Sentencia AA-118-21 — Registro 13953
Resumen
Dictamen Ilustrativo No.USL-025-2020, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública interpuesto contra impetrante en relación a recurso de revisión declarado con lugar en virtud de la entrega extemporánea de información de expediente por parte de recurrente considerando la Sala Constitucional falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque no impugnó la resolución que pone fin a la vía administrativa, sino que lo hizo contra un dictamen de carácter ilustrativo,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(3): Que tanto en la interposición como en la formalización de la garantía Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), se observa con claridad que la impetrante señala como acto reclamado el dictamen No.USL-025-2020, emitido por la Unidad de Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), elaborado en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, en el cual se manifiesta una opinión y es que se declare con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor David Israel Díaz Hernández, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la representante del Estado de Honduras interpuso acción de amparo, contra una resolución que no es la definitiva exponiendo en el desarrollo del concepto de la violación, que se le han vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso, en tanto en cuanto el Instituto de Acceso a la Información Pública, no emitió resolución dentro de los diez (10) días determinados en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir que, además de no haber impugnado la resolución correcta, pues en ambos escritos insiste que el acto impugnado es la Resolución No.USL025-2020, no rebate el fondo del asunto e hizo caso omiso al hecho de haber contestado extemporáneamente la información solicitada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que del análisis del acto administrativo emitido con relación a la recurrente, se deduce la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque no impugnó la resolución que pone fin a la vía administrativa, sino que lo hizo contra un dictamen de carácter ilustrativo, posterior al cual, la autoridad de dicha institución compuesta por tres Comisionados dictan la resolución definitiva en esa vía administrativa, y que sólo habiéndose agotada ésta, se legitimaría entablar la vía judicial para ante esta Sala de lo Constitucional. Y siendo que no se han acreditado tales presupuestos de actuaciones, previo a la comparecencia del Recurrente ante la justicia constitucional, se vuelve inadmisible de pleno derecho la presente acción de amparo. Por todo ello, resulta procedente para esta Sala de lo Constitucional, sobreseer el recurso de amparo interpuesto"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de noviembre de dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), contra el dictamen No.USL-025-2020, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, que declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor David Israel Díaz Hernández, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal, la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), contra el dictamen No.USL-025-2020, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, que declaró con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor David Israel Díaz Hernández, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). (Folios 1-3 del recurso) 2) Que en fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez, a favor del Estado de Honduras, contra el dictamen emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en consecuencia, se libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de un (1) día hábil remitiera los antecedentes del caso. (Folio 11 del recurso) 3) Que en fecha trece de abril de dos mil veintiuno, ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen el Dictamen No.USL-025-2020, de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a través de la Unidad de Servicios Legales; objeto del presente recurso, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: “…PRIMERO: Que es procedente declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN presentado por el Abogado DAVID ISRAEL DÍAZ HERNÁNDEZ quien actúa en su condición personal, contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), en virtud de que la solicitud de información objeto de estudio NO fue resuelta dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en relación a la aplicación del artículo 52 numeral 1 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: Que se tenga por contestada de forma extemporánea la solicitud de información presentada por el Abogado DAVID ISRAEL DÍAZ HERNÁNDEZ ante la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DECPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) referente a: “solicito copia simple del expediente 19-2018 de Reclamo Administrativo presentado por Construcciones y Consultorías Díaz S. de R.L. contra INSEP”. TERCERO: Que se exhorte a SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), a través de su titular, a dar trámite en tiempo y forma a todas las solicitudes de información que les sean presentadas, advirtiéndole que, en caso de incumplimiento de esta exhortación se aplicarán las sanciones administrativas que correspondan sin perjuicio de las que establezcan en el Código de Conducta Ética del Servidor Público y otras leyes. CUARTO: El presente dictamen es de carácter ilustrativo y no vinculante para las decisiones que pueda adoptar este Instituto…” (Folios 24-25 vuelto del antecedente) 4) En fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, remitidos que fueron los antecedentes del recurso de mérito, se ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 20 del recurso de amparo) 5) En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez, en su condición antes indicada, consecuencia, se dispuso a dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 26 del recurso de amparo). 