Sentencia AA-195-21 — Registro 13318
Resumen
Resolución No. SO-303-2020 declaró con lugar recurso de revisión promovido por solicitante contra recurrente en virtud de no haber dado respuesta de forma completa en el palzo establecido; Se consideró que la información denegada no se encuentra clasificada como reservada y la misma es de carácter público, ordenándose entregar dicha información solicitada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala al verificar los hechos y alegatos que se relacionan con la presente garantía, arriba a la convicción de que el presente amparo debe ser denegado, tomando en cuenta los siguientes argumentos. La máxima divulgación, además de principio y regla general, es en sí mismo y desde la perspectiva de cada ser humano de este este país, un derecho fundamental. En principio, el acceso a la información pública es un derecho, porque así lo expresa el artículo 1 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública,..."..."el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos..."..."En el caso particular bajo estudio, la censora justifica su petición de violación a los derechos de debido proceso y defensa el hecho de que la información solicitada se encuentra bajo secuestro o decomisada en virtud de una investigación que realiza el Ministerio Público, por lo que en consideración de la impetrante de amparo brindar dicha información supone incurrir en responsabilidad administrativa y penal, con la violación de lo dispuesto en el artículo 278 del Código procesal penal, divulgando información calificada como reservada. Sin embargo, cabe señalar que la información que se encuentra en poder del Ministerio Público es información pública sujeta al principio de máxima divulgación, porque no se encuentra bajo el régimen de reserva conforme a los trámites que la Ley de transparencia y acceso a la información pública y su reglamento establecen para darle esa categoría. No debe confundirse la investigación en sí misma con la información pública que pueda estar involucrada en ella. Nada debe impedir que la ciudadanía conozca los datos y cifras que tienen que ver con la administración de fondos públicos, salvo los casos excepcionales dispuestos en razones previstas y bien determinadas por la ley. El control que el sistema normativo establece para que la transparencia del Estado y el acceso de la ciudadanía a la información pública sea bajo el principio de máxima divulgación, es la responsabilidad penal, civil y en su caso administrativa de quien hace uso incorrecto o abusivo de la información que recibe. Es por ello, que nuestra legislación dispone en el párrafo final del artículo 14 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública...Los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la información pública a la que tengan acceso.” En virtud de todo lo expuesto, la Sala de lo Constitucional estima que el Instituto de transparencia y acceso a la información pública no incurrió con su resolución en la violación que la imperante alega a favor de la SEFIN, por lo que debe declararse la denegatoria de la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 52 (Reglamentos)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de septiembre de dos mil veintiuno VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada Nolvia Lizeth Almendarez Fuentes, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contra la resolución No. SO-196-2020, emitida en fecha dos de noviembre de dos mil veinte por el Instituto de acceso a la información pública (IAIP), mediante la cual declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor Denis Eduardo Domínguez Cárcamo, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante este alto tribunal de justicia, la abogada Nolvia Lizeth Almendarez Fuentes, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contra la resolución No. SO-196-2020, emitida en fecha dos de noviembre de dos mil veinte por el Instituto de acceso a la información pública (IAIP), mediante la cual declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor Denis Eduardo Domínguez Cárcamo, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. (Folios 1-3 del antecedente). 2. En fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, este alto tribunal de justicia admitió la presente garantía constitucional de amparo, en consecuencia, se libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de un día hábil remitiera los antecedentes del caso. (Folio 8 de la pieza de amparo). 3. En fecha trece de abril de dos mil veintiuno, la sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No. SO-196-2020, de fecha dos de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Instituto de acceso a la información pública (IAIP); objeto del presente recurso, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN presentado por el señor DENIS EDUARDO DOMÍNGUEZ CÁRCAMO, quien actúa en su condición personal en contra de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN), en virtud de que la institución obligada no dio respuesta a la solicitud de información de forma correcta, en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, en relación a la aplicación del artículo 52 numeral 1 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN), de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la entrega de la información solicitada por parte del señor DENIS EDUARDO DOMÍNGUEZ CÁRCAMO que literalmente dice: “1) Listado de todas y cada una de las organizaciones civiles, patronatos, centros religiosos o cualquier institución, organización de persona natural que haya recibido fondos de los Servicios Financieros de la Administración Central (código 449) entre el 2014 y 2018 del programa de asistencia social. 2) Detallar para cada uno el nombre de la asociación, monto, fecha de disposición de fondos, orden de pago y proyecto o motivo para asignarle el fondo”. TERCERO: Que la Secretaría general del instituto de acceso a la información pública proceda a la apertura del respectivo expediente sancionatorio con el fin de sancionar al o los servidores públicos responsables de la falta de entrega en tiempo y forma de la información solicitada por el recurrente a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN), conforme al Reglamento de sanciones por infracción a la ley de transparencia y acceso a la información pública, contenido en el acuerdo SE-007-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 12 de marzo de 2014. CUARTO: La presente RESOLUCIÓN pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el recurso de amparo al tenor de los artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley sobre justicia constitucional, 26 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y 53 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes…” (Folios 55-58 vuelto del antecedente). 4. En fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, remitidos que fueron los antecedentes del recurso de mérito, se ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho horas al garantista para que formalizara su petición. (Folio 16 de la pieza de amparo). 5. En fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizada en tiempo y forma la garantía constitucional de mérito, presentada por la abogada Nolvia Lizeth Almendarez Fuentes, en consecuencia, se dispuso a dar la vista de los antecedentes al fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 23 de la pieza de amparo). 6. Esta Sala, en fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la fiscal, abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, quien fue del parecer porque se deniegue la presente garantía constitucional de amparo. (Folios 27-34 de la pieza de amparo). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. La censora al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que fueron violentados los artículos 82 y 90 de la Constitución, que contienen por su orden los derechos de defensa y debido proceso legal. En la exposición de hechos, la impetrante manifiesta lo siguiente: 1. El once de enero de dos mil diecinueve el ciudadano Denis Eduardo Domínguez Cárcamo presentó solicitud de información pública SIELHO SOL-SEFIN-726-2019 a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas o SEFIN, con relación a las interrogantes siguientes: 1) Listado de todas y cada una de las organizaciones civiles, patronatos, centros religiosos o cualquier institución, organización de persona natural que hayan recibido fondos de servicios financieros de la administración central (código 449) entre el 2014 y el 2018 del programa de asistencia social. 2) Detallar para cada uno el nombre de las asociaciones, monto, fecha de disposición de fondos, orden de pago y proyecto o motivo para asignarle el fondo. 2. Para dar respuesta a la solicitud presentada se emitió el catorce de enero de dos mil diecinueve el memorando DT-OIP-016-01-2019 a la gerencia administrativa. 3. El memorando en mención fue respondido el diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Sin embargo, la respuesta fue que dicha información se encontraba en el Ministerio Público en la Unidad fiscal especial contra la impunidad de la corrupción o UFECIC, la cual fue decomisada en el mes de diciembre de dos mil diecisiete, debiendo por tanto solicitar dicha información al Ministerio Público. Asimismo, que en el 2018 no se realizó ningún trámite. 4. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve la Dirección general de transparencia emitió el oficio DT-OIP-009-01-2019 mediante el cual se le comunica la respuesta al ciudadano Denis Eduardo Domínguez Cárcamo por vía digital a su correo electrónico. 5. En fecha veintiocho de enero de ese año el ciudadano Denis Eduardo Domínguez Cárcamo presentó recurso de revisión ante el Instituto de transparencia y acceso a la información pública o IAIP en contra de SEFIN en virtud de que no se le brindó la información solicitada. Dicho IAIP emitió el veinticinco de febrero bajo el expediente número 010-2019 el requerimiento mediante el cual se ordena a SEFIN que entregue la información en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación y que se remitan los antecedentes del caso al IAIP. 6. El Instituto de transparencia y acceso a la información pública dictó la resolución No. SO-196-2020 de fecha dos de noviembre de dos mil veinte estimando el recurso de revisión, al concluir que la SEFIN no dio respuesta a la solicitud de información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública con relación al numeral 1 del artículo 52 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. En virtud de lo cual ORDENA a SEFIN que se le entregue de forma inmediata al ciudadano Denis Eduardo Domínguez Cárcamo la información que solicitó. De igual manera ordena que de no interponerse amparo dicha resolución quede firme y que abra proceso sancionatorio a los servidores públicos responsables de no entregar en tiempo y forma la información solicitada por el recurrente conforme al reglamento correspondiente y notificar al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). La censora explica que se violentaron sendos derechos de defensa y debido proceso de la SEFIN. En ese sentido señala que en el literal 4 de los antecedentes de la resolución consta que se requirió al abogado Daniel Arturo Sibrián Bueso en su condición de fiscal general adjunto para que en un plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de recibido el requerimiento, informe si se encuentra en custodia del Ministerio Público específicamente en la Unidad fiscal especial contra la impunidad de la corrupción UFECIC, la información siguiente: 1) Listado de todas y cada una de las organizaciones civiles, patronatos, centros religiosos o cualquier institución, organización de persona natural que haya recibido fondos de los servicios financieros de la administración central, código 449 entre el 2014 y 2018 del programa de asistencia social. 