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Sentencia AA-237-20 — Registro 13955

Resumen

Acción de merito relacionada según recurrente a la falta de insumos médicos y de bioseguridad para el manejo de la crisis sanitaria decretada por el Gobierno de la República en el marco de la emergencia por el COVID-19 en relación a la protección de la niñez

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."16): Esta Sala estima que, el trato recibido por los niños y jóvenes no constituye vulneración alguna al derecho a su salud, sino que ha sido brindado de acuerdo con el principio del “interés superior del niño”, que como lo ha manifestado el recurrente, tiene un triple significado: “a) Un derecho sustantivo: como el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños en concreto o genérico o a los niños en general. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo; y, c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. Con relación a estos significados, Honduras ha esperado las directrices de la O.M.S., para comenzar con la vacunación de esta población, ya que, siendo la institución legitimada, es la que ha sopesado los pros y los contras relacionados con la conveniencia o no de la vacunación a los niños y niñas; concluyendo que no ha existido omisión en las actuaciones administrativas que constituyan vulneración al derecho fundamental a la salud. CONSIDERANDO (17): Que con relación al interpuesto a favor del impetrante, siendo éste un adulto mayor de 21 años, se debe señalar que, en la fecha en que fue interpuesto el presente recurso de amparo, las autoridades administrativas hacían los primeros esfuerzos para lograr lo que ahora se tiene, una vacunación masiva, alcanzando ya un porcentaje significativo de la población vacunada con la primera y segunda dosis de las vacunas existentes, por lo que la situación de emergencia mundial, el poco o ningún conocimiento del virus, ha hecho que todo se vaya decidiendo sobre la marcha, esperando directrices de la organización legitimada para ello como la O.M.S., determinando la no vulneración al derecho a la salud del impetrante. CONSIDERANDO (18): Que la Sala de lo Constitucional en el ejercicio de sus funciones, después de haber revisado las diligencias, determina que, en efecto, cada ciudadano tiene derecho a que los procesos administrativos se desarrollen dentro de los términos previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, en este caso, hablamos de plazos razonables dentro de los cuales queda demostrado que el poder ejecutivo ha dado respuesta sanitaria a esta crisis, determinando los esfuerzos realizados constituyendo los mismos una respuesta respetuosa del derecho fundamental a la salud, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Ciudadano WILMER MAREL VASQUEZ FLORENTINO, quien actúa en su condición personal y como Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos “COIPRODEN” a favor de SI MISMO Y DE TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLECENTES y JOVENES DE HONDURAS; contra actuaciones de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), relacionadas según el recurrente a la falta de insumos médicos y de bioseguridad para el manejo de la crisis sanitaria decretada por el Gobierno de la República en el marco de la emergencia por el COVID-19. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 1, 4, 59, 63, 64, 65, 67, 80, 82, 90, 111, 123, 124, 126, 145, 303, 304, 305, 313, 321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), vía correo electrónico se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional recurso de amparo administrativo, interpuesto por el Señor WILMER MAREL VASQUEZ FLORENTINO quien actúa en su condición personal y como Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos “COIPRODEN” a favor de SI MISMO Y DE TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLECENTES y JOVENES DE HONDURAS; contra actuaciones de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), relacionadas a la falta de insumos médicos y de bioseguridad para el manejo de la crisis sanitaria decretada por el Gobierno de la República en el marco de la emergencia por el COVID-19. (Folios 01-11 de la pieza del presente Recurso) 2) Que en fecha veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020), se admitió el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rindiera informe dentro del término de dos (2) días hábiles o remitieran los antecedentes del caso. (Folio 14-15 del presente Recurso) 3) Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020), la Sala tiene por recibido el informe enviado por el Gobierno de la República de Honduras a Través del Presidente de la República, Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en el cual se establece: “ANTECEDENTES: La Secretaría de Salud en Honduras, tiene la función misional constitucional de velar por la salud de los habitantes del territorio nacional, ejerce la Función Rectora, que significa conducir, regular y vigilar la salud, entre otras funciones. Para cumplir con lo anterior, es necesario contar con Políticas Públicas fuertes, consolidadas y con el apoyo político para su implementación, contar con una Planificación Estratégica basada en las necesidades reales establecidas por territorio y población, contar con todos los recursos, tanto de infraestructura, personal, insumos críticos y sobre todo el financiamiento en cantidad y oportunidad en el tiempo, cada año fiscal. Honduras se ha enfrentado a través del tiempo a diferentes emergencias en salud, (Epidemia de Cólera, de Sarampión, el Huracán Mitch), que ha logrado solventar a pesar de la brecha existente entre las necesidades de respuesta y los recursos disponibles, esto en función de que tales situaciones no afectaron al mundo entero y tuvimos el apoyo solidario de nuestros países hermanos. La Secretaría de Salud, se enfrente en un déficit presupuestario de arrastra de muchos años y a pesar de un leve incremento presupuestal cada año fiscal, este es insuficiente por el deslizamiento del lempira frente al dolor, es así que según la OPS/OMS, para que el país pueda dar una respuesta oportuna y de calidad en salud, el porcentaje de inversión en salud respecto del PIB debe ser de un 6% teniendo el país en el año 2019, únicamente 3.8%. Sumado a lo anterior, la oportunidad de inversión real en salud es diezmada por la alta mora de pago de la SESAL en temas como: pago a proveedores, demandas con sentencia firme, bonificaciones y cesantías por retiro de la institución, cumplir con los acuerdos de conquista salariales para los gremios, incremento en precios de insumo, además de la respuesta diaria a las demandas de salud en toda la red de servicios, que ha llevado a que en el año 2019, el déficit de presupuesto fue alrededor de 6,000 millones de lempiras. A partir del 2019 Honduras trabaja para disminuir la Epidemia de Dengue que sigue activa en el país, sumado a esto nos caracterizamos por ser una con alto porcentaje de pobreza, una población que incrementa año con año, con una distribución de población dependiente de menores de edad y adulto mayores en crecimiento porcentual. En estas condiciones de país es que nos toca enfrentar el Sistema de Salud, al igual que el mundo entero, la Pandemia del COVID-19. La situación financiera es grave en función de que enfrentar esta crisis por la pandemia significa contar con fondos adicionales de alrededor de 711,500,000.00 millones de lempiras, solo para la pandemia, además del presupuesto que anualmente se necesita para el funcionamiento de la SESAL, en la parte administrativa y de provisión de servicios. Al estar muchos países del mundo están enfrentado esta pandemia, aun con limitantes para poder oportunamente. Es importante mencionar que estamos ante una enfermedad nueva que pone a prueba los sistemas de salud y a los Gobiernos, quienes, aun teniendo financiamiento, no pueden acceder a los insumos necesarios por la escases de los mismos a nivel mundial y el cierre de fronteras y vuelos internacionales por el aislamiento social obligatorio. Todo lo anterior llevara a un incremento del endeudamiento en salud y a la insolidez para enfrentar en este año 2020 y el siguiente 2021, en forma adecuada con la respuesta de nuestra red de servicios. El común denominador en los países que se han visto afectados por el rápido aumento de casos de COVID-19, es que se ha generado una elevada presión sobre sus sistemas de salud, comprometiendo su capacidad de respuesta de manera oportuna a la pandemia. Es así como la OMS muestra que la mayoría de los países de ALC no están preparados para gestionar pandemias. En una escala de 5 niveles sobre la capacidad de gestionar un evento de salud pública de esta magnitud (1=bajo y 5=alto), 7 países de ALC califican como nivel 2 (baja capacidad) en el que se encuentra Honduras, otros 15 como nivel 3 (capacidad media) y solo 4 países de ALC fueron calificados como nivel 4: Brasil, México, Chile y Costa Rica. Las brechas inciden sobre todo el ciclo de gestión de la epidemia: la identificaron rápida, diagnóstico y seguimiento de contactos, le prevención y control de infecciones, medidas de salud para los viajeros, la comunicación al público y la atención a los pacientes de COVID-19 y de otros pacientes vulnerables. En contraste con lo que ocurre en los países de primer mundo como China, Italia y España, por ejemplo, donde la crisis del coronavirus ha succionado la atención y los recursos de sus robustos sistemas de salud con enorme fuerza. Países con menos recursos económicos como Honduras, enfrentamos con preocupación y mucha incertidumbre, lo que la pandemia puede significar al país, debido a la limitada capacidad de respuestas de su red de servicios de salud y la repercusión sobre su endeble economía. Por otra parte, es importante señalar que el sistema de salud en Honduras está integrado por un sector privado con una limitada cobertura de aproximadamente un 15% de la población hondureña; y el sector público integrado por la Secretaría de Salud (SESAL) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La red del sistema público está integrada por: unidades de atención primaria en salud; Centros Integrados de Salud (CIS); y policlínicos. Además, cuenta con un sistema hospitalario, integrado por: hospitales básicos que cuentan con las cuatro especialidades básicas; hospitales generales con las cuatro especialidades básicas más ortopedia y otras especialidades; y hospital de especialidades. Es por lo anterior que, el sistema de salud en Honduras presenta problemas por la deficiente oferta de camas de 6668 (incluyen los sectores público y privado), lo que implica que existe una relación de 0,8 camas por 1,000 habitantes, cifra que está muy por debajo con respecto a otros países de la región. Adicionalmente, la oferta de camas disponibles en el país para brindar cuidados intermedios e intensivos para hacer frente a la eventual demanda de pacientes es sumamente limitada. Es así como a nivel nacional solo se cuenta con 30 camas para ciudades intensivos neonatales, 17 camas para atención pediátrica y 20 para adultos, todas con más del 95% de ocupación. Estas cifras contrastan con la eventual demanda de pacientes críticos por COVID-19 y que requieran cuidados intensivos y que se calculan en unos 1434 a 2314, según estimación por la OPS. Por el lado de la oferta de los servicios, se estima que esta será superada por la potencial demanda de pacientes afectados por el coronavirus. La red de servicios del país cuenta con 32 camas para Unidades de Cuidados Intensivos (público y privado), equivalente a una disponibilidad de 0.85 camas/mil habitantes. Lo anterior contrasta con la potencial demanda de más de 46,000 casos esperados o de más de 2000 casos que requerirían una cama hospitalaria en una unidad de cuidados intensivos. Para hacer frente a la crisis por los casos de COVID-19 recientemente detectados en el país, la SESAL con apoyo de la OPS ha definido y puesto en marcha un “Plan para la contención y respuesta a casos de coronavirus (covid-19) en Honduras” (se adjunta documento), que tiene como propósito guiar la respuesta nacional ante la ocurrencia de casos sospechosos o confirmados por Coronavirus (COVID-19) en Honduras. Este plan permite disponer de las principales estrategias y líneas de adicción a desarrollar en el país en el marco de la emergencia actual, la cual se complementa con los otros documentos estratégicos definidos por la Secretaría de Salud, ya disponibles para aplicar las acciones de vigilancia epidemiológica, manejo de pacientes, diagnostico laboratorial y ante todo las acciones en los puntos de entrada donde se realiza la captación e identificación oportuna de casos. Este plan tiene como base la Constitución de la República, por lo que la Secretaría de Salud dentro de sus atribuciones constitucionales debe establecer la coordinación de todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados específicamente en el Sector de Salud, para ello elabora los planes pertinentes con base al contexto de salud y acorde a lo establecido en el plan nacional de salud, en el cual se da prioridad a los grupos más vulnerables. Así mismo el Código de Salud establece en el marco de la vigilancia y control epidemiológico la necesidad de organizar, prevenir, investigar, diagnosticar, vigilar las enfermedades infecciosas, así como las personas afectadas. Honduras siendo signataria de compromisos internacionales implementa además el Reglamento Sanitario Internacional el cual define obligaciones para cumplimiento en el ámbito nacional y la Secretaría en el marco de su rol rector ha organizado y definido las acciones necesarias a cumplir. En el mismo contexto la Secretaría de Salud integra el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y en este marco genera las declaratorias de emergencia ante la posible amenaza para la población de eventos, emergencias o desastres naturales. Con el objeto de proteger la vida y los medios de vida de los habitantes de la república. Mediante acciones concretas, destinadas a prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo en el territorio nacional. La organización del presente plan está basada en los documentos vigentes: Reglamento Sanitario Internacional, Comunicados oficiales emitidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Información disponible emitida por los Centros de Control de Enfermedades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lo dispuesto en el diario oficial La Gaceta No.35,171, publicado el 10 de febrero del 2020 y emitido en consejo de ministros. Es importante señalar que, ante la evolución de la situación de COVID-19 la Secretaría de Salud, está ejecutando tres acciones criticas como ser: 1. Salvar vidas, 2. Proteger al personal, 3. Desacelerar el contagio. En virtud de lo anterior y ante la ocurrencia de casos positivos por COVID-19 en el país, la red de establecimientos de primer y segundo nivel esta alertados para detectar casos y para organizar los servicios. Para atender a la población se han establecidos salas especializadas para atención de pacientes con COVID-19, en los siguientes hospitales de la SESAL y que forman parte de la red de servicios de salud: 1. Departamento de Atlántida: Hospitales: Atlántida y Tela Integrado. 2. Departamento de Colon San Isidro, Hospital Salvador Paredes. 3. Departamento de Cortes, Hospitales: Leonardo Martínez Valenzuela, Mario Catarino Rivas, Puerto Cortes y San Juan de Dios (Psiquiátrico). 4. Departamento de Copan, Hospital de Occidente. 5. Departamento de Choluteca, Hospital del Sur. 6. Departamento de Comayagua, Hospital de Santa Teresa. 7. Departamento de El Paraíso, Hospital Gabriela Alvarado. 8. Departamento de Francisco Morazán, Hospital San Felipe, Instituto Cardiopulmonar, Hospital María Especialidades Pediátricas, Hospital Mario Mendoza y Hospital Santa Rosita. 9. Departamento de Gracias a Dios, Hospital de Puerto Lempira. 10. Departamento de Intibucá, Hospital Enrique Aguilar Cerrato. 11. Departamento de Islas de la Bahía, Hospital de Roatán. 12. Departamento de Lempira, Hospital de Juan Manuel Gálvez. 13. Departamento de La Paz, Hospital Roberto Suazo Córdova. 14. Departamento de Olancho, Hospital San Francisco y Hospital Santo Hermano Pedro. 15. Departamento de Ocotepeque, Hospital de San Marcos. 16. Departamento de Santa Bárbara, Hospital de Santa Bárbara. 17. Departamento de Valle, Hospital de San Lorenzo. 18. Departamento de Yoro, Hospital Aníbal Murillo Escobar, Hospital Manuel de Jesús Subirana y Hospital El Progreso. Es por lo anterior, que el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud, ha realizado estrategias para salvar vidas, así como la protección del personal de salud; sin embargo, no hay que olvidar que, todo ello implica un coste financiero, y que la SESAL ha respondido dentro de su limitada capacidad presupuestaria, puesto que no se ha obtenido un presupuesto adicional, es decir que con el mismo presupuesto, se han comprado todos los insumos, medicamento y equipo médico para hacer frente a la enfermedad del COVID-19. Es así, que la Secretaría de Salud a través de todas las instancias administrativas, técnicas y Unidades Ejecutoras en el marco de la Situación de Salud informada por la OPS/OMS mediante la alerta a los países, ha realizado las siguientes acciones: 1. En la primera semana de enero 2020, al 15 de enero el Gobierno inicia las acciones de la organización de la preparación y respuesta. 2. En la fecha 15 de enero la SESAL mediante el ACUERDO 020-2020: se emitió y aprobó APROBACION EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PLAN DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS, EPIDEMIAS, Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS EN Honduras (se adjunta acuerdo). El 29 de Enero la SESAL realiza la convocatoria activando de la Comisión de Operaciones de Emergencia del Sector Salud (COE-SS), en el marco de la Ley de SINAGER y como resultado de la activación del COE del sector salud, se socializaron las acciones a desarrollar por sus integrantes en el marco de la emergencia de COVID-19, así como también se brindó la actualización con base a la información oficial sobre la alerta relacionado con el coronavirus y ante la decisión de la OMS de elevar a “nivel alto” la actual amenaza mundial, es propicio coordinar acciones en el sector salud y con otros actores claves para realizar el abordaje multidisciplinario y así generar acciones conjuntas para la contención del nuevo virus. A esta convocatoria participaron Derechos Humanos, Seguridad Aeroportuaria, Aduanas, Migración Turismo, IHSS, Asociación de Hospitales Privados, COPECO, Cruz Roja, entre otros. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en fecha 11 de marzo de 2020, declaro Estado de pandemia por COVID-19, como una enfermedad Sanitaria de Importancia Internacional (ESPII) la alerta internacional por COVID-19, es así como se establecieron los hospitales priorizados para la atención. 3. La SESAL continúa realizando diferentes documentos para las diferentes instancias que integran el Sistema Nacional de Salud como un mecanismo de conducción entre ellos: - Manual de Organización y funciones de las Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) de Salud. – Lineamientos de funcionamiento Comité de Emergencia del Sector Salud. – Plan para la contención y respuesta a casos del Coronavirus (COVID-19) en Honduras. – Lineamiento para la vigilancia epidemiológica, manejo, control y prevención del nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV), mismo que fue actualizado según la evolución de la pandemia en el mundo. – Directrices para la adecuación de Centros de Aislamiento temporal para la atención de personas sospechosas, probables o confirmadas COVID-19. – Directrices de la preparación de la Red de servicio del Primer Nivel de Atención en el marco de la Emergencia por COVID-19. - Directrices de la preparación de la Red Hospitalaria en el marco de la Emergencia por COVID-19. – Estrategia Nacional de comunicación de riesgos con énfasis en COVID-19. – Lineamientos para el manejo de cadáver por casos de COVID-19. – entre otros. Se adjuntan todos los documentos antes descritos. 4. Que ante la Declaratoria de Emergencia, realizada mediante PCM 005-2020, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 35,171, mediante el cual declara la Emergencia Sanitaria por la amenaza de introducción de COVID-19 en Honduras incluyendo Dengue, en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención de las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus COVID-19 (se acompaña Decreto). 5. Por virtud de dicha declaratoria, la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Licenciada Alba Consuelo Flores Ferrufino, solicito al Banco de Occidente S.A., para que, a través del FIDEICOMISO, se procediera a comprar lo que corresponde a medicamentos, insumos de bioseguridad, reactivos de laboratorio y equipo médico. (se adjunta oficios, así como los cuadros que evidencia las compras que se realizaron a través del FIDEICOMISO). 6. Se entregaron los equipos de protección personal disponibles en el país de acuerdo con prioridades como ser la OSI. (Ver informe del FIDEICOMISO). 7. Con el objetivo de fortalecer la capacidad de diagnóstico, la SESAL en coordinación con la Oficina Panamericana de la Salud OPS/OMS, se procedió a capacitar todo el personal de laboratorio de la SESAL, en diagnóstico del COVID-19, lo cual se realizó en la ciudad de México. Asimismo, se capacito para el uso de prueba de PCR en tiempo real; capacidad que se ha ampliado para la zona Norte y próximamente la Zona Sur. 8. La Secretaría de Salud a través de sus instancias regiones y hospitales han continuado los procesos de capacitación a personal de salud, así como la capacitación para los medios de comunicación y otras Secretaría de Estado. 9. La SESAL realizo reuniones de coordinaciones con el Consejo Superior Universitario, COHEP, varias reuniones de coordinación en el Consejo de ministros, Mesa Penitenciaria en el abordaje de COVID-19, Reunión con Maquiladores, Mesa de Cooperantes, Gestiones ante el BID, BCIE, incluyendo Banco Mundial, entre otros. 10. Sumando a lo anterior la Secretaría de Salud ostenta la Secretaría Pro-tempore de COMISCA, por lo que se han desarrollado varias reuniones virtuales a fin de organizar la respuesta y preparación y solicitudes como países miembros del COMISCA y mecanismos de cooperación entre países. 11. De forma permanente se ha realizado trabajo conjunto de acuerdo con las directrices de la OMS/OPS y se han sostenido reuniones virtuales con el staff de Washington, así como también se solicitó asistencia técnica resultado de ello son las dos misiones visitaron al país en apoyo a la SESAL quienes brindaron recomendaciones para organizar los servicios y fortalecer las acciones de vigilancia. 12. La secretaria de Salud también realizo las coordinaciones respectivas con la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social con el objetivo de definir los mecanismos de respuesta armonizada como parte del a Red Integrada de Servicios de Salud. Se han habilitaron todos los Hospitales priorizado para la atención de pacientes con COVID-19 y se giraron instrucciones para organizar el primer nivel de atención. 13. Se ha hecho las invitaciones y gestiones sobre el acompañamiento del FONAC y sociedad civil como veedores en el proceso que la SESAL ha venido desarrollando. Desde un punto de vista epidemiológico, es de capital importancia, señalar que el último reporte emitido por la Unidad de Vigilancia de Salud, en fecha 27 de abril del 2020, se realizaron 151 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 41 dieron resultado POSITIVO sumando así un total de 702 casos de COVID-19 a nivel nacional. Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 se encuentran en este momento 190 hospitalizados, de los cuales 176 están en condición estable, 6 en condición grave y 8 en unidad de cuidados intensivos. El resto se encuentra siendo monitoreados por el personal de la Región Sanitaria. En Honduras, el 27 de abril de 2020 se procesaron 151 muestras para diagnóstico de COVID-19, de las cuales el 27.1% (41/151), resultaron positivas, ascendiendo a un total de 700 los afectados por esta enfermedad y se reportó 4 nuevos casos recuperados. Los casos confirmados para este día corresponden a las regiones sanitarias: Metropolitana del Distrito Central (15) Metropolitana de San Pedro Sula (14), Yoro (6), Intibucá (3), Cortes (2) y El Paraíso (1). La mayor proporción de los casos acumulados se encuentra en los departamentos de Cortes y Francisco Morazán; específicamente en los municipios de: San Pedro Sula, Distrito Central y Villanueva. Es así como el 58% (403/700) de los casos confirmados son hombres, mientras que las mujeres representan el 42% (297/700) restante. La edad promedio de los casos es de 42 años, en un rango de edad entre 0 y 94 años. El 9% (64/700) eran asintomáticos); el 63% (444/700) presento uno o más síntomas, principalmente: fiebre, tos y dificultad respiratoria. En un 28% (192/700) este dato no se registró. El 40% (278/700) tenía una enfermedad crónica, principalmente hipertensión, diabetes y cardiopatía. Es así, que el 61% (191/312) de los casos confirmados son hombres, mientras que las mujeres representan el 39% (121/312) restantes. La edad promedio de los casos es de 41 años, en un rango de edad entre 0 y 89 años. El 84% (262/312) presentaron uno o más signos y síntomas sugestivos de la enfermedad, el 15% (42/312) asintomáticos. En el 1% (4/312) este dato no fue registrado. Los síntomas más frecuentes fueron la tos y fiebre. En cuanto a comorbilidad, un 37% (116/312) padece de una enfermedad crónica. La hipertensión y la diabetes son las principales patologías preexistentes. El 73% (510/700) de los casos positivos se encuentran en auto aislamiento domiciliar y el 27% (190/700) se encuentra en aislamiento hospitalario; de los cuales el 4% (8/190) está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El resto se encuentra en condiciones estables. Es evidente que con el reporte Epidemiológico que emite la Secretaría de Salud, debe realizar acciones que dentro del marco jurídico le sean permitidas para abordar la emergencia de pandemia del COVID-19, por lo que desde el punto de vista de la planificación-presupuestación, ha realizado las siguientes acciones: PLANIFICACION: El proceso de planificación de las acciones de vigilancia y respuesta a la atención incluye la búsqueda de abastecimiento de medicamentos, insumos reactivos, equipo biomédico y contratación de Recursos Humanos. (se adjunta Plan de Contingencia COVID-19). La Secretaría de Salud definió dos mecanismos de compras para atender la emergencia Covid-19. 1. A través del Fideicomiso con Banco de Occidente S.A. 2. Se solicito a la ONCAE la creación de una página especial de compras de emergencia, en la que se incluyera equipos, servicios, material médico quirúrgico y equipo de protección personal. Lo anterior, porque se consideró que las compras directas son aquellas que surgen fuera de la proyección y planificación. (Se adjuntan estos documentos: No.693-22020-GA y Comunicado ONCAE-012-2020). La Secretaría de Salud ha continuado con los procesos de adquisición de los insumos, con transparencia y apegada a los establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. EJECUCION: Debido a que las Instituciones del Estado realizan los procesos de adquisición utilizando la norma de contratación del Estado y su ejecución tiene tiempos establecidos, que no permiten responder en tiempo y forma una emergencia de esta naturaleza, la Secretaría de Salud demanda buscar y prever un mecanismo de compra con un proceso más expedito. En ese sentido, para responder a la pandemia en el país y previniendo la demanda de insumos y desabastecimiento a nivel mundial puede ser un escenario real y que genere obstáculos para el país. El Gobierno de la República decreta Estado de Emergencia Sanitaria en el territorio nacional, el 10 de febrero del presente año, mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.35,171. (se adjunta decreto). Este PCM establece “ARTICULO No.4- “Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, a coordinar con las organizaciones del sector salud y con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a fin de garantizar la provisión de servicios y la atención oportuna de las personas afectadas por la enfermedad y sus complicaciones en el primer y segundo nivel de atención. “ARTÍCULO 5.- Se instruye a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y a Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a analizar e identificar los recursos dentro del fideicomiso de reducción de la pobreza, FINA 2 y del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2020, en todas sus fuentes de financiamiento, un presupuesto por la suma de hasta CIENTO DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.110,000,000.00), para garantizar el fortalecimiento de la provisión de servicios con el recurso humano, equipamiento médico, adquisidor de insumos, materiales y equipos de protección personal para responder ante la emergencia del dengue y esta nueve enfermedad, coronavirus (2019-nCoV), que por su alta contagiosidad es necesario proteger a los proveedores de servicios y a la población en general. El manejo y ejecución de la totalidad de los fondos estará a cargo de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Fondos que serán utilizados de acuerdo con el plan de trabajo ya establecido.” Asimismo, mediante DECRETO LEGISLATIVO 33-2020 SECCION QUINTA, se establece la autorización a la Secretaría de Salud, INVEST-H, Secretaría de Estado en el Despacho de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales para hacer contratación directa para hacer frente a los requerimientos de las instituciones públicas ante la emergencia nacional. “ARTICULO 19.- Se autoriza a Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), inversión Estratégica de Honduras (INVEST- Honduras) y la Secretaría de Estado en el Despacho Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales para la contratación en forma directa de las obras, bienes y servicios que considere necesarios para la contención, atención y mitigación de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la Pandemia provocada por el virus COVID-19.” “articulo 20.- Quedan autorizadas todas las actuaciones materiales previas a la emisión de este Decreto que se hayan realizado por Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Gestión Riesgos y Contingencias Nacionales para asegurar la obtención de todas las compras asignadas en el Artículo anterior.” EL PCM 029-2020 en el Artículo 4, establece: “La ejecución de compras relacionadas con la crisis COVID-19 serán realizadas por Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), amparado en el Decreto Legislativo número 31-2020, publicado en el Diario Oficial de la República “La Gaceta” en fecha 13 de marzo, 2020, debiendo contar a partir de la vigencia del presente Decreto Ejecutivo, con la autorización del Comisionado Especial de Atención a la Emergencia COVID-19.” LIQUIDACION: Es importante mencionar, que pese a que ya se establece una normativa para la administración de la Emergencia Covid-19, la Secretaría de Salud a la fecha (19 de abril del 2020), no ha recibido fondos de parte de la Secretaría de Finanzas y de otras Fuentes. Sin embargo, la SESAL dispone de un mecanismo de compra a través de los fondos administrados por el Fideicomiso de Banco de Occidente S.A., proceso establecido para la adquisición de medicamentos, insumos y otros, mediante contrato celebrado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) con el Banco de Occidente S.A., amparado en el Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,622 de fecha 23 de abril del 2018. (Se adjunta informe de fideicomiso y oficio 806-GA-2020). Este proceso cuenta con un proceso interno, con una normativa, estándares y controles a través de los Comités de Evaluación y adjudicación con la participación de técnicos Especializados del banco y de la SESAL y además con una veeduría permanente de la Asociación por una Sociedad Mas Justa, en ambos comités. La Secretaría de Salud gestionado el financiamiento con la Secretaría de Finanzas para realizar compras a través de este mecanismo (fideicomiso) por la cantidad de 329 Millones de Lempiras, para la compra de Equipo de Protección Personal, Insumos y Otros. Estos fondos serán efectivos mediante compromiso de la Secretaría de Finanzas en la última semana del mes de abril y segunda semana de mayo del presente año. Se informa a través de este medio que la Secretaría de Salud, a través del Fideicomiso con Banco de Occidente S.A., se han realizado tres compras, las cuales detallan a continuación y se adjunta la documentación soporte (Se adjunta decretos ejecutivos).

No. Orden Compra

Empresa

Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Total

OC No.002 (CCFBO 006-2020) de fecha 18 de marzo de 2020.

HEACHACARE

Mascarilla N95 con válvula

41,000

7,544,000.00

Cubre zapato

3.82

320,880.00

Mascarilla descartable

900,000

9.2

8,280,000.00

Guantes no estériles

70,000

2.24

156,8000.00

TOTAL

1,095,000

16,301,680.00

OC No.005 (CCFBO 006-2020) de fecha 16 de marzo de 2020.

NIPRO MEDICAL

Guantes Estériles Látex 6 1/2

50,000

4.6

230,000.00

Guantes Estériles Látex 7

190,000

4.60

874,000.00

Guantes Estériles Látex 8 1/2

34,000

4.60

156,400.00

Guantes no Estériles Látex (talla S)

104,750

1.66

173,466.00

Guantes no Estériles Látex (talla M)

700,000

1.66

1,159,200.00

Guantes no Estériles Látex (talla L)

992,875

1.66

1,644,201.00

TOTAL

2,071,625

4,237,267.00

OC No. 001 (CCFBO 006-2020) de fecha 13 de marzo de 2020

ANPHAR, S.A. DE C.V.

Batas Descartables

1,260,000.00

Cubre Zapato o botas descartables

140,000.00

TOTAL

1,4000,000.00

OC No.002 (CCFBO 006-2020) de fecha 13 de marzo de 2020.

Distribuidora Comercial, S.A. (DICOSA)

Batas descartables L

30,000

19.34

580,200.00

Guantes Estériles Látex 7

5.451

817,650.00

Guantes Estériles Látex 8

6.371

955,650.00

TOTAL

330,000

2,353,500.00

OC No.003 (CCFBO 006-2020) de fecha 13 de marzo de 2020.

Droguería PROMESA S.A.

