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Sentencia AA-1119-19 — Registro 12454

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)que resolvió un recurso de revisión por no haber proporcionado lo solicitado, todas las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en el año 2018”. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y debido proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (9): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública, es un órgano desconcentrado de la administración pública, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública; entre las funciones y atribuciones del IAIP se encuentra la de: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en ese orden de idas es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y las instituciones obligadas, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas tanto naturales como jurídicas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO (10): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada en forma completa tal y como lo establece el artículo 52 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a letra dice: “CAUSALES. El Recurso de Revisión ante el Instituto procede cuando: 1. 2. 3. La información sea considerada incompleta, alterada o supuestamente falsa o que no corresponde con la solicitada…”; resolución que fue dictada en inobservancia al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a los plazos y prorroga establecido en la Ley y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO (11): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han vulnerado los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley y Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de estudio se observa la falta de aplicación de la Ley al caso concreto, lo que se concreta en la vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente OTORGAR el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO (12): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, proceda a restituir los derechos que le han sido vulnerados al recurrente en Amparo, observando los preceptos establecidos en la Ley y Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación al plazo y prorroga excepcional para la entrega de la información, ante circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.”

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Hito

Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[2] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[3]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[4]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[5]

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, a favor del PODER JUDICIAL, contra la Resolución No. SO-111-2019 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), que resolvió un recurso de revisión interpuesto por el Abogado NICOLÁS JOSÉ GARCÍA PINEDA contra la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por no haber proporcionado lo por él solicitado, y que se relaciona a (Sic) “Podría proveerme en forma digital, en el formato de su conveniencia todas las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en el año 2018”. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos de defensa y debido proceso establecidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el Abogado NICOLÁS JOSÉ GARCÍA PINEDA, interpone ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Recurso de Revisión mediante la plataforma del sistema de información electrónico de Honduras (SIELHO) con número REC-PJ-6-2019, contra del PODER JUDICIAL, por la supuesta denegatoria de información de la solicitud de fecha 12 de febrero de 2019, en la cual no le proporcionaron lo solicitado y que se relaciona a (Sic) “Podría proveerme en forma digital, en el formato de su conveniencia todas las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en el año 2018”. (Folios del 01–09 de la pieza de antecedentes del I.A.I.P.) 2) Que seguido el trámite, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), el citado Instituto emitió la Resolución No.SO-111-2019, mediante la cual Resuelve: (Sic): “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISION interpuesto por el Abogado NICOLAS JOSE GARCIA PINEDA, quien actúa en su condición personal, contra la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), en virtud de que la Institución Obligada respondió a la solicitud de información de forma incompleta tal y como lo establece articulo 52 numeral 3 del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÙBLICA, considerando la respuesta notificada al Abogado GARCIA PINEDA por parte de la Institución Obligada en fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019), ya que fue esta situación la que generó la insatisfacción por parte del recurrente y no las acciones posteriores realizadas por parte de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDO: Que se tenga por contestada de forma parcial la solicitud información presentada por el Abogado NICOLAS JOSE GARCIA PINEDA, a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), referente a: “¿Podría proveerme en forma digital, en el formato de su conveniencia todas las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en el año 2018?”, así mismo que se considere como una respuesta extemporánea la información notificada por parte de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA al recurrente en fecha cinco (05) de marzo de dos mil diecinueve (2019). TERCERO: Se recomiende al Abogado NICOLAS JOSE GARCIA PINEDA, personarse a la Unidad de Transparencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), con un dispositivo USB, para que la antes referida Institución Obligada le haga entrega de la información, tal y como hace referencia la Ingeniera INDIRA TORO CABALLERO en el oficio OIP-PJ-2019 de fecha cinco (05) de marzo de dos mil diecinueve (2019), específicamente en el numeral (7) de antes referido