Sentencia AA-1031-19 — Registro 14051
Resumen
con relación a proceso de sanción disciplinaria de expulsión de impetrantes como Alférez de la Academia Militar de Aviación por la comisión de falta grave tipificada como Fraude Académico y aplicabilidad de reglamento constitutivo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(5): Que en el mismo expediente administrativo, consta la cedula de citación realizada por el secretario del Consejo Superior, realizada al Alférez de Cadete de Vuelo CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, para ser sometido al Consejo Superior, por suponerlo responsable de la falta tipificada como FRAUDE ACADEMICO, la cual fue recibida por el mismo agraviado; consta informe rendido por al Alférez de Cadete de Vuelo CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, en fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciocho; consta el ACTA DE TRABAJO No. 080-10-2018 de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, que se le hizo al Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, y en fecha diecinueve de octubre del dos mil dieciocho consta la notificación por parte del Consejo Superior de la Dirección de la Academia Militar de Aviación en la cual consta la decisión tomada, siendo ésta la expulsión, a partir de ese mismo día viernes diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por haberse acreditado la comisión de la falta de fraude académico, en la materia TEORIA DE VUELOS POR INSTRUMENTOS I. Debe asumirse que dicha resolución hace referencia a la expulsión definitiva de la Academia Militar de Aviación “Cap. Roberto Raúl Barahona Lagos con sede en Palmerola, departamento de Comayagua. CONSIDERANDO (6): Que en la notificación de la decisión tomada consistente en la expulsión de la Academia Militar de Aviación “Cap. Roberto Raúl Barahona Lagos con sede en Palmerola, departamento de Comayagua, hecha a los Alférez de Cadetes de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO Y CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, en el argumento legal aplicado en el presente caso, se observa la aplicación del Reglamento Interno Académico y Disciplinario de las Academias Militares de las Fuerzas Armadas de Honduras, publicado en el diario oficial La Gaceta no. 33270 de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, en su artículo 23, literal b) numeral 15, relativo a causas de cancelación de becas, siendo una de ellas la expulsión por faltas graves, siendo constitutiva de faltas graves el Fraude Académico, desvaneciéndose así la supuesta violación a garantías constitucionales expuestas por el recurrente y habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración a un debido proceso, ello porque la Constitución de la Republica en el artículo 274 dispone: “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento…”. En ese orden de ideas la resolución dictada por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, está dictada en apego estricto a las normas preestablecidas para dichos procedimientos. (Lo negrito es nuestro) CONSIDERANDO (7): Que en relación a los Alférez de Cadetes de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, JOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA y LEDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, esta Sala de lo Constitucional dicto sentencia en el Recurso de Amparo Administrativo (Acumulados) No. 753, 754, 755 y 756=2018 de fecha 19 de agosto de 2019, en la cual “FALLA: DENEGANDO los Recursos de Amparo interpuestos por los señores YOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE a favor de SI MISMOS (Registros No. 753, 754, 755 y 756-2018 respectivamente), Todos contra actuaciones de la ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN, consistentes según los recurrentes a una notificación de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, en donde se les informa a los Alféreces de Cadete de Vuelo, del Cuarto Año de la Promoción 2015-A YOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, su expulsión por falta grave…”; En relación al Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, esta Sala de lo Constitucional dicto sentencia en fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve en el Amparo Administrativo No. 773-2018, en el cual “FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el señor Marcos Moisés Argueta Aguilera a favor de Sí Mismo, en su condición de Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la Promoción 2015-A de la Academia Militar de Aviación “Capitán Roberto Raúl Barahona Lagos”, ubicada en Palmerola, departamento de Comayagua, contra actuaciones de la Dirección de la Academia Militar de Aviación, a través de su Director el Teniente Coronel de Aviación Jaime Leonel Brito Hernández, …”; Si bien es cierto en el presente Recurso de Amparo el impetrante plantea argumentos diferentes a los planteados en los recursos ya conocidos por esta Sala, ya se estableció en el considerando que precede, que habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración de garantías constitucionales a las que alude la pedidora en el presente recurso, lo anterior con fundamento en el artículo 274 de la Constitución de la Republica como ya se indicó. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso, debido proceso que les fue respetado a los ahora recurrentes al habérseles citados a los mismos, a la comparecencia de la audiencia y su desarrollo, donde se les expresó el motivo de la misma, así como se les informo de los hechos que se les reprochan, su calificación de falta grave y se les dio la oportunidad para que plantearan todo lo que estimasen procedente, procurando el derecho de defensa que les asiste y con ello el debido proceso
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (6): Que en la notificación de la decisión tomada consistente en la expulsión de la Academia Militar de Aviación “Cap. Roberto Raúl Barahona Lagos con sede en Palmerola, departamento de Comayagua, hecha a los Alférez de Cadetes de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO Y CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, en el argumento legal aplicado en el presente caso, se observa la aplicación del Reglamento Interno Académico y Disciplinario de las Academias Militares de las Fuerzas Armadas de Honduras, publicado en el diario oficial La Gaceta no. 33270 de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, en su artículo 23, literal b) numeral 15, relativo a causas de cancelación de becas, siendo una de ellas la expulsión por faltas graves, siendo constitutiva de faltas graves el Fraude Académico, desvaneciéndose así la supuesta violación a garantías constitucionales expuestas por el recurrente y habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración a un debido proceso, ello porque la Constitución de la Republica en el artículo 274 dispone: “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento…”. En ese orden de ideas la resolución dictada por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, está dictada en apego estricto a las normas preestablecidas para dichos procedimientos. (Lo negrito es nuestro) CONSIDERANDO (7): Que en relación a los Alférez de Cadetes de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, JOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA y LEDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, esta Sala de lo Constitucional dicto sentencia en el Recurso de Amparo Administrativo (Acumulados) No. 753, 754, 755 y 756=2018 de fecha 19 de agosto de 2019, en la cual “FALLA: DENEGANDO los Recursos de Amparo interpuestos por los señores YOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE a favor de SI MISMOS (Registros No. 753, 754, 755 y 756-2018 respectivamente), Todos contra actuaciones de la ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN, consistentes según los recurrentes a una notificación de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, en donde se les informa a los Alféreces de Cadete de Vuelo, del Cuarto Año de la Promoción 2015-A YOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, su expulsión por falta grave…”; En relación al Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, esta Sala de lo Constitucional dicto sentencia en fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve en el Amparo Administrativo No. 773-2018, en el cual “FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el señor Marcos Moisés Argueta Aguilera a favor de Sí Mismo, en su condición de Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la Promoción 2015-A de la Academia Militar de Aviación “Capitán Roberto Raúl Barahona Lagos”, ubicada en Palmerola, departamento de Comayagua, contra actuaciones de la Dirección de la Academia Militar de Aviación, a través de su Director el Teniente Coronel de Aviación Jaime Leonel Brito Hernández, …”; Si bien es cierto en el presente Recurso de Amparo el impetrante plantea argumentos diferentes a los planteados en los recursos ya conocidos por esta Sala, ya se estableció en el considerando que precede, que habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración de garantías constitucionales a las que alude la pedidora en el presente recurso, lo anterior con fundamento en el artículo 274 de la Constitución de la Republica como ya se indicó. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso, debido proceso que les fue respetado a los ahora recurrentes al habérseles citados a los mismos, a la comparecencia de la audiencia y su desarrollo, donde se les expresó el motivo de la misma, así como se les informo de los hechos que se les reprochan, su calificación de falta grave y se les dio la oportunidad para que plantearan todo lo que estimasen procedente, procurando el derecho"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 274 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Daniel Oscar Rivera Mena, a favor de los señores Cristian Alberto Castro Manueles, Eric Alberto Padilla Rivera, Marcos Moisés Argueta Aguilera, Manuel José Martínez Castillo, Ludwin Geovanny Elvir Ponce, Yohan Ulises Reyes Rosales, Dagoberto Rivera Cabrera y Otros, manifestando el recurrente que la acción de amparo se interpone en contra de la resolución administrativa No.012-2019 emitida por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación, con relación a la expulsión de sus patrocinados de la Academia Militar de Aviación. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal, el Abogado Daniel Oscar Rivera Mena, interponiendo acción de amparo a favor de los señores Cristian Alberto Castro Manueles, Eric Alberto Padilla Rivera, Marcos Moisés Argueta Aguilera, Manuel José Martínez Castillo, Ludwin Geovanny Elvir Ponce, Yohan Ulises Reyes Rosales, Dagoberto Rivera Cabrera y Otros, manifestando el recurrente que la acción de amparo se interpone en contra de la resolución administrativa No.012-2019 emitida por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación, con relación a la expulsión de sus representados de la Academia Militar de Aviación. (Folios 1-6 del recurso) 2) En fecha siete de enero del año dos mil veinte, compareció ante esta Sala, la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales, presentando escrito de “personamiento.- se acompaña copia de poder general para pleitos”, actuando en su condición de apoderada legal de los señores Cristian Alberto Castro Manueles, Eric Alberto Padilla Rivera, Marcos Moisés Argueta Aguilera, Manuel José Martínez Castillo, Ludwin Geovanny Elvir Ponce, Johan Ulises Reyes Rosales y Dagoberto Rivera Cabrera. (Folio 9 del recurso) 3) En fecha trece de enero del año dos mil veinte, esta Sala, dispuso: 1° Admitir el escrito presentado y tener por personado en legal y debida forma a la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales en la condición en que actúa; 2° Tener por revocado el poder con que actuaba el Abogado Daniel Oscar Rivera Mena y 3° Se ordena continuar con el procedimiento de ley correspondiente. (Folio 13 del recurso) 4) Que en fecha seis de febrero del año dos mil veinte, este alto Tribunal, una vez realizada la subsanación correspondiente, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Daniel Oscar Rivera Mena, a favor de los señores Cristian Alberto Castro Manueles, Eric Alberto Padilla Rivera, Marcos Moisés Argueta Aguilera, Manuel José Martínez Castillo, Ludwin Geovanny Elvir Ponce, Yohan Ulises Reyes Rosales y Dagoberto Rivera Cabrera; en consecuencia, se libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (2) días hábiles remitieran los antecedentes del caso. (Folio 17 del recurso) 5) Que en fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, ésta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No.012-2019, emitida por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de la Secretaría General; de la cual se desprende su parte dispositiva en la que se resolvió: 1. Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DANIEL OSCAR RIVERA MENA, actuando en su condición de Apoderado Legal de los ex Alféreces de Cadete de Vuelo CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, MANUEL JOSÉ MARTINEZ CASTILLO Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, por haberse dictado la resolución conforme a derecho. 2. Que la Secretaría General del Estado Mayor Conjunto, notifique a la parte recurrente en legal y debida forma. 3. Que la Secretaría General del Estado Mayor Conjunto, proceda a insertar la original de esta Resolución en el expediente que al efecto corre en las presentes diligencias, dejando constancia que se está resolviendo en tiempo y forma. NOTIFIQUESE. (Folios 79-83 del antecedente) 6) En fecha veintinueve de octubre del año dos mil veinte, remitidos que fueron los antecedentes del recurso de mérito, se ordenó dar la vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para que formalizara su petición. (Folio 31 del recurso de amparo) 7) En fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, el escrito presentado por la Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales, en su condición antes indicada, en consecuencia, se dispuso dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 41 del recurso de amparo) 8) Que esta Sala, en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta Representación Fiscal no aprecia la vulneración de los derechos de defensa y principio de presunción de inocencia alegados por la recurrente, al haberse acreditado en autos que la actuación administrativa del órgano de control académico no vulneró los derechos constitucionales invocados por la amparista, por cuanto los ex Alférez de Cadete fueron debidamente citados al Consejo Académico por la comisión de falta grave tipificada como Fraude Académico, así como en el desarrollo de la audiencia se les informó sobre los hechos que se les reprochan, su calificación en Falta Grave, se les dio la oportunidad para que plantearan todo lo que estimaran procedente, la resolución está sustentada conforme el ordenamiento jurídico que rige las Academias Militares de Honduras e interpusieron los recurso que les reconoce la ley; procurando con todo ello asegurarles el derecho de defensa y consecuentemente al derecho a un debido proceso. Conforme a lo antes expuesto, el Ministerio Público aprecia que el acto impugnado por el amparista mediante la presente garantía constitucional de amparo, tiene su génesis en un proceso disciplinario que ya fue conocido y decidido por la Sala Constitucional en otras acciones de amparo, de manera que sería conocer nuevamente lo fallado por ese máximo Tribunal, por lo que el presente asunto se subsume en el supuesto comprendido en el numeral 2) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda el sobreseimiento de las diligencias de mérito. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE SOBRESEA la presente acción de amparo, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 45-48 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que se conoce la presente acción de Amparo interpuesta, según lo manifiesta el recurrente, en contra de la resolución N° 012-2019, emitida en fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, que declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Daniel Oscar Rivera Mena, a favor de los ex Alféreces de Cadetes de Vuelo, CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, contra una resolución dictada por la Academia Militar de Aviación, mediante la cual ordena su “EXPULSION por la falta grave cometida como ser FRAUDE ACADEMICO…”. CONSIDERANDO (3): Que expone el recurrente en el escrito de interposición del recurso, que dicha resolución vulnera a sus representados el derecho de defensa ya que en una audiencia de descargo inmediata no se les permitió prueba en su defensa, los expulsados no pudieron defenderse, se aplicaron los reglamentos sin ser oídos. En dicha resolución para ellos está probado el Fraude, sin haber escuchado los argumentos en su defensa de parte de los cadetes expulsados, lo que es una clara violación al debido proceso, pues no aplicaron los procedimientos establecidos en la Ley Administrativa que concede a las partes la aplicación de una corriente procesal y en derecho a defenderse, ley que por ser una ley general esta por encima en jerarquía procesal de reglamentos que vulneran el debido proceso. Arguye el recurrente que su objetivo es lograr de la Academia Militar de Aviación la suspensión de la expulsión de sus poderdantes y se les inicie un proceso administrativo y defensa de los cadetes expulsados. Así en el escrito de formalización del recurso la recurrente ratifica el escrito, argumentando que se violenta el debido proceso pues se emite una resolución en la cual expresa que los expulsaba a unos por fraude y a otros por intento de fraude, la cual es confirmada por el Estado Mayor Conjunto, soslayando el paso obligatorio de tener que acudir a otra instancia para que determine la responsabilidad administrativa, pues no se está juzgando con las debidas garantías; arguye además violación al principio de presunción de inocencia que forma parte del debido proceso, pues el rigor y la violencia estatal desplegada por el órgano militar es a partir de la resolución emitida por la Academia Militar, sin la concurrencia de las exigencias del artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que en el expediente administrativo enviado de la Academia Militar de Aviación “Cap. Roberto Raúl Barahona Lagos con sede en Palmerola, departamento de Comayagua, mismo que carece de número de expediente asignado y de la respectiva enumeración de los folios, consta la cedula de citación realizada por el secretario del Consejo Académico, realizada al Alférez de Cadete de Vuelo MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO, para ser sometido al Consejo Académico, por suponerlo responsable de la falta tipificada como FRAUDE ACADEMICO, la cual fue recibida por el mismo agraviado en fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho; consta informe rendido por al Alférez de Cadete de Vuelo MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO; consta el ACTA DE TRABAJO No. 071-09-2018 de fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho, que se le hizo al Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO, y en fecha 10 de octubre del dos mil dieciocho consta la notificación por parte de la Dirección de la Academia Militar de Aviación en la cual consta la decisión tomada, siendo ésta la expulsión, a partir de ese mismo día miércoles diez de octubre de dos mil dieciocho, por haberse acreditado la comisión de la falta de fraude académico, en la materia TEORIA DE VUELOS POR INSTRUMENTOS I. CONSIDERANDO (5): Que en el mismo expediente administrativo, consta la cedula de citación realizada por el secretario del Consejo Superior, realizada al Alférez de Cadete de Vuelo CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, para ser sometido al Consejo Superior, por suponerlo responsable de la falta tipificada como FRAUDE ACADEMICO, la cual fue recibida por el mismo agraviado; consta informe rendido por al Alférez de Cadete de Vuelo CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, en fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciocho; consta el ACTA DE TRABAJO No. 080-10-2018 de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, que se le hizo al Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, y en fecha diecinueve de octubre del dos mil dieciocho consta la notificación por parte del Consejo Superior de la Dirección de la Academia Militar de Aviación en la cual consta la decisión tomada, siendo ésta la expulsión, a partir de ese mismo día viernes diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por haberse acreditado la comisión de la falta de fraude académico, en la materia TEORIA DE VUELOS POR INSTRUMENTOS I. Debe asumirse que dicha resolución hace referencia a la expulsión definitiva de la Academia Militar de Aviación “Cap. Roberto Raúl Barahona Lagos con sede en Palmerola, departamento de Comayagua. CONSIDERANDO (6): Que en la notificación de la decisión tomada consistente en la expulsión de la