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Sentencia AA-06-21 — Registro 13630

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo la Sentencia que decretó la nulidad absoluta de la resolución con relación a la Demanda ordinaria para que se declarara la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo. Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los artículos 64 Y 82 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…. “CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala es del criterio, que si bien no se discute la facultad de los órganos de alzada contenidas en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil que a la letra dice “… el órgano jurisdiccional deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”, también no es cierto que esta norma no puede ser aplicada de manera aislada, es decir ese artículo tiene que ser entendido y aplicado de manera sistemática y en armonía con los demás preceptos del Código Procesal Civil, en ese sentido el artículo 214.3 del referido Código, es claro en señalar con números clausus cuales son los motivos de nulidad que de manera oficiosa puede observar el tribunal de alzada en un recurso de apelación.- En el presente caso de autos el motivo de nulidad observado por pate de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no se encuentra dentro de dicho catalogo y por consiguiente es inaplicable la facultad contenida en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil, ya que la sentencia en un recurso de apelación tal y como lo menciona ese mismo artículo en el numeral 1, el Tribunal que resuelve el recurso solo puede decidir en relación con los pronunciamientos recurridos por las partes, encontrándose sujeto a los motivos alegados por el recurrente.- En este caso, de la lectura del escrito de interposición de la apelación y sobre todo de la pretensión del mismo, no se desprende que se pida la nulidad de la sentencia y por lo tanto el Tribunal de Alzada no puede decretar una nulidad de manera oficiosa que fuera de los supuestos del artículo 214 del Código Procesal Civil no se le han pedido, pues como ya se dijo la facultad contenida en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil encuentra su límite de acción precisamente en los artículos 214.3 y 701.1 del mencionado Código, por lo tanto esta sala es del criterio que se declare con lugar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, a favor del señor CESAR AUGUSTO LOPEZ CANALES, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha ocho (8) de agosto del dos mil veinte (2020), que decretó la Nulidad Absoluta de la resolución de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la Demanda promovida por el señor CESAR AUGUSTO LOPEZ CANALES, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS.- Estimando el recurrente, que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los artículos 64 Y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil siete (2007), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, actuando en condición de Apoderado Legal del señor CESAR AUGUSTO LOPEZ CANALES, interponiendo Demanda Ordinaria para que se declarara la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por el Banco Central de Honduras, reconocimiento de una situación Jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios quebrantamiento de formalidades esenciales abusos y desviación de poder, y la reserva de actuaciones.- (Folios 1 al 7 de la pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado, dictó su Resolución, mediante la cual Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción incoada por el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, en su condición propia y como apoderado legal del señor CESAR AUGUSTO LOPEZ CANALES, por encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución N° 225-6/11 de fecha 9 de junio del año 2011, emitida por e Banco Central de Honduras, a la cual se le presento el Recurso de Apelación, el que de acuerdo al demandante le opero la afirmativa ficta.- SEGUNDO: CONFIRMAR en toda y cada una de sus partes dicha resolución.-TERCERO: Que contra la presente Sentencia Definitiva, se podrá interponer el Recurso de Apelación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación debiendo de expresar en dicho escrito los respectivos agravios…”.-(Folios 184–194 de la Pieza del Juzgado) 3) Que acto seguido, no estando conforme con lo resuelto anteriormente, el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ, actuando en su condición de apoderado legal del señor CESAR AUGUSTO LOPEZ CANALES, interpuso el respectivo Recurso de Apelación; en consecuencia, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha ocho (8) de agosto del año dos mil veinte (2020), dictó Sentencia mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar NULIDAD ABSOLUTA la sentencia de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018) emitida por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en la pieza principal con orden de ingreso número 0801-2011-00380, de la demanda promovida por el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del BANCO CENTRAL DE HONDURAS.- SEGUNDO: Declarar INADMISIBLE la acción por apreciar de oficio este Tribunal que el escrito de la demanda adolece de defecto formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”.(Folio 9–17 de la pieza de Corte de Apelaciones) 4) Que el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS, compareció ante este Tribunal en fecha seis (6) de enero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del señor CESAR AUGUSTO LOPEZ CANALES, contra la Sentencia de fecha ocho (8) de agosto de dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64 y 82 de la Constitución de la República; teniendo la Sala, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). (Folios 33 de la presente Recurso) 5) Que en fecha quince (15) de junio de dos mil veintiuno(2021), la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido su dictamen a través de su Fiscal, abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en virtud que la resolución recurrida no vulnera los derechos constitucionales invocadas por la recurrente.” (Folios 43-48 del presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se esta conociendo la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ BANEGAS a favor del señor CESAR AUGUSTO LOPEZ CANALES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de fecha ocho (8) de agosto de dos mil veinte (2020), declarando la nulidad absoluta de la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán el doce (12) de junio de dos mil dieciocho (2018), en la demanda ordinaria promovida en su momento por el señor Cesar Augusto López Canales, en contra del Banco Central de Honduras. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, que se le ha violentado el derecho a la defensa y el debido proceso, al considerar que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que se recurre en el presente recurso de amparo, le establece que la demanda adolece de defectos formales que le impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, sin precisar cuáles son esas graves y fatales dolencias de la demanda, dolencias que refiere no detecto el Juez Aquo cuando le dio curso a la demanda y tampoco fueron indicadas en la sentencia de defensas previas y en la sentencia de primera instancia, sin embargo aduce que el tribunal de alzada para no entrar al fondo del asunto, y no garantizar la tutela efectiva de los derechos de los administrados, establece que supuestamente hay defectos formales que ponen fin al juicio. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha diez de junio de dos mil veintiuno, en el sentido que no se otorgue la presente acción de amparo, en vista que de la motivación expuesta por el Tribunal de Alzada se encuentra ajustada a derecho y cumple con la función revisora que le manda la norma procesal civil, en cuanto dispone que el Recurso de Apelación tiene por objeto realizar una revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, que le permita lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como el cumplimiento de las garantías del proceso, en ese orden de ideas se estima que la sentencia impugnada, no conculca los artículos citados como infringidos en la presente garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, sin embargo debemos entender que esta obligación tiene que ser dentro de la legalidad; y esta Sala es la interprete ultima de la Constitución. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establecen los Artículos 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los Artículos 200, 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala es del criterio, que si bien no se discute la facultad de los órganos de alzada contenidas en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil que a la letra dice “… el órgano jurisdiccional deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”, también no es cierto que esta norma no puede ser aplicada de manera aislada, es decir ese artículo tiene que ser entendido y aplicado de manera sistemática y en armonía con los demás preceptos del Código Procesal Civil, en ese sentido el artículo 214.3 del referido Código, es claro en señalar con números clausus cuales son los motivos de nulidad que de manera oficiosa puede observar el tribunal de alzada en un recurso de apelación.- En el presente caso de autos el motivo de nulidad observado por pate de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no se encuentra dentro de dicho catalogo y por consiguiente es inaplicable la facultad contenida en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil, ya que la sentencia en un recurso de apelación tal y como lo menciona ese mismo artículo en el numeral 1, el Tribunal que resuelve el recurso solo puede decidir en relación con los pronunciamientos recurridos por las partes, encontrándose sujeto a los motivos alegados por el recurrente.- En este caso, de la lectura del escrito de interposición de la apelación y sobre todo de la pretensión del mismo, no se desprende que se pida la nulidad de la sentencia y por lo tanto el Tribunal de Alzada no puede decretar una nulidad de manera oficiosa que fuera de los supuestos del artículo 214 del Código Procesal Civil no se le han pedido, pues como ya se dijo la facultad contenida en el artículo 701.3 del Código Procesal Civil encuentra su límite de acción precisamente en los artículos 214.3 y 701.1 del mencionado Código, por lo tanto esta sala es del criterio que se declare con lugar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DOCE (12): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se otorgue el amparo venido en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 214.3 Y 701.1 y 3, todos del Código Procesal Civil; 1 y 1421 del Código Civil; 1, 121 y 141 de la Ley del Sistema Financiero Nacional; FALLA: OTORGANDO el RECURSO DE AMPARO, revocando la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, de fecha ocho de agosto de dos mil veinte; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-0006-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL