Sentencia AA-141-19 — Registro 12644
Resumen
Acto recurrido declaró sin lugar reclamo administrativo, confirmó resolución dictada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en relación a sanción disciplinaria de suspensión del cargo de juez de letras de lo contencioso administrativo por el plazo de quince días sin derecho a remuneración; a criterio del inspector general, existe retardo de justicia, al no dictar la sentencia correspondiente en el plazo de ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"a criterio del inspector general, existe retardo de justicia, al no dictar la sentencia correspondiente en el plazo que establece el artículo 78 en relación al 77 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y así se realiza el trámite de ley que corresponde..."..."la autoridad sancionadora de acuerdo a la normativa antes señalada, impone a la servidora judicial Marcela Amador Theodore, la sanción disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN DEL CARGO POR EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDRARIO, SIN DERECHO A REMUNERACIÓN, luego de ser escuchada la investigada en audiencia de descargo celebrada en fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, momento en el cual tuvo la oportunidad de aportar los elementos de prueba que considero pertinentes a su favor..."..."La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo, en el caso subjudice, esta Sala Constitucional aprecia que la resolución recurrida en amparo, contiene la motivación necesaria para declarar sin lugar la impugnación de la resolución de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, emitida por la Presidencia del Poder Judicial, en la cual declara la existencia de responsabilidad disciplinaria de la servidora judicial MARCELA AMADOR THEODORE, Jueza del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por incurrir en las faltas graves contenidas en los artículos 54 inciso a de la Ley de la Carrera Judicial, relacionados con el artículo 173 incisos a) de su Reglamento y se le suspende del cargo por el plazo de quince (15) días calendario, sin remuneración. Pues la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, explica las razones de hecho y de derecho que fueron valoradas y llevaron a dicho órgano administrativo del Poder Judicial a emitir la resolución que confirma la sanción de suspensión de la señora MARCELA AMADOR THEODORE, decisión esta que resuelve y es congruente con el asunto central que se debatió, confirmar o no la sanción de la señora AMADOR THEODORE, al tenor de lo establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de la Carrera Judicial.- Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."la resolución impugnada en esta vía constitucional, no vulnera la garantía del debido proceso, pues se ha seguido el procedimiento establecido en la ley, respectando el debido proceso que debe imperar en cuestiones de índole administrativa, salvaguardando el derecho de defensa que le asiste al administrado de participar en todo el proceso y aportar elementos de prueba a su favor, la que concluyó con una resolución administrativa que puso fin al asunto debatido, la que se encuentra emitida conforme a derecho. Por lo cual consideramos que la Resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial no vulnera las garantías Constitucionales alegadas, al ser lo suficientemente clara y congruente con el asunto central debatido, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Carrera Judicial, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Carrera Judicial, art. 59 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Carrera Judicial, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MARCELA AMADOR THEODORE, favor de SI MISMA, contra la Resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha veintinueve (29) de noviembre dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un reclamo presentado y confirmó la resolución dictada por la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017); con relación a la sanción disciplinaria de suspensión del cargo de Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el plazo de quince (15) días, sin derecho a remuneración, a la Abogada MARCELA AMADOR THEODORE. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, emitió Resolución en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: DECLARAR LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la servidora judicial MARCELA AMADOR THEODORE, Jueza del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por incurrir en las faltas graves contenidas en los artículos 54 incisos a) de la Ley de la Carrera Judicial, relacionados con el articulo 173 incisos a) de su Reglamento; y SEGUNDO: SUSPENDER DEL CARGO, a la servidora judicial MARCELA AMADOR THEODORE, Jueza del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, POR EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS, SIN DERECHO A REMUNERACION; debiendo informar a su Jefe Inmediato, a partir de qué fecha se retira de sus labores para ser efectiva la misma.” (Folio 247-255 del antecedente de C.C.J.) 2) Que en fecha quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA en su condición de apoderada legal de la reclamante MARCELA AMADOR THEODORE, presentó impugnación contra la resolución de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), emitida por la PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL, por ser violatoria al principio del debido proceso, al principio de legalidad, el principio de congruencia y valoración probatoria, solicitando se revocara la resolución impugnada dejando sin valor y efecto la sanción disciplinaria de suspensión del cargo sin derecho a remuneración en virtud de ser improcedente, ilegal e injustificada. (Folios 01–31 del antecedente del C.C.J.) 3) Que en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Consejo de la Carrera Judicial, dictó Resolución, en la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el reclamo presentado por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA en su condición de apoderada legal de la reclamante MARCELA AMADOR THEODORE.