Oficio. CUARTO: Se exhorta a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), a dar trámite en tiempo y forma a todas las solicitudes de información que le sean presentadas, advirtiéndole que en caso de incumplimiento de esta exhortación se le aplicaran las sanciones administrativas que correspondan sin perjuicio de las que establezcan el Código de Ética del Servidor Público y otras leyes. QUINTO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la República; 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes. QUINTO: Extiéndase Certificación Íntegra de esta Resolución a la interesada una vez que acredite la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y remítase copia de la misma al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para los efectos legales correspondientes…” (Folios del 36-39 de la pieza de antecedentes del I.A.I.P.) 3) Que el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del PODER JUDICIAL, contra la Resolución No. SO-111-2019 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020). (Folio 1–5 y 37 de los autos) 4) Que en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinte, ésta sala tuvo por visto los antecedentes y estando pendiente de resolver la solicitud de suspensión del acto reclamado presentado por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ se declaró CON LUGAR la misma, en forma provisional y bajo la responsabilidad del recurrente, ordenándose librar comunicación al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dentro de las veinticuatro horas de conformidad con la ley, para los efectos legales pertinentes. Asimismo, se ordenó conceder vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 30 de los autos) 5) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalizara su acción de amparo, el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ compareció ante este Tribunal en fecha trece de octubre del año dos mil veinte, formalizando la acción de amparo de mérito, por lo que esta Sala de lo Constitucional mediante auto de fecha dieciséis de octubre del año dos mil veinte, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folios del 31-34fv y 37 de los autos). 6) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de vislumbrarse violación al precepto constitucional señalado por el amparista”. Argumenta la Fiscal del Despacho que el Ministerio Público considera que lo resuelto por el Instituto de Acceso a la Información Pública, no realiza un estudio exhaustivo de los hechos y las normas jurídicas aplicables al caso en concreto, estimando de manera desacertada que la respuesta notificada al abogado Nicolás José García el veinte (209 de febrero del 2019, es la que genero la insatisfacción por parte del peticionario, inobservando que todas las actuaciones realizadas posteriormente por parte de la Corte Suprema de Justicia se encuentran dentro del plazo para entregar la información solicitada, al haber hecho uso de la prórroga excepcional que permite la ley a las instituciones obligadas. Es por ello que se estime que la resolución impugnada no fue sometida a un análisis riguroso del caso en concreto, trastocando el debido proceso establecido en los estamentos jurídicos antes relacionados y, por ende, violenta el derecho constitucional invocado por el amparista en su demanda de amparo. (Folios del 42–45 y 47 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, fecha en la que mediante la plataforma sistema de información electrónico de Honduras (SIELHO), el Abogado Nicolás José García Pineda, en su condición personal, interpuso Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, argumentando no se le proporcionó la información solicitada, en contra de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CONSIDERANDO (3): Que en fecha trece de diciembre del año dos mil diecinueve, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, interponiendo Acción de Amparo a favor del PODER JUDICIAL, contra la Resolución No.SO-111-2019 de fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que resuelve el Recurso de Revisión interpuesto contra la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ); resolución que declara Con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Nicolás José García Pineda, contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ); considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente sostiene que de los hechos se establece que se dio respuesta por parte del Poder Judicial en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un periodo de tiempo menor al establecido. Se presentó solicitud de información al Poder judicial el 12 de febrero de 2019 y ese Poder del Estado le dio respuesta a la solicitud el 20 del mismo mes y año, no hubo ninguna notificación del solicitante manifestando que estaba inconforme con la respuesta a su solitud por parte de la Sala Constitucional, fue la Unidad de Transparencia del Poder Judicial quien se contactó con el solicitante el 22 de febrero de 2019, para consultarle al Abogado Nicolás José García si había accesado a la información, expresando el solicitante que en la misma casi no habían sentencias del 2018. La Unidad de Transparencia del Poder judicial al conocer que no estaba completa la información requerida procedió conforme al Artículo 39 del reglamento de la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)[1], a solicitar ampliación del plazo para completar la información tal y como lo requería el Abogado Nicolás José García, el cual se manifestó conforme con la misma, tal y como se acredita mediante copia del correo electrónico en el cual agradece la gestión en la solicitud de información de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de 2018 y que a su vez informa que ha recibido la información directamente de la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. SO-111-2019 emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fecha veintitrés de julio del año dos mil diecinueve, que declara Con Lugar el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Nicolás José García Pineda, contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la entrega de forma incompleta de la información, tal y como lo establece el artículo 52 numeral 3 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Folios del 36 al 39fv de la pieza de antecedentes del IAIP) CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia de los Estados de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”[2] de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”[3]. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación[4]. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”[5]. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, ello en atención a lo establecido en los artículos 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; como bien lo expone el recurrente en Amparo se dio respuesta al solicitante en observancia a lo establecido en el precepto 21 de la ley, sin que el solicitante de la información haya manifestado su inconformidad con el enlace que le fue brindado para que tuviera acceso a todas las sentencias emitidas en el año 2018 por la Sala de lo Constitucional, es en atención a la comunicación que establece la Unidad de Transparencia del Poder Judicial con el solicitante de la información que se enteran que la información brindada no es de la entera satisfacción del abogado García Pineda, es por ello que se hace necesario hacer uso de la prorroga que establece el artículo 39 del Reglamento ut supra, la que fue notificada al solicitante en fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, siguiendo el trámite y los plazos establecidos en la Ley y Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, observando en consecuencia la vulneración al derecho a la defensa y debido proceso invocados por el recurrente en Amparo, pues como bien lo expone la Fiscal del Despacho, la resolución recurrida inobserva todas las actuaciones realizadas por el Poder Judicial, en atención a brindar la información solicitada por el Abogado García Pineda, actuaciones que fueron realizadas en el marco de la Ley y reglamento que rigen el acceso a la información pública, asimismo en observancia a los estándares internacionales en relación a que el acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones. CONSIDERANDO (9): Que el Instituto de Acceso a la Información Pública, es un órgano desconcentrado de la administración pública, responsable de promover y facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública; entre las funciones y atribuciones del IAIP se encuentra la de: 1. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en ese orden de idas es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y las instituciones obligadas, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas tanto naturales como jurídicas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. CONSIDERANDO (10): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada en forma completa tal y como lo establece el artículo 52 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a letra dice: “CAUSALES. El Recurso de Revisión ante el Instituto procede cuando: 1. 2. 3. La información sea considerada incompleta, alterada o supuestamente falsa o que no corresponde con la solicitada…”; resolución que fue dictada en inobservancia al principio de legalidad contenido en el artículo 321 de la Constitución de la República, acorde a los plazos y prorroga establecido en la Ley y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CONSIDERANDO (11): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que, en el caso en estudio, se han vulnerado los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Ello como corolario de lo expuesto en el presente libelo, en fundamento a lo establecido en la Ley y Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el caso de estudio se observa la falta de aplicación de la Ley al caso concreto, lo que se concreta en la vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente OTORGAR el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO (12): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, proceda a restituir los derechos que le han sido vulnerados al recurrente en Amparo, observando los preceptos establecidos en la Ley y Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación al plazo y prorroga excepcional para la entrega de la información, ante circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 8, 11, 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por el Abogado JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ, a favor del PODER JUDICIAL, contra la Resolución No.SO-111-2019 de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 2) Dejar sin valor y efecto la Medida Cautelar de Suspensión Provisional del Acto Reclamado, decretada por este Alto Tribunal en fecha diecinueve de febrero del año dos mil veinte. 3) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, relacionados con el deber de observancia de la Ley y Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación al plazo y prorroga excepcional para la entrega de la información, ante circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de junio de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, recaída en el recurso de amparo administrativo registrada en este Tribunal con el número SCO-1119-2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] En Adelante IAIP.

[2] Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 92. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf

[3] Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf

[4] CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcritos en: Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 58 c).

[5] Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 1. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXII-O-08_esp.pdf