Mascarilla descartable 95% de filtración

6,840,000.00

TOTAL

6,840,000.00

GRAN TOTAL

3,684,625.00

31,132,447.00

En el mismo orden de ideas, esta Secretaría de Salud informa que se realizó compras con fondos del propio presupuesto de esta Secretaría, de los siguientes bienes. La compra de quinientas (500) mascarillas N95 sin válvula, para ser distribuidas en el Hospital San Felipe, Hospital Gabriela Alvarado e Instituto Cardiopulmonar, para lo cual se afectó el presupuesto de la Unidad ejecutora 53 de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Salud. Es importante resaltar que la compra antes descrita se realizó con fondos propios, no con fondos para la Emergencia Nacional Covid-19. (Se adjunta oficio No.229-2020-SSriSS). (Se adjunta documentación soporte) (Ver Anexo 3 y 4).

Empresa

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Total

Representaciones Medicas

Mascarilla N95 sin válvula

L 189.75

94,875.00

Esta Secretaría de Salud reitera que se ha apegado a las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; además adaptándose a la fluctuación de precios que surgen en el mercado conforme el principio económico de oferta y demanda, poniéndose en primer lugar la vida de la salud de la población hondureña, respondiendo a la emergencia sanitaria actual. En tal sentido y dada la escasez de los bienes necesarios a adquirir en el marco de la emergencia, se solicitó a la Dirección de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), realizar estudio de precios actuales de los equipos de protección personal (EPP). (Ver Oficio Adjunto No.806-2020-GA). Por otra parte cabe descartar, Honorables Magistrados que, ante la actual crisis, al presupuesto de la Secretaría de Salud no le han realizado incorporaciones para la EMERGENCIA COVID-19, lo cual se evidencia con los reportes del sistema integrado de Administración financiera SIAFI de la Secretaría de Finanzas, correspondiente al del 01 de enero al 8 de abril del año 2020, en etapa Devengando – Aprobado, el mismo contiene cuadros con información del Presupuesto Aprobado, Vigente, Ejecutado y Porcentaje de Ejecución detallado por Grupo de Gastos, con reportes de las modificaciones presupuestarias. (Los cuales se adjuntan al presente informe). Lo cual se describe a continuación: La Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto aprobado de L. 15,880,193,416.00 el cual ha sido modificado y muestra una vigente de L.16,621,167,716.00 debido a cuatro modificaciones de AUMENTOS por un total de L.801,974,300.00 y una modificación de DISMINUCION por un valor de L. 61,000,000.00 mismas que ha realizado la Secretaría de Finanzas que al final nos muestra un aumento L. 740,974,300.00 este incremento corresponde a las siguientes modificaciones al presupuesto: AUMENTO MODIFICACION No.1: Para fundación de Niños Quemados (FUNDANIQUEM), En atención a la Nota S/N de fecha 27 de diciembre de 2019, enviada por el Congreso Nacional de la República, con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 171-2019, contentivo de las Disposiciones Generales de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio fiscal 2020, publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 35,137 en fecha 31 de diciembre de 2019. Por un monto de L. 38,000,000.00 AUMENTO MODIFICACION No.2: Incluye un aumento para Fundación de Niños Quemados (FUNDANIQUEM) En atención a la Nota S/N de fecha 27 de diciembre de 2019, enviada por el Congreso Nacional de la República, con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 171-2019, contentivo de las Disposiciones Generales de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio fiscal 2020, publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 35,137 en fecha 31 de diciembre de 2019. Por un monto de L. 1,500,000.00. AUMENTO MODIFICACION No.3: Creación de Espacio Presupuestario para la fuente 21- Crédito Externo, Organismo financiador 173- Banco Interamericano de Desarrollo /BID en la Institución 60- SESAL, fondos que serán trasladados al SANAA mediante transferencia corriente, para continuar con el proceso de cancelación del pago del pasivo laboral a sus empleados. Según Nota Técnica Nº2. Por un monto de L. 738,600,000.00. AUMENTO MODIFICACION No.16: Creación de Espacio Presupuestario para la fuente 22- Donación Externa, Proyecto Honduras Salud Mesoamérica 2015 Fase II y Honduras iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria. Según Nota Técnica Nº6 por un monto de L. 23,874,300.00. AUMENTO MODIFICACION No.6: Incluye una disminución para la INST.220 En aplicación al Artículo 3 del Decreto Legislativo 171-2019 y Oficio enviado por el Congreso Nacional, donde establece que mediante instrucción de la Comisión Ordinaria de Presupuesto del Congreso Nacional y mediante el uso de formulación de modificaciones presupuestarias (FMP-05) del SIAFI, autoriza a la SEFIN para que realice los ajustes necesarios del presupuesto. Lo anterior a fin de reintegrar los valores disminuidos de las asignaciones destinadas para el pago de deuda pública por un monto de L.61, 000,000.00. CONCLUSIÓN: Lo anterior nos muestra que e l presupuesto de la Secretaría de Salud ha obtenido aumentos, pero los mismos no corresponden a la emergencia COVID-19, por lo que ha hecho uso de su propio presupuesto para compra de insumos a través del FIDEICOMISO DEL BANCO DE OCCIDENTE. Es así como la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, con el objetivo único y primordial de hacer frente a la emergencia del COVID a nivel nacional, hasta el 01 de abril del año en curso entregaron insumos médicos de protección personal (Batas desechables, Mascarillas Descartables, botas o cubre zapatos descartables y guantes Descartables) a 32 hospitales y 20 Regiones de Honduras. Mismo que se detallan en el informe emitido en el Informe del Fideicomiso (ver paginas 3-14). Asimismo, se apoyó a la Cruz roja, Instituto Nacional Penitenciario (INP), Hospital Militar y COPECO a través de los fondos de la SESAL- Fideicomiso del Banco de Occidente por una cantidad que asciende a L.21,258,425.80, mismos que tienen la finalidad primordial de apoyar en la atención de la población en aras de hacer frente a la enfermedad del coronavirus COVID-19; así mismo, para la protección del personal de Salud, la cual se ha adquirido únicamente a través del Fideicomiso. (Se adjunta informe emitido por el FIDEICOMISO). Por otra parte, es de suma importancia, señalar que el Hospital Escuela, cuenta con un espacio donde se realiza el treaje y se deriva los sospechosos de Covid-19 para el clíper del Hato de En medio, El Sitio, Hospital del Tórax, San Felipe, Alonso Suazo y Hospital María, según el flujo de atención definida. El Hospital Escuela hasta la fecha no se ha definido como un hospital que atenderá Covid-19, solamente sucederá si se sobrepasa la capacidad instalada. Es por ello que todo lo relacionado a insumos de bioseguridad este Centro Hospitalario lo realizara a través del Fideicomiso de Banco de Occidente, por lo cual los abastecimientos con que contaba el Hospital hasta el mes de junio, se han visto afectados ya que a esta fecha ya tenemos desabastecimiento, por lo cual se ha solicitado una nueva compra mediante fideicomiso Banco de Occidente S.A. con un aumento del 50% para poder brindarles la bioseguridad a todas las personas que laboran en nuestro hospital. A continuación, se detalla los insumos solicitados para adquisición mediante fideicomiso Banco de Occidente, S.A.

N.º

NOMBRE DEL PRODUCTO REQUERIDO

U.P.

CANTIDAD SOLICITADA

PRECIO UNITARIO REFENCIA

MONTO TOTAL

PLAZOS DE ENTREGA REQUERIDOS

VIDA UTIL QUERERIDA

BOTAS DESCARTABLES

C/PAR

L. 2.10

L. 264,600.00

100%

Inmediato

24 meses

BATAS DESCARTABLES

UNIDAD

L. 18.83

L. 988,575.00

100%

Inmediato

24 meses

MASCARILLAS DESCARTABLES

UNIDAD

L. 0.80

L. 336,000.00

100%

Inmediato

24 meses

GORROS DESCARTABLES

C/U

L. 0.92

L. 165,600.00

100%

Inmediato

24 meses

MASCARILLAS DESCARTABLES CON PROTECCION N95

UNIDAD

L. 25.00

L. 250,000.00

100%

Inmediato

24 meses

GAFAS PROTECTORAS

UNIDAD

L. 25.00

L. 75,000.00

100%

Inmediato

24 meses

TOTAL

L. 2079,775.00

Dicha compra será financiada con los fondos de presupuesto aprobado 2020 de este centro asistencial. Así mismo se han realizado procesos de compra para la reparación y mantenimientos de 24 ventiladores mecánicos que se encuentran en funcionamiento y 8 que están en mal estado por un monto de L.4.3 millones, el cual será financiado por Nivel Central. Así como procesos para la reparación de la climatización de equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos por un monto de L. 250,000.00. Cabe mencionar que las diferentes donaciones de insumos de bioseguridad han sido distribuidas al personal de este Centro Hospitalario. (Ver Informe Hospital Escuela). Así mismo, ese centro hospitalario en el año 2019 solicito al fideicomiso la compra de equipo médico hospitalario para las diferentes áreas de este Hospital. Por todo lo anteriormente expuesto, se colige que: Honduras al igual que otros países continuara su preparación con las capacidades existentes y manteniendo un alto nivel de frecuencia, transparencia y volumen de comunicación con las instancias que corresponden para definir las acciones en cumplimiento a lo que el Reglamento Sanitario Internacional establece, por lo que es necesario superar todos los obstáculos que ahora enfrentamos. Mantener la confianza pública es crucial para la solidaridad social, para la relación de las sociedades entre sí y para la paz a nivel nacional. No dudamos que la actual situación de emergencia del COVID-1, pone a prueba los sistemas de salud de países como el nuestro, y los gobiernos deben actuar haciendo uso de los mecanismos de respuesta disponibles y ante todo fortalecer las instancias de coordinación a nivel de gobierno y con las instancias de sociedad civil y empresa privada. Que ante la emergencia de Pandemia del COVID-19, la situación dentro de la provisión de servicios se agudiza aún más, pero a pesar de ello las autoridades de la Secretaría de Salud, han realizado acciones estratégicas para afrontar la actual crisis. El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. El actual Gobierno está asumiendo un papel central para suprimir o controlar el virus y los riegos que afectaran la economía y cohesión social. Con lo anterior, se puede apreciar que las acciones realizadas por la Secretaría de Salud, dentro de las limitaciones que han sido señaladas con anterioridad, están encaminadas a generar el escenario más propicio para poder combatir las consecuencias de la pandemia y que ninguna de las acciones o decisiones tomadas por esta Institución pueden ser clasificadas como ofensivas al derecho a la Vida, así como tampoco se puede sugerir una inactividad por parte de la Institución, al contrario, cada decisión, que por si anula cualquier argumento que sugiera una inacción, tiene la finalidad de proteger el Derecho a la Vida del Personal Sanitario y a la población en general. Las acciones constitucionales de amparo aluden a las supuestas omisiones en las que ha incurrido la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud respecto al tratamiento de la Pandemia COVID-19, cuando se puede observar de la serie de acciones que se han ejecutado que contrario a lo sostenido en las Acciones de Amparo, la Secretaría de Salud ha accionado con el objetivo de disminuir el impacto de la referida Pandemia. Es de resaltar, que al momento de la interposición de las acciones constitucionales ya se contaba con protocolos médicos para el tratamiento del COVID-19, por lo que la pretensión de dichas acciones, en tanto implementar de manera inmediata y efectiva el tratamiento a las personas afectadas con el COVID-19, son situaciones ya realizadas, por ende, en aplicación del artículo 46.6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se propone que las acciones constitucionales debería ser declaradas inadmisibles, siendo que al momento de la interposición de la acción se encuentra implementado protocolos de tratamiento de los contagiados con COVID-19, lo que descarta todo argumento de un comportamiento omisivo por parte de la Secretaría. Las acciones constitucionales alucen a sucesos acaecidos el 11 de marzo del presente año (solicitud realizada por la Asociación de Médicos Residentes de equipos de bioseguridad), solicitud que, como ya se señaló, ha sido satisfecha a través del fideicomiso, quien realizo la compra y entrega de los implementos de bioseguridad, por lo que respecto a este asunto también concurre la inadmisibilidad contenida en el artículo 46.6 de la Ley Justicia Constitucional. Aspecto que amerita mención, es la situación de los Hospitales en nuestro país, que como país pobre que hasta el momento somos, no es nada nuevo, la carencias siempre han sido muchas, al respecto, y considerando lo abrasivo que la Pandemia se manifestó en otros países, es que aprovechando el escenario que general el SINAGER para la adopción de políticas, se han adoptado una serie de decisiones que tratan de disminuir el impacto, mientras se realizaban las correspondientes gestiones para la obtención de los equipos de bioseguridad, es indiscutibles que nuestra carencias, como país nos ponen en una situación crítica, en la que ya hemos perdido valiosas vidas, pero ello no significa que no se hayan realizado las acciones que dentro de las limitaciones con las que se cuentan eran las que se consideraron oportunas, no se nos puede señalar como irresponsables o insensibles ante el sufrimiento de nuestro personal y nuestra población. Como ya lo indicásemos, el presupuesto que se ha usado para la atención de la pandemia se ha realizado a través del Fideicomiso, quien ha realizado las compras y entregas correspondientes de los insumos necesarios de bioseguridad para la atención de la pandemia, a través de los cuales se les ha dispuesto a las distintas regiones sanitarias. Todas las acciones realizadas no permiten de manera lógica el señalamiento de un comportamiento omisivo del as instituciones del Estado, ya que se han generado las políticas de manera integral y se han entregado insumos para hacer frente a la Pandemia, así como la realización de las correspondientes capacitaciones, todo dentro de la medida de nuestras posibilidades, todo esto bajo los principios señalados por los recurrente como ser la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y la buena calidad. En ningún momento las acciones realizadas por la Secretaría han puesto en peligro el derecho a la vida o a la salud de nuestro personal o la población, al contrario, han pretendido defenderla, y en cuanto a la vulneración al derecho al trabajo este le ha sido garantizado a cada uno de los trabajadores de la salud, desarrollando la Secretaría políticas laborales tendientes a darles de condiciones de bioseguridad adecuadas que garanticen al desarrollo de las actividades sanitarias. La Secretaría de Salud, como Autoridad Sanitaria Nacional, es l custodio del bien público en salud y su objetivo primordial es la protección y promoción de la salud de la población; es decir que tiene la potestad para incidir sobre las funciones, responsabilidades y competencias sustantivas que le son propias e indelegables, para efectivamente velar por el bien público en materia de salud, como ser la vida humana. Bajo esta premisa la Secretaría de Salud ha cumplido la obligación de cumplir o facilitar y los Estados Parte deben reconocer el derecho de establecer estrategias y lineamientos específicos para la atención de la salud, así como garantizar a los individuos o grupos que no están en condiciones de ejercer por si mismos su derecho a la salud. A LOS HONORABLES MAGISTRADOS: Respetuosamente pido: admitir el presente escrito, tener por emitido el informe por parte de la Secretaría de Salud, en relación a la Comunicación Judicial librada por la Sala de lo Constitución, del Recurso de Amparo los recursos de Amparo acumulados No. SCO-0237-2020; debiendo tener por cumplimentada la misma. Asimismo pido: que se tenga por admitidos toda la documentación que se acompaña al presente informe, los cuales forman parte integral del informe que se adjunta, como ser: informe del fideicomiso, informe del Hospital Escuelas, actas de entregas a nivel nacional, relacionadas con el equipo de bioseguridad, informe de compras por parte del fideicomiso, decretos relacionados, todos los lineamientos y protocolos que se han emitido en la emergencia del COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud, y otros documentos que se relacionan en el informe, que suman en total 51 documentos. (Folio 19-1990 del presente Recurso) 4) Que en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 2161 del presente Recurso) 5) Que en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE PARCIALMENTE la misma, de conformidad con las premisas expuestas.” (Folios 2165–2174 y 2177 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303, todos de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): La presente acción de amparo ha sido interpuesta por el Señor WILMER MAREL VASQUEZ FLORENTINO quien actúa en su condición personal y a su vez como Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, de ahora en adelante (“COIPRODEN”) a favor de SI MISMO Y DE TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLECENTES y JOVENES DE HONDURAS; contra actuaciones de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), por considerar que en el marco de la emergencia sanitaria mundial causada por la pandemia del COVID-19, las autoridades encargadas de gobernar el país, vulneran el derecho a la salud garantizado en la Constitución de la República, al evidenciar un mal manejo de la crisis sanitaria decretada por el Gobierno de la República. CONSIDERANDO (4): El recurrente en la formalización de la acción constitucional interpuesta, expone como acto reclamado la falta de equipo médico y de bioseguridad en el Sistema de Salud en el contexto de la actual pandemia nacional y global de la COVID-19. En particular, señala el recurrente lo apuntado, respecto a lo expuesto en los literales siguientes y dice: a) la exposición al contagio en la que se coloca a la población atendida por el sistema nacional de salud, particularmente a las NNAJ; b) las condiciones inadecuadas de los centros hospitalarios para la atención de los pacientes afectados; y, c) la carencia de insumos y medidas de bioseguridad para las y los profesionales de la salud encargados de atender la actual pandemia de coronavirus. Dicha omisión implica que el Gobierno de la República no ha adoptado las medidas necesarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y contención de la pandemia (lo subrayado es nuestro). En lo relativo a la exposición al contagio en la que se coloca a la población que acude al sistema nacional de salud, señala que en los hospitales y demás centros asistenciales, a nivel nacional, no cuentan con las condiciones para atender de manera diferenciada a los pacientes que acuden por otras patologías y aquellos que acuden por presentar síntomas e incluso por ser positivos de infección por COVID 19. Pone como ejemplo el Hospital Escuela, que es un centro de referencia nacional donde se atienden pacientes embarazadas, de parto, posparto, patologías quirúrgicas, enfermedades comunes, pacientes pediátricos y geriátricos entre otros, que comparten espacios con personas con sospecha o asintomáticos o positivos de COVID 19, por lo que se causa afectación a la salud y subsecuentemente a la vida de la población y particularmente a NNAJ (niños, niñas, adolescentes y juventud). Manifiesta el recurrente que la actual crisis social que nuestro país está atravesando nace esencialmente del colapso del Sistema de Salud . Al respecto, precisa la trascendencia del derecho a la salud de la población en general; misma que, señala, va más allá del reconocimiento de este derecho, considerado como explicito entre los derechos y garantías, pues se trata de un derecho constitucional expresamente reconocido en el artículo 145 de la Norma Fundamental. Su regulación en el acápite de derechos sociales, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia internacional, son igualmente exigibles y justiciables como los son los derechos civiles y políticos. Además, su carácter de indivisibilidad e interdependencia hace que adquiera carácter de derecho fundamental, y por tanto esa dimensión constitucional hace que su afectación merezca protección por la vía constitucional de amparo’’. CONSIDERANDO (5): Continúa y expone el impetrante en la formalización de la acción de amparo, literalmente que : “…En este sentido, la Sala de lo Constitucional en su sentencia SCO-28, 29, 30, 31, 32 33 y 34-2009 del 24 de mayo de 2011, señala que es falsa la dicotomía que se ha pretendido formular entre los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, bajo el argumento que los primeros imponen al Estado obligaciones de abstención y los segundos establecen obligaciones de acción o de dación. Siguiendo esa línea jurisprudencial, la Sala de lo Constitucional considera que en gran medida se ha diluido toda distinción absoluta entre las obligaciones que imponen los derechos civiles y políticos (obligaciones de no hacer) y las que imponen los derechos económicos, sociales y culturales (obligaciones de hacer). Ello implica caer en un reduccionismo incapaz de ver los matices en materia de obligaciones que se encuentran intrínsecamente en todos los derechos humanos. A la luz de lo anterior, no es difícil demostrar que todos los derechos se caracterizan por contener un complejo de obligaciones negativas y positivas, ya que el carácter prestacional o de no hacer no es un atributo exclusivo de unos derechos. Por ello, la Sala de lo Constitucional plantea en la citada sentencia que hay derechos como el de igualdad que es un derecho social tanto o más que un derecho individual, en tanto que “tiene como una de sus facetas o dimensiones, precisamente esa que impone al Estado y a los particulares el deber de no discriminar a nadie; no obstante, no es menos cierto, [que] impone la obligación al Estado de adoptar medidas para igualar a los desiguales, y las mismas pueden consistir en acciones positivas, es decir de dar y hacer”. Lo anterior fortalece la doctrina de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pues así lo plantea la Sala de lo Constitucional en sus sentencias SCO-0409-2016 del 19 de junio de 2017 y SCO-0767-2016 de 20 de junio de 2017….”.- “…Finalmente, en sus sentencias SCO-0197-2017 y SCO-0203-2017 del 7 de marzo de 2018, SCO-0712, 0719 y 0742-2007 del 14 de mayo de 2008, SCO-0512-2013 del 14 de octubre de 2014 y SCO-0587-2013 del 1 de abril de 2014, la Sala de lo Constitucional establece que “el derecho a la salud es un verdadero derecho, con plena autonomía [...el cual] contiene también una defensa cruzada con otros derechos, como con el derecho a la vida, que por su fundamentalidad, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. A su vez, con base en los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la Sala de lo Constitucional ha establecido que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales, este “se eleva y adquiere jerarquía de derecho fundamental’. En este sentido, [...] es imposible el análisis del derecho a la salud de manera individual, pues una vez que este se ve afectado, compromete otros derechos fundamentales como el derecho a la vida (artículo 65 de la Constitución), a la integridad física, psíquica y moral (artículo 68 de la Constitución), y el principio de dignidad humana (artículo de la 59 Constitución). Es esta unidad intrínseca la que hace que el derecho a la salud adquiera carácter de derecho fundamental, y por tanto esa dimensión constitucional hace que su afectación merezca protección por la vía constitucional de la acción de amparo. Igualmente, se encuentra tutelado entre otros, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Ser Humano, Declaración Universal de Derechos”. - Sobre la tutela de los derechos de la niñez, aduce que la Declaración de Derechos del Niño consagra el ideal “que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle’. Igualmente, establece, que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal. Mientras que en el Principio 8 del mismo Instrumento literalmente se establece: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Mientras, que la Convención sobre Derechos del Niño en el artículo 3 numeral 1 refuerza el ideal de mayor protección de la niñez, al señalar que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (Lo resaltado es añadido). Según el Comité de Derechos del Niño, el principio del “interés superior del niño” tiene un triple significado: “a) Un derecho sustantivo: como el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños en concreto o genérico o a los niños en general; b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo; y, c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. CONSIDERANDO (6): Continúa manifestando que la evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados parte deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y como se han ponderado los intereses del niño, frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos”. En síntesis, conforme lo reconoce la abundante doctrina y jurisprudencia, las NNAJ son sujetos de derechos, en consecuencia, el derecho a la salud presenta una connotación social, más acentuada que los otros derechos mencionados de los cuales deriva. Su génesis, en el Ámbito del derecho público, está vinculada con el constitucionalismo social, y, por ende, con la obligación del Estado de contribuir activamente al resguardo de la salud pública, extremo que se pide sea observado en la protección constitucional de Amparo que se promueve. El cumplimiento de lo ordenado por la Constitución de la República y por toda la normativa supra invocada, debe entenderse que: El Estado es el garante de derechos de la niñez, adolescencia y juventud, por ende, de la protección a la salud y subsecuentemente del derecho a la vida. Y, en su función de garante, debe crear todas las condiciones que sean necesarias para que concretice el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Como corolario de lo anterior, para que la población obtenga todos los beneficios del derecho a la salud y subsecuentemente a la vida, se debe asegurar el tratamiento adecuado y las condiciones de bioseguridad para la población en general, para NNADJ en particular, y el personal sanitario, por lo que debe contar, como mínimo, con los insumos siguientes: a) Ventiladores mecánicos b) Succionadores de secreciones c) Laringoscopios o video laringoscopios d) Mascarillas N95 e) Batas desechables, gabachas hidrofóbicas u overoles impermeables f) Gorros g) Fundas para zapatos h) Guantes i) Anteojos de protección adecuados j) Gel antibacterial k) Alcohol 1) Jabón m) Detergente n) Desinfectantes de superficies o) Cloro p) Abastecimiento de agua, entre otros. Además, se deben adoptar de inmediato otras medidas como: a) Mejorar los espacios para atención diferenciada de pacientes por afección del COVID-19 y otras enfermedades; b) Crear espacio para la higiene corporal de todo el personal de salud con el fin de hacerse una limpieza antes de abandonar el centro asistencial y evitar el contagio para terceras personas; c) Aplicar estrictamente los Protocolos acordados por la Organización Mundial de la Salud; d) Revisar con miras a mejorar la práctica para el manejo de cadáveres, en el acto del levantamiento de los cuerpos (de forma oportuna y con las medidas necesarias), entrega del cuerpo (de forma pronta, segura y en condiciones dignas) y posterior sepultura en condiciones dignas; e) Revisar la practica sobre el traslado de una persona afectada por COVID 19 de un centro hospitalario a otro, incluyendo el transporte en ambulancias; f) Mejorar el laboratorio de virología y la respuesta laboratorial para dar a conocer los resultados de manera inmediata al personal médico tratante de pacientes afectados con la finalidad de adoptar las medidas de prevención que el caso exija, incluyendo los mecanismos de aislamiento y cuarentena requeridos para poder contrarrestar los graves efectos de esta pandemia; g) Proteger a las mujeres en estado de gestación que laboran en el Sistema Nacional de Salud, incluyendo al personal sanitario que presenta comorbilidades, así como a aquellas mayores de 60 años, mediante permisos u otras medidas, sin que se comprometan sus derechos laborales, así como cualquier otra que resulte idónea; h) Habilitar un mayor número de camas para pacientes por COVID 19, en vista que el número de camas no fue previsto según el número de pacientes que pudieran ser afectados por la pandemia; y, i) Acondicionar áreas efectivas para dar asistencia a pacientes que ya están en estado crítico y aquellos que próximamente presentaran la misma condición. Cabe decir que, a falta de estos insumos, la situación de trabajo de las y los profesionales de la salud y demás personal auxiliar, como del público que recibe atención se ha tornado no solo en condiciones desfavorables sino, también, en inhumanas con consecuencias negativas sobre el derecho a la vida. No obstante, la situación de peligro a la que se enfrentan tanto el personal de salud pública como la población en general, y niñez, adolescencia y juventud en particular no ha sido debidamente atendida por las autoridades responsables de actuar de acuerdo con la normativa dictada por los órganos especializados y los estándares internacionales de derechos humano al no proveer de manera oportuna, adecuada y necesaria el equipo antes citado. Con ello, se constituye una grave y reiterada omisión, teniendo como consecuencia en primer término, la vulneración del derecho a la salud de las y los profesionales de la medicina, así como de todo el personal que labora en los distintos centros para llevar a cabo su tarea; y luego, al carecer del personal sanitario (por enfermedad) que pueda atender a la población, ésta queda en gravísima desprotección, vulnerabilidad y con eminentes riesgos a la vida. Por lo tanto, al ser vulnerado el derecho de la salud en conexión con el derecho a la vida de la NNAUJ, de la población y del personal médico procede que este Órgano Jurisdiccional declare con lugar a la presente Acción de Amparo a efecto de que se mantenga el goce y ejercicio del derecho a la salud. Derecho a la vida Como consecuencia a la vulneración al derecho a la salud y considerando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, se genera una grave vulneración al derecho a la vida, en cuanto que éste queda seriamente amenazado en el más estricto sentido. En situaciones límites como la que ocurre por la actual pandemia COVID 19, el derecho a la salud resulta una condición necesaria para que el derecho a la vida sea asegurado dentro del ámbito de lo que, en la doctrina contemporánea se denomina “mandato de optimización” el cual no es otra cosa, que el deber de cumplir un mandato constitucional para la plena concreción de un derecho. Este mandato se incumple, al contrastar la incidencia del contagio en Honduras y las posibilidades de sobrevivencia. Actualmente, Honduras es uno de los países en la tasa de mortalidad con un 6.7%. En lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución de la Republica, en su artículo 65, claramente ordena que “el derecho a la vida es inviolable”. Asimismo, en el artículo 68, párrafo primero se establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Esta última disposición constitucional, va directamente ligada con lo que se argumente en favor del derecho a la salud en el apartado anterior. Entonces, si el derecho a la salud está en desprotección, entonces la vida de las personas relacionadas en si se encuentran en un estado de vulneración. Y, ante ello, la Acción de Amparo abre paso para el mantenimiento o restitución en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados y otros instrumentos internacionales establecen (Art. 41 numeral 1) LSJC. En el caso particular, se entiende que para que dicha restitución se lleve a cabo es necesario que cese la omisión que en este momento se efectúa por parte del Gobierno de la República. Esto se alcanzaría si se suministra de todos los insumos e implementos necesarios para que el personal de salud, en primer término, no ponga en peligro su propia vida; y en segundo, que, con un personal sanitario debidamente protegido, se atendería medicamente a la población para en la medida de las posibilidades salvar vidas humanas. Así, entonces, si existe un riesgo o amenaza a la vida el derecho puede estimarse vulnerado, tal como ocurre en el caso de mérito en virtud de todas las consideraciones fácticas y jurídicas que se han expuesto. En consecuencia, el Órgano Jurisdiccional, debe dar trámite a la Acción de Amparo para que se mantenga y restituya en el goce del derecho a la salud y el derecho a la vida del personal sanitario y de la población en general. CONSIDERANDO (7): Una vez expuesto el desarrollo de la supuesta vulneración sostenida por el recurrente, esta Sala manifiesta que es preciso señalar en orden cronológico, los hechos más importantes ocurridos en nuestro planeta, a raíz de las primeras noticias de un virus denominado SARS CoV-19 y en correlación, las acciones tomadas al respecto en nuestro país. Es así que se debe manifestar que la Organización Mundial de la Salud, en fecha 30 de enero de 2020, emitió una declaratoria al estimar que los casos de Coronavirus detectados en China y en otros países, en efecto, constituían una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”, ante este hecho, la primera acción administrativa realizada por el Poder Ejecutivo fue la Declaratoria de Emergencia, realizada mediante PCM 005-2020 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 35,171, en fecha 10 de febrero del año 2020, mediante el cual declaró la Emergencia Sanitaria por la amenaza de introducción de la COVID-19 en Honduras, en el cual se incluyó el dengue, en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de prevención y control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de dengue; asimismo implementar acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención de las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus. Otras acciones concretas realizadas por el gobierno de la República fueron destinadas a prevenir, reducir o controlar los niveles de riesgo del COVID-19 en el territorio nacional, emitiendo para ello el Reglamento Sanitario Internacional, comunicados oficiales emitidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, brindando a la población en general Información disponible emitida por los Centros de Control de Enfermedades, exigiendo a la población y a las instituciones, respectivamente, la diligencia con los procedimientos y la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Emergencia Sanitaria declarada por la amenaza de introducción de COVID-19 en Honduras, dispuesto en el diario oficial La Gaceta No.35,171, publicado el 10 de febrero del 2020 y emitido en consejo de ministros, en la cual se solicitó y se obtuvo la cantidad de CIENTO DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS (L110,000.000.00) para implementar todas las acciones necesarias para salvar vidas, proteger al personal y desacelerar el contagio, delegando el manejo y ejecución total de estos fondos a la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. CONSIDERANDO (8): Como parte de las acciones encaminadas a evitar el contagio y una vez comenzado este, a su desaceleración, y en virtud de que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud informó a la población la existencia de los dos primeros casos de COVID-19, en fecha 16 de marzo de 2020, mediante acuerdo ejecutivo se ordenó el cierre de fronteras, nadie entra nadie sale, se cierra la economía del país mediante el cierre de negocios, las instituciones estatales y privadas prohíben a los funcionarios y empleados asistir de forma presencial a sus labores y se implementa la modalidad de trabajo en casa, y se ordena en el supra mencionado PCM-005-2020, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, gestionen a nivel internacional ayuda financiera y en insumos necesarios para salvar vidas, proteger al personal sanitario y demás y desacelerar el contagio. CONSIDERANDO (9): Es menester mencionar que el amparo que ahora nos ocupa, fue interpuesto en fecha 13 de abril de dos mil veinte, es decir a menos de un mes de haberse declarado la emergencia sanitaria en nuestro país, en el cual se señalan las carencias en los hospitales de la red sanitaria nacional, como falta de personal especializado, estructuras físicas acondicionadas adecuadamente, instrumentos y equipo médico necesario, y un largo etcétera. Esta acción constitucional de amparo, ha sido interpuesta basada en el numeral 1 del artículo 183 constitucional y en el numeral 1 del artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, señalando vulneración al derecho a la salud por los efectos de la pandemia mundial denominada COVID-19 en el ser humano, ello por las escaseces en el sistema sanitario nacional ya mencionadas, por cuanto alega, que se le restituya el goce de su derecho a la salud personal y a de los jóvenes en general, ello por haber interpuesto la acción de amparo a favor de sí mismo WILMER MAREL VASQUEZ FLORENTINO, y como Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos “COIPRODEN” y de todas las NIÑAS, NIÑOS, ADOLECENTES y JOVENES DE HONDURAS. CONSIDERANDO (10): La Sala de lo Constitucional estima reiterar los tiempos y las acciones que a nivel del planeta fueron tomadas en el inicio de esta pandemia por la autoridad mundial llámese Organización Mundial de la Salud, en adelante O.M.S. Es así que, como quedó dicho, el 30 de enero de 2020, la O.M.S. emitió una declaratoria de “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”; la reacción del Estado de Honduras ante este hecho, fue la Declaratoria de Emergencia, realizada mediante PCM 005-2020 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 35,171 y en fecha 10 de febrero del año 2020, se declaró una Emergencia Sanitaria por la amenaza de introducción de la COVID-19 en Honduras, con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención de las personas ante la probable ocurrencia de infección por la COVID-19.- En consejo de Ministros, se determinó la necesidad de la obtención de una cantidad de CIENTO DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS (L.110,000.000.00) para implementar todas las acciones necesarias para salvar vidas, proteger al personal y desacelerar el contagio. La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud informó a la población la existencia de los dos primeros casos de COVID-19, por lo que en fecha 16 de marzo de 2020, mediante acuerdo ejecutivo se ordenó el cierre absoluto de fronteras en doble vía, se cerró la economía del país mediante el cierre de negocios, las instituciones estatales y privadas prohibieron a los funcionarios y empleados asistir de forma presencial a sus labores y se implementó la modalidad de trabajo en casa. En el supra mencionado PCM-005-2020, se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que, junto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, gestionen a nivel internacional ayuda financiera e insumos necesarios para salvar vidas, proteger al personal sanitario y demás personal denominado de primera fila y desacelerar el contagio; y el amparo el amparo que se resuelve fue interpuesto en fecha 13 de abril de dos mil veinte. Con lo anterior, se concluye que la administración pública, ha ido resolviendo todo lo relativo a esta pandemia, desconocida a nivel mundial, dentro los plazos razonables (tres meses) que exige el debido proceso, por lo que no se observa vulneración alguna al derecho a la salud, por omisión, respecto con lo señalado de ineptitud, indiferencia, incapacidad e ingobernabilidad para su tratamiento. CONSIDERANDO (11): Que en vista de que los vulnerados en sus derechos son los niños, jóvenes y adolescentes de Honduras, se debe mencionar que en el artículo uno de la Convención Sobre los Derechos del Niño, establece que niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Asimismo, el Código de la Niñez y la Adolescencia de Honduras determina: “ARTÍCULO 1.- Para todos los efectos de este Código, se entenderá por niño o niña a todas las personas hasta los dieciocho (18) años de edad. Las disposiciones contenidas en este Código son de orden público y los derechos que establecen en favor de los niños y niñas son irrenunciables, intransigibles y de aplicación obligatoria en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho (18) años de edad, las que para todos los efectos legales se considerarán como niños y niñas. -3- En caso de duda sobre la edad de un niño o niña, se presumirá mientras se establece su edad legal efectiva, hasta los dieciocho (18) años.” CONSIDERANDO (12): En fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, la O.M.S. emitió unas: “Recomendaciones provisionales para utilizar la vacuna contra la COVID-19 elaborada por Pfizer y BioNTech, BNT162b2, en el marco de la lista de uso en emergencias.” Y dentro de estas recomendaciones, explican sobre la prioridad de grupos etarios en la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y literalmente dice entre otros que: “Aplicación de vacunas a grupos demográficos específicos. Grupos demográficos para los que se dispone de datos de apoyo provenientes de ensayos clínicos de fase 2 y 3.- Personas mayores. El riesgo de presentar tipos graves de COVID-19 y fallecer aumenta considerablemente con la edad. Los datos provenientes del ensayo clínico de fase 3 apuntan a que la eficacia y la seguridad de la vacuna son equiparables en todos los grupos etarios (a partir de los 16 años de edad). Se recomienda vacunar a las personas mayores <el subrayado es nuestro. - tomándose en cuenta vacunar con este grupo de personas de mayor riesgo, a las personas de primera línea>. Personas que presenten enfermedades concomitantes; se ha determinado que ciertas enfermedades concomitantes aumentan el riesgo de presentar tipos graves de COVID-19 o fallecer. En los ensayos clínicos de fase 2 y 3 se ha demostrado que la vacuna tiene un perfil de seguridad y eficacia similar en las personas que presentan distintas enfermedades concomitantes, incluidas aquellas que ponen a los pacientes en un mayor riesgo de presentar tipos graves de COVID-19. Entre las enfermedades concomitantes que se analizan en los ensayos clínicos de fase 2 y 3 se incluyen la hipertensión; la diabetes; el asma; las enfermedades pulmonares, hepáticas y renales; y las infecciones crónicas (estables y controladas) por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis C (VHC) y el virus de la hepatitis B (VHB). Se recomienda vacunar a las personas que presentan alguna de las enfermedades concomitantes que se ha determinado que aumentan el riesgo de presentar tipos graves de COVID-19. Recomendaciones provisionales para utilizar la vacuna contra la COVID-19 elaborada por Pfizer y BioNTech, BNT162b2, en el marco de la lista de uso en emergencias -4- Grupos demográficos para los que no se dispone de datos provenientes de ensayos clínicos de fase 2 y 3 o estos son escasos Pacientes mayores de 85 años. En los ensayos clínicos no se incluyó a las personas mayores de 85 años de edad y las personas mayores muy debilitadas. Sin embargo, los datos relativos a la seguridad y la capacidad inmunógena que se obtuvieron en una amplia subpoblación de personas mayores que presentaban enfermedades concomitantes y que no las presentaban permiten suponer que los beneficios de aplicar la vacuna superan los riesgos teóricos. Se recomienda vacunar a las personas mayores, sin límite máximo de edad. Niños y adolescentes menores de 16 años de edad Actualmente no existen datos sobre la eficacia o la seguridad de la vacuna en niños o adolescentes menores de 16 años de edad. Hasta que se disponga de esos datos, no se recomienda vacunar a las personas menores de 16 años de edad.” Debemos entender entonces, que el reclamo realizado por el recurrente, a tan poco tiempo de haber comenzado la pandemia, (tres meses) no tiene un sustento científico para reclamar la vacunación inmediata a niños, niñas jóvenes y adolescentes, si la O.M.S., hasta el ocho de enero de dos mil veintiuno, había dicho que Actualmente no existen datos sobre la eficacia o la seguridad de la vacuna en niños o adolescentes menores de 16 años de edad; quedando pendiente de estudios, la población de menores de diecisiete años, ya que la población de jóvenes de dieciocho años en adelante, ya comenzó en Honduras a partir del seis de agosto del presente año de dos mil veinte y uno. CONSIDERANDO (13): La Sala de lo Constitucional, determina necesario manifestar y hacer conciencia en esta sentencia, sobre el problema mundial de gravísimas consecuencias que ha generado esta pandemia COVID-19. En ese sentido, señala que, en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, se informa: “que… 23 millones de niños se quedaron sin las vacunas básicas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática en 2020 – 3,7 millones más que en 2019 - según se desprende de los datos oficiales publicados hoy por la OMS y el UNICEF. Esta última serie de datos globales sobre la vacunación infantil en todo el mundo, las primeras cifras oficiales que reflejan las interrupciones de los servicios a nivel mundial debido a la COVID-19, muestra que la mayoría de los países registraron el año pasado descensos en las tasas de vacunación infantil. Resulta preocupante que la mayoría de estos niños – hasta 17 millones – probablemente no recibieron ni una sola vacuna durante ese año, lo que agrava las enormes desigualdades ya existentes en el acceso a las vacunas. La mayoría de estos niños viven en comunidades afectadas por conflictos, en lugares apartados donde la atención es deficiente, o en entornos informales o barrios marginales, donde sufren múltiples privaciones, como el acceso limitado a los servicios básicos de salud y a los servicios sociales fundamentales. «Mientras los países claman por conseguir las vacunas contra la COVID-19, hemos retrocedido en otras vacunaciones, dejando que los niños estén expuestos al riesgo de contraer enfermedades devastadoras pero prevenibles, como el sarampión, la poliomielitis o la meningitis,» dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «La aparición de múltiples brotes de enfermedades sería catastrófica para las comunidades y los sistemas de salud, que ya están luchando contra la COVID-19, por lo que es más urgente que nunca invertir en la vacunación infantil y garantizar que se atienda a todos los niños.» se lee con letras remarcadas en negritas y de mayor tamaño que: “En todas las regiones, aumentó el número de niños que no recibieron las primeras dosis vitales de vacunas en 2020, y más millones de niños se quedaron sin las vacunas posteriores…” Las interrupciones en los servicios de vacunación fueron generalizadas en 2020, y las Regiones de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental de la OMS fueron las más afectadas. Al reducirse el acceso a los servicios de salud y el alcance de la vacunación, el número de niños que no recibieron ni siquiera sus primeras vacunas aumentó en todas las regiones. En comparación con 2019, 3,5 millones más de niños no recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP-1), mientras que 3 millones más de niños se quedaron sin su primera dosis de la vacuna contra el sarampión.” CONSIDERANDO (14): El derecho a la salud de la niñez mundial, incluida la niñez hondureña, está siendo afectado, pero no por una administración simulada, sino que por un hecho nuevo y por ende desconocido, causado por un virus inédito, inexplorado que ha venido siendo investigado y estudiado de manera simultánea con su propagación. En los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el n.º 28[1]: desarrollan, entre otros derechos, como número uno, el derecho a la salud y señalan que: “…a) Derivación a la Carta de la OEA 106. Respecto al derecho a la salud protegido por el artículo 26 de la Convención Americana, la Corte observa que los términos del mismo indican que se trata de aquel derecho que se deriva de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. Ahora bien, el artículo 34.i y 34.l de la Carta establece, entre los objetivos básicos del desarrollo integral, el de la “defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica” (el subrayado en nuestro), así como de las condiciones que hagan posible una vida sana, productiva y digna. Por su parte, el artículo 45.h destaca que “[la persona] solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones mediante la aplicación de principios y mecanismos”, entre ellos el: “h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social”. 109. En este sentido, el artículo XI de la Declaración Americana permite identificar el derecho a la salud al referir que toda persona tiene derecho “a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. Tal disposición resulta relevante para definir el alcance del artículo 26, dado que “la Declaración Americana, constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales”. 110. En vista de lo anterior, la Corte considera que el derecho a la salud es un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención. A continuación, este Tribunal procede a verificar el alcance y contenido de este derecho para efectos del presente caso. 113. Además, la Corte observa un amplio consenso regional en la consolidación del derecho a la salud, el cual se encuentra reconocido explícitamente en diversas constituciones y leyes internas de los Estados de la región, entre ellas: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela. 116. Tomando en cuenta lo anterior, la Corte considera que de la consolidación del derecho a la salud se derivan diversos estándares aplicables al presente caso, relativos a prestaciones básicas y específicas de salud, particularmente frente a situaciones de urgencia o emergencia médica. [ 1.1.1. Estándares sobre el derecho a la salud aplicables a situaciones de urgencia médica] 118. La Corte estima que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud, no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también a un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. El Tribunal ha precisado que la obligación general se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 119. En primer lugar, la operatividad de dicha obligación comienza con el deber de regulación, por lo que la Corte ha indicado que los Estados son responsables de regular con carácter permanente la prestación de servicios (tanto públicos como privados) y la ejecución de programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de calidad. 120. En segundo lugar, tomado en cuenta la Observación General No. 14 del Comité DESC, este Tribunal se ha referido a una serie de elementos esenciales e interrelacionados, que deben satisfacerse en materia de salud. A saber: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 121. En vista de ello, esta Corte estima que, para efectos de las prestaciones médicas de urgencia, los Estados deben garantizar, al menos, los siguientes estándares: a) Respecto a la calidad, se debe contar con la infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta N.º 28: DERECHO A LA SALUD 16 o soporte vital, así como también disponer de recurso humano calificado para responder ante urgencias médicas. b) Respecto a la accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios de emergencias de salud deben ser accesibles a todas las personas. La accesibilidad entendida desde las dimensiones superpuestas de no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información. Proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo basado en los derechos humanos. c) Respecto a la disponibilidad, se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. La coordinación entre establecimientos del sistema resulta relevante para cubrir de manera integrada las necesidades básicas de la población. d) Respecto de la aceptabilidad, los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los criterios culturalmente apropiados. Además, deberán incluir una perspectiva de género, así como de las condiciones del ciclo de vida del paciente. El paciente debe ser informado sobre su diagnóstico y tratamiento, y frente a ello respetar su voluntad […]. 122. En tercer lugar, y como condición transversal de la accesibilidad, la Corte recuerda que el Estado está obligado a garantizar un trato igualitario a todas las personas que accedan a los servicios de salud, por lo que de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana no son permitidos tratos discriminatorios, “por motivos de raza, color, sexo, […] posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Al respecto, los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término “otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas”. Así, la Corte ha señalado que la edad, es también una categoría protegida por esta norma. En este sentido, la prohibición por discriminación relacionada con la edad cuando se trata de las personas mayores se encuentra tutelada por la Convención Americana. Esto comporta, entre otras cosas, la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población y un fácil acceso a los servicios públicos. 123. Al respecto, la Corte reitera que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. En tal sentido, la adopción de medidas positivas se acentúa en relación con la protección de personas en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo, quienes deben tener garantizado el acceso a los servicios médicos de salud en vía de igualdad. 124. En cuarto lugar, la Corte sostuvo en el caso Suárez Peralta que el Estado debe prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Al respecto, la Corte ha señalado que cuando se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de interés público, como la salud, la atribución de responsabilidad puede surgir por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo. La Corte ha sostenido que “una eventual atención médica en N.º 28: DERECHO A LA SALUD 17 instituciones sin la debida habilitación, sin estar aptas en su infraestructura o en su higiene para brindar prestaciones médicas, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades, podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o a la integridad del paciente”. De esta forma, dicha obligación de supervisión y fiscalización se debe actualizar de manera constante, particularmente cuando de los servicios de urgencia médica se trate. [1.1.2 Respecto de las personas mayores en materia de salud] 125. La Corte destaca la oportunidad de pronunciarse por primera ocasión de manera específica sobre los derechos de las personas mayores en materia de salud.” CONSIDERANDO (15): Cada uno de los planteamientos sobre el derecho a la salud, transcritos de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de derechos Humanos, expone la creación de mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, requiere que éstas actúen con la celeridad y urgencia del caso, a lo que se manifiesta que ello, es en casos normales y no en situaciones desconocidas y de esta magnitud, como en el presente caso, en el cual no se puede prever y ningún país en el mundo tenía un presupuesto para enfrentar la supra mencionada pandemia por desconocida y por inexistente. Sabemos que la Constitución de la República destina al Estado la protección de la infancia, por lo que ésta, está protegida al seguir Honduras los lineamientos de la máxima autoridad mundial de la Salud, tal y como lo manda el párrafo segundo del artículo 119 constitucional señalando que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, velando por sus derechos en este caso, la O.M.S. es taxativa al decir que en tanto no hayan estudios al respecto, la protección a la niñez menor de 16 años radica en la no vacunación; no obstante como ya se dijo, la población de dieciocho años en adelante comenzó a recibir su dosis en el mes de agosto de este año 2021, después de haber obedecido el protocolo mandado por la O.M.S. de inocular en primer término a las personas de edad avanzada y al personal de salud o aquel de una u otra forma estuviese en contacto con contagiados por el virus del COVID-19 y en última instancia a los mayores de 18 años. CONSIDERANDO (16): Esta Sala estima que, el trato recibido por los niños y jóvenes no constituye vulneración alguna al derecho a su salud, sino que ha sido brindado de acuerdo con el principio del “interés superior del niño”, que como lo ha manifestado el recurrente, tiene un triple significado: “a) Un derecho sustantivo: como el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños en concreto o genérico o a los niños en general. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo; y, c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. Con relación a estos significados, Honduras ha esperado las directrices de la O.M.S., para comenzar con la vacunación de esta población, ya que, siendo la institución legitimada, es la que ha sopesado los pros y los contras relacionados con la conveniencia o no de la vacunación a los niños y niñas; concluyendo que no ha existido omisión en las actuaciones administrativas que constituyan vulneración al derecho fundamental a la salud. CONSIDERANDO (17): Que con relación al interpuesto a favor del impetrante, siendo éste un adulto mayor de 21 años, se debe señalar que, en la fecha en que fue interpuesto el presente recurso de amparo, las autoridades administrativas hacían los primeros esfuerzos para lograr lo que ahora se tiene, una vacunación masiva, alcanzando ya un porcentaje significativo de la población vacunada con la primera y segunda dosis de las vacunas existentes, por lo que la situación de emergencia mundial, el poco o ningún conocimiento del virus, ha hecho que todo se vaya decidiendo sobre la marcha, esperando directrices de la organización legitimada para ello como la O.M.S., determinando la no vulneración al derecho a la salud del impetrante. CONSIDERANDO (18): Que la Sala de lo Constitucional en el ejercicio de sus funciones, después de haber revisado las diligencias, determina que, en efecto, cada ciudadano tiene derecho a que los procesos administrativos se desarrollen dentro de los términos previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, en este caso, hablamos de plazos razonables dentro de los cuales queda demostrado que el poder ejecutivo ha dado respuesta sanitaria a esta crisis, determinando los esfuerzos realizados constituyendo los mismos una respuesta respetuosa del derecho fundamental a la salud, por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo interpuesto por WILMER MAREL VASQUEZ FLORENTINO, quien actúa en su condición personal y como Director Ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos “COIPRODEN” a favor de SI MISMO Y DE TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLECENTES y JOVENES DE HONDURAS; contra actuaciones de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO), relacionadas según el recurrente a la falta de insumos médicos y de bioseguridad para el manejo de la crisis sanitaria decretada por el Gobierno de la República en el marco de la emergencia por el COVID-19. Y MANDA: Que se certifique el presente fallo para la parte recurrente, para los efectos legales correspondientes y se ordena que se archiven las diligencias de mérito. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0237-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] 355.44 C827c Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 28: Derecho a la salud / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R.: Corte IDH, 2020. 155 p.: 28 x 22 cm. ISBN (digital) 978-9977-36-264-9 1. Derecho a la salud. 2. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES. 3.No discriminación. 4. Educación. 5. Seguridad social. 6. Derecho al agua. 7. Personas con discapacidad.