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Sentencia AA-469-21 — Registro 14300

Resumen

Resolución No.059-2021-DNVT confirmó resolución que declaró sin lugar la impugnación contra la suspensión de licencia de conducir de recurrente; la Autoridad recurrida determinó que se sancionó por tercera vez al quejoso por falta de circular vehículo a exceso de velocidad permitida por la ley de Tránsito, consta que la impugnación fue extemporánea según dicha ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes y del acto reclamado, se desprende que la autoridad denunciada declaró sin lugar el recurso de apelación al determinar que se sancionó por tercera vez al quejoso por circular en vehículo a una velocidad superior a la establecida en los avisos o señales de tránsito, falta que se encuentra contemplada en la Ley de Tránsito, indicando además el ente censurado que dicha sanción fue impugnada por el peticionario extemporáneamente toda vez que a este se le decomisó su licencia en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, pero presentó su escrito de impugnación hasta en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte, inobservando el artículo 19 de la Ley de Tránsito, que contempla que el término para impugnar es de setenta y dos horas (72h); además dicho ente en esta misma resolución indica que el quejoso amplió su apelación alegando que no concurre la reincidencia mencionada, para lo cual la Dirección censurada, le indica al impetrante que se sancionó al señor ERICK DANILO SABILLÓN ALVARADO, en fechas veintitrés (23) de agosto y trece (13) septiembre, ambas del año dos mil diecinueve, por la misma falta, y por tercera vez el diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, comprendidas estas dentro de un periodo de un año en la comisión de dicha falta de tránsito, motivos estos por los que no fueron oídos los alegatos del solicitante y a quien se le advirtió que dicha resolución pone fin a la vía administrativa y queda expedita la vía judicial..."..."se aprecia la concurrencia de las causales 1) y 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referentes a que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, y tener expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes..."..."uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo"..."..."dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar ante dicha instancia, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo..."..."esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado..."..."procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes y del acto reclamado, se desprende que la autoridad denunciada declaró sin lugar el recurso de apelación al determinar que se sancionó por tercera vez al quejoso por circular en vehículo a una velocidad superior a la establecida en los avisos o señales de tránsito, falta que se encuentra contemplada en la Ley de Tránsito, indicando además el ente censurado que dicha sanción fue impugnada por el peticionario extemporáneamente toda vez que a este se le decomisó su licencia en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, pero presentó su escrito de impugnación hasta en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte, inobservando el artículo 19 de la Ley de Tránsito, que contempla que el término para impugnar es de setenta y dos horas (72h); además dicho ente en esta misma resolución indica que el quejoso amplió su apelación alegando que no concurre la reincidencia mencionada, para lo cual la Dirección censurada, le indica al impetrante que se sancionó al señor ERICK DANILO SABILLÓN ALVARADO, en fechas veintitrés (23) de agosto y trece (13) septiembre, ambas del año dos mil diecinueve, por la misma falta, y por tercera vez el diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, comprendidas estas dentro de un periodo de un año en la comisión de dicha falta de tránsito, motivos estos por los que no fueron oídos los alegatos del solicitante y a quien se le advirtió que dicha resolución pone fin a la vía administrativa y queda expedita la vía judicial..."..."se aprecia la concurrencia de las causales 1) y 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referentes a que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, y tener expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes..."..."uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo"..."..."dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar ante dicha instancia, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo..."..."esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado..."..."procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes y del acto reclamado, se desprende que la autoridad denunciada declaró sin lugar el recurso de apelación al determinar que se sancionó por tercera vez al quejoso por circular en vehículo a una velocidad superior a la establecida en los avisos o señales de tránsito, falta que se encuentra contemplada en la Ley de Tránsito, indicando además el ente censurado que dicha sanción fue impugnada por el peticionario extemporáneamente toda vez que a este se le decomisó su licencia en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, pero presentó su escrito de impugnación hasta en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte, inobservando el artículo 19 de la Ley de Tránsito, que contempla que el término para impugnar es de setenta y dos horas (72h); además dicho ente en esta misma resolución indica que el quejoso amplió su apelación alegando que no concurre la reincidencia mencionada, para lo cual la Dirección censurada, le indica al impetrante que se sancionó al señor ERICK DANILO SABILLÓN ALVARADO, en fechas veintitrés (23) de agosto y trece (13) septiembre, ambas del año dos mil diecinueve, por la misma falta, y por tercera vez el diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, comprendidas estas dentro de un periodo de un año en la comisión de dicha falta de tránsito, motivos estos por los que no fueron oídos los alegatos del solicitante y a quien se le advirtió que dicha resolución pone fin a la vía administrativa y queda expedita la vía judicial..."..."se aprecia la concurrencia de las causales 1) y 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referentes a que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, y tener expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes..."..."uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo"..."..."dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar ante dicha instancia, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo..."..."esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado..."..."procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ERICK DANILO SABILLÓN ALVARADO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, contra la RESOLUCIÓN No.059-2021-D.N.V.T., que fue dictada en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno, que confirma la resolución de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veintiuno, relacionada a la impugnación de la suspensión de la Licencia de Conducir del señor ERICK DANILO SABILLÓN ALVARADO. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente señala como agravio que la autoridad que denuncia emitió el acto reclamado, de manera arbitraria y unilateral al no celebrar la correspondiente audiencia oral y pública que contempla el procedimiento de la Ley de Tránsito, quebrantando así el derecho de defensa y debido proceso al obviar las circunstancias particulares de su mandante como lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos PCM, que son concurrentes a la pandemia del Covid-19, y que lo autorizan a circular durante la pandemia en razón al rubro de la empresa para la que trabaja. CONSIDERANDO: Que el recurrente en mismo escrito de interposición del presente recurso indica que con la emisión del acto reclamado se quebrantaron las declaraciones y derechos contenidos en los artículos 59,61, 80, 81, 90, 127 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes y del acto reclamado, se desprende que la autoridad denunciada declaró sin lugar el recurso de apelación al determinar que se sancionó por tercera vez al quejoso por circular en vehículo a una velocidad superior a la establecida en los avisos o señales de tránsito, falta que se encuentra contemplada en la Ley de Tránsito, indicando además el ente censurado que dicha sanción fue impugnada por el peticionario extemporáneamente toda vez que a este se le decomisó su licencia en fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, pero presentó su escrito de impugnación hasta en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte, inobservando el artículo 19 de la Ley de Tránsito, que contempla que el término para impugnar es de setenta y dos horas (72h); además dicho ente en esta misma resolución indica que el quejoso amplió su apelación alegando que no concurre la reincidencia mencionada, para lo cual la Dirección censurada, le indica al impetrante que se sancionó al señor ERICK DANILO SABILLÓN ALVARADO, en fechas veintitrés (23) de agosto y trece (13) septiembre, ambas del año dos mil diecinueve, por la misma falta, y por tercera vez el diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte, comprendidas estas dentro de un periodo de un año en la comisión de dicha falta de tránsito, motivos estos por los que no fueron oídos los alegatos del solicitante y a quien se le advirtió que dicha resolución pone fin a la vía administrativa y queda expedita la vía judicial. CONSIDERANDO: Que el Derecho de Defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional de los órganos judiciales y administrativos el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO: Que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo; y en el caso de autos no se aprecia este último o en todo caso que el repitente haya alegado ante dicho ente denunciado, un impedimento que justifique la inobservancia del plazo establecido en la ley. CONSIDERANDO: Que de lo anterior expuesto se aprecia la concurrencia de las causales 1) y 7) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referentes a que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, y tener expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes. CONSIDERANDO: Que uno de los principios fundamentales propios de la garantía constitucional de Amparo, es el denominado "Principio de la Definitividad del Juicio de Amparo". CONSIDERANDO: Que el principio antes enunciado se fundamenta en la naturaleza misma del Amparo, en cuanto que éste es un medio extraordinario o sui géneris, para invalidar los actos de autoridad por vulneraciones a derechos o garantías constitucionales, lo cual implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias y jurisdicciones, en virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios. De este modo, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, en tanto que se convertiría en un medio común de defensa. CONSIDERANDO: Que dicho principio o postulado anteriormente referido, supone pues, el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley franquea para atacar el acto reclamado, bien sea para modificarlo, confirmarlo o revocarlo; de manera que existiendo algún medio de impugnación pendientes y acciones por agotar ante dicha instancia, el presente recurso de amparo no reúne el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano (o ad limine) la demanda de amparo que fuese inadmisible, y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas y en aplicación de lo establecido por el artículo 46 numerales 1) y 7) en relación con el 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede declarar inadmisible la demanda de amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 4, 9, 41, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ERICK DANILO SABILLÓN ALVARADO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, contra la RESOLUCIÓN No.059-2021-D.N.V.T., que fue dictada en fecha quince (15) de abril del año dos mil veintiuno, al realizar el recurrente alegatos de mera legalidad y no reunir la presente acción el requisito de definitividad que dé lugar la procedencia del mismo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0469-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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