Sentencia AA-301-19 — Registro 12647
Resumen
Sanción disciplinaria impuesta a recurrente en base a la Norma Interna que rige la Vida Estudiantil de la Autoridad recurrida por haber incurrido en falta grave con la consecuencia de la prohibición de matricularse en otra Universidad con la cual tenga convenio dicha Universidad; a recurrente se le supone responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de víctima; Autoridad recurrida suspendió indefinidamente a recurrente hasta que presente la carta de libertad definitiva ya que consta que el juez de letras competente dictó sobreseimiento provisional y decretó carta de libertad provisional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional manifiesta que la autonomía universitaria posibilita, el hecho que cada institución establezca el modelo educativo y de estudiante que aspira a formar, de conformidad con los valores y principios constitucionales y en ejercicio de su función social. Sin embargo, esta Sala de lo Constitucional observa un divorcio entre el derecho a la educación y la autonomía, al momento de la redacción de la disposición administrativa a imponer, es decir la sanción disciplinaria impuesta bajo el amparo de la autonomía universitaria, en este caso, la sanción muy grave contenida en el Articulo16. “…Son faltas muy graves: a), b), c), d) Cometer cualquier acto tipificado en las leyes del país como delito, calificado por autoridad competente. e), f), g), h), i), j). – y el haber dispuesto en el artículo 19 que las faltas muy graves únicamente sean competencia del Senado Universitario..."..."se determina como thema decidendi, el conflicto entre la imposición de determinada sanción que implica la suspensión indefinida del estudiante de la universidad, en aplicación de la autonomía universitaria y el hecho de que esta sanción vulnere el derecho a la educación, conflicto que alcanza un puente de unidad a través del respeto absoluto al debido proceso administrativo, teniendo siempre como norte que la aplicación de cualquier sanción disciplinaria debe tener como objeto la función formativa del estudiante y es en base a esta función formativa del estudiante, que deberán formularse las valoraciones que la universidad realice de cada una de las circunstancias al momento de aplicar la sanción de expulsión sea definitiva o no, pasando así a otro derecho fundamental contenido dentro del derecho fundamental genérico del debido proceso y es el derecho del estudiante a obtener una resolución debidamente motivada. Esta Sala entiende y así lo determina, que el derecho a la educación es, como muchos, un “derecho-deber”, puesto que no solo conlleva derechos, sino que también requiere del acatamiento de obligaciones, de cuyo cumplimiento sobreviven aquellos derechos. En ese sentido, no existe en este caso una valoración proporcional por parte del Senado, entre la sanción impuesta y las circunstancias del caso, al exigir un sobreseimiento definitivo para devolver el derecho a la educación del estudiante, surgiendo con dicha omisión la contravención al deber constitucional de motivar las resoluciones..."..."En notorio que no se realizó un proceso disciplinario al estudiante de la Universidad Católica, por falta de disposición legal en su normativa; ya que el redactor de la misma, confirió a la máxima autoridad de ese centro educativo, el imponer las sanciones muy graves, violentando con ellos los derechos antes apuntados, es decir, el derecho a una doble instancia, que haga posible la materialización del derecho de defensa a través del derecho al recurso. Esta disposición contenida en el Artículo 19 de la Norma Interna que rigen la vida estudiantil, que como se dijo, otorga facultad exclusiva de imposición de sanciones graves al Senado Universitario, es inaplicable al caso concreto, ya que regula ciertos derechos y garantías del estudiante, como el principio de legalidad, en su facción del derecho del recurrente a ser sujeto de la aplicación de una sanción previamente establecida, (art.16.d) NIRVE), en virtud de que esta disposición disminuye y restringe el derecho al recurso, el derecho de defensa y consecuentemente el derecho a un debido proceso administrativo, norma secundaria que contraviene lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución de la República, el que ordena de manera concreta que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen restringen o tergiversan, volviendo ilusorio el contenido del artículo 20 de su misma norma, el que pone a la disposición del estudiantado la posibilidad de recurrir..."..."Dentro de los requisitos enunciados por esta Sala, destacan la necesidad de motivar de manera congruente las decisiones que tienen como resultado limitar el derecho a la educación, así como la necesidad de analizar la proporcionalidad de la sanción frente a la gravedad de la falta, como se indicó con anterioridad. Respecto a la motivación, consideramos que es un deber de las instituciones educativas sentar una línea de precedentes jurisprudenciales, sobre los criterios para la imposición de las sanciones, de tal forma que las mismas no sólo garanticen el debido proceso, sino el derecho de igualdad. Esto último, encaminado a asegurar que los estudiantes reciban un tratamiento equitativo a lo largo del tiempo. Se determina entonces, la inaplicación de los artículos 19 y 20 en el presente caso puesto que dichas normas disminuyen y restringen los derechos fundamentales que constituyen el núcleo del debido proceso arriba enunciados..."..."La Sala de lo Constitucional manifiesta que la sanción preestablecida en el literal d) del artículo 16 en análisis, únicamente podrá ser impuesta después de haberse obtenido “una sentencia condenatoria firme”, dictada por autoridad competente, mediante la cual se condene a una persona por haber “cometido un delito”. La redacción de la norma imposibilita su aplicación mientras no se haya quebrantado la presunción de inocencia a través de una sentencia condenatoria pasada por la solemnidad de la cosa juzgada. Así las cosas, la Actuación del Senado Universitario de la Universidad Católica, vulnera el principio de legalidad, pues en uso de su autonomía universitaria, determinaron aplicar justicia y requerir como condición, un sobreseimiento definitivo a favor del del estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, para poder garantizar el derecho a la educación en dicho centro, violando la presunción de inocencia, establecido en el artículo 89 constitucional, el que manda que toda persona es inocente, mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente..."..."la suspensión del estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, además de vulnerar la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la educación, por impedir el acceso del estudiante a la institución, en tanto no se obtenga un sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la sanción impuesta podría considerarse legítima, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones: La primera y más evidente, es que en virtud del principio de legalidad las sanciones disciplinarias se encuentren previamente establecidas en el reglamento universitario y que, al momento de imponerlas, se cumpla a cabalidad con las etapas que comprenden el debido proceso, así se cumpliría con el debido proceso administrativo, tan fundamental como el debido proceso legal y dentro de este como el debido proceso penal, con el cual es necesario hacer un parangón, a ver, resulta pertinente evaluar los requisitos que esta Sala considera que debe reunir la sanción administrativa <impuesta bajo el paraguas de “autonomía universitaria”> para que esté acorde con la Constitución y no sea violatoria del debido proceso. .."..."ha quedado acreditado que la sanción establecida en el artículo 16 literal d) impuesta, no es aplicable al presente caso en tanto el estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, no ha sido condenado por haber cometido delito alguno por ningún Tribunal de Sentencia del país. Así, la imposición de la sanción vulnera el debido proceso, y dentro de este el derecho al recurso y el derecho de defensa, lo que obliga a esta Sala a aplicar el principio de supremacía Constitucional contenido en el Artículo 320 de la Constitución, el que es taxativo al establecer que “…En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera.” Así las cosas, el Artículo 90 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y uno de los derechos fundamentales de la persona humana es ser oído y vencido previo a ser sujeto de una sanción, principio constitucional contenido en el artículo 94. el que ordena que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. .."..."las vulneraciones a los derechos fundamentales garantizados al estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, han sido explicadas en cada una de las consideraciones de esta sentencia, es por ello que esta Sala de lo Constitucional, en aplicación del numeral 2) del artículo 183 de la Constitución de la República y del artículo numeral 2) del artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, determina la procedencia de otorgar el recurso de amparo y quede sin valor ni efecto; y se ordena al Senado Universitario, que se le restituya el goce y disfrute de todos los derechos que como estudiante le fueron violentados a LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 73 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Ciudadano JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES quien actúa en su condición de presidente de la organización denominada Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), a favor del ciudadano LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, contra la resolución dictada por la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS (UNICAH), en fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019), contenida en el punto no. 8 inciso b) del Acta 304, mediante la cual, se suspendió de manera indefinida, al ciudadano LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, de dicha universidad. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (01) de abril de dos mil diecinueve (2019) el Ciudadano JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES actuando en su condición de Presidente de la Organización denominada Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), compareció ante este Tribunal interponiendo acción de amparo a favor del Ciudadano LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, manifestando lo siguiente: a) Que en el 2015 el Joven Henríquez Matute comenzó sus estudios universitarios mismos que ha cursado hasta el tercer periodo del año 2018, siendo que el 23 de enero del 2019, el Señor Darío Martin Henríquez en su condición de Coordinador Académico del relacionado centro académico, remitió la correspondiente carta de aceptación a la Empresa IM DISTRIBUCIONES, siendo que a la fecha faltaría la aprobación de haber culminado ya la práctica profesional, y culminar los módulos de inglés V y VI. b) Que en fecha 09 de febrero de 2019 el Joven Henríquez Matute departía con algunas amistades en hora de la madrugada, entre ellos el Señor Julio Romero, quien comenzó a inferir amenazas y provocaciones contra el Joven Henríquez Matute, siendo que el altercado finalizó en pelea física entre todos los que se encontraban, siendo el Joven Henríquez Matute el único estudiante de la precitada Universidad. c) En horas de la mañana del siguiente día familiares del Señor Julio Romero se presentaron a la vivienda del Joven Henríquez Matute con intención de provocarle daño a la vida de este y siendo en ese momento que se presentó la presencia policial en dicha residencia para remitir al Joven Henríquez Matute ante las autoridades. d) Como producto de la detención el Ministerio Público formalizó el requerimiento fiscal, bajo la supuesta comisión del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, siendo evacuada la audiencia de declaración de imputado en fecha 10 de febrero de 2019, misma en la cual el juez resolvió dictar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en la causa instruida, decretando la carta de libertad de libertad provisional correspondiente y ordenando la libertad del Joven Henríquez Matute. e) Que en fecha 18 de febrero del 2019, el Joven Henríquez Matute su Señora Madre Marina Matute, presentaron nota ante el Licenciado Darío Henríquez, solicitando le permitiera al Joven Henríquez Matute finalizar clases de inglés (VI) con diferentes métodos educativos, en virtud de haber recibido amenazas de muerte por parte de la familia del Señor Julio Romero, nota que iba acompañada de la carta de libertad del Joven Henríquez Matute. f) Que, tras una serie de conversaciones con la Señora Marina Matute, en distintas ocasiones, el Coordinador Académico, Licenciado Darío Henríquez, se comprometió a que la Universidad realizaría las gestiones internas para que pudiese culminar las clases en línea, por lo que les instruyeron a que cancelaran el periodo académico 2019 y sus respectivas clases para luego matricular la clase restante (inglés VI). g) Para sorpresa, el Coordinador académico se negó a entregar una respuesta concreta para la nueva matrícula, insinuando que estaba recibiendo amenazas por parte de los familiares del Señor Julio Romero, por lo que remitió dicho caso al Senado de la Universidad Católica debiendo avocarse al Dr. Edgar Handal Facusse en su condición de Secretario General de la Universidad Católica de Honduras, para ser informado de su estatus académico. h) Que en fecha 19 de marzo de 2019, el Joven Henríquez Matute se avocó ante el Dr. Edgar Handal Facusse, quien le informó que se encontraba suspendido de manera indefinida hasta que presentara la carta de libertad definitiva, sin posibilidad de solicitar historial o certificación de estudios para poder realizar traslado a otra institución. (Folios 1–55 del presente Recurso). 2) Que en fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019), se admitió el presente recurso de amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rindiera informe dentro del término de un (01) día hábil o remitiera los antecedentes del caso. (Folio 57 del presente Recurso) 3) Que en fecha seis (06) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS (UNICAH), en el cual se establece: “1.- Resulta que en fecha 11 de marzo del 2019 en reunión de Senado Universitario de la Universidad Católica de Honduras se conoció el status del alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil el cual se encontraba cursando la última materia en horario especial de los sábados la cual perdió por inasistencias por su situación de detenido, ya que enfrentaba un proceso penal por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa del cual se le otorgo un Sobreseimiento Provisional. 2.- Así mismo en el punto número 8 inciso b, el Honorable Senado decide sobre la petición de definición del Status del alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, a quien se le ha extendido un sobreseimiento provisional por el delito de Tentativa de Homicidio, razón por la cual resolvió suspender indefinidamente y perdida del primer periodo académico del 2019 hasta que la autoridad competente extienda el Sobreseimiento definitivo de la causa. 3.- Por su parte Honorables Magistrados la aplicación de la medida anterior por parte del Senado Universitario es en estricto apego al artículo 16 inciso d, de las normas que rigen la vida estudiantil, ya que dicha imputación al estudiante Luis Fernando Henríquez Matute colisiona con la referida norma. 4.- En estricto sensu, las Norma Interna que rigen la vida estudiantil, establece en el artículo 51: Son faltas muy graves: a… b.- Cometer cualquier acto tipificado en las leyes del país como delito; y en el caso del alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, hasta este momento no se ha tenido ningún documento por parte de los Juzgados de la República que nos indique con certeza que el estatus legal ha sido modificado. 5.- Que en el artículo 52 de la referida normativa se establece el tipo de sanciones a imponer para cada una de las faltas y lo que concierne a las faltas muy graves en su inciso a. Cancelación definitiva: Es la que impide al estudiante continuar estudios de manera definitiva y permanente en cualquier campus de la Universidad decidió imponer la sanción menos perjudicial al estudiante. 6.- Por otra parte Honorables Magistrados, nuestras Normas Interna, Normas que rigen la Vida Estudiantil en su artículo 54 se establece que “Las sanciones correspondientes a las faltas muy graves serán ratificadas por Senado Universitario” razón por la cual el Senado Universitario procedió a suspender indefinidamente al estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, aplicado la norma por la sanción muy grave en el inciso a) por considerarlo menos gravoso para el alumno; dejando de aplica la más gravosa de la sanción que se encuentra en el incido b) que establece: “Expulsión de la universidad cancelación definitiva y permanente de la matricula con notificación a las Universidades del país y las Universidades con las que se tenga convenio”. 7.- Así mismo señores Magistrados, continúa manifestando nuestra normativa “Contra las sanciones disciplinarias que se apliquen en virtud de este reglamento, el afectado tiene derecho de apelar ante las diferentes instancias de la Universidad, según sea el caso, cuanto no esté de acuerdo con el tipo de sanción aplicada” Recurso este que el alumno no hizo uso en el momento procesal oportuno, consintiendo la resolución impuesta por la Universidad Católica de Honduras. (Folios 64-67 de la presente Recurso) 4) Que en fecha veintiuno (21) de enero de dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emitiera su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 160 del presente Recurso) 5) Que en fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se Otorgue el presente amparo, en virtud de existir vulneración al Derecho de Defensa y el Derecho a la Educación, consagrados en los artículos 82 y 151 de la Constitución de la República.” (Folios 163–166 y 168 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303, todos de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): El recurrente, en la acción de amparo interpuesta a favor del alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, estudiante de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS (UNICAH), a quien únicamente le falta cursar un Módulo de Ingles VI para culminar con la carrera de Ingeniería Civil, estima que se le ha vulnerado a su representado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, así como el derecho de defensa estimado en el artículo 82, el derecho a ser oído y vencido en juicio, contenido en el artículo 94 de la Constitución de la República, pues fue sancionado con la expulsión definitiva de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS (UNICAH), en todos los campus del país, y se le impuso la prohibición de matricularse en cualquier otra Universidad con la cual la Universidad Católica tenga cualquier tipo de convenio, sin haber habido ningún procedimiento en el cual el alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, haya sido intimado sobre la falta que supuestamente cometió y sin haber sido escuchado al respecto. CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes revela, que en fecha diez de febrero de dos mil diecinueve, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra del ciudadano-estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, por suponerlo responsable de la comisión del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa. En fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, en la ciudad de Juticalpa, Olancho, en el Juzgado de Letras de esa sección judicial, el Juez de Letras celebró audiencia inicial, en la cual culminó decretándose un sobreseimiento provisional a favor del estudiante Luis Fernando Henríquez Matute, ordenando la libertad del mismo. El dieciocho de febrero de ese mismo año, dos mil diecinueve, la madre de estudiante Luis Fernando Henríquez Matute, Marina Ramona Matute, presentó una nota ante el Licenciado Darío Henríquez, Coordinador académico, solicitando le permitiera al Joven Henríquez Matute cursar la clase de inglés mediante un método distinto al presencial, (virtual), manifestando la madre que su hijo, recibía amenazas a muerte por parte de la familia del Señor -Julio Romero, quien la supuesta víctima en el caso penal sobreseído provisionalmente-, nota a la cual se adjuntó copia del sobreseimiento provisional y la carta de libertad extendida por autoridad competente al Joven Henríquez Matute. El Licenciado Darío Henríquez se comprometió verbalmente a realizar gestiones para que la Universidad Católica autorizara al alumno el culminar la clase en línea, por lo que le instruyó a que cancelaran el periodo académico 2019 y sus respectivas clases para luego matricular la clase restante inglés VI, realizando los pagos sugeridos.-CONSIDERANDO (5): Que según manifiesta la madre del alumno, el Coordinador Académico se negó a entregar una respuesta concreta sobre la nueva matrícula para cursar la clase en línea, insinuando que estaba recibiendo amenazas por parte de los familiares del Señor Julio Romero, -mismo que amenazaba al estudiante-, decidiendo el Coordinador y así lo hizo, remitir la nota antes relacionada al Senado de la Universidad Católica, y le manifestó que de ahora en adelante debe avocarse ante el Dr. Edgar Handal Facusse en su condición de Secretario General de la Universidad Católica de Honduras, para ser informada sobre el nuevo estatus académico de su hijo. Señala la madre del recurrente que así lo hizo, y el 19 de marzo de 2019, el Joven Henríquez Matute se avocó ante el Dr. Edgar Handal Facusse, quien le informó que se encontraba suspendido de manera indefinida hasta que presentara la carta de libertad definitiva, informándole que la Universidad no le podía facilitar, en caso de solicitarlo, historial o certificación de estudios, por si pretendía un traslado para poder realizar estudio en otra institución educativa superior y culminar la carrera. CONSIDERANDO (6): Que en atención a lo establecido en el artículo 52 de la Ley sobre Justicia Constitucional, se obtuvo el informe solicitado por la secretaría de la Sala de lo Constitucional a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS (UNICAH), en el cual se establece: “1.- Resulta que en fecha 11 de marzo del 2019, en reunión de Senado Universitario de la Universidad Católica de Honduras se conoció el status del alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil el cual se encontraba cursando la última materia en horario especial de los sábados la cual perdió por inasistencias por su situación de detenido, ya que enfrentaba un proceso penal por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa del cual se le otorgo un Sobreseimiento Provisional. 2.- Así mismo en el punto número 8 inciso b, el Honorable Senado decide sobre la petición de definición del Status del alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, a quien se le ha extendido un sobreseimiento provisional por el delito de Tentativa de Homicidio, razón por la cual resolvió suspender indefinidamente y perdida del primer periodo académico del 2019 hasta que la autoridad competente extienda el Sobreseimiento definitivo de la causa. 3.- Por su parte Honorables Magistrados la aplicación de la medida anterior por parte del Senado Universitario es en estricto apego al artículo 16 inciso d, de las normas que rigen la vida estudiantil, ya que dicha imputación al estudiante Luis Fernando Henríquez Matute colisiona con la referida norma. 4.- En estricto sensu, las Norma Interna que rigen la vida estudiantil, establece en el artículo 51: Son faltas muy graves: a… b.- Cometer cualquier acto tipificado en las leyes del país como delito; y en el caso del alumno LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, hasta este momento no se ha tenido ningún documento por parte de los Juzgados de la República que nos indique con certeza que el estatus legal ha sido modificado. 5.- Que en el artículo 52 de la referida normativa se establece el tipo de sanciones a imponer para cada una de las faltas y lo que concierne a las faltas muy graves en su inciso a. Cancelación definitiva: Es la que impide al estudiante continuar estudios de manera definitiva y permanente en cualquier campus de la Universidad decidió imponer la sanción menos perjudicial al estudiante. 6.- Por otra parte Honorables Magistrados, nuestras Normas Interna, Normas que rigen la Vida Estudiantil en su artículo 54 se establece que “Las sanciones correspondientes a las faltas muy graves serán ratificadas por Senado Universitario” razón por la cual el Senado Universitario procedió a suspender indefinidamente al estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, aplicado la norma por la sanción muy grave en el inciso a) por considerarlo menos gravoso para el alumno; dejando de aplicar la más gravosa de la sanción que se encuentra en el incido b) que establece: “Expulsión de la universidad cancelación definitiva y permanente de la matricula con notificación a las Universidades del país y las Universidades con las que se tenga convenio”. 7.- Así mismo señores Magistrados, continúa manifestando nuestra normativa “Contra las sanciones disciplinarias que se apliquen en virtud de este reglamento, el afectado tiene derecho de apelar ante las diferentes instancias de la Universidad, según sea el caso, cuanto no esté de acuerdo con el tipo de sanción aplicada” Recurso este que el alumno no hizo uso en el momento procesal oportuno, consintiendo la resolución impuesta por la Universidad Católica de Honduras. CONSIDERANDO (7): Que, una vez expuestos los antecedentes, proseguimos señalando que, en un estado de derecho, no cabe la aplicación de la justicia a una persona humana, sin que se realice en base a un debido proceso sea administrativo o legal; así, el artículo
- de la Constitución de la República determina que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, asimismo, Artículo 59 constitucional eleva a la persona humana como el fin supremo de la Sociedad y del Estado, señalando que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla y sigue la disposición constitucional: “…La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una Ley Especial.[1]”. CONSIDERANDO (8): Que en el caso que nos ocupa es menester señalar que en Honduras la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. En ese sentido, y en el ejercicio de ese mandato constitucional, ha de mencionarse que el estamento legal o ley secundaria que rige la relación estudiante - Universidad Católica, se denomina: “Norma Interna que rige la vida estudiantil” y en el Artículo 1. de esta normativa se lee: “… La Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de La Paz, nacida del corazón de la Iglesia Católica, es un centro que contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana, garantizando a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y el bien común. En consecuencia, el cumplimiento de esta normativa es de carácter obligatorio.” CONSIDERANDO (9): Que Artículo 2. de la “Norma Interna que rigen la vida estudiantil” apunta que “…Las normas disciplinarias procuran prevenir aquellas conductas contrarias a la vida institucional, a preservar la armonía, estabilidad y normalidad de la vida universitaria; define el régimen de sanciones y causales de suspensión y retiro de la universidad. Estas normas se basan en cinco principios fundamentales: 1. El respeto a la Iglesia Católica. Se entiende por respeto a la Iglesia Católica, reconocer su doctrina, actos litúrgicos, legítimos pastores y sobre todo a sus principios morales. 2. El respeto a la dignidad Humana: para la doctrina católica el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que le da una específica dignidad, que es universal para todo hombre, en todo tiempo. El hombre es dueño de su libertad, entendida como la capacidad de optar por todo aquello que conduzca a la dignificación y crecimiento de la propia persona. 3. La Ética. Todos los miembros de la comunidad universitaria deben ajustar su conducta al respeto a la ética, rechazar cualquier forma de inmoralidad, corrupción, incumplimiento del deber, violación del secreto profesional y competencia desleal. 4. Respeto a los valores. El valor supremo es la verdad Los miembros de la comunidad universitaria deben compartir el respeto a los valores, dentro de una escala jerárquica en la que están en primer lugar los valores religiosos, espirituales y morales. Segundo lugar los valores éticos y morales, sociales, profesionales, ecológicos, culturales, artísticos, cívicos. Tercero los valores económicos, administrativos, técnicos, comerciales, deportivos y físicos. 