Sentencia AA-1040-20 — Registro 12472
Resumen
En consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra actuaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Dirección Noroccidental de Servicios de Administración de Rentas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”.CONSIDERANDO (4): Que, una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, determinó en sus fundamentos de derecho y en su parte dispositiva lo que a continuación se transcribe: “…QUINTO (5): De la revisión realizada resulta que REPARTOS CONTINENTAL solicita al Servicio de Administración de Rentas en fecha 16 de mayo del 2018, Beneficio de Amnistía consistente en la regularización tributaria y sello definitivo por el periodo 2017, presentando los requisitos que exigía el Decreto 129-2017, y mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2018, el Servicio de Administración de Rentas ordena REQUERIMIENTO al apoderado legal de REPARTOS CONTINENTAL, a efecto de presentar o acreditar los documentos descritos en dicha resolución, actuación que se realiza y REPARTOS CONTINENTAL dejó transcurrir el plazo concedido para presentar aquellos documentos, provocando que el Servicio de Administración de Rentas en fecha 1 de noviembre del 2018 declarara caducado el derecho y perdido irrevocablemente el termino, ordenando la remisión del expediente a la sección de archivo sin más trámite. Posteriormente en fecha 6 de agosto del 2019 REPARTOS CONTINENTAL, presenta escrito intitulado, “NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, QUE SE DECLARE la ILEGALIDAD Y NULIDAD DE ESTE POR INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO” solicitando la anulación del auto de fecha 17 de octubre del 2018 (requerimiento de documentos), per sé, contrario a lo que reza el mismo Código Tributario en su artículo 88 y por contravenir las disposiciones regulatorias del Decreto 129-2017. Solicitud que fue declarada INADMISIBLE POR IMPROCEDENTE mediante la resolución de fecha 2 de septiembre del 2019, mal denominada providencia, y de la cual se conoce hoy en acción de amparo. SEXTO (6): La declaración de inadmisión de un determinado acto procesal impide, ab initio, que este despliegue o genere los efectos dispuestos por la ley; en este sentido, la inadmisibilidad constituye una sanción de invalidez que consiste en un juicio de calificación de regularidad o validez inicial de los actos que tienen su origen en las partes. Es decir, dicha solicitud no se revisa en su fondo, por carecer de elementos esenciales que validan la solicitud, por carecer de requisitos legales (presentación en tiempo, ante el órgano competente, desarrollo coherente de 1a solicitud, etc., por tal motivo se desecha inmediatamente, constituyendo ser una sanción procesal a la parte que ha presentado una solicitud con falta de ese tipo de exigencias legales. En el caso que nos ocupa, del Servicio de Administración de Rentas, la Dirección Regional Noroccidental, en el por tanto de la mencionada resolución, mal denominada providencia, inadmite por improcedente la solicitud de nulidad, por considerar que no reúne los requisitos legales Para proceder a la misma, ya que se dictó en observancia a las leyes tributarias, ley de procedimiento administrativo y Decreto 129-2017 de fecha 2 de mayo del 2018; sin embargo, puede observarse en el cuerpo o fundamentación de la referida resolución que no se justifica, no se explica, no se da razón en qué consiste la INADMISION, debiendo de circunscribirse en una de aquellas exigencias legales a manera de control ex ante, pero contradictoriamente sí se ratifica que la resolución de la cual se pretende su nulidad fue emitida conforme a las leyes, siendo este un pronunciamiento de fondo en cuanto a la solicitud de nulidad, debiendo entonces, previo a los trámites legales correspondientes, declarar sin o con lugar la nulidad solicitada y así desplegar los efectos legales para cada figura, pero erróneamente declara inadmisible la solicitud. De todo lo anterior se puede se colegir con propiedad, que se ha conculcado el Debido Proceso, implícitamente el Derecho a la Defensa, al utilizar figuras jurídicas totalmente inaplicables al caso concreto, evadiendo las formalidades del Debido Proceso establecidas en el mismo Código Tributario. SEPTIMO (7): En la línea de lo dicho, con criterio absoluto de que la resolución de inadmisión es la correcta, la autoridad administrativa decide que dicha resolución no admite recurso alguno, negando de esta manera el derecho a interponer los recursos que corresponden y violentando de manera frontal el Derecho a la Defensa; que el Código Tributario en su artículo 15 dispone el respeto al Principio de Legalidad, por consiguiente, los órganos encargados de aplicar el Código Tributario NO DEBEN: ejecutar actos administrativos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los Derechos y garantías reconocidos a favor de personas Naturales o jurídicas por la Constitución de la Republica y las leyes; consecuentemente si no hay una disposición expresa que niegue los recursos que correspondan contra la resolución que declara INADMISIBLE una solicitud, es entendible, conforme a los preceptos legales enunciados (artículos 101.2, 103 y 172 del Código Tributario), que se deben de conceder los recursos respectivos. Pero entiende la administración que como es inadmisible la solicitud de nulidad, también debe de ser irrecurrible esta resolución, extremos que no tienen un asidero legal valido. En distinta posición estuviera la autoridad administrativa si hubiese hecho uso del Principio de Supletoriedad aplicando el Código Procesal Civil, ante la ausencia de normas referidas al incidente de nulidad, tal como lo establece el artículo 102 y 103 del Código Tributario, supletoriedad que no se quiso aplicar. OCTAVO (8): Sin más, y por todo lo señalado anteriormente, este Tribunal concluye que la resolución impugnada vulnera el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, motivo suficiente para OTORGAR la acción de amparo a favor de REPARTOS CONTINENTAL. Debiendo la autoridad administrativa, anular la resolución de fecha dos de septiembre del 2019…”.-CONSIDERANDO (5): Estudiar las sentencias que emitan las Cortes de Apelaciones en la tramitación de acciones de amparo que conozcan, es una de las atribuciones que la ley especial otorga a la Sala de lo Constitucional, estudio que se realiza en virtud del trámite de consulta. Es así que después de haber estudiado los antecedentes y de manera específica la sentencia emitida en la acción de amparo de mérito venida en consulta y que hoy se revisa, la Sala concluye que la misma se ha dictado en observancia a los requerimientos exigidos en el artículo 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional que determina: “…La sentencia otorgará o denegará el amparo. La sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1. La mención concreta de la autoridad, persona o entidad contra cuya resolución, acción u omisión se concede el amparo; 2. La indicación precisa de la resolución, acto o hecho de autoridad que no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos fundamentales; 3. La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución; y, 4. Las multas u otras sanciones aplicables. El Órgano Jurisdiccional, al dictar la sentencia tendrá siempre en cuenta que su finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la violación. La sentencia que deniegue el amparo, ordenará que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el trámite procedente.” CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, determina que la consecuencia legal de declarar vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, por inadmitir en puertas una solicitud sin la debida motivación y sin otorgar el derecho al recurso, no es otra más que permitir el ejercer el derecho de acción a efecto de que comience una tramitación en el ámbito administrativo con todos los derechos y garantías que la ley establece.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
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