Sentencia AA-114-20 — Registro 12914
Resumen
Nulidad de Notificación por Tabla de aviso con relación a reclamo presentado por impetrante, en su condición de Jueza de Ejecución solicitando que se deje sin valor ni efecto sanción disciplinaria de suspensión por el plazo de dos meses sin derecho a remuneración, supuestamente por incurrir en falta grave en el desempeño del cargo de Juez de ejecución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Este alto tribunal de justicia examina las diligencias de mérito encontrando que la petición de amparo por parte de la juez de ejecución María Esmeralda Díaz Castellanos se dirige en contra de la notificación de la resolución definitiva dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y la falta de respuesta oportuna a la petición de nulidad que se hizo posteriormente. Este alto tribunal de justicia toma nota de lo que apunta la amparista, en referencia a que las actuaciones que impugna mediante amparo se encuentran en la segunda denuncia que se le interpuso y que se deriva de la misma situación que se denunció una primera vez y contra la cual presentó reclamo ante el Consejo de la carrera judicial y posteriormente amparo; destacando que la garantía constitucional de amparo relacionada con la primera denuncia le fue otorgada resolviéndose a su favor, según consta en el expediente AA-0584-2018. En el caso de mérito, o sea enreferencia a la segunda denuncia, la cual nos conduce a la nulidad de actuaciones que solicitó en contra de la notificación que se le hizo por tabla de avisos y en la que se le pone en conocimiento la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la impetrante señala puntualmente que ésta es nula en virtud de que violenta su derecho de defensa porque no se hizo en forma personal. Al respecto menciona que la misma resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve ordenaba que dicha notificación debía hacerse en forma personal y que sólo si esto no era posible se procediera a la notificación por tabla de avisos. La Sala determina que la afectación que provocó la omisión de la notificación personal se materializó cuando la amparista manifiesta que se enteró de la resolución mencionada, hasta que fue requerida vía teléfono por el departamento de personal el diez de enero de dos mil veinte, después del periodo vacacional. Por lo que dispuso interponer en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, la nulidad de la notificación en virtud de causarle indefensión, habida cuenta que la notificación era sobre la resolución mediante la cual se declaraba sin lugar el reclamo que había presentado en el marco de la denuncia en su contra con expediente administrativo número 374-2017,067-CCJ-2018. Señala que al no tener respuesta y luego de agotar las instancias administrativas sin una respuesta positiva se avocó al departamento de personal con el abogado José Antonio Bellino y a la presidencia del Poder Judicial con el abogado Henry Lara para obtener más tiempo o le dieran una solución a fin de permitirle defenderse. No habiendo logrado su objetivo, la amparista refiere que tuvo que acatar la disposición del departamento de personal debiendo cumplir con la sanción impuesta de no tener remuneración salarial por dos meses (uno de febrero al treinta y uno de marzo dos mil veinte). Todo lo anterior, se deriva de los hechos que a continuación se resumen. 1. La abogada Rosa Irene Gudiel, coordinadora nacional de jueces de ejecución envió en fecha 20 de junio de 2016 el oficio CNJE-62-2016 a la Inspectoría de tribunales y a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de informar que fueron registradas las denuncias números 0801-2016-00523 y 0801-2016-00607, dirigidas en contra de la juez María Esmeralda Díaz Castellanos, bajo los cargos de retardo injustificado en la administración de justicia y en no delegar funciones al personal auxiliar La primera denuncia se basaba en un muestreo de 80 expedientes correspondientes a los años 2015 y 2016; y la segunda denuncia en un muestreo de doce expedientes del año 2013 y diez del año 2014, es decir un total de veintidós expedientes. 2. Señala la impetrante que en el caso de la primera denuncia (por los ochenta expedientes) presentó un reclamo ante el Consejo de la carrera judicial, el cual fue declarado sin lugar en fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, confirmando además la sanción de un mes sin derecho a remuneración dictada por la presidencia del Poder Judicial. 3. Dicha resolución del Consejo de la carrera judicial dictada con relación a la primera denuncia, le fue notificada por vía telefónica, lo que le permitió ejercer el derecho de defensa interponiendo garantía constitucional de amparo el nueve de agosto de dos mil dieciocho. Así fue como mediante el amparo interpuesto pudo alegar y demostrar la labor que desempeña y las causas del rezago en dichos expedientes, por lo que le fue otorgado amparo a su favor. 4. Con relación a la segunda denuncia o sea la de veintidós expedientes, la amparista resalta que tiene el mismo origen con la primera denuncia, sin embargo, este caso tomó un camino y desenlace distinto. Explica que al igual que en el caso de la primera denuncia, en la segunda también presentó reclamo administrativo en contra de la resolución de la presidencia, sin embargo, como la resolución no le fue notificada adecuadamente no pudo impugnarla como hizo con la primera, viéndose en la necesidad de solicitar la nulidad de actuaciones, específicamente de la nulidad. No obstante, no habiendo tenido respuesta a su petición de nulidad, presentó garantía constitucional de amparo, mientras acataba la sanción establecida, o sea se le privaba de su salario de dos meses. Sobre este último punto, cabe mencionar que, aunque se haya dado cumplimiento con dicha sanción, esta no es de aquellos actos que se consuman de forma irreparable, pues es posible la restitución del derecho, devolviéndose si fuere del caso, la cantidad no recibida en remuneración y los derechos laborales derivados en forma proporcional, asimismo la rectificación del historial u hoja de servicio del funcionario judicial afectado. Asimismo, la Sala de lo Constitucional estimó a bien analizar y considerar la prueba propuesta por la amparista, consistente en el expediente administrativo número 374-2017, 067-CCJ del Consejo de la carrera judicial, el expediente AA-0588-2018 de la Sala de lo Constitucional y el expediente administrativo número 132-2017,1013-SJ-2017 del Consejo de la Carrera Judicial. Siguiendo con su análisis, la Sala de lo Constitucional constata en autos que la nulidad de actuaciones que interpuso la ahora amparista es del diecisiete de enero de dos mil veinte, y que la resolución de dicha solicitud es del doce de noviembre de ese mismo año. Constata además, que el motivo para declarar sin lugar la nulidad de la notificación, obedeció al criterio de que la causa de nulidad solicitada no se subsume a ninguno de los motivos contemplados en los artículos 211 al 215 del Código procesal civil, los cuales son aplicables por remisión expresa del artículo 85 de la Ley de la carrera judicial. Por otra parte, según argumento del Consejo de la carrera judicial es requisito indispensable para interponer incidente de nulidad que “se haya advertido en el momento en que existan”, citando para ello el artículo 215.1 del Código procesal civil; y que al haber solicitado previamente fotocopias de todo el expediente y posteriormente alegar la nulidad de actuaciones resulta en su opinión evidente que consintió dicho acto de acuerdo a lo referido por el artículo 213.2 del mismo código citado, procediendo entonces desestimar el incidente de nulidad de actuaciones. Con todos los anteriores insumos, este alto tribunal de justicia llega a la decisión de otorgar amparo a la impetrante, en virtud de que efectivamente se le violentó el derecho de defensa con el hecho de notificar la decisión tomada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, impidiéndole con ello impugnar vía amparo la decisión de declarar sin lugar el reclamo interpuesto en contra de la sanción impuesta. La notificación defectuosa es causa de nulidad de dicho acto, por cuanto el acto de comunicar cualquier decisión es vital para una debida y eficaz defensa, permitiendo a las partes que se consideren agraviadas interponer oportunamente los medios que la ley provee para recurrir y alcanzar las debidas enmiendas a su favor. De hecho, el Consejo de la carrera judicial se equivoca cuando dispone en su resolución de fecha doce de noviembre de dos mil veinte que la notificación defectuosa no se subsume en ninguna de las causas de nulidad previstas en el Código procesal civil, desatendiendo lo expuesto en el numeral 4 del artículo 212 que, a la sazón dispone: “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento. Siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.” Es del caso señalar que, para salvaguarda de los derechos de los servidores judiciales, la notificación personal es la idónea para garantizar la defensa de sus derechos y no la fijación de cédula en la tabla de avisos, y de hecho así mismo lo estimó el Consejo de la carrera judicial al momento de designar la forma de notificación en la parte dispositiva de su resolución, para después violentar su propia disposición. Por lo que, no habiéndose garantizado el debido proceso legal en el caso de la amparista, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar la garantía constitucional de mérito amparándola en el sentido de que le sean restituidos los derechos conculcados."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212, NUMERAL 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 215, NUMERAL 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada MARÍA ESMERALDA DIAZ CASTELLANOS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, relacionada, según la recurrente, al procedimiento ejecutado por dicha autoridad en la notificación de la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y, por la falta de respuesta oportuna a una petición de nulidad de actuaciones; ambos actos con relación al reclamo presentado por ella a su favor, solicitando que se deje sin valor ni efecto la sanción disciplinaria de suspensión por el plazo de dos meses sin derecho a remuneración, la cual fuera impuesta por la PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL por incurrir en falta grave en el desempeño del cargo de Juez de ejecución de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en el artículo 80 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCEALES. 1. En fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL la abogada MARÍA ESMERALDA DIAZ CASTELLANOS, actuando a favor de SI MISMA, presentando la impugnación contra la resolución de fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, donde se declara la existencia de responsabilidad disciplinaria por retardo injustificado en la elaboración de los asuntos a su cargo y por no delegar funciones al personal auxiliar. (Folios 1–11 del antecedente). 2. En fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Consejo de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia dicto resolución definitiva dictando el siguiente fallo: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el reclamo presentado por la servidora judicial MARÍA ESMERALDA DIAZ CASTELLANOS. SEGUNDO: CONFIRMAR la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN POR EL PLAZO DE DOS MESES (2 MESES), SIN DERECHO A REMUNERACIÓN, como juez del Juzgado de ejecución penal de Francisco Morazán. TERCERO: A la presente resolución definitiva de conformidad con el artículo 31 del Reglamento interno del Consejo de la Carrera Judicial no le procede recurso alguno.” (Folios 247-255 del antecedente). 3. En fecha once de febrero de dos mil veinte, la abogada MARÍA ESMERALDA DIAZ CASTELLANOS compareció ante la Sala de lo Constitucional reclamando amparo a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Consejo de la Carrera Judicial por estimar que la misma vulnera el artículo 80 de la Constitución de la Republica. Teniendo la Sala por formalizada la garantía constitucional de mérito en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. (Folios 1–25 y 55 de la presente garantía constitucional). 4. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público por medio de la fiscal, abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ, quien fue de la opinión que SE OTORGUE la presente acción de amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios 60–65 y 67 de la presente garantía constitucional). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos de la garantista denunciando violación de derechos constitucionales. La censora al formalizar la garantía constitucional de amparo manifiesta que le fue violentado el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución. Explica que la violación se consuma porque al notificarle por la tabla de avisos, el Consejo de la Carrera Judicial violenta su propia resolución, teniendo en cuenta que la carga laboral se incrementa previo al periodo vacacional navideño. Agrega, que además se le ha violentado el derecho al debido proceso porque primero la sancionan con el doble del tiempo que se le impuso con la primera denuncia, por la misma situación laboral que presentaba la judicatura que rectora en ese periodo de tiempo; no obstante existe diferencia en que en la primera denuncia se encontraron ochenta expedientes del 2015 y el 2016, mientras que en la segunda denuncia brindaron información levantándose por parte de la Inspectoría de tribunales acta dando cuenta de veintidós expedientes del 2013 y 2014, sancionándole por ello con el doble del tiempo por considerarle reincidente. En opinión de la amparista el término reincidente fue usado en forma inadecuada, porque reincidente es aquella persona que vuelve a incurrir en una situación que ya está corregida; y, en su caso particular, alude a que ha intensificado esfuerzos, trabajando de la mejor manera en la misma situación. De hecho, acota que perfectamente pudieron presentar una sola denuncia. Finalmente reclama que sólo se consideró y se le dio más valor a la prueba en su contra, sin tomar en cuenta la justificación, el trabajo demostrado mediante la prueba de descargo. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen del informe remitido por el Ministerio Público. La agente de tribunales Diana Elizabeth Rodríguez emitió su dictamen mediante el cual da a conocer su opinión en el sentido de que se otorgue el amparo de mérito. La fiscal estableció que el órgano denunciado en amparo omitió dar respuesta a la petición de nulidad de actuaciones, aun cuando es evidente que se prescindió de normas esenciales de procedimiento, al habérsele notificado por la tabla de avisos la resolución definitiva de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve emitida por el Consejo de la carrera judicial, vulnerando inclusive su propio mandato, contenido en la parte resolutiva de dicha resolución, según el cual en su numeral 1 señala: “Que se notifique personalmente la presente resolución a las partes y de no ser posible que la secretaría del Consejo lo haga a través de la tabla de avisos, …” Violentando así, el artículo 212 inciso 4 del Código procesal civil y consecuentemente vulnerando los derechos invocados. La fiscal agrega que, siendo la notificación el acto por el cual se da a conocer a un litigante o parte interesada en un proceso, cualquiera que sea su índole, o a sus apoderados procesales y sus defensores una resolución u otros actos de procedimiento. Estima que, en el presente caso, siendo la interesada una juez de ejecución, bien se pudo hacer la notificación de manera personal, por otra parte, no existe en el expediente constancia que acredite la imposibilidad de hacerle la notificación de manera personal. En virtud de lo cual el acto de notificación por tabla de avisos es un acto viciado de nulidad, debido a que el artículo 212 señala que la nulidad procede cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento y que por dicha causa se produzca indefensión. Finalmente la fiscal expone que, habiéndose quebrantado el derecho de defensa lo que procede es otorgar el amparo de mérito. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Este alto tribunal de justicia examina las diligencias de mérito encontrando que la petición de amparo por parte de la juez de ejecución María Esmeralda Díaz Castellanos se dirige en contra de la notificación de la resolución definitiva dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y la falta de respuesta oportuna a la petición de nulidad que se hizo posteriormente. Este alto tribunal de justicia toma nota de lo que apunta la amparista, en referencia a que las actuaciones que impugna mediante amparo se encuentran en la segunda denuncia que se le interpuso y que se deriva de la misma situación que se denunció una primera vez y contra la cual presentó reclamo ante el Consejo de la carrera judicial y posteriormente amparo; destacando que la garantía constitucional de amparo relacionada con la primera denuncia le fue otorgada resolviéndose a su favor, según consta en el expediente AA-0584-2018. En el caso de mérito, o sea enreferencia a la segunda denuncia, la cual nos conduce a la nulidad de actuaciones que solicitó en contra de la notificación que se le hizo por tabla de avisos y en la que se le pone en conocimiento la resolución dictada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la impetrante señala puntualmente que ésta es nula en virtud de que violenta su derecho de defensa porque no se hizo en forma personal. Al respecto menciona que la misma resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve ordenaba que dicha notificación debía hacerse en forma personal y que sólo si esto no era posible se procediera a la notificación por tabla de avisos. La Sala determina que la afectación que provocó la omisión de la notificación personal se materializó cuando la amparista manifiesta que se enteró de la resolución mencionada, hasta que fue requerida vía teléfono por el departamento de personal el diez de enero de dos mil veinte, después del periodo vacacional. Por lo que dispuso interponer en fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, la nulidad de la notificación en virtud de causarle indefensión, habida cuenta que la notificación era sobre la resolución mediante la cual se declaraba sin lugar el reclamo que había presentado en el marco de la denuncia en su contra con expediente administrativo número 374-2017,067-CCJ-2018. Señala que al no tener respuesta y luego de agotar las instancias administrativas sin una respuesta positiva se avocó al departamento de personal con el abogado José Antonio Bellino y a la presidencia del Poder Judicial con el abogado Henry Lara para obtener más tiempo o le dieran una solución a fin de permitirle defenderse. No habiendo logrado su objetivo, la amparista refiere que tuvo que acatar la disposición del departamento de personal debiendo cumplir con la sanción impuesta de no tener remuneración salarial por dos meses (uno de febrero al treinta y uno de marzo dos mil veinte). Todo lo anterior, se deriva de los hechos que a continuación se resumen. 1. La abogada Rosa Irene Gudiel, coordinadora nacional de jueces de ejecución envió en fecha 20 de junio de 2016 el oficio CNJE-62-2016 a la Inspectoría de tribunales y a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de informar que fueron registradas las denuncias números 0801-2016-00523 y 0801-2016-00607, dirigidas en contra de la juez María Esmeralda Díaz Castellanos, bajo los cargos de retardo injustificado en la administración de justicia y en no delegar funciones al personal auxiliar La primera denuncia se basaba en un muestreo de 80 expedientes correspondientes a los años 2015 y 2016; y la segunda denuncia en un muestreo de doce expedientes del año 2013 y diez del año 2014, es decir un total de veintidós expedientes. 2. Señala la impetrante que en el caso de la primera denuncia (por los ochenta expedientes) presentó un reclamo ante el Consejo de la carrera judicial, el cual fue declarado sin lugar en fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, confirmando además la sanción de un mes sin derecho a remuneración dictada por la presidencia del Poder Judicial. 3. Dicha resolución del Consejo de la carrera judicial dictada con relación a la primera denuncia, le fue notificada por vía telefónica, lo que le permitió ejercer el derecho de defensa interponiendo garantía constitucional de amparo el nueve de agosto de dos mil dieciocho. Así fue como mediante el amparo interpuesto pudo alegar y demostrar la labor que desempeña y las causas del rezago en dichos expedientes, por lo que le fue otorgado amparo a su favor. 4. Con relación a la segunda denuncia o sea la de veintidós expedientes, la amparista resalta que tiene el mismo origen con la primera denuncia, sin embargo, este caso tomó un camino y desenlace distinto. Explica que al igual que en el caso de la primera denuncia, en la segunda también presentó reclamo administrativo en contra de la resolución de la presidencia, sin embargo, como la resolución no le fue notificada adecuadamente no pudo impugnarla como hizo con la primera, viéndose en la necesidad de solicitar la nulidad de actuaciones, específicamente de la nulidad. No obstante, no habiendo tenido respuesta a su petición de nulidad, presentó garantía constitucional de amparo, mientras acataba la sanción establecida, o sea se le privaba de su salario de dos meses. Sobre este último punto, cabe mencionar que, aunque se haya dado cumplimiento con dicha sanción, esta no es de aquellos actos que se consuman de forma irreparable, pues es posible la restitución del derecho, devolviéndose si fuere del caso, la cantidad no recibida en remuneración y los derechos laborales derivados en forma proporcional, asimismo la rectificación del historial u hoja de servicio del funcionario judicial afectado. Asimismo, la Sala de lo Constitucional estimó a bien analizar y considerar la prueba propuesta por la amparista, consistente en el expediente administrativo número 374-2017, 067-CCJ del Consejo de la carrera judicial, el expediente AA-0588-2018 de la Sala de lo Constitucional y el expediente administrativo número 132-2017,1013-SJ-2017 del Consejo de la Carrera Judicial. Siguiendo con su análisis, la Sala de lo Constitucional constata en autos que la nulidad de actuaciones que interpuso la ahora amparista es del diecisiete de enero de dos mil veinte, y que la resolución de dicha solicitud es del doce de noviembre de ese mismo año. Constata además, que el motivo para declarar sin lugar la nulidad de la notificación, obedeció al criterio de que la causa de nulidad solicitada no se subsume a ninguno de los motivos contemplados en los artículos 211 al 215 del Código procesal civil, los cuales son aplicables por remisión expresa del artículo 85 de la Ley de la carrera judicial. Por otra parte, según argumento del Consejo de la carrera judicial es requisito indispensable para interponer incidente de nulidad que “se haya advertido en el momento en que existan”, citando para ello el artículo 215.1 del Código procesal civil; y que al haber solicitado previamente fotocopias de todo el expediente y posteriormente alegar la nulidad de actuaciones resulta en su opinión evidente que consintió dicho acto de acuerdo a lo referido por el artículo 213.2 del mismo código citado, procediendo entonces desestimar el incidente de nulidad de actuaciones. Con todos los anteriores insumos, este alto tribunal de justicia llega a la decisión de otorgar amparo a la impetrante, en virtud de que efectivamente se le violentó el derecho de defensa con el hecho de notificar la decisión tomada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, impidiéndole con ello impugnar vía amparo la decisión de declarar sin lugar el reclamo interpuesto en contra de la sanción impuesta. La notificación defectuosa es causa de nulidad de dicho acto, por cuanto el acto de comunicar cualquier decisión es vital para una debida y eficaz defensa, permitiendo a las partes que se consideren agraviadas interponer oportunamente los medios que la ley provee para recurrir y alcanzar las debidas enmiendas a su favor. De hecho, el Consejo de la carrera judicial se equivoca cuando dispone en su resolución de fecha doce de noviembre de dos mil veinte que la notificación defectuosa no se subsume en ninguna de las causas de nulidad previstas en el Código procesal civil, desatendiendo lo expuesto en el numeral 4 del artículo 212 que, a la sazón dispone: “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento. Siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.” Es del caso señalar que, para salvaguarda de los derechos de los servidores judiciales, la notificación personal es la idónea para garantizar la defensa de sus derechos y no la fijación de cédula en la tabla de avisos, y de hecho así mismo lo estimó el Consejo de la carrera judicial al momento de designar la forma de notificación en la parte dispositiva de su resolución, para después violentar su propia disposición. Por lo que, no habiéndose garantizado el debido proceso legal en el caso de la amparista, la Sala de lo Constitucional estima procedente otorgar la garantía constitucional de mérito amparándola en el sentido de que le sean restituidos los derechos conculcados. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 46 No. 8 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada MARÍA ESMERALDA DIAZ CASTELLANOS, a favor de SI MISMA, contra la notificación defectuosa de la resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, y de la resolución de fecha doce de noviembre de dos mil veinte mediante la cual se declara sin lugar la petición de nulidad de dicha notificación. En consecuencia, se ordena que el Consejo de la carrera judicial restituya a la brevedad, los derechos de defensa y debido proceso legal que ha conculcado en perjuicio de la juez María Esmeralda Díaz Castellanos. Y MANDA: Que una firme el presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su procedencia y se archiven las diligencias de la presente garantía. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0114=2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”