6) Que esta Sala, en fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …,El Ministerio observa que el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública impone a las instituciones obligadas, el término de diez (10) días para resolver la solicitud de acceso a la información pública que se le presente, declarando con o sin lugar la petición, y en caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma; disposición legal que tal y como se desprende de la foliada fue inobservada por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). Por otra parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 1 establece la finalidad de dicha norma: “Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.” En apego al contenido de esta normativa es que el denunciante acudió a éste organismo público a ejercer su derecho de acceso a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas, que al tenor del articulo 4 y 14, están obligadas a brindar toda la información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta Ley, y dentro del plazo establecido en el artículo 21, el cual, fue inobservado por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICO (INSEP); ya que la información solicitada fue proporcionada en forma extemporánea. Debemos entender que no se vulnera el Debido Proceso, ya que se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley y tampoco se irrespeta el derecho de defensa, pues al ser requerida tuvo la oportunidad de informar y remitir los antecedentes relacionados al caso en el término legal establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ejercicio del presente recurso es una manifestación que materializa su defensa, en virtud de lo cual, al estar acreditado en autos que la entidad recurrente aun cuando estaba obligada a brindar la información solicitada no lo hizo dentro de los plazos señalados en la ley, vulneró el derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas por Ley, lo anterior en consonancia a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, por lo tanto el (IAIP) no ha vulnerado las garantías alegadas por el recurrente. Finalmente, resulta de importancia señalar que el Amparista pretende reclamar a través de la presente acción, el dictamen No.USL-025-2020 de fecha veintiuno (21) de enero del 2020, emitida por la Unidad de Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública, es decir, no impugna la resolución No. SO-182-2020 de fecha treinta (30) de octubre del 2020, donde el IAIP declara con lugar el recurso de revisión interpuesto, que es la resolución que sí pone fin a la vía administrativa y que está sujeta a recuro de amparo; debido a lo cual la suscrita considera que la acción de amparo interpuesta es improcedente. Del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que, en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo, en relación con el Derecho de Defensa y Debido Proceso. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto opina que SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración del Derecho al Debido Proceso y el Derecho de Defensa, invocadas por el Amparista como transgredidos. (Folios 28-33 del recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que tanto en la interposición como en la formalización de la garantía Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), se observa con claridad que la impetrante señala como acto reclamado el dictamen No.USL-025-2020, emitido por la Unidad de Servicios Legales del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), elaborado en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, en el cual se manifiesta una opinión y es que se declare con lugar el recurso de revisión interpuesto por el señor David Israel Díaz Hernández, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la representante del Estado de Honduras interpuso acción de amparo, contra una resolución que no es la definitiva exponiendo en el desarrollo del concepto de la violación, que se le han vulnerado el derecho a la defensa y el debido proceso, en tanto en cuanto el Instituto de Acceso a la Información Pública, no emitió resolución dentro de los diez (10) días determinados en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir que, además de no haber impugnado la resolución correcta, pues en ambos escritos insiste que el acto impugnado es la Resolución No.USL025-2020, no rebate el fondo del asunto e hizo caso omiso al hecho de haber contestado extemporáneamente la información solicitada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que del análisis del acto administrativo emitido con relación a la recurrente, se deduce la falta de cumplimiento al principio de definitividad que debe observarse previo a la interposición de una acción constitucional de amparo; particularmente porque no impugnó la resolución que pone fin a la vía administrativa, sino que lo hizo contra un dictamen de carácter ilustrativo, posterior al cual, la autoridad de dicha institución compuesta por tres Comisionados dictan la resolución definitiva en esa vía administrativa, y que sólo habiéndose agotada ésta, se legitimaría entablar la vía judicial para ante esta Sala de lo Constitucional. Y siendo que no se han acreditado tales presupuestos de actuaciones, previo a la comparecencia del Recurrente ante la justicia constitucional, se vuelve inadmisible de pleno derecho la presente acción de amparo. Por todo ello, resulta procedente para esta Sala de lo Constitucional, sobreseer el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada la Abogada Evelyn Carolina Ramírez Sánchez, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), contra el dictamen No.USL-025-2020, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-0118-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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