Sentencia AA-104-19 — Registro 12785
Resumen
Resolución que denegó defensas previas fundamentada en el agotamiento de vía administrativa con relación a la Demanda Ordinaria para la Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular interpuesta contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Esta Sala observa que la resolución objeto de este Recurso no vulnera el debido proceso, toda vez que se ha dictado resolución ante la petición planteada, cesando de esa manera los efectos del acto reclamado. De acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala aprecia, que la resolución del Ad quem no ha quebrantado el debido proceso, tal como lo ha manifestado el recurrente.-CONSIDERANDO (10): Que del estudio de los antecedentes y la formalización de la acción de amparo, en consideración a lo que establece el artículo 42 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: Será requisito indispensable agotar la vía administrativa: A) cuando se hubiere interpuesto e tiempo y forma los recursos previstos para el caso de que se trata; y B) Cuando la Ley lo disponga. Requisitos que de acuerdo los antecedentes se les dio cumplimiento, pues la resolución impugnada No. CTVF-010-2012 de fecha 25 de julio del 2012, emitida por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, se interpusieron los recursos que franquea la ley, en consecuencia, agotado que fue el trámite administrativo es conforme a derecho la prosecución de la causa ante el órgano jurisdiccional competente. Por otra parte la pretensión indemnizatoria de la parte demandante surge como consecuencia de los hechos, objeto principal de proceso, que resulta ser el mismo que se impugnó en el trámite administrativo. En ese orden de ideas se ha dado cumplimiento lo que establece el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo que dispone: “El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentará en los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial”.-CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público, emitió dictamen en fecha 04 de junio del año 2019, fundamenta su dictamen en base al artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, respecto a los requisitos indispensables para tener por agotado el trámite administrativo, y el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, respecto a los hechos que se invocan tanto en el reclamo administrativo previo a la vía judicial. Señalando que en el caso de autos no existe falta de agotamiento administrativo y que la pretensión indemnizatoria pretendida en la demanda judicial emana del acto administrativo que precisa la acción anulatoria en el reclamo administrativo. Por lo que fue de la opinión porque no se otorgue la acción de amparo, por o existir vulneraciones constitucionales.-CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico, el Ad quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, aplicando los preceptos jurídicos atinentes al caso concreto, conforme a las exigencias de la ley. En consecuencia, no es de recibo la pretensión del recurrente al no quebrantarse los derechos fundamentales invocados, por ello, procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto"
Legislación citada
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 147 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA., SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación contra la Resolución, dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha doce (12) de febrero de dos mil diecisiete (2017); con relación a la Demanda Ordinaria para la Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, promovida por la sociedad mercantil BASCULAS DE CENTROAMERICA S.A., en contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENTA (SOPTRAVI), ahora conocida como SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP). Estimando la recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BASCULAS DE CENTROAMERICA S.A., interponiendo, tras su subsanación, una Demanda Ordinaria para la Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, en contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENTA (SOPTRAVI), ahora conocida como SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), solicitando que se declare con lugar la presente demanda y se declare la nulidad de dichos actos administrativos. (Folios 1 del Tomo I – 335 del Tomo II de la Primera Pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se presentó al Juzgado ya mencionado, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, presentando Escrito de Defensas Previas en el expediente contentivo de la Demanda Ordinaria para la Nulidad de un Acto Administrativo de Carácter Particular, solicitando que se dicte sentencia interlocutoria, en la que se declare inadmisible la demanda; mismo que fue admitida en fecha quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–9 de la Pieza Separada de Defensas Previas).-3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha doce (12) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado, dictó su Resolución, mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR las Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista en cuanto a la causal de que “ Falta de agotamiento de la vía administrativa consignada en el literal e) del artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa, y 51 letra eh) de la ley que rige esta jurisdicción. SEGUNDO: En consecuencia, se declara la inadmisibilidad de la presente acción y se ordena el archivo de la misma. TRECERO: Contra el presente auto resolutivo se podrá interponer el recurso de apelación ante este juzgado dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la notificación.-” (Folios 18–23 de la Pieza Separada de Defensas Previas).-4) Que acto seguido, no estando conforme con lo resuelto anteriormente, el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, actuando en su condición de apoderado legal de la empresa BASCULAS DE CENTRO AMERICA S.A., interpuso el respectivo Recurso de Apelación, y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), dictó Sentencia mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de apoderado legal de la empresa BASCULA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA.SEGUNDO: SE REVOCA el auto resolutivo de defensas previas que obra a folio 18 de la pieza separada de defensas previas, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con orden de ingreso Número 0801-2013-00243, de la demanda promovida por el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP).TERCERO: Se desestiman las causas de inadmisibilidad planteadas y se ordena continuar con la demanda …”. (Folios 12–17 de la Segunda Pieza de los antecedentes).-5) Que la abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, compareció ante este Tribunal en fecha uno (1) de febrero de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019). (Folios 1–7 y 29 de la presente Recurso).-6) Que en fecha cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista, n los términos antes expuestos.” (Folios 32–41 del presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce el Recurso de amparo, interpuesto por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALLGADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, que declaró Con Lugar un recurso de Apelación y revocó el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán resolución dictada por la JUNTA INTERVENTORA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, en relación a la Demanda ordinaria promovida por l sociedad Mercantil denominada BÁSCULAS DE CENTROAMERICA, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO (4): El recurrente manifiesta que se han quebrantado el derecho - garantía del Debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional. Señala que en materia administrativa este principio constituye el resguardo por el cual asegura con mayor efectividad los bienes jurídicos tutelados por el Estado, la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad. En el párrafo de los antecedentes señala los hechos que considera relevantes del proceso: El 19 de junio del 2013 la empresa BÁSCULAS DE CENTROAMERICA, S.A, por medio de su apoderado legal interpuso Demanda ordinaria par9a que se declare no ser conforme a derecho y consecuentemente se anule totalmente un acto administrativo de carácter particular contenido en la resolución administrativa No. CTVF-010-2012, de fecha 25 de julio del año 2012, emitida por el comité técnico vial del fondo Vial, misma que se emitió violentando el ordenamiento jurídico a través del quebrantamiento de formalidades esenciales del procedimiento, el principio de legalidad y el debido proceso, cometiendo para ello exceso y desviación de poder, reconocimiento de una situación jurídicamente individualizada, se adopten las medidas para el pleno restablecimiento de los derechos de su mandante a) Restablecer los derechos de su representada mediante resolución No. CTVF 007-2011, de fecha 3 de junio del año 2011, emitida por el comité Vial del Fondo Vial, se ordene el pago de indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) c) Intereses legales e s generan desde la emisión del acto administrativo CTVF-10-2012 del 25 de junio del 2012, no es conforme a derecho por haberse emitido infringiendo el ordenamiento jurídico vigente.-CONSIDERRANDO (5): Que el recurrente manifiesta que analizada la sentencia interlocutoria que hoy se impugna en relación con el artículo 147 de la Ley de procedimiento Administrativo, se evidencia la grave violación en la que incurrió el tribunal Ad quem, en virtud de que dicha norma obliga al demandante a sustentar la acción en los mismos hechos y derechos que se invocaron en el reclamo administrativo previo. Sigue manifestando que el actor al momento de presentar el reclamo, se limitó a solicitar la ejecución de un contrato, sin plantear en ese momento una pretensión indemnizatoria por lo que resulta sorpresivo para su representada, que posteriormente se avoqué a los Tribunales de la República solicitando el pago de una cuantía indemnizatoria. Este hecho no fue argumentado preliminarmente aun cuando el demandante contaba en ese momento con los insumos necesarios para hacerlo.-CONSIDERANDO (6): Que el recurrente invoca el artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: “Será requisito indispensable agotar la vía administrativa a) cuando e hubiera interpuesto en tiempo y forma los recursos administrativos previstos para el caso de que se trata; B) Cuando la ley lo disponga”. En el presente asunto al relacionar esta norma con el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo se logra evidenciar la grave violación al principio del debido proceso en que incurre el Ad quem, señalando que el agotamiento de la vía administrativa previa, en los términos estrictos que estipula la norma, constituye un requisito indispensable para la admisibilidad de la demanda. Por lo que solicita se conceda la acción de amparo promovida.-CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones impugnada en la parte conducente de los fundamentos de derecho deja establecido: “Que el agotamiento de la vía administrativa consiste en términos generales, en la necesidad de usar los recursos legales para poder impugnar los actos administrativos con la finalidad de que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el fin de que pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas, antes de que sean objeto de proceso judicial, obedeciendo con ello al principio de seguridad jurídica y a la necesidad de establecer reglas estrictas para juzgar la validez de las actuaciones de las autoridades como requisito previo para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.-CONSIDERANDO (8): Que el Ad quem, señala la razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio llamado de la decisión previa que permite antes de acudir al medio judicial, que la administración revise sus propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de inconformidad para que la actuación si es el caso, antes de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla, esto por un lado, por otro devenimos en la obligación de aclarar que para calificar la falta de agotamiento de la vía administrativa como causa de inadmisibilidad por el hecho de no haber sido una pretensión en vía administrativa, hay que tener en claro lo que establece la ley de la jurisdicción en el artículo 42, exponiendo dos requisitos claves: a) La interposición de los recursos en tiempo y forma; y b) cuando la ley así lo disponga, tal cual sucedió efectivamente, la Ley de la jurisdicción prevé el agotamiento de la vía y del expediente se observa la impugnación a través de recursos en vía administrativa poniendo fin a la misma, dejando subsistente la pretensión sobre l nulidad del acto administrativo y la pretensión indemnizatoria en vía judicial, como accesoria a la pretensión principal, como reconocimiento a la situación jurídica individualizada, por lo que se ha agotado adecuadamente la vía administrativa, siendo para este Tribunal erróneo pensar en una vinculación entre lo planteado en esa reclamación previa o en la vía administrativa y lo que se plantee en la demanda utilizando como fundamento por el A quo el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo lo que afecta el principio de acceso a la justicia, y que en los casos en que se demanda un resarcimiento fundado e ilegitimidad de un acto administrativo no debe llevar a pensar que ello implique exigir la pretensión de indemnización, la confusión puede originarse en virtud de que la pretensión indemnizatoria, fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo es accesoria a la solicitud de nulidad del acto, se trata en conclusión de un requisito procesal, es decir de un carga que debe cumplir el actor previo a presentar la demanda. Por todo ello el Ad quem declaró con lugar el recurso de apelación, Revocó el auto resolutivo de defensas previas.-CONSIDERANDO (9): Que el impetrante tiene por quebrantado el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, entendiendo como debido proceso aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste. Esta Sala observa que la resolución objeto de este Recurso no vulnera el debido proceso, toda vez que se ha dictado resolución ante la petición planteada, cesando de esa manera los efectos del acto reclamado. De acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala aprecia, que la resolución del Ad quem no ha quebrantado el debido proceso, tal como lo ha manifestado el recurrente.-CONSIDERANDO (10): Que del estudio de los antecedentes y la formalización de la acción de amparo, en consideración a lo que establece el artículo 42 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: Será requisito indispensable agotar la vía administrativa: A) cuando se hubiere interpuesto e tiempo y forma los recursos previstos para el caso de que se trata; y B) Cuando la Ley lo disponga. Requisitos que de acuerdo los antecedentes se les dio cumplimiento, pues la resolución impugnada No. CTVF-010-2012 de fecha 25 de julio del 2012, emitida por el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, se interpusieron los recursos que franquea la ley, en consecuencia, agotado que fue el trámite administrativo es conforme a derecho la prosecución de la causa ante el órgano jurisdiccional competente. Por otra parte la pretensión indemnizatoria de la parte demandante surge como consecuencia de los hechos, objeto principal de proceso, que resulta ser el mismo que se impugnó en el trámite administrativo. En ese orden de ideas se ha dado cumplimiento lo que establece el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo que dispone: “El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentará en los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial”.-CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público, emitió dictamen en fecha 04 de junio del año 2019, fundamenta su dictamen en base al artículo 42 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, respecto a los requisitos indispensables para tener por agotado el trámite administrativo, y el artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo, respecto a los hechos que se invocan tanto en el reclamo administrativo previo a la vía judicial. Señalando que en el caso de autos no existe falta de agotamiento administrativo y que la pretensión indemnizatoria pretendida en la demanda judicial emana del acto administrativo que precisa la acción anulatoria en el reclamo administrativo. Por lo que fue de la opinión porque no se otorgue la acción de amparo, por o existir vulneraciones constitucionales.-CONSIDERANDO (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico, el Ad quem ha dictado una resolución debidamente motivada y fundamentada en derecho, aplicando los preceptos jurídicos atinentes al caso concreto, conforme a las exigencias de la ley. En consecuencia, no es de recibo la pretensión del recurrente al no quebrantarse los derechos fundamentales invocados, por ello, procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 147 de la Ley de procedimiento Administrativo; 42 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las resolución de fecha 18 de octubre del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0104-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL