Sentencia AA-208-21 — Registro 12787
Resumen
sobreseimiento de acción de amparo en relación a Demanda para que se declare la nulidad absoluta de acto administrativo en demanda de defensas previas, promovida contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, que el amparista (sic) “ SEPTIMO (7): Que analizados que han sido los hechos y alegatos que motivan la presente acción de amparo, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, y como tales han sido ya resueltos por el Juzgado de Primera Instancia, a través de la resolución de defensas previas que se conoce hoy mediante la acción de amparo; los alegatos esgrimidos por la impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, pues en su exposición hace ilusión a cuestiones de hechos y de derecho que debió haber hecho y así lo hizo, ante el Juez de Primera Instancia, son una reproducción de los alegatos de primera instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la Norma Constitucional, deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión la impetrante, ha sido debidamente motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de Defensas Previas.- Revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir los alegatos que motivaron la interposición de las defensas previas, la procedencia o no de estas, llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas, como así lo pretende la impetrante y se deriva de los alegatos de defensas previas que consta de autos, convierte a la acción de amparo y al Juez Constitucional en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria mas.- La apreciación y valoración de los hechos que motivaron las defensas previas y la resolución del Juzgado de Primera Instancia con respecto a las Defensas Previas incoadas, no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho de Defensa, en relación con el ejercicio del Debido Proceso, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional (son de orden infra constitucional)..” Asimismo la Corte de Apelaciones motiva su sentencia en el hecho que (sic) “OCTAVO (8): Que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien la resolución que DESESTIMA las Defensas Previas es irrecurrible (no cabe recurso alguno), no significa que forzosamente debe de interponerse la acción de amparo, pues para presentar este tipo de acción, se debe de llenar ciertos presupuestos legales, al tenor de lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional.- Debe de recordarse que el Juez Constitucional, que conoce del recurso extraordinario de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando este ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el que hacer fundamental del Juez Constitucional garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos y Garantías reconocidos por la Constitución de la Republica y tratados internacionales; en el caso concreto se observa del procedimiento llevado a cabo que la impetrante ha gozado de las garantías procesales y no se vislumbra ninguna alteración a las mismas; obsérvese que los motivos de la acción de amparo concluyen en lo siguiente: “…por lo que al no observar toda la normativa aplicable al caso sub-judice y desestimar las defensas previas alegadas por esta Representación Legal del Estado que fundamentada en el artículo 80 literales b), c) y e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal ha vulnerado el debido proceso…” derivándose de dicha conclusión que el impetrante está inconforme con la resolución de defensas previas, pero no porque haya existido vulneración a Derechos Fundamentales, sino porque considera que no se apreciaron o valoraron a su conveniencia las causas de inadmisibilidad por ella invocadas.- Es oportuno resaltar también que el impetrante no desarrolla de forma puntual el concepto Constitucional que considera violentado, lacerado, pues se limita únicamente a transcribir los argumentos de las Defensas Previas, tanto en el escrito de interposición de la acción de amparo, como en el escrito de formalización de la acción de amparo.” CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse"
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, que el amparista (sic) “ SEPTIMO (7): Que analizados que han sido los hechos y alegatos que motivan la presente acción de amparo, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, y como tales han sido ya resueltos por el Juzgado de Primera Instancia, a través de la resolución de defensas previas que se conoce hoy mediante la acción de amparo; los alegatos esgrimidos por la impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, pues en su exposición hace ilusión a cuestiones de hechos y de derecho que debió haber hecho y así lo hizo, ante el Juez de Primera Instancia, son una reproducción de los alegatos de primera instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la Norma Constitucional, deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión la impetrante, ha sido debidamente motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de Defensas Previas.- Revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir los alegatos que motivaron la interposición de las defensas previas, la procedencia o no de estas, llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas, como así lo pretende la impetrante y se deriva de los alegatos de defensas previas que consta de autos, convierte a la acción de amparo y al Juez Constitucional en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria mas.- La apreciación y valoración de los hechos que motivaron las defensas previas y la resolución del Juzgado de Primera Instancia con respecto a las Defensas Previas incoadas, no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho de Defensa, en relación con el ejercicio del Debido Proceso, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional (son de orden infra constitucional)..” Asimismo la Corte de Apelaciones motiva su sentencia en el hecho que (sic) “OCTAVO (8): Que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien la resolución que DESESTIMA las Defensas Previas es irrecurrible (no cabe recurso alguno), no significa que forzosamente debe de interponerse la acción de amparo, pues para presentar este tipo de acción, se debe de llenar ciertos presupuestos legales, al tenor de lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional.- Debe de recordarse que el Juez Constitucional, que conoce del recurso extraordinario de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando este ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el que hacer fundamental del Juez Constitucional garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos y Garantías reconocidos por la Constitución de la Republica y tratados internacionales; en el caso concreto se observa del procedimiento llevado a cabo que la impetrante ha gozado de las garantías procesales y no se vislumbra ninguna alteración a las mismas; obsérvese que los motivos de la acción de amparo concluyen en lo siguiente: “…por lo que al no observar toda la normativa aplicable al caso sub-judice y desestimar las defensas previas alegadas por esta Representación Legal del Estado que fundamentada en el artículo 80 literales b), c) y e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal ha vulnerado el debido proceso…” derivándose de dicha conclusión que el impetrante está inconforme con la resolución de defensas previas, pero no porque haya existido vulneración a Derechos Fundamentales, sino porque considera que no se apreciaron o valoraron a su conveniencia las causas de inadmisibilidad por ella invocadas.- Es oportuno resaltar también que el impetrante no desarrolla de forma puntual el concepto Constitucional que considera violentado, lacerado, pues se limita únicamente a transcribir los argumentos de las Defensas Previas, tanto en el escrito de interposición de la acción de amparo, como en el escrito de formalización de la acción de amparo.” CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de mayo de dos mil veintiuno VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de junio de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de defensas previas, promovida por la Sociedad Mercantil CORPORACION MUNGUIA S.A, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 80 y 90 de la Constitución de la Republica. A N T E C E D E N T E S 1) Que la Abogada CARLOS HUBERTO FUENTES PORTILLO, actuando en su condición de apoderado legal de Sociedad Mercantil denominada CORPORACION MUNGUIA S.A compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de octubre del año dos mil dieciocho, promoviendo Demanda Contencioso Administrativa para que atreves del procedimiento ordinario se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo arbitrario ilegal e injusto por no ser conforme a derecho, de Nulidad de un acto Administrativo.(Folios 01 al 60 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veinte de marzo del año dos mil diecinueve, compareció ante el A-quo la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas en la demanda arriba citada. (Folios 01 al 06 de la pieza de Defensas Previas). 3) Que en fecha once de junio de dos mil dieciocho, el A-Quo declaró desestimando las defensas previas presentadas por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición ya indicada. Folios 15 al 16 de la pieza de Defensas Previas). 4) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: SOBRESEER LA ACCION DE AMAPARO interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS. (Folios 36 al 43 de la segunda pieza de los antecedentes). 5) El recurrente Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, es violatoria de lo estipulado en los artículos los artículos 80 y 90 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de junio de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de defensas previas, promovida por la Sociedad Mercantil CORPORACION MUNGUIA S.A, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia y no del recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, que el amparista (sic) “ SEPTIMO (7): Que analizados que han sido los hechos y alegatos que motivan la presente acción de amparo, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, y como tales han sido ya resueltos por el Juzgado de Primera Instancia, a través de la resolución de defensas previas que se conoce hoy mediante la acción de amparo; los alegatos esgrimidos por la impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, pues en su exposición hace ilusión a cuestiones de hechos y de derecho que debió haber hecho y así lo hizo, ante el Juez de Primera Instancia, son una reproducción de los alegatos de primera instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la Norma Constitucional, deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión la impetrante, ha sido debidamente motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de Defensas Previas.- Revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir los alegatos que motivaron la interposición de las defensas previas, la procedencia o no de estas, llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas, como así lo pretende la impetrante y se deriva de los alegatos de defensas previas que consta de autos, convierte a la acción de amparo y al Juez Constitucional en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria mas.- La apreciación y valoración de los hechos que motivaron las defensas previas y la resolución del Juzgado de Primera Instancia con respecto a las Defensas Previas incoadas, no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho de Defensa, en relación con el ejercicio del Debido Proceso, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional (son de orden infra constitucional)..” Asimismo la Corte de Apelaciones motiva su sentencia en el hecho que (sic) “OCTAVO (8): Que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien la resolución que DESESTIMA las Defensas Previas es irrecurrible (no cabe recurso alguno), no significa que forzosamente debe de interponerse la acción de amparo, pues para presentar este tipo de acción, se debe de llenar ciertos presupuestos legales, al tenor de lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional.- Debe de recordarse que el Juez Constitucional, que conoce del recurso extraordinario de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando este ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el que hacer fundamental del Juez Constitucional garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos y Garantías reconocidos por la Constitución de la Republica y tratados internacionales; en el caso concreto se observa del procedimiento llevado a cabo que la impetrante ha gozado de las garantías procesales y no se vislumbra ninguna alteración a las mismas; obsérvese que los motivos de la acción de amparo concluyen en lo siguiente: “…por lo que al no observar toda la normativa aplicable al caso sub-judice y desestimar las defensas previas alegadas por esta Representación Legal del Estado que fundamentada en el artículo 80 literales b), c) y e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal ha vulnerado el debido proceso…” derivándose de dicha conclusión que el impetrante está inconforme con la resolución de defensas previas, pero no porque haya existido vulneración a Derechos Fundamentales, sino porque considera que no se apreciaron o valoraron a su conveniencia las causas de inadmisibilidad por ella invocadas.- Es oportuno resaltar también que el impetrante no desarrolla de forma puntual el concepto Constitucional que considera violentado, lacerado, pues se limita únicamente a transcribir los argumentos de las Defensas Previas, tanto en el escrito de interposición de la acción de amparo, como en el escrito de formalización de la acción de amparo.” CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán,, en fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), que sobresee la acción de amparo interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha once de junio de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de defensas previas, promovida por la Sociedad Mercantil CORPORACION MUNGUIA S.A, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD..-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-208-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL