Sentencia AA-458-21 — Registro 17446
Resumen
Sentencia dictada por Autoridad recurrida declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó Resolución dictada por Juzgado de Primera instancia que rechazó solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo reclamado durante Demanda de nulidad absoluta de un acto administrativo contra Municipalidad de San Lorenzo, Valle; La Autoridad recurrida consideró que el reclamante no acreditó el daño o perjuicio de reparación imposible o difícil que le acarrea el acto administrativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso en la que se decretó la improcedencia de una solicitud de suspensión, decisión que se confirmó al no estar acreditado el daño y perjuicio que exige la ley en esos casos, para lo cual estima esta Sala que el alegato planteado por el recurrente fue resuelto respetando en todo momento el procedimiento regulado por la ley..."..."los cuales son contentivos del derecho de defensa y debido proceso, los cuales considera esta Sala no han sido lesionados, ya que el derecho de defensa se refleja en el presente proceso, con la presencia de la parte afectada que ha sido representada por profesionales del derecho, en procura de defender sus sagrados derechos, asimismo, es visto que el debido proceso ha sido observado, no concurriendo por tanto lo relacionado por el recurrente, lo cual determina que no se producen las infracciones de los artículos citados por el recurrente..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso en la que se decretó la improcedencia de una solicitud de suspensión, decisión que se confirmó al no estar acreditado el daño y perjuicio que exige la ley en esos casos, para lo cual estima esta Sala que el alegato planteado por el recurrente fue resuelto respetando en todo momento el procedimiento regulado por la ley..."..."los cuales son contentivos del derecho de defensa y debido proceso, los cuales considera esta Sala no han sido lesionados, ya que el derecho de defensa se refleja en el presente proceso, con la presencia de la parte afectada que ha sido representada por profesionales del derecho, en procura de defender sus sagrados derechos, asimismo, es visto que el debido proceso ha sido observado, no concurriendo por tanto lo relacionado por el recurrente, lo cual determina que no se producen las infracciones de los artículos citados por el recurrente..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de julio del año dos mil veintiuno. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO, a favor de la sociedad mercantil denominada CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno, dictado por la CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho, en la demanda nulidad absoluta de un acto administrativo contenido en el Plan de Arbitrios Municipal del año fiscal 2016 de la Municipalidad de San Lorenzo, departamento de Valle, promovida por la sociedad mercantil denominada CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente indica que la Alzada rechazó su solicitud de la medida cautelar de suspensión del acto administrativo reclamado durante el proceso, y evitar los pagos excesivos e ilegales a cuenta de la Municipalidad de San Lorenzo, lo cual impide el normal desenvolvimiento de su representada. CONSIDERANDO: Que el recurrente invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, las garantías reconocidas en los artículos 82 y 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio de los antecedentes, en específico de la resolución censurada por el recurrente, se desprende que la Alzada procedió a confirmar el Recurso de Apelación, en virtud de que el reclamante no acreditó el daño o perjuicio de reparación imposible o difícil que le acarrea el acto administrativo, conforme a lo estatuido en los artículos 121 y 122 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, referentes a la procedencia de la suspensión del acto reclamado. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso en la que se decretó la improcedencia de una solicitud de suspensión, decisión que se confirmó al no estar acreditado el daño y perjuicio que exige la ley en esos casos, para lo cual estima esta Sala que el alegato planteado por el recurrente fue resuelto respetando en todo momento el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que el recurrente señala como violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, los cuales son contentivos del derecho de defensa y debido proceso, los cuales considera esta Sala no han sido lesionados, ya que el derecho de defensa se refleja en el presente proceso, con la presencia de la parte afectada que ha sido representada por profesionales del derecho, en procura de defender sus sagrados derechos, asimismo, es visto que el debido proceso ha sido observado, no concurriendo por tanto lo relacionado por el recurrente, lo cual determina que no se producen las infracciones de los artículos citados por el recurrente. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO, a favor de la sociedad mercantil denominada CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno, dictado por la CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diez de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO, contra la resolución de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en el recurso de amparo que interpusiera a favor de la sociedad mercantil denominada CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno, dictado por la CORTE DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciocho, en la demanda nulidad absoluta de un acto administrativo contenido en el Plan de Arbitrios Municipal del año fiscal 2016 de la Municipalidad de San Lorenzo, departamento de Valle, promovida por la sociedad mercantil denominada CABLE COLOR S.A. DE C.V., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición contra la resolución de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional, procediéndose por tal motivo a revisar la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, en razón a los alegatos planteados por el reclamante en el recurso de reposición, mismos que no son de recibo en virtud a que la resolución que se pide sea revocada, se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO, contra la resolución de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno, dictada por esta Sala de lo Constitucional,, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fecha veintiséis de julio y diez septiembre del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-0458=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL