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Sentencia AA-411-19 — Registro 13006

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la Resolución mediante la cual se decidió expulsar definitivamente, de dicha Universidad, a la Ciudadana con registro estudiantil 16-0453. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 89, 90, 151 y 155 de la Constitución de la República; 8.1 y 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 13 del Protocolo de San Salvador; 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la educación se vincula directamente al Estado y a otros sujetos, como ser el que recibe la educación, el que la brinda y el que es responsable legalmente del primero; abarcando este derecho la enseñanza primaria, secundaria, la técnica y profesional, y por supuesto la superior. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala en reitera jurisprudencia ha comprendido que la autonomía de las universidades, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia y el debate académico. … CONSIDERANDO (12): Que siendo que al existir un reconocimiento de derecho en nuestra Constitución, tal como el derecho a la educación, vuelve a este exigible frente a los poderes públicos, pudiendo en los elementos conceptualizados por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, teniendo justicibilidad cuando se pretenda lograr su realización, debido a que existe una controversia que anula un derecho, por lo que se busca su solución por la vía de su reclamación ante instancias del Poder Judicial. En ese sentido podemos recurrir a lo establecido sobre los derechos sociales como aquellas disposiciones legales que son necesarias para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de nuestro país. Se estima que la justibilidad de los derechos sociales como la educación se da cuando se ha dado una supuesta vulneración de un derecho subjetivo en un caso específico, siendo el mismo susceptible de revisión en sede judicial, debiendo el órgano jurisdicción ser capaz de otorgar un remedio o reenderezar una situación cuando encuentre que se ha producido una violación.- CONSIDERANDO (13): Que en el marco del Control de Convencionalidad ésta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.- CONSIDERANDO (15): Que en el caso sub judice se advierte que la sanción comenzó a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la pérdida del derecho a la educación, además aunque exista una tramitación ordinaria, la sustanciación del mismo, debido a la contradicción, dualidad de posiciones, doble instancia y otros recursos, pueden volver eficaz la tutela del derecho de la quejosa, siendo que el conflicto puede estar realizando una vulneración de derechos constitucionales. CONSIDERANDO (16): Que siendo un derecho fundamental la legalidad constitucional, podemos concluir que partiendo de la supremacía constitucional, existen garantías para mantener la vigencia del contenido dado en la Constitución; derecho autónomo que pertenece a todas y todos los habitantes del país; de dicho derecho surge la obligación de los poderes públicos y del resto de la ciudadanía e instituciones, el respeto por la legalidad constitucional, por lo que cada vulneración a la Constitución, conlleva la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para la tutela judicial efectiva de sus derechos conculcados, tanto en instancias ordinarias como en una jurisdicción especial que podría ser la constitucional. De esa legalidad podemos señalar tres principios: 1.- la violación de la Constitución es la infracción jurídica más grave, 2.- la vulneración del derecho de la Constitución no es convalidable y 3.- el derecho a reclamar sobre esas vulneraciones es imprescriptible. En el presente caso, por las razones fácticas de que los actos en amparo, que son violatorios del ordenamiento constitucional, los mismos son absolutamente nulos, por lo que no pueden ser convalidados ni subsanados y, el derecho de la afectada de esos actos contrarios al máximo ordenamiento no tienen prescripción ni caduca la posibilidad de solicitar su expulsión mientras no se haya reparado las lesiones que afectan a la quejosa. CONSIDERANDO (17): Que el conflicto sometido al conocimiento de la Sala Constitucional, es la resolución No. CI-U-029-11-2019 de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, emitida por la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura con sede en Catacamas, Olancho, en la cual determinan que al estar condicionada por un año (04 de marzo del 2018 al 04 de marzo del 2019), por acumulación de catorce (14) faltas, según se establece en el artículo 6 literal d) del Reglamento de Procedimientos y Regulación Disciplinaria Estudiantil, la estudiante Gillian Daniela Duarte Salinas, no podía cometer más faltas de ningún tipo, pero con la falta cometida por la referida estudiante en fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, al ingresar o permitir el ingreso de estudiantes o particulares del género opuesto al dormitorio, establecida en el artículo 15 literal e) Numeral 4) del Reglamento en mención, fue sancionada por la autoridad competente con SUSPENSIÓN DE UN AÑO. Ante ello, la Comisión Interventora determina aplicar la sanción máxima de EXPULSION DEFINITIVA, argumentando reincidencia de faltas disciplinarias graves en pleno período de condicionamiento. Ante esta determinación de EXPULSION DEFINITIVA, en perjuicio de la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS, es necesario verificar el argumento de la Comisión para determinar tal sanción y que no es más que la reincidencia de faltas disciplinarias graves en pleno período de condicionamiento, causal establecida en el artículo 15 literal f) numeral 8) que reza “Reincidir en los aspectos penados con suspensión por un año.” Ahora bien, analizado el expediente contentivo del presente recurso se establece que no concurre la causal alegada por la Comisión interventora, pues la estudiante DUARTE SALINAS, no era reincidente en la comisión de faltas que se sancionan con suspensión de un año, ante ello la EXPULSIÓN DEFINITIVA de la estudiante DUARTE SALINAS, por parte de la Comisión interventora, es ilegal y arbitraria con lo establecido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional tuvo conocimiento mediante diversos recursos de amparo presentados por distintos funcionarios judiciales, en contra de resoluciones del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que poseen una similitud con el caso in examine, en el sentido de la aplicación de sanciones a través de la potestad reglamentaria de un órgano administrativo del Estado, como lo es la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura; en ese sentido la Sala manifestó: “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta”. La Sala también expreso “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso”.- …CONSIDERANDO (23): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 63 referente a los efectos y requisitos de la sentencia de un amparo; cuando la misma otorgue el recurso deberá de determinar de forma precisa la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, entre otros aspectos sirvan para garantizar a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (24): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por la amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la educación se vincula directamente al Estado y a otros sujetos, como ser el que recibe la educación, el que la brinda y el que es responsable legalmente del primero; abarcando este derecho la enseñanza primaria, secundaria, la técnica y profesional, y por supuesto la superior. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala en reitera jurisprudencia ha comprendido que la autonomía de las universidades, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia y el debate académico. … CONSIDERANDO (12): Que siendo que al existir un reconocimiento de derecho en nuestra Constitución, tal como el derecho a la educación, vuelve a este exigible frente a los poderes públicos, pudiendo en los elementos conceptualizados por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, teniendo justicibilidad cuando se pretenda lograr su realización, debido a que existe una controversia que anula un derecho, por lo que se busca su solución por la vía de su reclamación ante instancias del Poder Judicial. En ese sentido podemos recurrir a lo establecido sobre los derechos sociales como aquellas disposiciones legales que son necesarias para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de nuestro país. Se estima que la justibilidad de los derechos sociales como la educación se da cuando se ha dado una supuesta vulneración de un derecho subjetivo en un caso específico, siendo el mismo susceptible de revisión en sede judicial, debiendo el órgano jurisdicción ser capaz de otorgar un remedio o reenderezar una situación cuando encuentre que se ha producido una violación.- CONSIDERANDO (13): Que en el marco del Control de Convencionalidad ésta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.- CONSIDERANDO (15): Que en el caso sub judice se advierte que la sanción comenzó a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la pérdida del derecho a la educación, además aunque exista una tramitación ordinaria, la sustanciación del mismo, debido a la contradicción, dualidad de posiciones, doble instancia y otros recursos, pueden volver eficaz la tutela del derecho de la quejosa, siendo que el conflicto puede estar realizando una vulneración de derechos constitucionales. CONSIDERANDO (16): Que siendo un derecho fundamental la legalidad constitucional, podemos concluir que partiendo de la supremacía constitucional, existen garantías para mantener la vigencia del contenido dado en la Constitución; derecho autónomo que pertenece a todas y todos los habitantes del país; de dicho derecho surge la obligación de los poderes públicos y del resto de la ciudadanía e instituciones, el respeto por la legalidad constitucional, por lo que cada vulneración a la Constitución, conlleva la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para la tutela judicial efectiva de sus derechos conculcados, tanto en instancias ordinarias como en una jurisdicción especial que podría ser la constitucional. De esa legalidad podemos señalar tres principios: 1.- la violación de la Constitución es la infracción jurídica más grave, 2.- la vulneración del derecho de la Constitución no es convalidable y 3.- el derecho a reclamar sobre esas vulneraciones es imprescriptible. En el presente caso, por las razones fácticas de que los actos en amparo, que son violatorios del ordenamiento constitucional, los mismos son absolutamente nulos, por lo que no pueden ser convalidados ni subsanados y, el derecho de la afectada de esos actos contrarios al máximo ordenamiento no tienen prescripción ni caduca la posibilidad de solicitar su expulsión mientras no se haya reparado las lesiones que afectan a la quejosa. CONSIDERANDO (17): Que el conflicto sometido al conocimiento de la Sala Constitucional, es la resolución No. CI-U-029-11-2019 de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, emitida por la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura con sede en Catacamas, Olancho, en la cual determinan que al estar condicionada por un año (04 de marzo del 2018 al 04 de marzo del 2019), por acumulación de catorce (14) faltas, según se establece en el artículo 6 literal d) del Reglamento de Procedimientos y Regulación Disciplinaria Estudiantil, la estudiante Gillian Daniela Duarte Salinas, no podía cometer más faltas de ningún tipo, pero con la falta cometida por la referida estudiante en fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, al ingresar o permitir el ingreso de estudiantes o particulares del género opuesto al dormitorio, establecida en el artículo 15 literal e) Numeral 4) del Reglamento en mención, fue sancionada por la autoridad competente con SUSPENSIÓN DE UN AÑO. Ante ello, la Comisión Interventora determina aplicar la sanción máxima de EXPULSION DEFINITIVA, argumentando reincidencia de faltas disciplinarias graves en pleno período de condicionamiento. Ante esta determinación de EXPULSION DEFINITIVA, en perjuicio de la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS, es necesario verificar el argumento de la Comisión para determinar tal sanción y que no es más que la reincidencia de faltas disciplinarias graves en pleno período de condicionamiento, causal establecida en el artículo 15 literal f) numeral 8) que reza “Reincidir en los aspectos penados con suspensión por un año.” Ahora bien, analizado el expediente contentivo del presente recurso se establece que no concurre la causal alegada por la Comisión interventora, pues la estudiante DUARTE SALINAS, no era reincidente en la comisión de faltas que se sancionan con suspensión de un año, ante ello la EXPULSIÓN DEFINITIVA de la estudiante DUARTE SALINAS, por parte de la Comisión interventora, es ilegal y arbitraria con lo establecido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional tuvo conocimiento mediante diversos recursos de amparo presentados por distintos funcionarios judiciales, en contra de resoluciones del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que poseen una similitud con el caso in examine, en el sentido de la aplicación de sanciones a través de la potestad reglamentaria de un órgano administrativo del Estado, como lo es la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura; en ese sentido la Sala manifestó: “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta”. La Sala también expreso “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso”.- …CONSIDERANDO (23): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 63 referente a los efectos y requisitos de la sentencia de un amparo; cuando la misma otorgue el recurso deberá de determinar de forma precisa la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, entre otros aspectos sirvan para garantizar a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (24): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por la amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la ciudadana GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS a favor de SI MISMA, contra la Resolución dictada por la COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG), CON SEDE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha cinco (05) de marzo de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se decidió expulsar definitivamente, de dicha Universidad, a la Ciudadana GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS de la Carrera de Ingeniería Agrónoma, con registro estudiantil 16-0453. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 82, 89, 90, 151 y 155 de la Constitución de la República; 8.1 y 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 13 del Protocolo de San Salvador; 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ANTECEDENTES 1) Que la Ciudadana GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS, compareció ante este Tribunal en fecha seis (06) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMA, contra actuaciones de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), con sede en la Ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, consistente en la Expulsión de Forma Definitiva de dicha Universidad; argumentando que dicha Comisión al revisar la ficha disciplinaria manifiesta que por ser una estudiante condicionada, no podía cometer faltas de ningún tipo por efecto del condicionamiento, y en fecha cinco (05) de marzo de dos mil diecinueve (2019) emiten la resolución CI-U-029-11-2019 mediante la cual deciden la expulsión definitiva de la institución, notificándole de dicha resolución en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–15 del presente Recurso) 2) Que en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se admitió el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rindiera un informe dentro del término de tres (03) días hábiles, o remitiera los antecedentes del caso. (Folio 17 del presente Recurso) 3) Que en fecha trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a la COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNAG), en el cual se establece: “En gira de supervisión disciplinaria el día jueves (06) de diciembre del año 2018, en la zona residencia: a las tres con treinta minutos de la tarde (3:30 p.m) en el edificio conocido como la H Catedral, en el cuarto No. 10 se encontró con ropa de color a la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS, con código de estudiante No. 16-0453 del II año de la Carrera de Ingeniería Agronómica, acompañada del estudiante Julio Cesar Guerra Torres de III año de la Carrera de Ingeniería Agronómica con código de estudiante No. 15-0382. El supervisor disciplinario M.Sc. Rene Amílcar Gómez procedió a explicarle el Reglamento de Procedimientos y Regulación Disciplinaria Estudiantil para poder aplicarle la sanción correspondiente por la infracción cometida por la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS que de acuerdo al Título IV, Art. 15, inciso e, numeral 14, establece que; se sancionara con suspensión por un año por “Ingresar O permitir el ingreso de estudiantes o particulares del género opuesto al dormitorio; en el mismo acto se procedió a tomar la respectiva declaración misma que quedo consignada en el acta de declaración que se anexa en este informe”. En fecha siete (07) de diciembre según documento DASVE-I.a-045-2018 el Director Académico del Sistema de Vida Estudiantil mediante el tablero que para tal efecto se encuentra en el comedor estudiantil se le publico la sanción a la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS. En fecha siete (07) de diciembre del año 2018 la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS presenta Recurso de Apelación a la Sanción publicada en el tablero por la Dirección Académica del Sistema de Vida Estudiantil. Se envió el expediente a la Unidad de Asesoría Legal de la Universidad Nacional de Agricultura a fin de que esta se pronuncie sobre la cuestión planteada, esta unidad salvo mejor criterio en fecha 28 de enero del año 2019 opino que la sanción de suspensión por un año aplicada a la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS era procedente por estar contemplada en el Reglamento de Procedimientos y Regulación Disciplinaria Estudiantil. En fecha 08 de febrero del año 2019 el Consejo Disciplinario de la Universidad Nacional de agricultura mediante resolución CD-002-2019 declara improcedente el recurso de apelación presentado por la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS y confirma la suspensión por un año. En fecha 05 de marzo del año 2019 la Comisión Interventora quien mediante Resolución CI-U-029-11-2019 resolvió aplicar la Sanción de Expulsión Definitiva a la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS. (Folio 18-61 de la presente Recurso) 4) Que en fecha doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emitiera su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 72 del presente Recurso) 5) Que en fecha dos (02) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen, siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir ultraje a las garantías constitucionales denunciadas por el Amparista, con las consecuencias jurídicas del caso”. (Folios 75–78 y 80 del presente Recurso) FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga a la o al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional un acto realizado por la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura con sede en Catacamas, Olancho, junta nombrada según Decreto Legislativo No. 172-2016, publicado en la Gaceta en fecha doce de enero del año dos mil diecisiete, con facultades otorgadas en los ámbitos legales, académicos y administrativos, incluyendo a de asumir la representación legal de la Universidad Nacional de Agricultura y actúa en sustitución del Consejo Directivo Universitario, de la Rectoría y Vice-rectoría de la Universidad, quien emite la resolución CI-U-029-11-2019 de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, en donde se EXPULSA DEFINITIVAMENTE a la estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica GILLIAN DANIELA DUARTE SALINA, con registro estudiantil 16-0453, esto luego de que en fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho la Dirección de Vida Estudiantil de dicha Universidad le impusiere una sanción de “Suspensión por un año”, por suponerla responsable de la falta establecida en el artículo 15, inciso e), Numeral 4) del Reglamento de Procedimiento y Regulación Disciplinaria, sanción que fue recurrida mediante el recurso de apelación que estipula el mismo reglamento ante el departamento de Asesoría Legal, quien determino que el recurso presentado era improcedente, quedando firme la sanción de SUSPENSION POR UN AÑO, siendo aplicada la misma por el Consejo Disciplinario de la Universidad Nacional de Agricultura, quien mediante Oficio No. 020-DASVE-2018 de fecha del dos mil diecinueve, remite el expediente a la Comisión Interventora, quien determina que al estar condicionada por un año la estudiante, por acumulación de catorce (14) faltas, según se establece en el artículo 6 literal d) del Reglamento en mención, ésta no podía cometer más faltas de ningún tipo, por efecto del condicionamiento, por lo cual la Comisión Interventora determina aplicar la sanción máxima de EXPULSION DEFINITIVA, por la reincidencia de faltas disciplinarias graves en pleno período de condicionamiento. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, en la interposición manifiesta que las autoridades universitarias han vulnerado diversos derechos constitucionales tales como el principio de presunción de inocencia, el derecho de defensa, derecho al debido proceso, a las garantías judiciales y de educación. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional ha establecido en diversas resoluciones[1] que considera que el derecho a la educación es necesario para la efectividad de la cláusula general de igualdad tanto formal como material, pues permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda también íntima conexión con la dignidad humana y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social[2], debido a las anteriores características es innegable el carácter fundamental del derecho a la educación, es por ellos que un servicio sobre este derecho debe de cumplir con al menos las garantías de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. CONSIDERANDO (7): Que el derecho a la educación se vincula directamente al Estado y a otros sujetos, como ser el que recibe la educación, el que la brinda y el que es responsable legalmente del primero; abarcando este derecho la enseñanza primaria, secundaria, la técnica y profesional, y por supuesto la superior. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala en reitera jurisprudencia[3] ha comprendido que la autonomía de las universidades, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia[4] y el debate académico. CONSIDERANDO (9): Que siendo ya parte del control de constitucionalidad que realiza este Tribunal, el examen ex officio del control del convencionalidad[5] al que está vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención ADH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. CONSIDERANDO (10): Que la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 2 que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa administrativo, asimismo dice el mismo artículo que se interpreta y aplicara de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. CONSIDERANDO (11): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catálogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos del Reglamento, dado el mandato constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[6] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (12): Que siendo que al existir un reconocimiento de derecho en nuestra Constitución, tal como el derecho a la educación, vuelve a este exigible frente a los poderes públicos, pudiendo en los elementos conceptualizados por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, teniendo justicibilidad cuando se pretenda lograr su realización, debido a que existe una controversia que anula un derecho, por lo que se busca su solución por la vía de su reclamación ante instancias del Poder Judicial. En ese sentido podemos recurrir a lo establecido sobre los derechos sociales como aquellas disposiciones legales que son necesarias para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de nuestro país. Se estima que la justibilidad de los derechos sociales como la educación se da cuando se ha dado una supuesta vulneración de un derecho subjetivo en un caso específico, siendo el mismo susceptible de revisión en sede judicial, debiendo el órgano jurisdicción ser capaz de otorgar un remedio o reenderezar una situación cuando encuentre que se ha producido una violación.-[7] CONSIDERANDO (13): Que en el marco del Control de Convencionalidad ésta Sala observa que entorno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.-[8] CONSIDERANDO (14): Que este alto Tribunal de Justicia ha expresado[9] que para determinar la procedencia de la acción de amparo se debe de observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe de ser resuelto por la autoridad más próxima en competencia, en este caso en primera instancia la Universidad Nacional de Agricultura y en segunda instancia la jurisdicción ordinaria; otro principio que supone nuestra legislación es la definitividad del asunto, pero ello tiene sus límites cuando el quejoso no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar de que se disponen de medios jurídicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Cuando existan esos otros medios judiciales se puede hablar de excepciones que justifican su procedibilidad, cuando a ese medio de defensa judicial idóneo, éste no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable de terminar de configurarse y cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados. CONSIDERANDO (15): Que en el caso sub judice se advierte que la sanción comenzó a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la pérdida del derecho a la educación, además aunque exista una tramitación ordinaria, la sustanciación del mismo, debido a la contradicción, dualidad de posiciones, doble instancia y otros recursos, pueden volver eficaz la tutela del derecho de la quejosa, siendo que el conflicto puede estar realizando una vulneración de derechos constitucionales. CONSIDERANDO (16): Que siendo un derecho fundamental[10] la legalidad constitucional, podemos concluir que partiendo de la supremacía constitucional, existen garantías para mantener la vigencia del contenido dado en la Constitución; derecho autónomo que pertenece a todas y todos los habitantes del país; de dicho derecho surge la obligación de los poderes públicos y del resto de la ciudadanía e instituciones, el respeto por la legalidad constitucional, por lo que cada vulneración a la Constitución, conlleva la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para la tutela judicial efectiva de sus derechos conculcados, tanto en instancias ordinarias como en una jurisdicción especial que podría ser la constitucional. De esa legalidad podemos señalar tres principios: 1.- la violación de la Constitución es la infracción jurídica más grave, 2.- la vulneración del derecho de la Constitución no es convalidable y 3.- el derecho a reclamar sobre esas vulneraciones es imprescriptible. En el presente caso, por las razones fácticas de que los actos en amparo, que son violatorios del ordenamiento constitucional, los mismos son absolutamente nulos, por lo que no pueden ser convalidados ni subsanados y, el derecho de la afectada de esos actos contrarios al máximo ordenamiento no tienen prescripción ni caduca la posibilidad de solicitar su expulsión mientras no se haya reparado las lesiones que afectan a la quejosa. CONSIDERANDO (17): Que el conflicto sometido al conocimiento de la Sala Constitucional, es la resolución No. CI-U-029-11-2019 de fecha cinco de marzo del dos mil diecinueve, emitida por la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura con sede en Catacamas, Olancho, en la cual determinan que al estar condicionada por un año (04 de marzo del 2018 al 04 de marzo del 2019), por acumulación de catorce (14) faltas, según se establece en el artículo 6 literal d) del Reglamento de Procedimientos y Regulación Disciplinaria Estudiantil, la estudiante Gillian Daniela Duarte Salinas, no podía cometer más faltas de ningún tipo, pero con la falta cometida por la referida estudiante en fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, al ingresar o permitir el ingreso de estudiantes o particulares del género opuesto al dormitorio, establecida en el artículo 15 literal e) Numeral 4) del Reglamento en mención, fue sancionada por la autoridad competente con SUSPENSIÓN DE UN AÑO. Ante ello, la Comisión Interventora determina aplicar la sanción máxima de EXPULSION DEFINITIVA, argumentando reincidencia de faltas disciplinarias graves en pleno período de condicionamiento. Ante esta determinación de EXPULSION DEFINITIVA, en perjuicio de la estudiante GILLIAN DANIELA DUARTE SALINAS, es necesario verificar el argumento de la Comisión para determinar tal sanción y que no es más que la reincidencia de faltas disciplinarias graves en pleno período de condicionamiento, causal establecida en el artículo 15 literal f) numeral 8) que reza “Reincidir en los aspectos penados con suspensión por un año.” Ahora bien, analizado el expediente contentivo del presente recurso se establece que no concurre la causal alegada por la Comisión interventora, pues la estudiante DUARTE SALINAS, no era reincidente en la comisión de faltas que se sancionan con suspensión de un año, ante ello la EXPULSIÓN DEFINITIVA de la estudiante DUARTE SALINAS, por parte de la Comisión interventora, es ilegal y arbitraria con lo establecido en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional tuvo conocimiento mediante diversos recursos de amparo presentados por distintos funcionarios judiciales, en contra de resoluciones del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, que poseen una similitud con el caso in examine, en el sentido de la aplicación de sanciones a través de la potestad reglamentaria de un órgano administrativo del Estado, como lo es la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura; en ese sentido la Sala manifestó: “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta”. La Sala también expreso “Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso”.-[11] CONSIDERANDO (19): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-06[12] sobre la expresión del término “Leyes” en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, determinó que la expresión de leyes en sentido formal, es la norma jurídica emanada del Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución, mientras que en el sentido material, sería como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico.[13] Respecto a la protección de los derechos humanos, los mismos no pueden quedar al arbitrio de los poderes públicos, por ello se deben de regular de manera que cuenten con la máxima protección, por lo que sus limitaciones, cuando sean válidas, deberán ser establecidas por la Ley adoptada por el Congreso Nacional, de acuerdo a los mandatos constitucionales; ya que a través del debate legislativo se permite la expresión de las minorías, de grupos disidentes y la influencia de la opinión pública, para evitar que se actúe arbitraria.-[14] CONSIDERANDO (20): Que el principio de legalidad desde el derecho constitucional se concretiza con el denominado principio de reserva de ley, el que consiste que los derechos fundamentales sólo se verán limitados por la Ley, en cuanto a esta sea una expresión legítima de la voluntad soberana de nuestra nación. Es por ello que la Corte Interamericana reconoció que la reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad de todas y todos los ciudadanos, es un elemento esencial para que los derechos puedan estar jurídicamente protegidos, ya que se cuenta con un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado de las competencias de los órganos administradores de justicia.-[15] CONSIDERANDO (21): Que como se dijo en el considerando (13) de la presente sentencia de amparo, las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado, por lo que en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretenda sancionar.-[16] CONSIDERANDO (22): El artículo 95 de la Constitución debe de tenerse como medida de validez de todos los estatutos y reglamentos de la Universidad Nacional de Agricultura, así como el resto de ese texto; por lo que dicha universidad debe de tener como único parámetro constitucional y convencional para la aplicación de sanciones la reserva de Ley, no siendo constitucional la fijación de sanciones desde sus estatutos o reglamentos. CONSIDERANDO (23): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 63 referente a los efectos y requisitos de la sentencia de un amparo; cuando la misma otorgue el recurso deberá de determinar de forma precisa la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, entre otros aspectos sirvan para garantizar a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales. CONSIDERANDO (24): Que por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el acto denunciado por la amparista, es vulneratorio de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90, 95 y 151 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede otorgar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8, 25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 63, 64, 82, 89, 90, 94, 151, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas; conforme al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional FALLA: PRIMERO: OTORGAR la acción de amparo interpuesta contra las actuaciones de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura con sede en Catacamas, Olancho; SEGUNDO: la resolución CI-U-029-11-2019, emitida el cinco de marzo del dos mil diecinueve, no obligan ni aplican por contravenir y disminuir derechos fundamentales de bloque de constitucionalidad, y; TERCERO: la autoridad recurrida deberá de darle la debida ejecución a la presente sentencia, suspendiendo todos los efectos de la expulsión impugnada, para que la misma pueda reiniciar sus estudios de forma inmediata.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0411-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver las sentencias de los recursos de amparo SCO-0126-2017, SCO-0767-2016 y SCO-0094-2015.

[2] Corte Constitucional de Colombia. Tutela-102/17, párr. 15.

[3] Ver sentencia SCO-0126-2017 de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

[4] Ídem, párr. 21.

[5] Ver las Sentencias emitidas por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.

[6] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.

[7] NOGERA FERNÀNDEZ, Albert, Los derechos sociales en las nuevas constituciones latinoamericanas, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 19 y 39.

[8] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.

[9] Ver considerando (17) de la sentencia del recurso de amparo con registro SCO-0126-2017, resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

[10] Ver artículos constitucionales 63, 64, 320, 373 y 374.

[11] Ver las sentencia de los Amparos Administrativos resueltos por la Sala de lo Constitucional: SCO-007-2014, SCO-0209-2014 y SCO-0730-2012.

[12] Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de nueve de mayo de 1986.

[13] Opinión Consultiva OC-06/86, párr. 15.

[14] Ibídem, párr. 22.

[15] Ibídem, párr. 24.

[16] Ver Caso De La Cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004, párrafo 104.