Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-1104-20 — Registro 14052

Resumen

con relación según la peticionaria a que “… en el marco de lo contenido en dicha ley,ante la detención de los periodistas y recurrentes, beneficiarios de medidas de protección por parte del sistema de protección, se personó a la Jefatura De Policía del Barrio Belén conocida popularmente como la Cuarta Estación, donde uno de los policías le manifestó “que no la dejaría ingresar y que no le importaba que fuera Concejal” acción que deja evidenciado que definitivamente la Secretaria de Estado antes citada, a través de su representante Abogada Sagrario Prudot Bardales, no ha instruido a los miembros de la Policía Nacional, respecto al defender derechos y sobre las facultades y funciones que tienen los miembros del concejo nacional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta y garantizar la correcta administración de justicia. CONSIDERANDO: Que para Couture, el agravio, dentro del ámbito del Derecho Procesal se configura como el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Es decir que el agravio, así entendido, presenta dos sentidos: uno de carácter substantivo, representado por la ofensa que contiene y que puede dar 1ugar a responsabilidad de orden civil o penal para el agraviante, y otro de índole adjetivo, en cuanto da derecho a la impugnación de una resolución judicial cuyo contenido se reputa agraviante al derecho de quien lo alega. Esta completa definición del agravio hecha por el connotado y respetado jurista uruguayo es compartida por esta Sala pues engloba de manera integral los elementos esenciales de lo que representa el agravio en un sentido estrictamente jurídico. CONSIDERANDO: Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a sus derechos Constitucionales, y que no obstante la recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, al desprenderse del informe emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, que no se registró ninguna detención de los señores MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FÉLIX PADILLA, procede declarar inadmisible la presente acción de amparo por no existir una afectación real y notoria (agravio) a sus derechos constitucionales"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la ciudadana DINA MEETABEL MEZA ELVIR, en su condición de Directora de la Asociación por Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) organización de defensa de los derechos humanos y miembra del Consejo Nacional de Protección para personas Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a favor de SÍ MISMA y de los periodistas MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FÉLIX PADILLA, contra la omisión por la falta de cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección a Defensores/as, de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia por parte de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, con relación según la peticionaria a que “… en el marco de lo contenido en dicha ley, el día lunes dos de noviembre de dos mil veinte, ante la detención de los periodistas MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FELIX PADILLA, beneficiarios de medidas de protección por parte del sistema de protección, se personó a la Jefatura De Policía del Barrio Belén conocida popularmente como la Cuarta Estación, donde uno de los policías le manifestó “que no la dejaría ingresar y que no le importaba que fuera Concejal” acción que deja evidenciado que definitivamente la Secretaria de Estado antes citada, a través de su representante Abogada Sagrario Prudot Bardales, no ha instruido a los miembros de la Policía Nacional, respecto al defender derechos y sobre las facultades y funciones que tienen los miembros del concejo nacional…”. CONSIDERANDO: Que este Tribunal, mediante providencia de fecha once de enero de dos mil veintiuno, dispuso que previo a la admisión del recurso de mérito, que la autoridad recurrida, rindiera un informe circunstanciado en relación a los alegatos planteados por el recurrente. CONSIDERANDO: Que del informe emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD se desprende, que no se encontró registro de detención de los ciudadanos MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FELIX PADILLA, ni en el Libro de Control de Comandante de Guardia, Libro de Control de Entrada y Salida de Detenidos y el Libro de Control de Novedades del Oficial de Servicio, según Oficio-Distrito 1-8 Belén- (DPPOMC) No. 011-2021, de fecha 15 de febrero de 2021, emitido por el Jefe del Distrito Policial 1-8, Barrio Belén, Sub Comisario de Policía Harold Darío Espinoza Osorio. Asimismo se informa que la señora MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA, actualmente no es beneficiaria de medidas de protección ya que las mismas fueron suspendidas el 27 de septiembre de 2018, en relación al señor CESARIO ALEJANDRO FELIX PADILLA, si goza de medidas de protección de carácter policial consistentes en patrullaje y enlace policial. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se aprecia, que el recurrente invoca como violado con el acto reclamado en amparo el artículo 59 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta y garantizar la correcta administración de justicia. CONSIDERANDO: Que para Couture, el agravio, dentro del ámbito del Derecho Procesal se configura como el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Es decir que el agravio, así entendido, presenta dos sentidos: uno de carácter substantivo, representado por la ofensa que contiene y que puede dar 1ugar a responsabilidad de orden civil o penal para el agraviante, y otro de índole adjetivo, en cuanto da derecho a la impugnación de una resolución judicial cuyo contenido se reputa agraviante al derecho de quien lo alega. Esta completa definición del agravio hecha por el connotado y respetado jurista uruguayo es compartida por esta Sala pues engloba de manera integral los elementos esenciales de lo que representa el agravio en un sentido estrictamente jurídico. CONSIDERANDO: Que partiendo de lo anterior y ya en materia del recurso de amparo, como garantía constitucional, el perjuicio o gravamen que se ha de invocar sobre el acto, resolución o hecho de autoridad recurrido, comporta ciertamente una disminución, menoscabo, transgresión o violación de derechos constitucionales en perjuicio de aquél a quien se le ha vedado o impedido de su goce o disfrute y en tal virtud es quien ostenta esa legitimación o cualidad de comparecer ante los órganos encargados de la justicia constitucional en amparo del derecho y/o garantía de cuyo goce o disfrute se ha visto despojado por un acto, resolución o hecho emanado de la autoridad o de los que actúen por delegación de ésta. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos alegados como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a sus derechos Constitucionales, y que no obstante la recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior, al desprenderse del informe emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, que no se registró ninguna detención de los señores MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FÉLIX PADILLA, procede declarar inadmisible la presente acción de amparo por no existir una afectación real y notoria (agravio) a sus derechos constitucionales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la ciudadana DINA MEETABEL MEZA ELVIR, en su condición de Directora de la Asociación por Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) organización de defensa de los derechos humanos y miembra del Consejo Nacional de Protección para personas Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a favor de SÍ MISMA y de los periodistas MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FÉLIX PADILLA, por no existir agravio, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a sus derechos Constitucionales, ni de sus representados; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la ciudadana DINA MEETABEL MEZA ELVIR, contra la resolución dictada por esta Sala el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual se declaró inadmisible la presente acción de Amparo interpuesta por la hoy recurrente en su condición de Directora de la Asociación por Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) organización de defensa de los derechos humanos y miembra del Consejo Nacional de Protección para personas Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a favor de SÍ MISMA y de los periodistas MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FÉLIX PADILLA, contra la omisión por la falta de cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección a Defensores/as, de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia por parte de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, con relación según la peticionaria a que “… en el marco de lo contenido en dicha ley, el día lunes dos de noviembre de dos mil veinte, ante la detención de los periodistas MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJÍA y CESARIO ALEJANDRO FELIX PADILLA, beneficiarios de medidas de protección por parte del sistema de protección, se personó a la Jefatura De Policía del Barrio Belén conocida popularmente como la Cuarta Estación, donde uno de los policías le manifestó “que no la dejaría ingresar y que no le importaba que fuera Concejal” acción que deja evidenciado que definitivamente la Secretaria de Estado antes citada, a través de su representante Abogada Sagrario Prudot Bardales, no ha instruido a los miembros de la Policía Nacional, respecto al defender derechos y sobre las facultades y funciones que tienen los miembros del concejo nacional…”. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, declaró inadmisible la presente acción de Amparo interpuesta por la ciudadana DINA MEETABEL MEZA ELVIR, pronunciando en forma motivada las razones por las que consideró procedente inadmitir la presente acción, siendo que se observó no haber agravios, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente y por no existir una afectación real y notoria (agravio constitucional) a sus derechos constitucionales, ni de sus representados. CONSIDERANDO: Que esta Sala en forma de ilustración, indica a la quejosa en cuanto a sus alegatos referentes a la falta de legitimidad que indica esta Sala, son concernientes a la inexistencia del agravio y no en el sentido que indica la peticionaria. CONSIDERANDO: Que la recurrente reconoce que la inadmisibilidad ha sido dictada conforme al informe rendido por la autoridad denunciada, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, como lo estipula el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que esta Sala por otro lado observa que la quejosa tiene pendientes acciones y recursos en instancias correspondientes para que se conozcan las omisiones y acciones de las que hace referencia es autora la autoridad recurrida, motivos por los cuales esta Sala no le es dable pronunciarse en este momento sobre tales alegatos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Primero: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la ciudadana DINA MEETABEL MEZA ELVIR, contra la resolución dictada por esta Sala el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual se declaró inadmisible la presente acción de Amparo, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y 2) Por las razones expuestas, transcribirse la presente resolución al Ministerio Público para los efectos legales consiguientes en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, poniendo en conocimientos al ente fiscal de los hechos expuestos para que investigue y determine en su caso lo correspondiente; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes diciembre de dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas veinticinco de febrero y veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1104-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.