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Sentencia AA-187-17 — Registro 17440

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto resolutivo dictado por Juzgado de Primera Instancia que estimó Defensas Previas opuestas por la Procuraduría General de la República en demanda promovida por Chiquita Logistic Services Honduras S de R L contra acto administrativo emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transpor y Vivienda (SOPTRAVI); La Autoridad recurrida determinó que la demanda fue promovida de manera extemporánea al adquirir el acto administrativo denunciado carácter de firme

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"advierte esta Sala, la tesis del amparista en cuanto a que la acción se dividió en dos “fases” se sostiene con argumentos que además de ser imprecisos resultan ser muy aventurados, pues lo que parece haber iniciado con una demanda ordinaria acorde con los lineamientos de ley, resultó posteriormente en una especie de acción difusa que en lugar de ser ampliada fue prácticamente convertida en una nueva pretensión. Esta “fragmentación” de la demanda carece del debido sustento jurídico puesto que, si bien en nuestro derecho procesal se ha establecido la posibilidad de ampliar la demanda, esta ampliación—mediante la que incluso pueden acumularse pretensiones—es permitida antes y no después de contestada la demanda, como ocurrió en el juicio de mérito. Las argumentaciones del impetrante también carecen del debido fundamento, pues de un examen in extenso de los antecedentes y de la sentencia impugnada, no se observa arbitrariedad alguna por parte el Tribunal de Alzada, ni en sus consideraciones ni en su resultante decisión, la cual se estima consecuente con sus razonamientos y con los fundamentos de derecho en los que se apoya, pues resulta evidente que la impugnación del acuerdo ejecutivo 1417 que se hizo mediante la presentación de la demanda—mal llamada “original” por el quejoso—se hizo de manera extemporánea como acertadamente fue advertido por el juzgado de instancia, siendo la llamada “segunda fase” de la acción o mejor dicho la referida “adición” a la demanda, según lo estableció el mismo juzgado, se dirigió contra otro acto administrativo, también de forma extemporánea por el accionante. Esta Sala observa que el fallo dictado por el Tribunal de Alzada es una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, y si bien no resultó ser favorable a las pretensiones de la parte demandante ello no implica de ninguna manera que sea contraria a la garantía del debido proceso como se pretende alegar por el amparista pues esta Sala debe insistir que el respeto a esta garantía constitucional no conlleva el éxito de la pretensión, pues lo que se procura con su cumplimiento es asegurar el libre acceso a la jurisdicción y el derecho a obtener una sentencia congruente, debidamente motivada y fundada en derecho, lo cual ha sido establecido a cabalidad en el presente asunto..."..."tampoco ha concurrido indefensión constitucional en el caso que nos ocupa, pues no ha existido privación real, efectiva ni actual y tampoco limitación sustancial del derecho de defensa—que haya sido imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional en perjuicio del impetrante—pues el accionante no se ha visto de ninguna forma imposibilitado para efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio. Asimismo se observa que la instrucción del juicio se ha realizado de manera imparcial por el órgano jurisdiccional del estado competente por cuestión de materia y territorio, el cual ha respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, enmarcado su decisión dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado correctamente el Tribunal lo establecido por la norma, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las exigencias del proceso, así como los derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable..."..."Se ha considerado de manera acertada que el computo de los plazos de prescripción y caducidad es una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde resolver a los jueces y tribunales, y, para que sea una cuestión susceptible de amparo resulta necesario que en el computo que conduce a la inadmisibilidad sea apreciable un error patente o fundamentación irrazonable o arbitraria por parte del órgano jurisdiccional, lo cual no acontece en el caso de autos..."..."del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSÉ ROBERTO PALOMO ELVIR, a favor de la sociedad mercantil CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS, S. DE R. L., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual decidió estimar las defensas previas opuestas por la representante del Estado de Honduras y por ende la inadmisibilidad de la demanda presentada por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de apoderada de la empresa mercantil ya mencionada, contra la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) la cual tenía por objeto la impugnación de un acto administrativo consistente en la reforma por adición realizada mediante acuerdo 0466 de fecha 26 de abril de 2012. Estimó el recurrente en su escrito de amparo que con el acto reclamado se violentaron en perjuicio de su representada los artículos 1, 63, 64, 80, 82, 90, 303, 304 y 305 de la Constitución de la República, no obstante, en la formalización de su recurso estableció que las violaciones causadas por la autoridad recurrida se centraban en los artículos 80 (derecho de petición); 82 (derecho de defensa); y, 90 (garantía del debido proceso). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil doce, la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en su condición de apoderada de la empresa mercantil CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS, S DE R.L., promoviendo demanda para que se declarase no ser conforme a derecho un acto administrativo emitido por el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). 2) Que en fecha veintiuno de mayo del año dos mil trece, compareció dentro del procedimiento de la demanda de mérito, la Abogada Ethel Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General de la República, oponiendo defensas previas a favor del Estado de Honduras ante el Juzgado conocedor de la demanda. 3) Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, Juzgado de Letras dictó resolución declarando HA LUGAR las defensas previas opuestas por el Estado de Honduras, declarando, por ende, inadmisible la demanda promovida por la precitada sociedad mercantil. 4) Que la sociedad accionante, por medio de su apoderado JOSÉ ROBERTO PALOMO ELVIR, interpuso recurso de apelación contra la referida decisión del juez A Quo ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual dictó sentencia en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, y mediante la cual falló declarando SIN LUGAR el recurso de apelación mencionado y como consecuencia de ello, CONFIRMÓ el auto resolutivo de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince. 5) Que el abogado JOSÉ ROBERTO PALOMO ELVIR, compareció ante este Tribunal en fecha tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS, S. DE R.L., por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho. 6) Que en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, siendo de la opinión porque se declarase INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la sociedad mercantil CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS, S. DE R.L., la precitada sentencia de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, que fue pronunciada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, que se dejó previamente relacionada. El fallo denunciado por el impetrante como violatorio de derechos y garantías constitucionales, decidió confirmar la resolución pronunciada por el Juzgado A Quo, el cual determinó que la demanda no fue presentada dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a su publicación del acto administrativo impugnado en el Diario Oficial La Gaceta, de ahí entonces que se consideró que la acción fue promovida de manera extemporánea, al adquirir el acto administrativo denunciado carácter de firme. En su sentencia, el Tribunal Ad Quem recalcó que, siendo el acto impugnado un acto de carácter general, podía ser impugnado, conforme a ley, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a su publicación en el diario oficial La Gaceta, y al transcurrir dicho término sin mediar acción en su contra, el mismo ya no era susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, por lo que fue del criterio que la apelación resultaba improcedente, confirmando así lo resuelto por el Juez A Quo. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que, para justificar su acción de amparo, el impetrante señaló que la sentencia de la Alzada violentó: 1. La garantía del debido proceso porque la acción judicial se ejerció en “dos fases”, por lo que la misma debió ser entendida como una demanda “original” y una ampliación, y que la acción sí fue presentada en tiempo, de ahí que, al no haber sido así advertido por el Tribunal de Apelación ello se traduce en una violación a esta garantía constitucional; 2. El derecho de defensa provocado por la inadmisión de la demanda la cual anula la posibilidad a su representada de defender su derecho; 3. El derecho de petición porque de igual forma la inadmisión de la demanda erradicó toda posibilidad a la empresa demandante de obtener una respuesta a su demanda. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (9): Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. CONSIDERANDO (11): Que según advierte esta Sala, la tesis del amparista en cuanto a que la acción se dividió en dos “fases” se sostiene con argumentos que además de ser imprecisos resultan ser muy aventurados, pues lo que parece haber iniciado con una demanda ordinaria acorde con los lineamientos de ley, resultó posteriormente en una especie de acción difusa que en lugar de ser ampliada fue prácticamente convertida en una nueva pretensión. Esta “fragmentación” de la demanda carece del debido sustento jurídico puesto que, si bien en nuestro derecho procesal se ha establecido la posibilidad de ampliar la demanda, esta ampliación—mediante la que incluso pueden acumularse pretensiones—es permitida antes y no después de contestada la demanda, como ocurrió en el juicio de mérito. Las argumentaciones del impetrante también carecen del debido fundamento, pues de un examen in extenso de los antecedentes y de la sentencia impugnada, no se observa arbitrariedad alguna por parte el Tribunal de Alzada, ni en sus consideraciones ni en su resultante decisión, la cual se estima consecuente con sus razonamientos y con los fundamentos de derecho en los que se apoya, pues resulta evidente que la impugnación del acuerdo ejecutivo 1417 que se hizo mediante la presentación de la demanda—mal llamada “original” por el quejoso—se hizo de manera extemporánea como acertadamente fue advertido por el juzgado de instancia, siendo la llamada “segunda fase” de la acción o mejor dicho la referida “adición” a la demanda, según lo estableció el mismo juzgado, se dirigió contra otro acto administrativo, también de forma extemporánea por el accionante. Esta Sala observa que el fallo dictado por el Tribunal de Alzada es una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, y si bien no resultó ser favorable a las pretensiones de la parte demandante ello no implica de ninguna manera que sea contraria a la garantía del debido proceso como se pretende alegar por el amparista pues esta Sala debe insistir que el respeto a esta garantía constitucional no conlleva el éxito de la pretensión, pues lo que se procura con su cumplimiento es asegurar el libre acceso a la jurisdicción y el derecho a obtener una sentencia congruente, debidamente motivada y fundada en derecho, lo cual ha sido establecido a cabalidad en el presente asunto. CONSIDERANDO (12): Que tampoco ha concurrido indefensión constitucional en el caso que nos ocupa, pues no ha existido privación real, efectiva ni actual y tampoco limitación sustancial del derecho de defensa—que haya sido imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional en perjuicio del impetrante—pues el accionante no se ha visto de ninguna forma imposibilitado para efectuar sus alegaciones o de probar lo alegado en el juicio. Asimismo se observa que la instrucción del juicio se ha realizado de manera imparcial por el órgano jurisdiccional del estado competente por cuestión de materia y territorio, el cual ha respetado las formalidades establecidas previamente en la ley, enmarcado su decisión dentro del ordenamiento jurídico vigente, al haber apreciado correctamente el Tribunal lo establecido por la norma, con lo cual se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las exigencias del proceso, así como los derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala concuerda con la jurisprudencia vigente del Tribunal Constitucional español en cuanto a que “…la necesidad de ejercitar la acción en un plazo determinado, de manera que de no ser aquel respetado podría entenderse caducado, representa un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva...”.[2] Se ha considerado de manera acertada que el computo de los plazos de prescripción y caducidad es una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde resolver a los jueces y tribunales, y, para que sea una cuestión susceptible de amparo resulta necesario que en el computo que conduce a la inadmisibilidad sea apreciable un error patente o fundamentación irrazonable o arbitraria por parte del órgano jurisdiccional, lo cual no acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (14): Que de todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, observándose que la motivación del presente recurso de amparo ha surgido de una mera inconformidad con lo resuelto, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. F A L L A: DENEGANDO la garantía de amparo invocada por el abogado JOSÉ ROBERTO PALOMO ELVIR, a favor de la sociedad mercantil CHIQUITA LOGISTIC SERVICES HONDURAS, S. DE R. L., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-187-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11

[2] Así, Picó I Junoy, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012