- SEGUNDO: CONFIRMAR LA SUSPENSION DEL CARGO POR QUINCE DIAS SIN DERECHO A REMUNERACION impuesta por este Poder del Estado mediante resolución de fecha 26 de octubre del 2017.- TERCERO: SIN LUGAR LA ACCION DE PRESCRIPCION SOLICITADA.- CUARTO: La presente resolución definitiva de conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial no le procede recurso alguno.-” (Folio 365-371 del antecedente de C.C.J.) 4) Que la Abogada MARCELA AMADOR THEODORE, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha doce (12) de febrero de dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, por estimar que la misma vulnera los artículos 90 y 94 de la Constitución de la Republica.- Teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–24 y 38 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y en la cual fue de la opinión de que NO SE OTORGUE la Acción Constitucional de Amparo, en virtud de no concurrir las vulneraciones planteadas por la Amparista.” (Folio 41–43 y 45 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en esta vía constitucional la resolución de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Consejo de la Carrera Judicial; resolución mediante la cual el referido Consejo resuelve: (Sic.) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el reclamo presentado por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA en su condición de apoderada legal de la reclamante MARCELA AMADOR THEODORE.- SEGUNDO: CONFIRMAR LA SUSPENSION DEL CARGO POR QUINCE DIAS SIN DERECHO A REMUNERACION impuesta por este Poder del Estado mediante resolución de fecha 26 de octubre del 2017.- TERCERO: SIN LUGAR LA ACCION DE PRESCRIPCION SOLICITADA.- CUARTO: La presente resolución definitiva de conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial no le procede recurso alguno.”. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente abogada MARCELA AMADOR THEODORE, aduce que la Resolución supra indicada, ha violentado en su perjuicio, la garantía del Debido proceso, debido a que se impulsa un procedimiento que ya era prescrito, en virtud de haber transcurrido los sesenta días en que la Presidencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia recibe el expediente disciplinario y la emisión de la resolución recurrida; continua exponiendo la pedidora que también se ha violentado el principio de legalidad, porque prácticamente no fue oída, no se tomaron en cuenta sus declaraciones, así como los medios de prueba presentados, con los cuales quedo probado que la dilación en la emisión de la sentencia definitiva fue justificada, garantías reconocidas por la Constitución y contenidas en los artículos 90 y 94. CONSIDERANDO (4): Estima esta Sala que el asunto por el cual ha presentado Amparo el recurrente, es contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, resolución que declara sin lugar el reclamo presentado por la Abogada FABIOLA ALEJANDRA TURCIOS PADILLA, en su condición de apoderada legal de la reclamante MARCELA AMADOR THEODORE y confirma la sanción de suspensión del cargo por quince días sin derecho a remuneración, resolución que estima la recurrente en Amparo es violatoria al debido proceso y al principio de legalidad. CONSIDERANDO (5): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforma un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente argumenta que ya había prescrito el plazo de sesenta días en que la Presidencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia recibe el expediente disciplinario y la emisión de la resolución recurrida y que prácticamente no se valora la prueba aportada. CONSIDERANDO (6): Que en observancia a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de la Carrera Judicial, a la señora MARCELA AMADOR THEODORE, se le llamó a audiencia de descargo a la que compareció en fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, con el propósito de escucharla en su defensa en relación al informe emitido por la Inspectora de Tribunales Abogada Ana Florencia Montalvo, enviado en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis al Inspector General de Juzgados y Tribunales Abogado Juan Pablo Aguirre, quien en fecha veintiséis de Septiembre del dos mil dieciséis y luego de analizar el informe remitido, determina ratificar parcialmente el informe rendido por la abogada Montalvo y ordena remitir las diligencias a la Dirección de Administración de Personal del poder Judicial, para continuar el trámite de ley que corresponde contra la abogada Marcela Amador Theodore, pues a criterio del inspector general, existe retardo de justicia, al no dictar la sentencia correspondiente en el plazo que establece el artículo 78 en relación al 77 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y así se realiza el trámite de ley que corresponde. CONSIDERANDO (7): Que en la audiencia de descargo realizada a la señora MARCELA AMADOR THEDORE, por la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, en fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis (Folios 182 y 183 de la pieza de antecedentes), acepta que no ha dictado la sentencia que corresponde al expediente número 0801-2014-00218, aduce que el retardo ha sido justificado debido al exceso de trabajo por la carga laboral asignada a su despacho. CONSIDERANDO (8): El artículo 56 numeral 2 y 59 de la ley de la Carrera Judicial, en relación al artículo 183 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial relaciona cuales son las sanciones a imponer a los servidores del Poder Judicial, ante lo cual la autoridad sancionadora de acuerdo a la normativa antes señalada, impone a la servidora judicial Marcela Amador Theodore, la sanción disciplinaria consistente en SUSPENSIÓN DEL CARGO POR EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDRARIO, SIN DERECHO A REMUNERACIÓN, luego de ser escuchada la investigada en audiencia de descargo celebrada en fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, momento en el cual tuvo la oportunidad de aportar los elementos de prueba que considero pertinentes a su favor. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 190 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, establece: “El servidor judicial afectado por una medida disciplinaria o por un despido, podrá en el término de diez (10) días hábiles a contar de la fecha de la notificación de la medida disciplinaria o del despido, en su caso, ocurrir ante el Consejo de la carrera Judicial…”. En ese orden, el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial, señala: “Las resoluciones definitivas que dicte el Consejo deberán ser claras, precisas y congruentes con la reclamación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el litigio, haciendo las declaraciones que éstas exigen, declarado con o sin lugar lo reclamado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Si hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Contra las resoluciones definitivas que emita el Consejo no cabra recurso alguno, ordinario ni extraordinario”. CONSIDERANDO (10): Que la pedidora en el presente recurso, argumenta que con la resolución de fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, se vulneran los principios siguientes: 1) Debido proceso, al impulsar un procedimiento que ya había prescrito, en virtud de haber transcurrido el plazo de sesenta (60) días para la emisión de la sanción correspondiente; 2) Legalidad, en virtud de que no haberse tomado en cuenta sus declaraciones, así como los medios de prueba presentados, con los cuales quedo debidamente probado que la dilación en la emisión de la sentencia definitiva fue justificada. CONSIDERANDO (11): La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo, en el caso subjudice, esta Sala Constitucional aprecia que la resolución recurrida en amparo, contiene la motivación necesaria para declarar sin lugar la impugnación de la resolución de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, emitida por la Presidencia del Poder Judicial, en la cual declara la existencia de responsabilidad disciplinaria de la servidora judicial MARCELA AMADOR THEODORE, Jueza del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por incurrir en las faltas graves contenidas en los artículos 54 inciso a de la Ley de la Carrera Judicial, relacionados con el artículo 173 incisos a) de su Reglamento y se le suspende del cargo por el plazo de quince (15) días calendario, sin remuneración. Pues la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, explica las razones de hecho y de derecho que fueron valoradas y llevaron a dicho órgano administrativo del Poder Judicial a emitir la resolución que confirma la sanción de suspensión de la señora MARCELA AMADOR THEODORE, decisión esta que resuelve y es congruente con el asunto central que se debatió, confirmar o no la sanción de la señora AMADOR THEODORE, al tenor de lo establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de la Carrera Judicial.- Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada en sus pretensiones, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no vulnera la garantía del debido proceso, pues se ha seguido el procedimiento establecido en la ley, respectando el debido proceso que debe imperar en cuestiones de índole administrativa, salvaguardando el derecho de defensa que le asiste al administrado de participar en todo el proceso y aportar elementos de prueba a su favor, la que concluyó con una resolución administrativa que puso fin al asunto debatido, la que se encuentra emitida conforme a derecho. Por lo cual consideramos que la Resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial no vulnera las garantías Constitucionales alegadas, al ser lo suficientemente clara y congruente con el asunto central debatido, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 7, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 44, 54, 56, 59, 60, 68, de la Ley de la Carrera Judicial; 171, 173, 180, 183, 184, 188 y 189 del Reglamento de la Ley de la carrera Judicial; 3, 7.e y 31 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada MARCELA AMADOR THEODORE, a favor de SI MISMA, contra la Resolución de fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0141-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CON STITUCIONAL