5. La formación universitaria considerada como integral, reconoce que todo alumno debe participar plenamente en las grandes actividades: espiritual, académicas, investigativas y de extensión. CONSIDERANDO (10): Que, ha quedado claramente establecido que el hecho administrativo que se analiza, comienza en fecha dieciocho de febrero de ese mismo año, dos mil diecinueve, cuando la madre -del estudiante Luis Fernando Henríquez Matute- Marina Ramona Matute, presenta una nota ante el Licenciado Darío Henríquez, Coordinador académico, solicitando le permitiera al Joven Henríquez Matute cursar la clase de inglés mediante un método distinto al presencial, (método virtual), informando que su hijo, como consecuencia de un problema legal, está siendo objeto de amenazas, por parte de la familia de la supuesta víctima, adjuntando a la nota, el sobreseimiento provisional y la carta de libertad a favor de su hijo, hoy recurrente. No obstante, esa nota es contestada por el Senado Universitario quien es la autoridad máxima de ese centro educativo superior, según lo dispuesto en el Artículo 10 de la “Norma Interna que rigen la vida estudiantil”: Artículo 10 que en su literal e) dispone: “…Seguir los conductos establecidos para la atención de sus peticiones, que en su orden son: a.- Catedrático, b.- Coordinador de carrera o Decano, c.- Director de Campus, d.- Vice Rectoría, e.- Consejo Académico y f.- Senado Universitario.” Siguiendo el hilo conductual, se expuso que es la autoridad máxima quien contestó la nota supra mencionada, imponiendo de plano la sanción que ahora se impugna; y ello es así, porque así lo establece la norma en el artículo 19 que dispone: Artículo 19. de la “Norma Interna que rigen la vida estudiantil”; “…Cuando se apliquen sanciones a faltas muy graves, sólo podrá hacerlo el Senado Universitario.” En ese sentido, la falta aplicada se encuentra contenida en el artículo 16 de la mencionada normativa que señala: “Articulo16. Son faltas muy graves: a), b), c), d) Cometer cualquier acto tipificado en las leyes del país como delito, calificado por autoridad competente. e), f), g), h), i), j)”. - Se reitera púes que, las faltas catalogadas como muy graves, son impuestas directamente por el Senado Universitario de la Universidad Católica de Honduras, disposición que hace ilusoria la aplicación del artículo 20 de las normas supra, que manda: “Artículo
- Contra las sanciones disciplinarias que se apliquen en virtud de este reglamento, el afectado tiene derecho de apelar ante las diferentes instancias de la Universidad, según el caso, cuando no esté de acuerdo con el tipo de sanción aplicada.”; pues no existe otra instancia ante quien impugnar lo que el Senado disponga, contraviniendo el principio de doble instancia. CONSIDERANDO (11): La educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza; así lo manda la Constitución en su artículo 151.- También es constitucional la potestad otorgada a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de gozar de “…la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional…” En ese sentido, ya la Constitución dispone en el artículo 160 que, para la creación y funcionamiento de universidades privadas, se emitirá una ley especial de conformidad con los principios que esta Constitución establece, con lo cual queda claramente señalado que las normas secundarias surgen y adquieren vida siempre y cuando no se contrapongan a la Constitución de la República. CONSIDERANDO (12): Que, continuando con el análisis anterior, la Constitución consagra a la autonomía universitaria como un derecho y una libertad, dirigiendo las instituciones de educación superior, para fijar las reglas generales de su accionar, y como requisito -sine qua non- dentro de los límites establecidos en la Constitución y la ley. Lo anterior se traduce en la capacidad de autorregulación y autodeterminación que poseen las universidades, en consecuencia, cada institución de educación superior está facultada para contar con sus propias reglas académicas, administrativas y disciplinarias, entre otras, y regirse conforme a ellas, como lo hace la Universidad Católica con sus normas que rigen la Vida Estudiantil. La Sala de lo Constitucional manifiesta que la autonomía universitaria posibilita, el hecho que cada institución establezca el modelo educativo y de estudiante que aspira a formar, de conformidad con los valores y principios constitucionales y en ejercicio de su función social. Sin embargo, esta Sala de lo Constitucional observa un divorcio entre el derecho a la educación y la autonomía, al momento de la redacción de la disposición administrativa a imponer, es decir la sanción disciplinaria impuesta bajo el amparo de la autonomía universitaria, en este caso, la sanción muy grave contenida en el Articulo16. “…Son faltas muy graves: a), b), c), d) Cometer cualquier acto tipificado en las leyes del país como delito, calificado por autoridad competente. e), f), g), h), i), j). – y el haber dispuesto en el artículo 19 que las faltas muy graves únicamente sean competencia del Senado Universitario. CONSIDERANDO (13): Que, se determina como thema decidendi, el conflicto entre la imposición de determinada sanción que implica la suspensión indefinida del estudiante de la universidad, en aplicación de la autonomía universitaria y el hecho de que esta sanción vulnere el derecho a la educación, conflicto que alcanza un puente de unidad a través del respeto absoluto al debido proceso administrativo, teniendo siempre como norte que la aplicación de cualquier sanción disciplinaria debe tener como objeto la función formativa del estudiante y es en base a esta función formativa del estudiante, que deberán formularse las valoraciones que la universidad realice de cada una de las circunstancias al momento de aplicar la sanción de expulsión sea definitiva o no, pasando así a otro derecho fundamental contenido dentro del derecho fundamental genérico del debido proceso y es el derecho del estudiante a obtener una resolución debidamente motivada. Esta Sala entiende y así lo determina, que el derecho a la educación es, como muchos, un “derecho-deber”, puesto que no solo conlleva derechos, sino que también requiere del acatamiento de obligaciones, de cuyo cumplimiento sobreviven aquellos derechos. En ese sentido, no existe en este caso una valoración proporcional por parte del Senado, entre la sanción impuesta y las circunstancias del caso, al exigir un sobreseimiento definitivo para devolver el derecho a la educación del estudiante, surgiendo con dicha omisión la contravención al deber constitucional de motivar las resoluciones. CONSIDERANDO (14): En notorio que no se realizó un proceso disciplinario al estudiante de la Universidad Católica, por falta de disposición legal en su normativa; ya que el redactor de la misma, confirió a la máxima autoridad de ese centro educativo, el imponer las sanciones muy graves, violentando con ellos los derechos antes apuntados, es decir, el derecho a una doble instancia, que haga posible la materialización del derecho de defensa a través del derecho al recurso. Esta disposición contenida en el Artículo 19 de la Norma Interna que rigen la vida estudiantil, que como se dijo, otorga facultad exclusiva de imposición de sanciones graves al Senado Universitario, es inaplicable al caso concreto, ya que regula ciertos derechos y garantías del estudiante, como el principio de legalidad, en su facción del derecho del recurrente a ser sujeto de la aplicación de una sanción previamente establecida, (art.16.d) NIRVE), en virtud de que esta disposición disminuye y restringe el derecho al recurso, el derecho de defensa y consecuentemente el derecho a un debido proceso administrativo, norma secundaria que contraviene lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución de la República, el que ordena de manera concreta que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen restringen o tergiversan, volviendo ilusorio el contenido del artículo 20 de su misma norma, el que pone a la disposición del estudiantado la posibilidad de recurrir. CONSIDERANDO (15): Que, el procedimiento disciplinario mínimo a respetarse en casos como este, para la imposición de sanciones, sería por ejemplo: 1.- Comunicación formal de la apertura de un proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas susceptibles de sanción; 2.- Formulación escrita de los cargos imputados, en los que consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; 3.- Traslado al estudiante de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; 4.- Indicación del término con que cuenta el estudiante para formular sus descargos (de manera oral o escrita), refutar las pruebas allegadas en su contra y aportar las que considere pertinentes; 5.- Pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; 6.- Imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron, y 7.- Posibilidad de que el estudiante pueda impugnar, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes. Todo lo anterior, con el ánimo de garantizar los principios que conforman el núcleo del debido proceso, a saber: Legalidad, derecho de defensa, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, respeto a la dignidad humana. Dentro de los requisitos enunciados por esta Sala, destacan la necesidad de motivar de manera congruente las decisiones que tienen como resultado limitar el derecho a la educación, así como la necesidad de analizar la proporcionalidad de la sanción frente a la gravedad de la falta, como se indicó con anterioridad. Respecto a la motivación, consideramos que es un deber de las instituciones educativas sentar una línea de precedentes jurisprudenciales, sobre los criterios para la imposición de las sanciones, de tal forma que las mismas no sólo garanticen el debido proceso, sino el derecho de igualdad. Esto último, encaminado a asegurar que los estudiantes reciban un tratamiento equitativo a lo largo del tiempo. Se determina entonces, la inaplicación de los artículos 19 y 20 en el presente caso puesto que dichas normas disminuyen y restringen los derechos fundamentales que constituyen el núcleo del debido proceso arriba enunciados. CONSIDERANDO (16): Que, en otro orden de cosas, la Sala Constitucional ha analizado la disposición impuesta en el Artículo 16. “…Son faltas muy graves: a), b), c), d) Cometer cualquier acto tipificado en las leyes del país como delito, calificado por autoridad competente. Así redactada la norma, nos lleva a entender el significado del verbo “Cometer”. Según el Diccionario de la Real Academia Española significa: Incurrir en una culpa, yerro, falta etc. En el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Real Academia Española, aparecen como sinónimos del verbo cometer: 1.- Incurrir, 2.- Perpetrar, 3.- Consumar, 4.- Ejecutar. Es decir que, según el artículo 16 en el literal d), se considera una falta grave el acto de haber perpetrado un delito, al acto de haber ejecutado, consumado o cometido un delito. La Sala de lo Constitucional manifiesta que la sanción preestablecida en el literal d) del artículo 16 en análisis, únicamente podrá ser impuesta después de haberse obtenido “una sentencia condenatoria firme”, dictada por autoridad competente, mediante la cual se condene a una persona por haber “cometido un delito”. La redacción de la norma imposibilita su aplicación mientras no se haya quebrantado la presunción de inocencia a través de una sentencia condenatoria pasada por la solemnidad de la cosa juzgada. Así las cosas, la Actuación del Senado Universitario de la Universidad Católica, vulnera el principio de legalidad, pues en uso de su autonomía universitaria, determinaron aplicar justicia y requerir como condición, un sobreseimiento definitivo a favor del del estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, para poder garantizar el derecho a la educación en dicho centro, violando la presunción de inocencia, establecido en el artículo 89 constitucional, el que manda que toda persona es inocente, mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. CONSIDERANDO (17): Que, la suspensión del estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, además de vulnerar la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la educación, por impedir el acceso del estudiante a la institución, en tanto no se obtenga un sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la sanción impuesta podría considerarse legítima, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones: La primera y más evidente, es que en virtud del principio de legalidad las sanciones disciplinarias se encuentren previamente establecidas en el reglamento universitario y que, al momento de imponerlas, se cumpla a cabalidad con las etapas que comprenden el debido proceso, así se cumpliría con el debido proceso administrativo, tan fundamental como el debido proceso legal y dentro de este como el debido proceso penal, con el cual es necesario hacer un parangón, a ver, resulta pertinente evaluar los requisitos que esta Sala considera que debe reunir la sanción administrativa <impuesta bajo el paraguas de “autonomía universitaria”> para que esté acorde con la Constitución y no sea violatoria del debido proceso. En ese sentido, debemos ser garantes del principio de legalidad, primero debemos asegurarnos que la institución tenga un reglamento, aplicable a toda la comunidad educativa, pero esto no basta, sino que debemos estar atentos a que estas normas administrativas sean respetuosas de la Constitución, y en especial, que garanticen los derechos fundamentales. Segundo, que al momento de imponerlas se cumpla siempre con cada uno de los derechos encerrados dentro del derecho fundamental a un debido proceso, en primer lugar, el derecho a ser oído, el derecho a la defensa y el derecho a interponer recursos. CONSIDERANDO (18): Que, ha quedado acreditado que la sanción establecida en el artículo 16 literal d) impuesta, no es aplicable al presente caso en tanto el estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, no ha sido condenado por haber cometido delito alguno por ningún Tribunal de Sentencia del país. Así, la imposición de la sanción vulnera el debido proceso, y dentro de este el derecho al recurso y el derecho de defensa, lo que obliga a esta Sala a aplicar el principio de supremacía Constitucional contenido en el Artículo 320 de la Constitución, el que es taxativo al establecer que “…En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera.” Así las cosas, el Artículo 90 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y uno de los derechos fundamentales de la persona humana es ser oído y vencido previo a ser sujeto de una sanción, principio constitucional contenido en el artículo 94. el que ordena que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. CONSIDERANDO (19): Que, las vulneraciones a los derechos fundamentales garantizados al estudiante LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE, han sido explicadas en cada una de las consideraciones de esta sentencia, es por ello que esta Sala de lo Constitucional, en aplicación del numeral 2) del artículo 183 de la Constitución de la República y del artículo numeral 2) del artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, determina la procedencia de otorgar el recurso de amparo y quede sin valor ni efecto; y se ordena al Senado Universitario, que se le restituya el goce y disfrute de todos los derechos que como estudiante le fueron violentados a LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 69, 80, 82, 89, 90, 94, 183.1 y 2, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 18, 24, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesto por el Ciudadano JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES quien actúa en su condición de presidente de la organización denominada Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), a favor del ciudadano LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE; Y MANDA: 1.- QUEDA SIN VALOR NI EFECTO la resolución que consta en el Acta No. 314, punto número 8 inciso b, i; de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, tomada por el Senado Universitario de la Universidad Católica María Reina de la Paz, mediante la cual se resolvió suspensión indefinida y la pérdida del primer periodo académico del 2019, hasta que la autoridad competente extienda el Sobreseimiento definitivo de la causa; 2.- Se ordena al Senado Universitario, que se le restituya el goce y disfrute de todos los derechos que como estudiante le fueron violentados a LUIS FERNANDO HENRIQUEZ MATUTE; 3.- Que con certificación de esta Sentencia se archiven los antecedentes, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-301-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Reformado por Decreto 191-94 de fecha 15 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27,553 de fecha 14 de febrero de 1995. Ratificado por Decreto No. 2-95 de fecha 7 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.27, 595 del 4 de marzo de 1995.