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Sentencia AA-343-21 — Registro 14614

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de mérito a favor de recurrente contra aviso de cobro No. 26-2020 emitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en relación al aviso de cobro emitido y notificado en concepto de impuesto sobre la renta por período fiscal determinado; La Autoridad recurrida consideró que los procedimientos tributarios están sujetos al principio de legalidad, con derecho a impugnar las resoluciones y es evidente que el recurrente no agotó los recursos ordinarios en sede administrativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aprecia que es evidente que el peticionario de Amparo no agotó los recursos ordinarios que la ley pone a su disposición en sede administrativa, a efecto de revisar el acto que recurre en Amparo, ello en atención al Principio de Definitividad a que alude la sentencia que se revisa, atendiendo a que la demanda de Amparo solo procede contra actos definitivos, es decir respecto de aquellos que no admiten recurso o medio ordinario para revocarlo, anularlo o modificarlo..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."según dispone el artículo 52 párrafo tercero de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “Los informes se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos.” Es así como la autoridad recurrida, Servicio de Administración de Rentas por medio de la Dirección de Grandes Contribuyentes, establece en su informe que el obligado tributario LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, S. A., presento solicitud para obtener el beneficio de regulación tributaria para los períodos fiscales del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, por lo cual el obligado tributario al acogerse a dicho beneficio y una vez otorgado por la Administración Tributaria, deberá someterse a los efectos del beneficio de Regularización Tributaria que establece la ley por haberlos consentido, en especial porque las resoluciones que le concedieron el beneficio solicitado adquirieron el carácter de firmes y consentidas por que el que se considera agraviado no ejercito dentro de los términos legales, los recursos o acciones establecidas en la ley..."..."el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, el derecho de defensa y la no retroactividad, trasgresiones que no se observan, ya que el Aviso de Cobro No. 26-2020, de fecha diez de marzo del dos mil veinte, emitido por el Servicio de Administración de Rentas, acusado de ilegal por el recurrente en Amparo, es una acción ejecutiva de cobranza persuasiva y preferente que el Estado tiene para el cobro de los créditos por concepto de tributos, multas e intereses, que resulten de autoliquidaciones,liquidaciones, resoluciones firmes y sentencias firmes[1]. Acción que no determina la deuda solo la cobra y se realiza previo al cobro de la misma, por la vía judicial..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTA: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, a favor de la Sociedad Mercantil denominada LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S. A. (LACSA), conocido por cuestión de competencia por el SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), relacionadas a un aviso de cobro emitido y notificado en fecha diez de marzo de dos mil veinte, en concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al periodo fiscal dos mil dieciocho y activo neto contra la Sociedad Mercantil LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA. Habiendo estimado la recurrente como violados los artículos 80, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil denominada LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S. A. (LACSA), relacionadas a un aviso de cobro número 26-2020 emitido y notificado en fecha diez de marzo del año dos mil veinte, por la cantidad de setecientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y dos lempiras con ochenta y nueve centavos (L.768,782.89) en concepto de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al período fiscal y activo neto del año dos mil dieciocho, contra la Sociedad Mercantil LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S.A. (LACSA). 2) Que en fecha trece de abril de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, RESUELVE: (SIC) “PRIMERO: SOBRESEER la acción de amparo interpuesta por la abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, quien actúa en favor de la sociedad mercantil denominada LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA (LACSA), contra aviso de cobro emitido y notificado de fecha diez (10) de marzo del dos mil veinte (2020), emitida por SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE GRANDES CONTRIBUYENTES, Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.” (Folios del 93 al 101 vuelto de la pieza de la Corte de Apelaciones). 3) Que en fecha quince de abril del año dos mil veintiuno, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada ANDREA NINOSKA PEREIRA FLORES, a favor de la sociedad mercantil LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, SOCIEDAD ANONIMA (LACSA), contra el “Aviso de Cobro” de fecha diez de marzo del año dos mil veinte, emitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR). CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, el aviso de cobro número 26-2020 de fecha diez de marzo del año dos mil veinte, emitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), es violatoria de los derechos constitucionales de defensa, debido proceso e irretroactividad de la ley, contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal b) de la misma ley. CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; asimismo la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en relación a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar el derecho de defensa, con el propósito de que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de los requisitos de admisibilidad de la acción. CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público por conducto de la Agente de Tribunales Elisa Amador emitió Dictamen en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, a través del cual concluye que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto; arguye la Fiscal del Ministerio Público que se evidencia que el aviso de cobro de fecha diez de marzo del dos mil veinte, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 213 del Código Tributario, contenido en el Decreto 170-2018 y Decreto 98-2018; de tal manera que al ser un aviso de cobro, es una acción persuasiva utilizada por parte de la Administración Tributaria, para cobrar las autoliquidaciones, liquidaciones, resoluciones firmes en atención a lo establecido en los artículos 127 y 129 del Decreto 170-2016; este recibo solo constituye el cobro de una obligación adquirida de manera voluntaria por el contribuyente, derivada de un crédito gozado indebidamente por efecto de la regularización que adquirió y consintió; además considera el Ministerio Publico que la impetrante no siguió ni agoto el procedimiento administrativo correspondiente, para poder tener el derecho de invocar, la vía judicial. En virtud que tal y como lo confirma la autoridad tributaria en el informe rendido, el aviso de cobro no constituye un acto administrativo, simplemente representa una mera comunicación en donde se detallan las deudas exigibles derivadas del incumplimiento de su obligación material. CONSIDERANDO (6): Que en la fundamentación de la sentencia que se revisa, el Tribunal decisor sostiene que se observa que, ante la manifestación presentada por el obligado tributario, que no se ha realizado ningún proceso de verificación, fiscalización, comprobación o liquidación del crédito que se le está cobrando a través del aviso de cobro. Sin embargo, se observa de la autoliquidación realizada por LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, S. A. (LACSA) del impuesto sobre la renta y activo neto del año 2018, que dicho contribuyente considera que debe arrastrar un crédito a su favor; En relación a esta autoliquidación, la Administración Tributaria generó el aviso de cobro número 26-2020 de fecha diez de marzo del dos mil veinte, por la cantidad de SETENCIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (l768,782.89), de lo cual se puede concluir de manera categórica que el aviso de cobro es una consecuencia de que la Administración Tributaria realizó una determinación de los tributos del mencionado contribuyente.- Fundamenta el órgano decisor que los procedimientos de determinación de los tributos están sujetos al principio de legalidad que predomina en el Código Tributario con derecho a impugnar las resoluciones emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la Superintendencia Tributaria Aduanera, la Administración Tributaria y la Administración Aduanera, que les afecten, de acuerdo a lo establecido en dicha normativa tributaria y a obtener un pronunciamiento de las mismas en los plazos contenidos en el mencionado Código; además contra las resoluciones administrativas pueden recurrir en vía administrativa mediante los respetivos recursos y posteriormente si dicha resolución le afecta su derecho, podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si considera que se le ha violentado un derecho, por lo cual en base al artículo 46 numeral 3 y párrafo último de la Ley sobre Justicia constitucional es meritorio SOBRESEER la acción de amparo planteada por la recurrente. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, aprecia que es evidente que el peticionario de Amparo no agotó los recursos ordinarios que la ley pone a su disposición en sede administrativa, a efecto de revisar el acto que recurre en Amparo, ello en atención al Principio de Definitividad a que alude la sentencia que se revisa, atendiendo a que la demanda de Amparo solo procede contra actos definitivos, es decir respecto de aquellos que no admiten recurso o medio ordinario para revocarlo, anularlo o modificarlo. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que ha sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO (9): Que según dispone el artículo 52 párrafo tercero de la Ley Sobre Justicia Constitucional, “Los informes se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos.” Es así como la autoridad recurrida, Servicio de Administración de Rentas por medio de la Dirección de Grandes Contribuyentes, establece en su informe que el obligado tributario LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, S. A., presento solicitud para obtener el beneficio de regulación tributaria para los períodos fiscales del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, por lo cual el obligado tributario al acogerse a dicho beneficio y una vez otorgado por la Administración Tributaria, deberá someterse a los efectos del beneficio de Regularización Tributaria que establece la ley por haberlos consentido, en especial porque las resoluciones que le concedieron el beneficio solicitado adquirieron el carácter de firmes y consentidas por que el que se considera agraviado no ejercito dentro de los términos legales, los recursos o acciones establecidas en la ley. (Folio 60 al 62 de los autos) CONSIDERANDO (10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, el derecho de defensa y la no retroactividad, trasgresiones que no se observan, ya que el Aviso de Cobro No. 26-2020, de fecha diez de marzo del dos mil veinte, emitido por el Servicio de Administración de Rentas, acusado de ilegal por el recurrente en Amparo, es una acción ejecutiva de cobranza persuasiva y preferente que el Estado tiene para el cobro de los créditos por concepto de tributos, multas e intereses, que resulten de autoliquidaciones,liquidaciones, resoluciones firmes y sentencias firmes[1]. Acción que no determina la deuda solo la cobra y se realiza previo al cobro de la misma, por la vía judicial. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Andrea Ninoska Pereira Flores. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal b), 46.3, 48, 52, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de abril del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-343-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 127 del Código Tributario.