2) Detallar para cada uno el nombre de las asociaciones, monto, fecha de disposición de fondos, orden de pago y proyecto de motivo para asignarle el fondo. En el literal cinco de dicha resolución se establece que en fecha dieciocho de 18 de febrero del año 2020, se recibió oficio FGA-118-DSB-2020 presentado por el abogado Daniel Arturo Sibrián Bueso en su condición de fiscal general adjunto quién da cumplimiento a lo ordenado en el requerimiento de fecha cuatro de febrero del año 2020, expresando en efecto que los documentos relativos a la cuenta de servicios financieros de administración central conocida como 449 se encuentra bajo la custodia de UFERCO. Asimismo, dentro de los fundamentos legales de dicha resolución emitida por el Instituto de acceso a la información pública se hace mención del oficio UFERCO-031-2020 en el cual se manifiesta: “que la información relacionada con la cuenta 449 se encuentra en custodia de dicha unidad y que no se cuenta con un listado conteniendo los detalles, lo que corresponde a documentación física y un backup de información en bruto debidamente embalado como evidencia pendiente de análisis.” Seguidamente la censora cita el artículo 278 del Código penal que establece lo siguiente: “Secretividad de las investigaciones. Las investigaciones realizadas por las autoridades competentes se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte de las mismas, mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales. Las autoridades encargadas de la investigación procurarán no lesionar los derechos de los investigados durante la práctica de sus investigaciones. Las indicadas autoridades podrán proteger y aislar cualquier elemento de prueba que se encuentra en los lugares en que se esté investigando un delito a fin de evitar su contaminación o destrucción.” Al respecto, la censora afirma que dicha norma penal ordena que cuando hay documentación secuestrada o decomisada, la misma no puede ser objeto de conocimiento de terceros y se apoya trascribiendo literalmente la parte de la norma citada que dispone: “Las investigaciones realizadas por las autoridades competentes se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte de las mismas, La censora entonces concluye al señalar que sobre la información solicitada por el ciudadano Denis Eduardo Domínguez Cárcamo recae una investigación en curso desde el mes de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que dicha información no ha sido devuelta a SEFIN; asimismo manifiesta que su representada brindó en tiempo y forma toda la información permitida; y que en cuanto al resto, le señaló al solicitante que esa información estaba secuestrada o decomisada porque era objeto de una investigación; y que no se la entregaba en virtud de no ser el peticionario parte de la investigación. Por todo lo anterior, la censora estima procedente que se ampare a su poderdante. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen del dictamen emitido por la agente fiscal del Ministerio Público. La fiscal Diana Elizabeth Rodríguez Corea fue del parecer porque se deniegue la presente garantía constitucional de amparo. Para la fiscal, no se ha vulnerado el debido proceso, ya que se ha seguido el procedimiento establecido en la ley y tampoco se ha irrespetado el derecho de defensa, pues la entidad obligada de entregar la información, al ser requerida, tuvo la oportunidad de informar y remitir los antecedentes relacionados al caso en el término legal establecido en el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública; así mismo, el ejercicio del presente recurso es una manifestación que materializa su defensa. Por otra parte, al estar acreditado en autos que la entidad recurrente estaba obligada a brindar la información solicitada y que además no lo hizo dentro de los plazos señalados en la ley, vulneró el derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas por ley, lo anterior en consonancia a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. La fiscal también se pronuncia con relación al alegato de la amparista sobre el hecho de que la información estuviera en poder del Ministerio Público desde diciembre del año 2017 en virtud de una investigación en curso. Señala la fiscal al respecto que SEFIN tenía la información solicitada por parte del señor Denis Eduardo Domínguez Cárcamo, tanto en el departamento de gerencia financiera como en el de auditoría interna y tesorería general, porque es con dicha información que se trabaja a fin de darle supervisión a dichos servicios y hace los pagos respectivos; sin embargo, la respuesta que dio al solicitante de la información fue indicarle nada más que esa información obraba en el Ministerio Público. Por lo tanto, la fiscal concluye que el (IAIP) no ha vulnerado las garantías alegadas por el recurrente. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos del IAIP que fundamentaron la resolución No. SO-196-2020 de fecha dos de noviembre de dos mil veinte, acto impugnado en la presente garantía constitucional de amparo. El pleno de comisionados del IAIP declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor Denis Eduardo Domínguez Cárcamo, contra la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas (SEFIN), en virtud de los siguientes argumentos. Expresa el IAIP que la información pública deberá proporcionarse al solicitante o usuario en el estado o formato en que se encuentre disponible y que de conformidad con el artículo 14 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública cuando se dé el caso de que no exista la información que se solicita, se le comunicará al solicitante por escrito dicha circunstancia. La fiscal señala que en el caso de mérito, consta en el oficio UFERCO-031-2020 de fecha tres de febrero de dos mil veinte que la información relacionada con la cuenta número 449 se encuentra en custodia de la Unidad especializada contra las redes de corrupción y crimen organizado, UFERCO, asimismo que no se cuenta con un listado conteniendo los detalles en lo que corresponde a documentación física y un backup de la documentación de la información en bruto, debidamente embalada como evidencia pendiente de análisis; pero además la fiscal agrega que, en dicho oficio, la UFERCO expresó lo siguiente: “… que dichos listados con los detalles solicitados se encuentran de manera digital en la Secretaría de finanzas, específicamente en el departamento de gerencia financiera, dicha información es manejada de manera digital en los departamentos de auditoría interna y tesorería general de la Secretaría de Estado en despacho de finanzas, SEFIN…” Por lo que, del análisis que la fiscal hizo del caso de mérito, estableció que la institución obligada no dio respuesta en el plazo establecido de diez días hábiles a la solicitud de información realizada por el señor Denis Eduardo Domínguez Cárcamo. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar, si hubo violación de los derechos de defensa y debido proceso legal. La Sala al verificar los hechos y alegatos que se relacionan con la presente garantía, arriba a la convicción de que el presente amparo debe ser denegado, tomando en cuenta los siguientes argumentos. La máxima divulgación, además de principio y regla general, es en sí mismo y desde la perspectiva de cada ser humano de este este país, un derecho fundamental. En principio, el acceso a la información pública es un derecho, porque así lo expresa el artículo 1 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, a la sazón: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. Pues bien, el ejercicio del derecho al acceso a la información pública tiene como parámetro de medida o criterio de satisfacción, la obligación que tiene el Estado de garantizar, respetar y proteger con la máxima divulgación la información pública en general. Pero, además el acceso a la información pública es un derecho humano o fundamental, de acuerdo con lo que dispone el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos y el desarrollo jurisprudencial que va articulando de dicho artículo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH, así: “Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o; b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.” Con la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Claude Reyes versus Chile[4][5], el diecinueve de septiembre de dos mil seis, dicho tribunal dispuso que, la información solicitada y que no fue entregada por el Estado era de interés público, pues guardaba relación con un contrato de inversión celebrado originalmente entre el Estado, dos empresas extranjeras y una empresa privada chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal y con el impacto ambiental que ese proyecto podía ocasionar. La Corte IDH declaró que el Estado chileno había incurrido en una violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos. Entre los fundamentos de la Corte IDH, se encuentra que: “el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el mismo régimen de restricciones de la misma Convención… Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla…”.[6] La Corte IDH con la expresada sentencia, pone de relieve la importancia de la libertad de pensamiento y de expresión en un sistema democrático de gobierno. Señaló también que, “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.”[7] Agregando, además: “El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”.[8] “La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.”[9] “Asimismo, el Estado no demostró que la restricción respondiera a un objetivo permitido por la Convención Americana, ni que fuera necesaria en una sociedad democrática (…)”[10] En complemento a lo anterior, la Corte IDH se pronunció también en relación con las excepciones o restricciones previstas en los dos incisos del artículo 13.2 de la CADH, en este sentido dispuso: “… El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado puede ser objeto de restricciones.[11] “En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término, deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse “por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. (…)[12] “En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.[13] “Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. (…)[14] “[L]a Corte entiende que el establecimiento de restricciones al derecho de acceso a información bajo el control del Estado a través de la práctica de sus autoridades, sin la observancia de los límites convencionales, crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial, y se genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo.”[15] Finalmente, la Corte IDH, reitera la obligación internacional que tiene cada Estado de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos humanos protegidos de manera convencional; debiendo en el caso particular del derecho que tiene la población de acceder a la información pública bajo el principio de máxima divulgación, normar las reglas de restricción con cumplimiento estricto a lo que dispone la CADH. La Corte IDH al respecto señaló: (…) [L]a Corte considera necesario reiterar que, de conformidad con el deber dispuesto en el artículo 2 de la Convención, el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convención, lo cual implica la supresión tanto de las normas y prácticas que entrañen violaciones a tales derechos, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. En particular, ello implica que la normativa que regule restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado debe cumplir con los parámetros convencionales y sólo pueden realizarse restricciones por las razones permitidas por la Convención (lo cual es también aplicable a las decisiones que adopten los órganos internos en dicha materia.”[16] Por su parte, la Sala de lo Constitucional ha dictado varias sentencias en las que pone de relieve la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho de acceso a la información pública, siempre de acuerdo con el principio de máxima divulgación. En la sentencia AA-0885-2017 de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dispuso en los considerandos 6 y 7 lo siguiente: “CONSIDERANDO (7): … De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los estados de derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (8): Que el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos. En este sentido, la Corte interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el derecho de acceso a la información”) del Comité jurídico interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”. En las sentencias AA-0048-2018 y AA-0272-2018, ambas de fecha cinco de junio del dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional reitera los argumentos transcritos anteriormente.[17] En la sentencia AA-0869-2017 de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho la Sala de lo Constitucional, de manera más clara y contundente argumentó lo siguiente: “CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si hubo violación de los derechos de defensa y debido proceso legal. … Ahora bien, la Sala de lo Constitucional brinda a continuación, a manera de obiter dicta, algunos lineamientos que deben ser tomados en cuenta para resolver asuntos como el presente. La Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) ha señalado que “el acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía”; necesario para fortalecer la democracia interesando a los ciudadanos a participar más activamente en asuntos de interés público. Apuntando además que la participación activa de estos es “justamente uno de los ideales que subyacen a la Convención americana sobre derechos humanos (CADH) y a la carta democrática interamericana (CDI)”. La CIDH refiriéndose al acceso a la información ha señalado también que es una herramienta dispuesta para proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado, así como luchar contra la corrupción y el autoritarismo. En ese sentido reconoce su utilidad para el ejercicio informado de otros derechos, v. gr. los derechos políticos o sociales y económicos. Es por ello que manifiesta el deber del Estado de facilitar a la ciudadanía el acceso a la información, disponiendo como regla general la publicidad de los actos estatales y la privacidad de la información de los individuos. Con relación a los principios rectores del derecho de acceso a la información, resulta destacable, el principio de máxima divulgación, el cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la CADH comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones. Con relación a la jurisprudencia, la Corte interamericana de derechos humanos (Corte IDH) ha expresado en la sentencia dictada en el Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, que en virtud del principio de máxima divulgación se presume que toda la información en poder del Estado es “pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. La Asamblea general de la OEA, con la adopción de la Ley modelo interamericana sobre acceso a la información, señaló con relación al principio de máxima divulgación, que el régimen de excepciones, que limite el derecho de acceso a la información debe estar “definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática”. En definitiva, del principio de máxima divulgación se derivan las consecuencias siguientes: a) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, interpretado de manera restrictiva; b) toda decisión negativa debe ser motivada; c) corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y d)) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información. Conforme a lo anteriormente expresado, es claro que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, sino que admite limitaciones, no obstante, éstas son excepciones al principio de máxima divulgación. Dichas limitaciones de conformidad a lo establecido en el artículo 13.2 de la CADH deben cumplir los requisitos siguientes: a) no son la regla general, sino que son excepciones; b) deben tener configuración legal; c) sus objetivos son legítimos; d) deben responder a una necesidad real; y e) debe haber estricta proporcionalidad. Asimismo, no debe olvidarse que, en cuanto a la temporalidad de la medida, la reserva debe perdurar en tanto exista necesidad de mantener la protección que motiva su declaración. De igual forma sólo abarca lo estrictamente necesario para hacer efectiva la protección. La Corte IDH ha reconocido que existe una presunción de que toda información es accesible, salvo que se prevea legalmente una excepción, que responda a un objetivo permitido por la CADH, y que sea necesaria en una sociedad democrática, o sea que se oriente a la satisfacción de un interés público imperativo”. En complemento al principio de máxima divulgación se encuentra la carga procesal que tiene el Estado de acreditar las limitaciones al derecho de acceso a la información y sus legítimas razones. En ese sentido la jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que el Estado tiene la carga de la prueba con el fin de demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión. Por su parte el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el derecho de acceso a la información”, estableció: “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”. Lo anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones al derecho. Sobre la obligación de que las excepciones o limitaciones se encuentren previstas en la ley ha de tomarse en cuenta que es un medio para asegurar que no queden al arbitrio de la administración. El Estado queda comprometido a que sean lo suficientemente claras y precisas, para evitar un nivel excesivo de discrecionalidad a los funcionarios que deciden si se divulga o no la información.” Con todos estos elementos es preciso señalar que, en relación con el asunto bajo estudio los derechos al debido proceso legal y defensa no han sido vulnerados tal como ha expuesto la censora. De hecho, la respuesta negativa por parte de la autoridad a una petición del ciudadano no constituye per se violación alguna. Sólo es violatoria aquella decisión que se obtiene prescindiendo de cualquiera de las previsiones que la ley establece para garantizar el derecho de defensa, igualdad de trato, motivación objetiva y adecuada, así como cualquier otra que de como resultado una respuesta sesgada, incoherente, desproporcionada, contra legem o totalmente fuera de lugar. En el caso particular bajo estudio, la censora justifica su petición de violación a los derechos de debido proceso y defensa el hecho de que la información solicitada se encuentra bajo secuestro o decomisada en virtud de una investigación que realiza el Ministerio Público, por lo que en consideración de la impetrante de amparo brindar dicha información supone incurrir en responsabilidad administrativa y penal, con la violación de lo dispuesto en el artículo 278 del Código procesal penal, divulgando información calificada como reservada. Sin embargo, cabe señalar que la información que se encuentra en poder del Ministerio Público es información pública sujeta al principio de máxima divulgación, porque no se encuentra bajo el régimen de reserva conforme a los trámites que la Ley de transparencia y acceso a la información pública y su reglamento establecen para darle esa categoría. No debe confundirse la investigación en sí misma con la información pública que pueda estar involucrada en ella. Nada debe impedir que la ciudadanía conozca los datos y cifras que tienen que ver con la administración de fondos públicos, salvo los casos excepcionales dispuestos en razones previstas y bien determinadas por la ley. El control que el sistema normativo establece para que la transparencia del Estado y el acceso de la ciudadanía a la información pública sea bajo el principio de máxima divulgación, es la responsabilidad penal, civil y en su caso administrativa de quien hace uso incorrecto o abusivo de la información que recibe. Es por ello, que nuestra legislación dispone en el párrafo final del artículo 14 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública lo siguiente: “Artículo 14. ENTREGA Y USO DE LA INFORMACIÓN. … Los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la información pública a la que tengan acceso.” En virtud de todo lo expuesto, la Sala de lo Constitucional estima que el Instituto de transparencia y acceso a la información pública no incurrió con su resolución en la violación que la imperante alega a favor de la SEFIN, por lo que debe declararse la denegatoria de la garantía constitucional de amparo de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 y 13 de la Convención americana sobre derechos humanos; 1, 78 No. 5, de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada Nolvia Lizeth Almendarez Fuentes, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, contra la resolución No. SO-196-2020, emitida en fecha dos de noviembre de dos mil veinte por el Instituto de acceso a la información pública (IAIP), mediante la cual declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor Denis Eduardo Domínguez Cárcamo, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Y MANDA: Que una firme el presente fallo, se certifique éste y se devuelvan los antecedentes a su procedencia; asimismo se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-195-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Cfr. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
[5] Precisamente, la sentencia condenatoria tuvo como origen la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la denuncia efectuada por el ciudadano Claude Reyes y otros por la negativa del Comité de inversiones extranjeras de Chile (CIE) de brindar información relacionada a un proyecto de industrialización forestal; y, por tanto, la denegación de acceso a información pública mediante un recurso judicial de protección o amparo. La información solicitada y que no fue entregada por el Estado era de interés público, pues guardaba relación con un contrato de inversión celebrado originalmente entre el Estado, dos empresas extranjeras y una empresa privada chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal y con el impacto ambiental que ese proyecto podía ocasionar.
[6] Op.Cit. Párrafo 77.
[7] Ídem. Párrafo 86.
[8] Ídem. Párrafo 87.
[9] Ídem. Párrafo 92.
[10] Ídem. Párrafo 95.
[11] Ídem. Párrafo 88.
[12] Ídem. Párrafo 89.
[13] Ídem. Párrafo 90.
[14] Ídem. Párrafo 91.
[15] Ídem. Párrafo 98.
[16] Ídem. Párrafo 101.
[17] De igual forma esos considerandos se transcriben las sentencias siguientes: AA- 0630-2017 de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho; AA-1192-2016 de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho; AA-0685-2016 de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho; AA -0885-2017 de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.