Sentencia AA-250-19 — Registro 12514
Resumen
Con relación a un reclamo con tasación de costas y minuta de honorarios profesionales contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) , en la demanda especial en materia de licitación pública promovida contra ésta qué resolución en relación a calculo de honorarios en proceso de licitación ultima, la Sala Constitucional Concluye una motivación insuficiente y haber aplicado erróneamente el arancel de Profesionales del Derecho el Tribunal de Alzada. además de haber resuelto un recurso estando pendiente de resolver un incidente de recusación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Resulta claro para la Sala que la motivación es insuficiente, por cuanto pretende adjudicar un monto por cuenta de honorarios, sin una explicación que tome en cuenta los elementos que de acuerdo a las explicaciones de esta sentencia, debieron darse para establecer en una forma más convincente, la cantidad a pagarse en concepto de honorarios, como la cita de la norma que aplica para ello; la cual, como reconoce la misma Corte de Apelaciones, se toma en consideración, aunque sea un caso no previsto directamente por el arancel. Por ende, el reproche contra la motivación del fallo de la corte es de recibo, pero bajo lo expresado por este tribunal, es decir por motivación insuficiente en cuanto a la razón para aplicar determinada norma dejando por fuera otras cuestiones que deben ser objeto de análisis y consideración."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
"La Sala de lo Constitucional ya se pronunció al respecto. En virtud de todo lo expuesto, este alto tribunal de justicia estima que existen razones para amparar al censor, debido a que la motivación de la sentencia analizada contiene vicios que deben ser subsanados para la debida restitución del derecho al debido proceso que ha sido conculcado. De igual forma consta en autos que la corte de apelaciones se pronunció estando pendiente una recusación. En ese sentido, lo procedente es que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dicte nueva resolución atendiendo puntualmente los señalamientos que obran en la presente sentencia. "
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca, a favor de sí mismo, contra la sentencia dictada en fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual revocó la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintisiete de octubre de dos mil once por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con asiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a un reclamo con tasación de costas y minuta de honorarios profesionales, presentada por el abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), por haber ejercido la defensa de dicho instituto en la demanda especial en materia de licitación pública, promovida por la sociedad mercantil EDUCTRADE S.A. contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Estima el impetrante que con el acto reclamado se le han violado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil ocho compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el abogado Jorge Leónidas Calderón Laínez en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil "EDUCTRADE S.A.", interponiendo demanda para la nulidad de un acto administrativo que surta efectos de una decisión final de un proceso de licitación contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), por medio del subdirector ejecutivo, el señor Roger Daniel González Izaguirre. (Folios 1-10 de la pieza principal). 2. En fecha veinticinco de mayo de dos mil once, el abogado Jaime Vásquez Delarca compareció en causa propia ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, para presentar reclamo de pago de honorarios profesionales devengados por asumir defensa y representación procesal. (Folios 1-5 de la pieza de honorarios profesionales). 3. En fecha dieciséis de agosto de dos mil once, el abogado Mario Alejandro Calderón Maldonado compareció en su condición de apoderado legal sustituto del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán para presentar escrito de contestación a la tasación de honorarios profesionales. (Folios 9-14 de la pieza de honorarios profesionales). 4. En fecha veintiséis de octubre de dos mil once, el juzgado antes mencionado, dictó sentencia, fallando: “PRIMERO: Declarar improcedente la acción incoada por el licenciado JORGE LEÓNIDAS CALDERÓN LAÍNEZ, quien actúa en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil "EDUCTRADE, S.A.", y todas las pretensiones solicitadas en la demanda. SEGUNDO: Declarar inadmisible la presente acción.” (Folios 281-285 vuelto del expediente del juez a quo). 5. En fecha veintisiete de octubre de dos mil once, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en donde falló: “1. Declarar sin lugar la cuestión incidental de impugnación planteada por el abogado Mario Alejandro Calderón Maldonado en su condición de apoderado del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), sobre la tasación y minuta detallada de honorarios profesionales, presentada por el abogado Jaime Vásquez Delarca. 2. Tasar aprobando la minuta de tasación de honorarios profesionales a favor del abogado Jaime Vásquez Delarca, en la cantidad de cuatro millones ciento seis mil quinientos lempiras (L.4,106,500.00), calculados en base a la cuantía de la pretensión económica litigada en juicio de veintisiete millones trescientos mil lempiras exactos (L.27,300,000.00) y conforme a las tarifas señaladas en el artículo 43 inciso c), por remisión el párrafo último del inciso d) del mismo artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho, que se desglosa de la forma siguiente: a) siete mil quinientos lempiras (L.7,500.00) de la tarifa de 25% hasta L.30,000.00 de la cuantía litigada en juicio; b) treinta y cuatro mil lempiras (L.34,000.00) de la tarifa de 20% sobre el exceso de L.30,000.00 y hasta L.200,000.00; c) cuatro millones sesenta y cinco mil lempiras (L.4,065,000.00) de la tarifa de 15% sabre exceso de L.200,000.00 en adelante de la cuantía litigada en juicio, resultando como total de honorarios profesionales, la cantidad de cuatro millones ciento seis mil quinientos lempiras exactos (L.4,106,500.00) que deberá pagar o hacerle efectivo, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) al abogado Jaime Vásquez Delarca en concepto de honorarios profesionales por los servicios de procuración en el juicio de mérito.” (Folios 87-99 de la pieza de honorarios profesionales). 6. En fecha quince de marzo de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolvió por unanimidad de votos el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mario Alejandro Calderón contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, decidiendo lo siguiente: “Declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mario Alejandro Calderón, actuando en su condición de apoderado legal sustituto del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central… en el único sentido de tasar los honorarios profesionales a que tiene derecho el abogado Jaime Vásquez Delarca, en la cantidad de cinco mil lempiras exactos (L.5,000.00), en base a cuantía indeterminada, por así haberse señalado en el escrito de demanda.” (Folios 18-22 del expediente del ad quem). 7. En fecha cuatro de febrero de dos mil quince, la Sala de lo Constitucional resuelve por unanimidad de votos la garantía constitucional de amparo que interpuso el abogado Jaime Vásquez Delarca a favor de sí mismo, en contra de la resolución relacionada en el numeral que antecede. Dicho fallo dice así: “I. OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el abogado Jaime Vásquez Delarca, a favor de sí mismo, contra la resolución dictada en fecha quince de marzo de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional y II. SE ORDENA que el tribunal ad quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.” (Folios 56-61 del expediente del ad quem). 8. Posteriormente de haberse proferido el fallo por la Sala de lo Constitucional relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, por unanimidad de votos falló: “PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mario Alejandro Calderón, actuando en su condición de apoderado legal sustituto del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). SEGUNDO: Confirmar la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central…” (Folios 63-66 vuelto del expediente del ad quem). 9. En fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Sala de lo Constitucional, conociendo del recurso de amparo interpuesto por el abogado Jorge Fabian Corea Lobo, a favor del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), contra la sentencia relacionada en el numeral que precede, dictó sentencia, en donde falló por unanimidad de votos, así: “OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto par el abogado Jorge Fabian Corea Lobo, a favor del Instituto Nacional de Formac1ón Profesional (INFOP), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, por lo que el mencionado tribunal de alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación y las omisiones advertidas por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso.” (Folios 76-83 vuelto del expediente del ad quem). 10. En fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual con unanimidad de votos falló: “PRIMERO: Declarar con iugar el recurso de apelación interpuesto, por el abogado Mario Alejandro Calderón, quien sustituyó poder en la abogada Eva Fabiola Castro Márquez, en su condición de apoderado legal del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). SEGUNDO: Revocar la sentencia incidental de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, municipio del Distrito Central, que consta a folio número ochenta y siete (87) a folio número noventa y nueve (99f.) de la pieza separada de tasación de honorarios profesionales.” (Folios 94-100 del expediente del ad quem). 11. En fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante este alto tribunal de justicia, el abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de sí mismo, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, relacionada en el numeral que precede, por considerar que es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. (Folios 1-9 de la pieza de amparo). 12. En fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 74 del expediente de amparo). 13. En fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por evacuado el dictamen emitido por la fiscal, abogada Yulibeth Garay Hernández, quien fue del parecer, que se deniegue el presente amparo por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de las otras sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional sobre este mismo asunto. La Sala de lo Constitucional ha dictado varias sentencias que se relacionan con el presente caso. La primera de ellas es la sentencia ACA-0588-2012 de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, mediante la cual otorgó amparo a favor del abogado Jaime Vásquez Delarca a efecto de que la corte de apelaciones dictara nueva sentencia para subsanar los errores cometidos al dictar la resolución fechada con quince de marzo de dos mil doce.[4] La razón que motivó el otorgamiento de amparo, según expuso la Sala de lo Constitucional en dicha sentencia fue que la corte de apelaciones omitió pronunciarse con relación al agravio que trata sobre la improcedencia del dictamen emitido por el Colegio de Abogados de Honduras; asimismo la Sala estimó que la corte de apelaciones se pronunció sobre asuntos que se encontraban fuera del ámbito de los agravios debatidos en apelación y que le llevó a tasar los honorarios en cinco mil lempiras derivada de una cuantía indeterminada. En virtud de la orden de la Sala de lo Constitucional, la corte de apelaciones dictó nueva sentencia en fecha veintitrés de abril de dos mil quince[5], la cual fue impugnada nuevamente en amparo y dio lugar a que la Sala de lo Constitucional dictara la sentencia ACA-0487-2015 de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. De nuevo la Sala de lo Constitucional otorgó amparo, pero esta vez a favor del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP. Con esta sentencia la Sala de lo Constitucional explica que la sentencia de la corte de apelaciones no fue debidamente motivada por no haber establecido con claridad los razonamientos que le condujeron a orientar su decisión, específicamente determinar si el juez a quo aprobó la tasación observando en su momento, los requerimientos de ley; y, tampoco establece si la tasación se encuentra conforme a los límites fijados por el Arancel del profesional del derecho, en atención a lo que dispone el artículo 224.3 del Código Procesal Civil. De allí que, expresa la Sala de lo Constitucional, la resolución de la corte de apelaciones no cumple con las exigencias formales que aseguran el derecho al debido proceso, contenido en los artículos 90 constitucional y 8.1 de la Convención americana de los Derechos Humanos. En virtud de lo mandado por esta Sala de lo Constitucional, la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó una tercera sentencia para restituir los derechos conculcados. Dicha sentencia dictada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, es la que se encuentra en este momento bajo estudio. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos de defensa y debido proceso. El impetrante formaliza la garantía constitucional de amparo reclamando que la sentencia proferida en fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho por la honorable por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, violenta a su poderdante los derechos de defensa y debido proceso contenidos por su orden en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 1. Violación al derecho de debido proceso legal. (Artículo 90 constitucional). Al desarrollar el concepto de la violación, señala en resumen que, el tribunal de alzada si bien es cierto acató formalmente lo señalado por la Sala de lo Constitucional, en una sentencia de amparo dictada anteriormente, no lo hizo correctamente. Explica que, en esta última ocasión, al dictar la sentencia de segunda instancia por segunda vez, subsanó el error al motivar su fallo, pero lo efectuó de manera incoherente y contradictoria. Explica que la motivación es incoherente y contradictoria, porque no cumplió lo dispuesto en los artículos 3 del Código Procesal Civil, referido al debido proceso legal y el 207 del mismo código que establece la nulidad de actuaciones cuando no se motiva una sentencia adecuadamente, o sea de manera clara, precisa y exhaustiva. En ese sentido, acusa que la sentencia fue motivada mediante razonamientos arbitrarios y contradictorios. Seguidamente pasa a señalar que, en el numeral noveno de la fundamentación, el juzgador dispuso que la única actuación que realizó el abogado Jaime Vásquez Delarca, en la pieza principal fue la contestación de la demanda y presentar los medios de prueba. Según el amparista, lo aseverado por el juzgador contradice la realidad de los hechos, porque es evidente que cuando cesó en sus actuaciones luego de serle revocado el poder, ya había realizado todas las actuaciones propias a la primera instancia del juicio de licitación, contestando la demanda, como también presentando y evacuando los medios de prueba, quedando el juicio, nada más pendiente de la vista para dictar sentencia, dado que por la especialidad de la materia no es dable la etapa de conclusiones. Señala el amparista que la corte de apelaciones desconoció en su motivación que el acto que se impugnó con la demanda de licitación fue la resolución CD-05-SO-15-2008 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil ocho, emitida por el Consejo del Instituto Nacional de Formación Profesional mediante la cual elimina al oferente EDUCTRADE, S.A. del proceso de licitación internacional restringida a empresas españolas, lo que constituyó para el oferente una decisión final del proceso licitatorio en mención, y lo que lesionó un derecho subjetivo patrimonial de su poderdante, por la inversión económica efectuada para participar en dicha licitación. Pero en cambio, la corte de apelaciones dispuso que no hubo violación de un derecho subjetivo porque el proceso fue declarado fracasado por parte de la administración del INFOP. Con ello, agrega el amparista, dicho tribunal desconoció y transgredió lo dispuesto por el párrafo último del literal d, del artículo 43 del Arancel del profesional del Derecho, vigente en aquel momento, el cual remite a cobrar honorarios en razón de los fijados para la materia tributaria en lo que a impugnaciones se refiere la materia de licitación, que se subsume al caso de impugnación de los actos de todo proceso de licitación o concurso, pero a pesar de esto, la corte fue de la opinión equivocada de que había un vacío en el arancel y por ello tasa los honorarios en la cantidad de cinco mil lempiras exactos, en atención al párrafo último del mencionado artículo 43. El amparista califica que dicha cantidad es exigua, tomando en cuenta la naturaleza económica sustancial del asunto litigado. También señala que proviene de un fundamento legal erróneo ya que dicha cantidad es la contenida en el literal k de dicho artículo, cuyo último párrafo se refiere al recurso de revisión y no a la materia de licitación, por lo que con esa motivación no se ha juzgado conforme a la legalidad. Señala que dicha decisión transgrede los términos del artículo 207 del Código Procesal Civil En el numeral diez de la fundamentación de derecho el impetrante señala que el juzgador transgrede los artículos 701.1 y 704 del Código Procesal Civil al pronunciar su fallo con base en un elemento que no fue objeto de impugnación y que ni siquiera fue objeto de lo debatido en juicio. Se refiere al pronunciamiento relacionado con el quince por ciento que sirvió para calcular la pretensión litigada de indemnización de daños y perjuicios, aplicado sobre la oferta hecha, y que sirvió como base para calcular los honorarios profesionales. El amparista explica que, dicho elemento fue introducido por el juzgador en su decisión sin ser este, objeto de los agravios de la apelación, por lo que no hubo oportunidad para el apelado de debatir ni de pronunciarse sobre este punto, violentándose de esta manera el derecho de defensa. El artículo 701.1 del Código Procesal Civil por ello, obliga al tribunal de alzada a resolver únicamente los motivos alegados en el recurso de apelación. Esto se ajusta a la obligación que tiene el apelante de expresar agravios de manera puntual, porque de no hacerlo, todos los elementos que no se impugnen serán considerados consentidos. Señala el impetrante que consta en autos, que en este caso el apelante no presentó agravios sobre el valor de la pretensión litigada de indemnización de daños y perjuicios, valorada porcentualmente en un quince por ciento sobre el valor de la oferta presentada por el oferente demandante; valor que fue tomado por el juez de primera instancia como base para calcular los honorarios profesionales en este caso concreto. Agrega que siendo este un asunto de licitación pública y de jurisdicción contenciosa administrativa, ya la ley de dicha materia establece en el artículo 40 que, la cuantía vendrá determinada por la pretensión objeto de la demanda y en su último párrafo dispone que en los supuestos de acumulación de pretensiones, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor de las pretensiones acumuladas, lo que en materia de honorarios conduce a lo que establece el artículo 10 del arancel, que indica que, si el valor no se hubiere fijado en la demanda o en la contestación, se hará por el valor de la naturaleza del asunto. Conforme a lo anterior, el amparista concluye que, en este caso de licitación pública, la pretensión de daños y perjuicios es indiscutiblemente de naturaleza económica determinada por el valor fijado por el apoderado demandante en un quince por ciento del monto ofertado, como así lo manifiesta el ad quem en su motivación, en el numeral décimo de la fundamentación de derecho de la resolución impugnada. Aquí también se evidencia, expresa el amparista, que el tribunal de alzada violentó el artículo 12.5 del Código Procesal Civil, debido a que se pronunció sobre un elemento que no fue objeto de la apelación y que tampoco es un caso de aplicación del principio iura novit curiae. Reclama además otra violación al derecho del debido proceso, señalando el impetrante que, la resolución recurrida no fue redactada por el magistrado ponente, tampoco fue sometida a votación y no se realizó para su emisión o dictado sesión o audiencia de pleno. Esto lo explica señalando que dicha resolución fue redactada por la magistrada propietaria Dayani Ivette Bocanegra, pero aparece consignado como ponente el magistrado suplente o integrante el abogado Marco Tulio Hernández Reyes. La impetrante denuncia que, el magistrado Hernández Reyes, no pudo redactar dicha sentencia porque se encontraba sufriendo de una grave enfermedad con incapacidad física total, que impedía su locomoción para asistir a las sesiones de pleno. A pesar de ello, dicha resolución fue proferida el diez de septiembre de dos mil dieciocho y firmada por las magistradas propietarias Marcia Núñez Ennabe y Dayani Ivette Bocanegra, instruyendo esta última al secretario del despacho Jaime Antonio Hernández para que fuera a recoger la firma del mencionado magistrado suplente Hernández Reyes hasta su casa de residencia. La diligencia de la última firma se hizo hasta el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, asegurando el impetrante que en esa fecha, hasta por lo menos el mediodía, no había aún firma del magistrado Hernández Reyes, por lo que dicha firma fue impuesta en ese día en horas de la tarde, después de que él como afectado (impetrante), presentó una denuncia ese mismo día, ante la Inspectoría general de tribunales por las anomalías apuntadas. La Inspectoría general de tribunales, constató los hechos denunciados mediante la investigación correspondiente, y dictó la resolución de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, ordenando la remisión del caso a la Dirección de administración de personal de la carrera judicial. El impetrante señala que acompañó al presente amparo de mérito, copia del informe de investigación y de la resolución de la Inspectoría general de tribunales. El amparista agrega que en fecha uno de febrero de dos mil diecinueve recusó a la magistrada Dayani Ivette Bocanegra y al magistrado suplente Jaime Antonio Hernández, para evitar que conocieran del recurso de reposición que él interpuso contra la sentencia que dictaron estos; sin embargo, la magistrada Dayani Ivette Bocanegra, violentando el debido proceso, intervino y conoció de dicho recurso declarándolo sin lugar. 2. Violación del derecho de defensa. (Artículo 82 constitucional). Explica la violación, señalando que en el numeral décimo de la fundamentación jurídica se transgredieron los artículos 701.1 y 704 del Código Procesal Civil, porque al pronunciarse el juzgador ad quem sobre un elemento que no fue objeto de discusión o debate en el proceso, ni en ninguno de los agravios, provoca la indefensión en segunda instancia porque no hubo oportunidad de pronunciarse al respecto. Este extremo fue abordado en el desarrollo de la violación abordada antes. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, revocar la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, dictada en primera instancia. Por su parte, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán había dispuesto desestimar la impugnación presentada por el apoderado del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), abogado Mario Alejandro Calderón Maldonado a la tasación y minuta detallada de honorarios profesionales, presentada por el abogado Jaime Vásquez Delarca. En consecuencia, primera instancia había aprobado la minuta de tasación de honorarios profesionales a favor del abogado Jaime Vásquez Delarca, en la cantidad de cuatro millones ciento seis mil quinientos lempiras (L. 4,106,500.00), calculados con base en la cuantía de la pretensión económica litigada en juicio de veintisiete millones trescientos mil lempiras exactos (L. 27,300,000.00). Debiendo ser pagada dicha cantidad por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). La corte de apelaciones expone que estableció como fundamento de la revocatoria, el cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional en su sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, indicando que esta vez, motivó adecuadamente la resolución. En ese sentido, señala que toma en consideración que, los honorarios profesionales del abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca deben ser calculados conforme a lo que dispone el Arancel del profesional del derecho. En virtud de ello, señala que al momento de la solicitud de tasación de honorarios, el juicio principal aún no había concluido, tal como se puede observar con la fecha de emisión de la sentencia definitiva en fecha veintiséis de octubre de dos mil once, y la fecha de presentación de la tasación de honorarios que fue del veinticinco de mayo de ese mismo año. Por lo que, para dicho tribunal de alzada, con la revisión de la pieza principal, se observa que el objeto del debate fue un acto de sustanciación de un proceso de licitación en el cual se advierte que la actuación del abogado Vásquez Delarca se limitó a la contestación de la demanda y la presentación de medios de prueba, porque posteriormente le fue revocado el poder cesando su intervención en el proceso. Ese tribunal de alzada señala que lo ocurrido en este caso no se encuentra regulado por el arancel, constituyendo un vacío, razón por lo que procede tasar los honorarios profesionales en la cantidad de cinco mil lempiras exactos, en atención a lo dispuesto por el artículo 43 del Arancel del profesional del derecho. Luego, literalmente expresa: “ “… aún y cuando el proceso de licitación como acto impugnado fue declarado fracasado, es decir no se adjudicó, y por ende no hay derecho subjetivo violado, pero es indudable la actuación procesal del solicitante, ya que el Arancel del profesional del derecho establece que los profesionales del derecho pueden, aislada o conjuntamente prestar sus servicios, entre otros, de asesor y procurador, siendo dichas actuaciones independientes y deben retribuirse en forma separada, en tal virtud, al estar acreditado en autos como lo afirma el propio apelante, la actuación de procuración ejercida por el abogado Jaime Vásquez Delarca independientemente haya prestado sus servicios laborales como asesor de la institución apelada, los servicios de procuración y defensa son independientes y su pago de honorarios debe ser por separado.” Seguidamente expresa la corte de apelaciones, que la indemnización de daños y perjuicios es de naturaleza económica, y que su valor se encuentra en el folio 231 de la pieza principal y se fija por escrito por parte del demandante como resultado de calcular un quince por ciento del monto ofertado. Planteado esto, agrega que siendo así, no es posible entonces cuantificar o calcular dicho monto debido a que no hubo adjudicación. No habiendo por tanto un daño real que permita reclamar daños y perjuicios o posibilidad de reclamar un derecho. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Resumen del dictamen emitido por la agente de tribunales del Ministerio Público. La fiscal, abogada Yulibeth Garay Hernández, opinó que no se otorgue la presente garantía constitucional de amparo, argumentando para ello, lo siguiente: “… De la lectura de la sentencia recurrida se observa, que es evidente en autos que la demanda originaria fue presentada sin cuantía determinada, que al momento de la solicitud de tasación de honorarios profesionales (25 de mayo de 2011), el proceso no había concluido ya que la sentencia definitiva fue dictada en fecha 27 de octubre de 2011, en la demanda especial en materia de licitación pública promovida por la sociedad mercantil denominada EDUCTRADE, S.A., contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), juicio en el cual el abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca, ejerció actos de procuración en representación legal del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), observándose que sus actuaciones se limitan a contestar la demanda (f.174), presentar medios de prueba (f.200), habiéndole revocado el poder el INFOP, que fue presentado al juzgado en fecha 12 de mayo de 2009 (f.233) de la primera pieza de autos, por lo cual hasta ahí ejerció actos de procuración en representación del INFOP; y los honorarios profesionales reclamados por el recurrente, no se calculan en base al valor litigado de la pretensión de daños y perjuicios, ya que la demanda es relativa a un proceso de licitación que no fue adjudicada, sino más bien declarada fracasada, por lo que tal y como se advierte el tribunal de alzada, al no haber adjudicación no se pueden reclamar daños y perjuicios como daño real y por ende no hay derecho subjetivo violado, señalando además la alzada la razón por lo que tasa los honorarios profesionales del recurrente en la cantidad de Lps. 5,000.00, en atención a lo establecido en el artículo 43 último párrafo del Arancel de Profesionales del Derecho vigente en ese tiempo. En relación al alegato planteado por el recurrente de: "Que el tribunal de alzada decide sobre hechos distintos de los alegados par el recurrente en su escrito de apelación". Al respecto la Sala de lo Constitucional ha establecido en sentencia de amparo No. 487-2015, específicamente en el considerando (14): "Que es meritorio recordar a nuestros jueces que en base al principio iura novit curiae, acogido en nuestra legislación en el artículo 12.5 del Código Procesal Civil, los jueces no pueden desconocer el ámbito del derecho y si bien deben ceñirse al petitorio de las partes, pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos. Esta Sala asiente con el criterio reiterado de la jurisprudencia española en la materia, en cuanto a que la congruencia no implica un "ajuste literal" a las pretensiones de las partes". Pero de igual manera no se aprecia que lo resuelto por la alzada, se aparta de lo controvertido en juicio, advirtiendo) en la resolución recurrida las razones por las cuales tasa los honorarios profesionales del recurrente por la cantidad de Lps. 5,000.00, motivando y fundamentando tal cantidad en base a las razones fácticas expuestas y al contenido del artículo 43 último párrafo del Arancel de Profesionales del Derecho vigente en ese tiempo. IV. OPINIÓN: EI Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se deniegue el presente amparo por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía constitucional de mérito, observa que el impetrante pide amparo para que se le restituyan dos derechos constitucionales, el de debido proceso y el de defensa. 1. CON RELACIÓN AL DERECHO DE DEBIDO PROCESO. El impetrante estima violentado el derecho al debido proceso, alegando cinco razones distintas, a la sazón: a) incurrir nuevamente en motivación deficiente, al estimar que la decisión, contiene vicios de incoherencia y contradicción; b) es ilegal porque el juzgador ad quem debió dictar el pago de honorarios con fundamento en el párrafo último del literal d, del artículo 43 del Arancel del profesional del Derecho, pero contrario a ello estimó que el asunto a resolver no se encuentra regulado por el arancel, y haciendo integración de normas dispuso tasar los honorarios conforme al párrafo último del mencionado artículo 43; c) transgrede los artículos 207, 701.1 y 704 del Código Procesal al pronunciar su fallo con base en un elemento que no fue parte de los agravios de la apelación y de lo debatido en juicio; d) violación al dictar sentencia sin cumplir con el procedimiento dispuesto por la ley; y, e) violación por resolver el recurso de reposición, a pesar de haberse presentado previamente una recusación en contra de dos magistrados del tribunal. A) Sobre motivación deficiente (vicios de contradicción e incoherencia): El impetrante manifiesta que la motivación expuesta en la resolución de la corte de apelaciones es contradictoria e incoherente porque en uno de sus apartados indica que él, en su condición de apoderado procesal del INFOP, únicamente realizó los actos de procuración de: contestar la demanda y evacuar los medios probatorios ofrecidos, antes de que su mandante le revocara el poder que le había conferido. Sin embargo, acota el garantista, la corte de apelaciones no toma en cuenta que estas son todas las actuaciones correspondientes a la primera instancia del proceso. La Sala de lo Constitucional, constata que efectivamente las actuaciones profesionales realizadas por quien pide amparo a favor de sí mismo son todas las enunciadas por la corte de apelaciones, y que además como apunta el censor son todas las actuaciones procesales de la primera instancia. Por lo que para la Sala de lo Constitucional no existe una contradicción ni incoherencia, tal como lo apunta el garantista; puesto que no existe duda alguna de que la exposición o enlistado que hizo tribunal de alzada de los actos llevados a cabo por el abogado Jaime Adalberto Vásquez Delarca constituyen precisamente el objeto o causa petendi aludido por el recurrente para el reclamo de sus honorarios. Al no advertirse discrepancia entre lo expresado por la corte de apelaciones en su sentencia y lo que reclama el amparista; es decir, coincidiendo ambos en que la actividad profesional por la que se cobran honorarios se realizó durante la primera instancia o sea hasta que el juez a quo dictó sentencia definitiva, permite aseverar que no cabe duda de que los honorarios que corresponden a dicho profesional se deben cancelar de conformidad a esa primera instancia. En fin, este alto tribunal encuentra que lo expuesto por la corte de apelaciones no puede tomarse como una deficiencia de la motivación porque en realidad no se ha incurrido en contradicción o incoherencia. Lo único que hizo la corte de apelaciones fue describir las actuaciones del abogado que reclama honorarios en el proceso y lo ocurrido con este al final. Por lo tanto, para este alto tribunal de justicia no es de recibo el alegato basado en la motivación contradictoria o incoherente. B) Sobre la supuesta ilegalidad cometida por el tribunal de alzada. La Sala ahora pasa a analizar el alegato de ilegalidad reclamado por el amparista, el cual se basa en que el tribunal de alzada debió dictar el pago de honorarios con fundamento en el párrafo in fine del literal d, del artículo 43 del Arancel del profesional del Derecho, el cual dispone que sobre impugnaciones en materia de licitación se paguen los honorarios fijados para la materia tributaria. Sobre esta cuestión, el amparista parte señalando que, la corte de apelaciones estimó que el presente asunto es un supuesto no regulado por el arancel, y que, en virtud de ese vacío normativo, es procedente tasar los honorarios en la cantidad de cinco mil lempiras exactos, en atención al párrafo último del mencionado artículo 43. La Sala de lo Constitucional aclara de inicio que no corresponde al ámbito de la garantía constitucional del amparo determinar que norma es la aplicable para tasar lo que corresponde fijar como honorarios. Esto es un asunto que le corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, de manera que el presente motivo no es de recibo. Por otra parte, si este asunto, es un caso non liquet, o sea una laguna normativa, tal como lo asume el tribunal de alzada, cabe entonces señalar que la integración de la norma aplicable con otros elementos de derecho debe hacerse por el juzgador atendiendo principalmente a una debida justificación de su decisión. O sea, señalando de manera muy clara y satisfactoria los argumentos que hacen el decantarse por una norma y no por otra, de forma tal que su decisión sea discrecionalmente aceptable para que no se le pueda tachar de arbitraria. A juicio de este alto tribunal de justicia, la decisión del iudex ad quem, aplicando la norma que sostiene el veredicto de su resolución, carece de una motivación suficiente y clara para justificarla, sin embargo, esto se abordará en el siguiente motivo de amparo. Al respecto, este alto tribunal de justicia desarrollará ut infra, algunas posiciones mínimas que deben ser agotadas para hacer un juzgamiento motivado de forma sustentada y convincente. C) Sobre los temas que no debieron ser parte de la apelación. El censor denuncia en su escrito de amparo que, el fallo pronunciado por la corte de alzada transgrede los artículos 207, 701.1 y 704 del Código Procesal Civil. Explica en ese sentido que, la decisión del tribunal ad quem se produjo porque se pronunció sobre elementos que no fueron cuestionados en los agravios, elementos que por ende debieron considerarse consentidos por las partes. El amparista detalla que la cuantía de la demanda no fue objeto de impugnación, tampoco la pretensión con relación al valor de la indemnización de daños y perjuicios tasada por el demandante en un quince por ciento de la oferta presentada por el oferente EDUCTRADE en la licitación, siendo por tanto para el censor, este y no otro el valor litigado en juicio, razón por la que no le correspondía al tribunal de alzada, estimar la cuantía de la demanda era indeterminada. Sobre este punto en concreto, cabe señalar que, para este alto tribunal de justicia, si bien es cierto es un hecho, que en el escrito de la demanda se dan unos valores que pueden conducir a la estimación de una determinada cuantía; es también cierto que, dicha pretensión no es el único elemento para tomar en consideración y justipreciar el valor de la demanda. La Sala estima que los valores demandados en juicio pueden responder a suposiciones o valoraciones subjetivas que no deberían ser el único elemento por considerar para determinar la cuantía de una demanda. En todo caso para la Sala, en el asunto de marras, la falta de cuestionamiento a la cuantía de la demanda por parte de quien apela es un asunto que debe ser examinado por los juzgadores, por ser materia contenciosa administrativa, en virtud del carácter de orden público que prima en este tipo de casos. Dicho en otra forma, el hecho de no ser un asunto de carácter privado no es un asunto que pertenece exclusivamente a las partes, sino que es un elemento que debe ser revisado por el juez con el fin de evitar perjuicios pecuniarios al Estado. En virtud de lo cual, este alegato no es de recibo para este alto tribunal de justicia. Ahora bien, para una mejor comprensión de la tasación de honorarios es importante reiterar que se debe tomar en cuenta, no sólo la cuantía de la pretensión. Es sabido que en aquellos casos en donde no se hayan pactado honorarios mediante un contrato de servicios profesionales, deba hacerse acopio de las disposiciones del arancel correspondiente; sin embargo, debe tomarse en cuenta que dichas disposiciones no son vinculantes, sino que son una guía de referencia para los juzgadores; porque la naturaleza de los aranceles es fijar parámetros mínimos a manera de pacto entre colegas profesionales para evitar la competencia desleal. Asimismo, sirven de base o referencia para calcular los honorarios profesionales que no fueron pactados contractualmente. Pero para el justiprecio de honorarios debe tomarse en cuenta, además de las disposiciones del arancel, otros elementos de suyo importantes para una mejor referencia, verbigracia: el prestigio del abogado, la complejidad o especialidad del asunto, el trabajo efectivamente desplegado, y el monto o cuantía de la pretensión. De igual manera para cuantificar honorarios, pueden tomarse en consideración otros factores como: la calidad y profesionalidad del trabajo concluido, la diligencia y empeño del abogado en el asunto, la trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto para el cliente, el tiempo requerido para el adelantamiento del asunto desde su estudio, desarrollo y culminación; el grado de compromiso en tiempo, recursos, esfuerzos y atención que requiere dicho trabajo en relación con otros asuntos (por ejemplo si le impide tomar otros trabajos, o existen dificultades de tiempo y lugar). Inclusive cabe estimar si la labor del profesional tuvo éxito o no. De tal suerte que la verificación de las actuaciones en el proceso son parte de una valoración equitativa de los honorarios que corresponden pagar. El punto que destaca este alto tribunal de justicia es que la cuantía de lo litigado o reclamado no es la única variable que debe tomarse en cuenta para una justa cuantificación de honorarios. Sobre la cuantía de la pretensión, cabe señalar que en el presente caso es un hecho que la demanda comenzó con una cuantía indeterminada tal como se expresó en el escrito de demanda; que la tasación de honorarios fue presentada en mayo de dos mil once, varios meses antes de que se dictara la sentencia definitiva de primera instancia en octubre de ese mismo año; y, por último, la sentencia definitiva declaró improcedente e inadmisible la acción de demanda. La corte de apelaciones refiriéndose a la cuantía base para calcular los honorarios, señala que al momento de presentar la tasación todavía no se había dictado la sentencia, para luego concluir que dicha situación en especial no está reglada en el arancel y por esa razón aplica el renglón de la cuantía indeterminada. Sin embargo, como ya se expresó antes para este alto tribunal de justicia no basta determinar cuantías litigiosas orientándose únicamente por lo que se establece en las demandas de manera subjetiva, en forma alzada y en algunas ocasiones hasta caprichosa. Tampoco debe imperar el criterio que toma como única referencia si en el momento de presentar la solicitud de tasación de honorarios estaba o no determinada la cuantía, tal como hizo la corte de apelaciones en el caso de marras. La cuantía de lo litigado se debe fundar en forma más objetiva, especialmente en casos contra el Estado en que se acostumbran cantidades exorbitantes, determinadas subjetivamente sin más fundamento que la apreciación parcializada por el interés del propio demandante. Es importante verificar en dichos casos la razonabilidad del origen de lo cuantificado, los fundamentos, hechos, pruebas que sustenten la demanda. Es por tanto, al final una decisión judicial discrecional, pero bien referenciada y argumentada en equidad y proporcionalidad, tomando en cuenta como mínimo todos los elementos que se han ido señalando en esta parte de la presente sentencia. En el caso sub iudice, la acción nació con una cuantía indeterminada y al final consta en autos que ésta fue desestimada. La corte de apelaciones en su motivación tomó en cuenta este hecho, al señalar que si bien es cierto la parte demandante señaló un valor calculado en un quince por ciento del valor ofertado en la licitación, no es posible determinarlo como cuantía ya que no hubo adjudicación, por lo que consecuentemente no se pueden reclamar daños y perjuicios por ese monto, como si fuere algo real o cierto, ni siquiera como un posible derecho a reclamar. Sin embargo, a juzgar por todo lo ut supra explicado, resulta claro para la Sala que la motivación es insuficiente, por cuanto pretende adjudicar un monto por cuenta de honorarios, sin una explicación que tome en cuenta los elementos que de acuerdo a las explicaciones de esta sentencia, debieron darse para establecer en una forma más convincente, la cantidad a pagarse en concepto de honorarios, como la cita de la norma que aplica para ello; la cual, como reconoce la misma corte de apelaciones, se toma en consideración, aunque sea un caso no previsto directamente por el arancel. Por ende, el reproche contra la motivación del fallo de la corte es de recibo, pero bajo lo expresado por este tribunal, es decir por motivación insuficiente en cuanto a la razón para aplicar determinada norma dejando por fuera otras cuestiones que deben ser objeto de análisis y consideración. D) Sobre dictar sentencia incumpliendo el procedimiento legal. El impetrante aduce que se basa en la investigación realizada en el marco de la denuncia 0801-2018-00569 presentada por el mismo actor del amparo ante la Inspectoría general de tribunales, en contra de la magistrada Dayani Bocanegra Padilla, extendida de oficio a la magistrada Marcia Núñez Ennabe y el secretario por ley Jaime Antonio Hernández. En la investigación de dicha denuncia el inspector de tribunales Oscar Humberto Avilez concluyó que concurrían suficientes méritos para continuar con el procedimiento disciplinario, lo cual fue ratificado por la abogada Ana Belinda Ochoa, quien en su auto resolutorio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dejó consignado que, la sentencia de apelación fue dictada el diez de septiembre de dos mil dieciocho siendo ponente el magistrado Marco Tulio Hernández Reyes, no obstante en fecha siete de septiembre de ese año fue la magistrada Dayani Bocanegra quien recibió el expediente para dictar dicha sentencia. Por otro lado, según el libro de actas de pleno del tribunal, éste se reunió el diez de septiembre, siendo integrado por los magistrados Marcia Núñez, Dayani Bocanegra y Marco Tulio Hernández para discutir el asunto que se relaciona con este amparo; sin embargo, el magistrado Hernández había presentado antes una incapacidad médica porque se le imposibilitaba asistir al pleno, y por tanto a la discusión y votación de dicho asunto. Pero la sentencia se encuentra firmada por dicho magistrado Hernández Reyes, apareciendo inclusive como ponente, lo que dio lugar a que el censor denuncia en amparo que dicha resolución no fue redactada por el magistrado suplente Marco Tulio Hernández Reyes, aunque a él se le atribuya la ponencia; asimismo que tampoco hubo audiencia de votación y fallo. Además, detalla que la redacción debe atribuirse a la magistrada propietaria Dayani Ivette Bocanegra. Sobre lo antes expuesto, cabe señalar que es un asunto pendiente de resolución por quien corresponde, o sea que no es un asunto en el cual exista certeza de la comisión de dichas conductas anómalas, y así mismo no corresponde a la Sala determinar o dar credibilidad a los hechos expuestos en la denuncia que conoció la entonces denominada Inspectoría general de Tribunales; en virtud de lo cual este concepto de violación no es de recibo, debido a que esa potestad le pertenece a los órganos administrativos dispuestos por la Ley de la Carrera Judicial. Con relación a lo anterior, la Sala observa que de los antecedentes que conforman el universo de estudio de la presenta garantía de amparo no se encuentra establecido mediante la resolución administrativa que en forma definitiva establezca que efectivamente hubo violación del procedimiento de votación y fallo en el caso de marras, por lo que no se acreditó este extremo por parte del amparista. La Inspectoría general de tribunales es la entidad que investiga los hechos denunciados, pero sus actuaciones no son concluyentes y definitivos en términos administrativos, por cuanto su informe no es prueba suficiente para determinar que en este caso hubo violación al procedimiento de votación y fallo y por esta razón no es de recibo el motivo alegado. En otras palabras, la Sala de lo Constitucional, sin hacer pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad de la funcionaria judicial denunciada, encuentra que en las presentes diligencias, no consta resolución que acredite en forma firme y ejecutoria que la magistrada Dayani Ivette Bocanegra haya sido encontrada culpable de los cargos imputados en el proceso disciplinario incoado en su contra; en virtud de lo cual no consta que los hechos apuntados por el garantista son material y oficialmente probados. E) Sobre no atender una recusación, previo a resolver el recurso de reposición. En cuanto a la violación del debido proceso por haberse resuelto la reposición interpuesta en contra de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, estando pendiente todavía de resolución la recusación presentada en contra de los magistrados Dayani Ivette Bocanegra y Marco Tulio Hernández Reyes, este tribunal de justicia, verifica que consta en autos que la recusación fue presentada el uno de febrero de dos mil diecinueve; así mismo la resolución que resolvió el recurso de reposición es de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, siendo por tanto cierto el reproche del amparista y por tanto de recibo. 2. Con relación al derecho de defensa. La impetrante estima violentado el derecho de defensa, señalando nuevamente lo relacionado con el pronunciamiento de la corte de apelaciones sobre un elemento que no era parte de la apelación ni objeto del debate en el proceso. La Sala de lo Constitucional ya se pronunció al respecto. En virtud de todo lo expuesto, este alto tribunal de justicia estima que existen razones para amparar al censor, debido a que la motivación de la sentencia analizada contiene vicios que deben ser subsanados para la debida restitución del derecho al debido proceso que ha sido conculcado. De igual forma consta en autos que la corte de apelaciones se pronunció estando pendiente una recusación. En ese sentido, lo procedente es que la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dicte nueva resolución atendiendo puntualmente los señalamientos que obran en la presente sentencia. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183,301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4 No. 5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Jaime Idalberto Vásquez Delarca, a favor de sí mismo, contra la sentencia dictada en fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual revocó la sentencia interlocutoria dictada en fecha veintisiete de octubre de dos mil once por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con asiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, se le ordena a la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con asiento en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que dicte nueva sentencia corrigiendo la motivación y fundamentación de su fallo en los términos expuestos en la sentencia de mérito, a efecto de restituir el derecho al debido proceso al demandante de amparo. Asimismo, que en el presente caso se verifique que la sentencia se pronuncie habiéndose tramitado el procedimiento previsto para la recusación. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-250-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] La sentencia de fecha quince de marzo de dos mil doce dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, estimó la minuta de tasación de honorarios profesionales en cinco mil lempiras con base en una pretensión de cuantía indeterminada, por lo que revocó la decisión de primera instancia que había aprobado la minuta de tasación de los honorarios profesionales en un total de cuatro millones ciento seis mil quinientos lempiras exactos, con base en una pretensión calculada en veintisiete millones trescientos mil lempiras.
[5] La sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil quince dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual desestima la apelación y confirma la sentencia de primera instancia; o sea, la que aprobó la minuta de tasación de los honorarios profesionales en un total de cuatro millones ciento seis mil quinientos lempiras exactos, con base en una pretensión calculada en veintisiete millones trescientos mil lempiras.