación jurídica preestablecida, como ocurrió en el caso objeto de estudio, por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tal y como fue puesto de manifiesto en los considerandos antes relacionados, de los cuales, se advierte, la violación de los derechos fundamentales que fueron expuestos en el recurso de amparo impetrado, por tanto, forman parte integra de la sentencia, tal y como lo dispone el artículo 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dictado en la sentencia cuya aclaración se solicita se debe entender que los pronunciamientos relacionados en cada uno de los considerandos de la sentencia de amparo, están intrínsecamente ligados con lo resuelto en su parte dispositiva y en consecuencia sus alcances y efectos que derivan de los mismos son de obligatorio cumplimiento, al no estar limitados a la petición original por lo que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), deviene en la obligación de resolver la petición planteada en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, para la consecuente ejecución del contrato número 013/2008 aprobado mediante decreto legislativo número 159-2008, lo cual, constituye una obligatoriedad según lo dispone el artículo 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen : “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL .Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil veintiuno . VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ERLING JEAN CARLO MORALES FONSECA, a favor de la sociedad mercantil PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, contra actuaciones de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por la omisión por parte de la Autoridad Recurrida, al no emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de reconocimiento como nuevo titular de los derechos y obligaciones contenidas en el contrato no. 13/2008, a la sociedad mercantil POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V.; todo esto, con relación a la Solicitud de Acreditación de Titularidad, Cesión de Derechos y Modificación de Contrato promovido por los señores RICARDO PELAYO Y PERCY ARMANDO BUCK MENDOZA, en representación de las sociedades mercantiles ATLANTIC INTERNACIONAL BANK LIMITED Y POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., a efecto de que la sociedad mercantil POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., se subrogue en la condición de vendedor previamente asumida por la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V., para la ejecución del contrato de suministros de energía eléctrica suscritos entre la EMPRESEA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) y la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los artículos 80, 90, 94 y 103 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que el abogado ERLING JEAN CARLO MORALES FONSECA, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, contra actuaciones de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por la omisión de no emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de fecha quince (15) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la que se pretendía que la Autoridad Recurrida, reconozca como nuevo titular de los derechos y obligaciones contenidas en el contrato no. 13/2008, a la sociedad mercantil POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V.; todo, con relación a la Solicitud de Acreditación de Titularidad, Cesión de Derechos y Modificación de Contrato promovido por los señores RICARDO PELAYO Y PERCY ARMANDO BBUCK MENDOZA, en representación de las sociedades mercantiles ATLANTIC INTERNACIONAL BANK LIMITED Y POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., a efecto de que la sociedad mercantil POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., se subrogue en la condición de vendedor previamente asumida por la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V., para la ejecución del contrato de suministros de energía eléctrica suscritos entre la EMPRESEA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) y la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos consignados en los artículos 80, 90, 94 y 103 de la Constitución de la República.. (Folios 1–168 del presente Recurso) 2) Que en fecha treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020), de admitió el presente Recurso de Amparo, con suspensión del acto reclamado y bajo responsabilidad del recurrente, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe, para que dentro del término de un (1) día hábil, remitan los antecedentes del caso, o un informe circunstanciado del mismo. (Folios 169 y 169v del presente Recurso) 3) Que en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a la Autoridad Recurrida, en el cual se establece como Conclusión: (SIC) “1. La ENEE no ha podido pronunciarse sobre la solicitud planteada el 15 de octubre del 2018, mediante la cual se pretende que la ENEE reconozca como nueva titular del contrato N.º 13/2018 a la sociedad POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., debido a dos circunstancias: a) El 10 de enero de 2020 se publicó en La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-067-2019, mediante el que se nombró a la Comisión Interventora de la ENEE, la cual sustituyó a la Gerencia y a la Junta Directiva de la ENEE. El nombramiento de la Comisión Interventora ralentizó el trámite de todos los procedimientos administrativos de la ENEE, debido a que están siendo sometidos a auditoría con el fin de establecer si se encuentran acorde con la ley y benefician a la empresa, y b) La emisión de los dictámenes técnicos, financieros y legales necesarios para pronunciarse sobre la solicitud planteada el 15 de octubre del 2018, mediante la cual se pretende que la ENEE reconozca como nueva titular el contrato N.º 13/2018 a la sociedad POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., se ha ralentizado debido al estado de emergencia sanitaria establecido mediante el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020, publicado en La Gaceta el 10 de febrero de 2020, el cual constituye una circunstancia de caso fortuito según nuestra legislación. Además, también ha impedido el pronunciamiento la declaración de inhabilidad de todos los días calendario mientras dure la emergencia originada por la pandemia de covid-19, ordenada mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo 33-2020, publicado en La Gaceta el 3 de abril del 2020.” (Folio 178–187 del presente Recurso) 4) Que en fecha once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 194 del presente Recurso) 5) Que en fecha quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público es del parecer que SE SOBRESEA la presente Acción de Amparo, al advertirse la causal de inadmisible contenida en el numeral 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” (Folios 201–206 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía constitucional de amparo promovida por el Abogado el abogado ERLING JEAN CARLO MORALES FONSECA, a favor de la sociedad mercantil PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, contra la falta de actuaciones de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por el silencio administrativo por parte de la autoridad recurrida, al no emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de reconocimiento como nuevo titular de los derechos y obligaciones contenidas en el contrato no. 13/2008, a la sociedad mercantil POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., quien acredita la cesión de derechos formalizada mediante instrumento público número doce de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, inscrito bajo matricula número 727327 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colon, lo que el recurrente considera violatorio de los artículos constitucionales 80, 90 y 103. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante señala, que al violenarse el derecho de peticion de su representada, tambien se le violenta el derecho de petición, debido proceso, principio de legalidad y derecho a la propiedad privada, ya que la omision de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTTRICA (ENEE) en pronunciarse sobre la pretensión formulada en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, por los señores RICARDO PELAYO, en su condición de representante legal de la Sociedad denominada ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED, y PERCY ARMANDO BUCK MENDOZA, en representación de la Sociedad denominada POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V. la que se resume a:) “ACREDITAR TITULARIDAD DE DERECHOS.- CESION DE DERECHOS.- SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE CONTRATO…” omisión que permitió que el titular de la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A DE C.V.” conjuntamente con el liquidador de la Sociedad ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED, ejecutaran actuaciones contractuales tendientes a enervar el proceso de ejecución del contrato, consistentes en: a.) Compraventa celebrada mediante Instrumento Publico número cuatro (4) de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, entre el señor Julián Audwin Murillo, en representación de ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED, a favor de la sociedad ENERGÍA Y MERCADO DEL ISTMO S.A. DE C.V. (EMISA), por un monto de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L8,750,000.00), cuya presentación de dicho instrumento se registró con el número 1965062 ante el Registro de la Propiedad de Trujillo, Colón. b.) Traspaso de noventa y siete mil seiscientos treinta y siete (97,637) acciones por parte del señor Julian Audwin Murillo, en su condición de liquidador de ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED, a favor de la Sociedad Mercantil denominada la sociedad ENERGÍA Y MERCADO DEL ISTMO S.A. DE C.V. (EMISA). c.) Traspaso del Contrato número 013/2018 aprobado por el Congreso Nacional de la Republica, a favor de EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A DE C.V.” CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos de la Administración Pública en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben sujetarse a los principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia, racionalización, coordinación y simplificación, lo que conlleva la obligacióno deber de pronunciarse expresamente (manifestación expresa de la voluntad), cuando se le ha presentado un reclamo, consulta, petición, queja o recurso por parte de un administrado (particular) o, por qué no, en razón de las relaciones internas que determinan su correcto y debido actuar. Siendo eesto lo regular, lo ordinario y debido. Obligación que en nuestro medio es de orden Fundamental, al estar tutelada por el texto del artículo 80 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, los señores RICARDO PELAYO, en su condición de representante legal de la Sociedad denominada ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED, y PERCY ARMANDO BUCK MENDOZA, en representación de la Sociedad denominada POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V. presentaron solicitud encaminada a: “ACREDITAR TITULARIDAD DE DERECHOS.- CESION DE DERECHOS.- SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE CONTRATO…” a efecto de que la Sociedad denominada POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V. se subrogue en la condición de vendedor previamente asumida por la Sociedad COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A. DE C.V. para la ejecución del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS S.A DE C.V. “ suscrito en fecha veintiocho de febrero del año dos mil ocho, en virtud de que la Sociedad denominada ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED, es una entidad financiera y no una empresa con las calificaciones necesarias para ejecutar proyectos de generación de energía como el relacionado en el Contrato número 13-2008, sin que a la fecha los peticionarios, hayan obtenido un acto administrativo final, conducta que no es dable, ya que la administración, una vez recibida la petición de mérito, devenía en la obligación de emitir un pronunciamiento, que pusiese arribaren un acto administrativo conclusivo del procedimiento administrativo, ya sea, otorgando o reconociendo derechos subjetivos o intereses legítimos -situaciones jurídicas sustanciales- (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones. CONSIDERANDO SIETE (7): En este orden de ideas, es claro que ante la existencia de la notificación de fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, contraída a solicitar el reconocimiento como nuevo titular de los derechos y obligaciones contenidas en el Contrato No 13/2008 a la Sociedad POWER SOURCE HONDURAS, S.A. de C.V. y responsable de la construcción, operación, financiamiento y puesta en funcionamiento del proyecto contenido en dicho contrato, y aprobar la modificación al Contrato No 13/2008, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, devenía en la obligación de darle curso a tal petición, dado que tal circunstancia, es dable, dado, que al tenor literal de la cláusula 20.6 del contrato antes señalado,“…el VENDEDOR podrá gravar o ceder los derechos que le otorga el presente contrato en beneficio de cualquier financista que ha dado los recursos que amparan este Contrato, informando por escrito previamente al COMPRADOR…”, como ocurre en el caso concreto, donde ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED y PORTENTO ENERGY CORPORATION LTD, acordaron que este último asumiría la responsabilidad de pagar la deuda de la Sociedad de las garantías y consecuentemente desarrollaría el proyecto a que se refiere el contrato antes indicado, por lo que, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, sin más trámite,debió resolver la petición de fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, debiendo para tal efecto, tener por subrogada la condición de vendedor, en la Sociedad Mercantil denominada POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., para la consecuente ejecución del contrato número 013 / 2008 aprobado medianteDecreto Legislativo número 159-2008. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recursos judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. Tomado del Libro Convencion Americana Sobre Derechos Humanos comentarios Fundacion Konrad adenauer “La efectividad del recurso judicial.- El articulo 25 de la Convención Americana consagra el deber estatal de proveer recursos internos eficaces, incorporando “el principio de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar (los) derechos, de manera que, conforme ha sido señalado, no basta que el recurso este previsto formalmente, sino que debe ser “capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, dando respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes, lo cual no implica evaluar dicha efectividad en unción a una eventual resolución favorable a los intereses de la víctima. Todo ello es exigible de un recurso no solo en situaciones de normalidad, sino también en circunstancias excepcionales. Concretamente, cuando la Corte ha evaluado la efectividad de los recursos incoados en la jurisdicción contencioso administrativa, ha indicado que se debe observar si las decisiones han contribuido efectivamente a poner fin a una situación violatoria de derechos; a asegurar la no repetición de los actos lesivos, y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Convención. Además, con relación a la efectividad, el Tribunal ha resaltado que la obligación del articulo 25 supone que el recurso sea “adecuado”, lo cual significa que la función de este dentro del sistema del derecho interno debe ser “idónea” para proteger la situación jurídica infringida o para combatir la violación de que se trate. Así, por ejemplo, un procedimiento de orden civil como la presunción de muerte por desaparición, cuya función es, inter alia, que los herederos puedan disponer de los bienes del desapareció no es adecuado para hallar a la persona ni para lograr su liberación si esta detenida y, por ende, tampoco es efectivo para dichos fines. Consecuentemente, es posible observar en la jurisprudencia de la corte que, previamente a la verificación de la eficacia de un recurso, el tribunal ha analizado si el mismo fue adecuado. En sentido contrario, la Corte también ha estimado que, si bien un recurso pudo ser adecuado para proteger la situación jurídica infringida, careció de efectividad al no remediar la situación planteada y no haber permitido que produjera el resultado para el cual fue concebido, en contravención con lo dispuesto en e articulo 25.1 de la Convención. La corte ha considerado que, para resolver una controversia entre las partes sobre la efectividad de la protección judicial, es necesario realizar algunas consideraciones relevantes respecto de la extensión de la revisión que debe proporcionar un recurso judicial para que sea efectivo, de conformidad con el articulo 25 de la Convención. En su voto razonado el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, el juez Sergio García Ramírez, se refirió, en atención a los hechos de dicho caso, a la posibilidad de que una decisión de una autoridad administrativa pueda ser sometida ante un órgano judicial para que este disponga de manera definitiva. En dicha oportunidad el juez García Ramirez señalo que “la existencia de un medio de control de la legalidad, por vía judicial, no implica que el primer tramo en el ejercicio del poder de decisión sobre derechos y deberes individuales (en sede administrativa) quede sustraído a las garantías de procedimiento, a cambio de que estas existan cuando se ingresa al segundo tramo de aquel ejercicio, una vez abierto un proceso ante la autoridad judicial,” En consecuencia, destaco qué es necesario “observar las garantías en todas las etapas”, ya que el control que la ultima etapa judicial promete al particular, no justifica que en la primera, por ejemplo, de naturaleza administrativa, “se dejen de lado esas garantías son la expectativa de recibirlas posteriormente”. En la sentencia de Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el Caso sigma Radio Televisión Ltd. Vs Cyprus, la Corte identifico cuatro factores relevantes a tomar en consideración en los supuestos “en donde se somete a los órganos judiciales el conocimiento de una decisión administrativa previa que se alega violatoria de los derechos de una presunta víctima, a saber: I) La competencia del órgano judicial en cuestión; II) El tipo de materia sobre la cual se pronunció el órgano administrativo, teniendo en cuenta si esta involucra conocimientos técnicos o especializados; III) El objeto de la controversia planteado ante el órgano judicial, lo cual incluye los alegatos de hecho y de derecho de las partes, y IV) Las garantías del debido proceso ante el órgano judicial. De esta manera, frente al citad supuesto en el caso, el Tribunal establecido que “existe una revisión judicial suficiente cuando el órgano judicial examina todos los alegatos y argumentos sometidos a su conocimiento sobre la decisión del órgano administrativo, sin declinar su competencia al resolverlos o al determinar los hechos”. Así, la Corte ha estimado que “no hay una revisión judicial si el órgano judicial está impedido de determinar el objeto principal de la controversia, como por ejemplo sucede en casos en que se considera limitado por las determinaciones fácticas o jurídicas realizadas por el órgano administrativo que hubieran sido decisivas en la resolución del caso”. Por tanto, siguiendo al Tribunal Europeo en la sentencia del caso ya citado, la Corte ha considerado que “el recurso es efectivo por contar con una revisión judicial suficiente(.) aun cuando el órgano judicial no estuviere facultado para analizar todos los aspectos de una decisión administrativa, si aquel es capaz de anular dicha decisión bajo distintos supuestos, entre ellos una incorrecta interpretación de los hechos o de la ley”. Así, el Tribunal concluyo que “el hecho de que el recurso judicial disponible fuera un recurso de nulidad no (…) configuraba una violación del derecho a la protección judicial en el (…) caso”.- En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el derecho de petición es una garantía de libertad que la Constitución de la Republica estableció a los gobernados con el fin de que estos, tuvieran conocimiento de la razón de la forma de resolver una resolución o un acuerdo o cualquier situación en lo particular. El derecho de petición, establecido en el artículo 80 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad administrativa con el fin de exponer un asunto de su interés. Este derecho se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses.Evidentemente, este derecho no se reconoce a particulares entre sí, sino en relación con funcionarios y empleados públicos, es decir, esta garantía de libertad consiste en la obligación de las autoridades y servidores públicos de contestar las peticiones hechas por los particulares. La respuesta que se le da al derecho de petición debe ser clara y debe de dar una solución apta y efectiva a la duda que se haya presentado, al menos, debe de esclarecer las dudas que se hayan presentado en la petición. Debe de ser una respuesta puntual, pertinente y precisa. No se pueden dar respuestas vagas, que evadan información y que no le ofrezca a la persona que lo pide información sobre la situación. CONSIDERANDO DIEZ (10):Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11):Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración del derecho de petición y el debido proceso, al omitir pronunciarse sobre la petición formulada en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, por los señores RICARDO PELAYO, en su condición de representante legal de la Sociedad denominada ATLANTIC INTERNATIONAL BANK LIMITED, y PERCY ARMANDO BUCK MENDOZA, en representación de la Sociedad denominada POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V. reflejándose, una inactividad material administrativa derivada de la omisión en el cumplimiento de una obligación jurídica preestablecida, como ocurre en el caso sub examine, y en esa medida, el incumplimiento de lo debido no sólo atenta contra las reglas de buena administración, sino que infringe la juricidad en tanto incumple las potestades administrativas funcionales que dimanan del propio Ordenamiento Jurídico. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso, y en consecuencia, se le restituyan los derechos vulnerados a la Sociedad Mercantil denominada PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, representada por el señor ROGER ROBERTO RODRIGUEZ DURÓN, contra la omisión de parte de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 Y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 80, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se restituyan los derechos a la Sociedad Mercantil PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, representada por el señor ROGER ROBERTO RODRIGUEZ DURÓN, contra la omisión de parte de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), rehabilitando el derecho de la reclamante. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA S ALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. “ “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., diez de diciembre del año dos mil veintiuno. Vista: La solicitud de ACLARACION DE SENTENCIA, dictada por esta Sala de lo Constitucional, presentado el veinticuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, por el abogado ERLING JEAN CARLO MORALES FONSECA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, con relación a la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por dicha representación procesal, contra actuaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A N T E C E D E N T E Se peticiona aclaración de la sentencia recaída en el Recurso de Amparo promovida por el abogado ERLING JEAN CARLO MORALES FONSECA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, en fecha veintiocho de julio del año dos mil veinte, contra actuaciones relacionadas a una solicitud que fue formulada en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y contraída a pedir que se reconozca como nuevo titular de los derechos y obligaciones contenidas en el contrato no. 13/2008, a la Sociedad Mercantil denominada POWER SOURCE HONDURAS S.A. DE C.V., en virtud de haberse acreditado la titularidad, cesión de derechos y modificación de contrato promovido por los señores RICARDO PELAYO Y PERCY ARMANDO BUCK MENDOZA, en representación de las sociedades mercantiles ATLANTIC INTERNACIONAL BANK LIMITED Y POWER SOURCE HONDURAS SA. DE C.V. DE LA ACLARACION QUE SE PIDE. CONSIDERANDO: Que conforme con lo establecido por el Articulo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. La ley estipula que tales aclaraciones podrán hacerse de oficio o a instancia de parte, dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la sentencia. CONSIDERANDO: Que dada la importancia de que reviste la sentencia, es preciso para esta Sala de lo Constitucional que se debe de entender que los considerandos seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece relacionados en la sentencia de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, emitida por esta Honorable Sala de lo constitucional, están concatenados entre sí, y al unísono establecen, que en el caso concreto, se violentó el debido proceso, en virtud de la inactividad material administrativa derivada de la omisión del cumplimiento de una obligación jurídica preestablecida, como ocurrió en el caso objeto de estudio, por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tal y como fue puesto de manifiesto en los considerandos antes relacionados, de los cuales, se advierte, la violación de los derechos fundamentales que fueron expuestos en el recurso de amparo impetrado, por tanto, forman parte integra de la sentencia, tal y como lo dispone el artículo 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dictado en la sentencia cuya aclaración se solicita se debe entender que los pronunciamientos relacionados en cada uno de los considerandos de la sentencia de amparo, están intrínsecamente ligados con lo resuelto en su parte dispositiva y en consecuencia sus alcances y efectos que derivan de los mismos son de obligatorio cumplimiento, al no estar limitados a la petición original por lo que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), deviene en la obligación de resolver la petición planteada en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, para la consecuente ejecución del contrato numero 013/2008 aprobado mediante decreto legislativo número 159-2008, lo cual, constituye una obligatoriedad según lo dispone el artículo 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la Repú0blica 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 6, 79, 82, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar CON LUGAR LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN de la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, que se hace mérito, presentada por el abogado ERLING JEAN CARLO MORALES FONSECA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD, aclaración que debe entenderse de acuerdo a la forma en que ha quedado plasmada en los considerandos anteriores de la presente resolución de aclaración de la referida sentencia, en el sentido de que los mismos, son parte integra de la misma y por tanto son de estricto e inmediato cumplimiento, a efecto de que se les restituyan los derechos Constitucionales violentados a la Sociedad Mercantil denominada PORTENTO ENERGY CORPORATION, LTD,.- Ya que en este caso concreto, se violentó el derecho de petición y el debido proceso, en perjuicio de la impetrante, resulta imperativo, resolver la petición planteada en fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, para la consecuente ejecución del contrato número 013/2008 aprobado mediante decreto legislativo número 159-2008, lo cual, constituye una obligatoriedad según lo dispone el artículo 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Y MANDA: Que se notifique de la presente resolución a la recurrente, para los efectos de la ley que correspondan. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA S ALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia y la resolución de fechas tres de noviembre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0549-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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