Academia Militar de Aviación “Cap. Roberto Raúl Barahona Lagos con sede en Palmerola, departamento de Comayagua, hecha a los Alférez de Cadetes de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO Y CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, en el argumento legal aplicado en el presente caso, se observa la aplicación del Reglamento Interno Académico y Disciplinario de las Academias Militares de las Fuerzas Armadas de Honduras, publicado en el diario oficial La Gaceta no. 33270 de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, en su artículo 23, literal b) numeral 15, relativo a causas de cancelación de becas, siendo una de ellas la expulsión por faltas graves, siendo constitutiva de faltas graves el Fraude Académico, desvaneciéndose así la supuesta violación a garantías constitucionales expuestas por el recurrente y habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración a un debido proceso, ello porque la Constitución de la Republica en el artículo 274 dispone: “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento…”. En ese orden de ideas la resolución dictada por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, está dictada en apego estricto a las normas preestablecidas para dichos procedimientos. (Lo negrito es nuestro) CONSIDERANDO (7): Que en relación a los Alférez de Cadetes de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, JOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA y LEDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, esta Sala de lo Constitucional dicto sentencia en el Recurso de Amparo Administrativo (Acumulados) No. 753, 754, 755 y 756=2018 de fecha 19 de agosto de 2019, en la cual “FALLA: DENEGANDO los Recursos de Amparo interpuestos por los señores YOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE a favor de SI MISMOS (Registros No. 753, 754, 755 y 756-2018 respectivamente), Todos contra actuaciones de la ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN, consistentes según los recurrentes a una notificación de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, en donde se les informa a los Alféreces de Cadete de Vuelo, del Cuarto Año de la Promoción 2015-A YOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA Y LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, su expulsión por falta grave…”; En relación al Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, esta Sala de lo Constitucional dicto sentencia en fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve en el Amparo Administrativo No. 773-2018, en el cual “FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el señor Marcos Moisés Argueta Aguilera a favor de Sí Mismo, en su condición de Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la Promoción 2015-A de la Academia Militar de Aviación “Capitán Roberto Raúl Barahona Lagos”, ubicada en Palmerola, departamento de Comayagua, contra actuaciones de la Dirección de la Academia Militar de Aviación, a través de su Director el Teniente Coronel de Aviación Jaime Leonel Brito Hernández, …”; Si bien es cierto en el presente Recurso de Amparo el impetrante plantea argumentos diferentes a los planteados en los recursos ya conocidos por esta Sala, ya se estableció en el considerando que precede, que habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración de garantías constitucionales a las que alude la pedidora en el presente recurso, lo anterior con fundamento en el artículo 274 de la Constitución de la Republica como ya se indicó. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso, debido proceso que les fue respetado a los ahora recurrentes al habérseles citados a los mismos, a la comparecencia de la audiencia y su desarrollo, donde se les expresó el motivo de la misma, así como se les informo de los hechos que se les reprochan, su calificación de falta grave y se les dio la oportunidad para que plantearan todo lo que estimasen procedente, procurando el derecho de defensa que les asiste y con ello el debido proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 80, 82, 90, 94, 274, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 Numeral 2), 5, 7, 9 Numeral 2), 41, 45, 63, 72, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Daniel Oscar Rivera Mena, en su condición de apoderado legal de los señores YOHAN ULISES REYES ROSALES, DAGOBERTO RIVERA CABRERA, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA, LUDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA y CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, en su condición de Alférez de Cadete de Vuelo de cuarto año de la Promoción 2015-A de la Academia Militar de Aviación “Capitán Roberto Raúl Barahona Lagos”, ubicada en Palmerola, departamento de Comayagua, contra actuaciones de la Dirección de la Academia Militar de Aviación, a través de su Director el Teniente Coronel de Aviación Jaime Leonel Brito Hernández, mediante la cual se les expulsa por la falta grave de Fraude Académico tomada por el Consejo Académico de la Academia Militar de Aviación “Capitán Roberto Raúl Barahona Lagos”, ubicada en Palmerola, departamento de Comayagua; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JOSÉ ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, actuando en representación de los señores CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, MANUEL JOSÉ MARTINEZ CASTILLO, LEDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, DAGOBERTO RIVERA CABRERA y JOHAN ULISES REYES ROSALES; contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha primero (01) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), y por la cual se falla denegando el recurso de amparo interpuesto a favor de los señores CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, MANUEL JOSÉ MARTINEZ CASTILLO, LEDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, DAGOBERTO RIVERA CABRERA y JOHAN ULISES REYES ROSALES, contra la resolución administrativa No.012-2019 emitida por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019). CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecia de la misma que ésta funda su recurso arguyendo que la resolución administrativa No.012-2019 emitida por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve un recurso de Apelación interpuesto contra las resoluciones de fecha dos y diez de octubre del dos mil dieciocho, dictada por la Academia Militar de Aviación con sede en Palmerola, departamento de Comayagua, mediante las cuales expulsan a los señores CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, MANUEL JOSÉ MARTINEZ CASTILLO, LEDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, DAGOBERTO RIVERA CABRERA y JOHAN ULISES REYES ROSALES, de dicha Academia, es violatoria de garantías constitucionales del derecho de defensa, puesto que no se les ha permitido defenderse en el ámbito administrativo, al debido proceso pues no se permitió acudir a otra instancia para que determine la responsabilidad administrativa. Argumenta la pedidora que los argumentos utilizados por el Estado Mayor Conjunto, para expulsar a los jóvenes ex cadetes no tiene justificación alguna, por lo tanto con su razonamiento se produce una clara vulneración al derecho al estado de inocencia de sus representados y al derecho a la educación que tiene todo hondureño. Por ser resoluciones violatorias de derechos fundamentales solicita se reponga la Sentencia en cuestión y se otorgue el amparo. CONSIDERANDO (4): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) que corre agregada en autos, se establece claramente en el Considerando seis (6) y siete (7), las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, es oportuno señalar a la recurrente que dentro de esos argumentos la Sala ha dejado claramente establecido que: (Sic) “Que en la notificación de la decisión tomada consistente en la expulsión de la Academia Militar de Aviación “Cap. Roberto Raúl Barahona Lagos con sede en Palmerola, departamento de Comayagua, hecha a los Alférez de Cadetes de Vuelo de cuarto año de la promoción 2015-A, MANUEL JOSE MARTINEZ CASTILLO y CRISTIAN ALBERTO CASTRO MANUELES, en el argumento legal aplicado en el presente caso, se observa la aplicación del Reglamento Interno Académico y Disciplinario de las Academias Militares de las Fuerzas Armadas de Honduras, publicado en el diario oficial La Gaceta no. 33270 de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, en su artículo 23, literal b) numeral 15, relativo a causas de cancelación de becas, siendo una de ellas la expulsión por faltas graves, siendo constitutiva de faltas graves el Fraude Académico, desvaneciéndose así la supuesta violación a garantías constitucionales expuestas por el recurrente y habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración a un debido proceso, ello porque la Constitución de la Republica en el artículo 274 dispone: “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento…”. En ese orden de ideas la resolución dictada por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve, está dictada en apego estricto a las normas preestablecidas para dichos procedimientos.”. En relación a los jóvenes ERIC ALBERTO PADILLA RIVERA, MARCOS MOISES ARGUETA AGUILERA, LEDWIN GEOVANNY ELVIR PONCE, DAGOBERTO RIVERA CABRERA y JOHAN ULISES REYES ROSALESE el Considerando SIETE establece “…Si bien es cierto en el presente Recurso de Amparo el impetrante plantea argumentos diferentes a los planteados en los recursos ya conocidos por esta Sala, ya se estableció en el considerando que precede, que habiéndose basado la resolución impugnada en la aplicación de normativa previamente establecida y vigente, estima esta Sala de lo Constitucional que el hecho alegado no es constitutivo de vulneración de garantías constitucionales a las que alude la pedidora en el presente recurso, lo anterior con fundamento en el artículo 274 de la Constitución de la Republica como ya se indicó.” Ante ello y por disposición constitucional, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras ha resuelto y aplicado la normativa previamente establecida y vigente, por la cual ha de regirse.- Así las cosas esta Sala considera que no existen razones para proceder a la enmienda de la Sentencia dictada en fecha primero de Septiembre del año dos mil veintiuno. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redacto la Magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JOSÉ ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fechas uno y veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1031-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL