Sentencia RI-40-14 — Registro 11493
Resumen
Artículo 247 párrfo segundo del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo No 9-99-E en relación al Artículo 88 de la Constitución de la República; se concluyó que no hay confrontación entre las dispocisiones en virtud que el legislador previó el control jurisdiccional en las actuaciones periciales, así como el respeto del drecho de defensa que le asiste al acusado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."en el proceso penal la búsqueda de la verdad conlleva la actividad, investigativa y probatoria ante el órgano jurisdiccional, a fin de que el Estado ejercite el ius puniendi, dentro de las garantías y respeto de los derechos del imputado, en ese orden de ideas si bien el derecho a rendir declaración por parte del imputado es personalísimo, ya que constitucionalmente no está obligado a declarar, también es cierto que siendo sometido a proceso, deberá tener un nivel de tolerancia de la injerencia estatal, siempre que para ello exista el control jurisdiccional, que garantizan el respeto a la dignidad humana y demás derechos inherentes al imputado. Ello en consideración a que los derechos de las personas no son absolutos, (salvo el derecho a la vida), lo que implica el razonamiento y la proporcionalidad cuando se pretenden pruebas provenientes del imputado. Debiendo considerarse solamente en aquellos casos que resulten absolutamente necesarios, como se ha dicho, sin quebrantar los derechos del imputado, obviamente mediando el control jurisdiccional y el libre ejercicio del derecho de defensa del acusado, ejercitado a través del Abogado Defensor quien en todo momento deberá velar por el respeto de los derechos fundamentales de su representado, en ese orden de ideas si la diligencia investigativa no compromete los derechos del acusado, deberá tolerar la injerencia estatal, a fin de darle prosecución al proceso y arribar a una sentencia justa..."..."el precepto legal impugnado no confrontan las garantías y libertades reconocidas y protegidas en la Constitución, toda vez que su aplicación requiere el control jurisdiccional con absoluto respeto a los derechos inherentes al imputado, y la respuesta obligada que se le debe a la o las víctimas en el proceso penal, de acuerdo a los principios de Legalidad, Proporcionalidad, razonabilidad, dentro de la base constitucional del Estado de Derecho; de todo lo cual, esta Sala estima la improcedencia de la declaratoria de inconstitucionalidad, ya citado artículo 247 párrafo segundo del Código Procesal Penal, no confronta el artículo 88 constitucional, en relación con el principio de no autoincriminación, en virtud de que el legislador ha previsto el control jurisdiccional en las actuaciones periciales, así como el respeto y garantía del derecho de defensa que le asiste al acusado..."..."esta Sala de lo Constitucional concluye que el artículo 247 párrafo Segundo del Código Procesal penal no entra en conflicto, ni quebrantan los derechos invocados por el recurrente, tal como ha quedado expuesto en los considerandos que anteceden. En consecuencia, no procede la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 102 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 185 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el Abogado HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE ORLANDO MORALES OSORIO, contra el ARTICULO 247 PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO PROCESAL PENAL, EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, aplicado en la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013); por considerar el recurrente que la referida norma jurídica entra en contradicción con lo establecido en el artículo 88 de la Constitución de la República, en relación a la causa instruida contra el señor JOSE ORLANDO MORALES OSORIO por suponerlo responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio del señor PABLO BOTTO. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KARLA SUYAPA ZAVALA BARAHONA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando solicitud de autorización judicial para obtener registros telefónicos e intervención telefónica de escuchas de la Empresa de Telefonía Celular Tigo. 2) Que continuado que fue el trámite en fecha siete (7) de mayo del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KARLA SUYAPA ZAVALA BARAHONA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores JOSE ORLANDO MORALES OSORIO (HABIDO), ELIAS MENDOZA CHACON y OSMANI ALEXIS BAQUEDANO, por suponerlos responsables de la comisión del delito de SECUESTRO en perjuicio del señor PABLO ANDONIE BOTTO. (Folios 79 al 83 del Tomo I de la pieza de los antecedentes).
- Que celebrada la audiencia inicial contra los imputados JOSE ORLANDO MORALES OSORIO, OSMANI ALEXIS BAQUEDANO y ELIAS MENDOZA CHACON, en fechas doce (12) y trece (13) de mayo del año dos mil nueve (2009), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha trece (13) de mayo del año dos mil nueve (2009), mediante la cual decretó: (sic) “I). AUTO DE PRISIÓN contra JOSE ORLANDO MORALES OSORIO, OSMANI ALEXIS BAQUEDANO y ELIAS MENDOZA CHACON, a quienes se les supone responsables por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de PABLO ANDONIE BOTTO.- Hecho que se suscitó en fecha veintitrés de abril del presente año, frente al Instituto San Miguel, de esta ciudad capital. II). Imponerle a los referidos imputados la Medida Cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional ubicada en la Aldea de Támara, Departamento de Francisco Morazán, separado de las personas condenadas, para lo cual debe librarse atento oficio al señor Director de dicho Centro Penitenciario; Medida que se impone con carácter provisional y se mantendrá hasta que se celebre la el Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase hasta esa etapa procesal, pudiendo sustituirse por otra u otras menos gravosas, en caso de acreditarse que han desaparecido los presupuestos que la originaron.- Que si bien es cierto que los señores OSMANI ALEXIS BAQUEDANO y ELIAS MENDOZA CHACON son policías, pero el delito fue cometido no en el ejercicio de sus funciones. III). Se ordena girar cuantas ordenes de captura y exhortos sean necesarios contra los señores FREDY CARIAS NAJERA, MARIO ROBERTO ESPINAL y JOSE RAMON MARADIAGA CERRATO, quienes una vez habidos deberán prestar o no su declaración, todo con la debida asistencia técnica…. (Folios 126 al 148 del Tomo I de la pieza de los antecedentes). 4) Que continuado que fue el proceso en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil nueve (2009), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia inicial contra el imputado JOSE RAMON MARADIAGA CERRATO, en la cual decretó: (sic) “I). AUTO DE PRISIÓN contra JOSE RAMON MARADIAGA CERRATO, de generales ya conocidas a quien se le sigue proceso por el delito de CÓMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de PABLO ANDONIE BOTTO.- II). Imponerle a los referido imputado la Medida Cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional ubicada en la Aldea de Támara, Departamento de Francisco Morazán, separado de las personas condenadas, para lo cual debe librarse atento oficio al señor Director de dicho Centro Penitenciario; Medida que se impone con carácter provisional y se mantendrá hasta que se celebre la el Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase hasta esa etapa procesal, pudiendo sustituirse por otra u otras menos gravosas, en caso de acreditarse que han desaparecido los presupuestos que la originaron.”. (Folios 385 al 396 y 406 al 417 del Tomo II de la pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diez (2010), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia inicial contra el imputado MARIO ROBERTO ESPINAL GUTIERREZ, en la cual decretó: (sic) “I). AUTO DE PRISIÓN contra MARIO ROBERTO ESPINAL, de generales ya conocidas a quien se le sigue proceso por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de PABLO ANDONIE BOTTO.- II). Imponerle a los referido imputado la Medida Cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional ubicada en la Aldea de Támara, Departamento de Francisco Morazán, separado de las personas condenadas, para lo cual debe librarse atento oficio al señor Director de dicho Centro Penitenciario; Medida que se impone con carácter provisional y se mantendrá hasta que se celebre la el Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase hasta esa etapa procesal, pudiendo sustituirse por otra u otras menos gravosas, en caso de acreditarse que han desaparecido los presupuestos que la originaron.”. (Folios 643 al 647 del Tomo II de la pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diez (2010), el Juzgado de letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, decretó auto de apertura a juicio en el proceso instruido contra los imputados José Orlando Morales, Osman Alexis Baquedano, Elías Mendoza y José Ramón Maradiaga por el delito de secuestro en perjuicio de Pablo Andonie Botto, habiendo sido recibidas las diligencias por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil once (2011). (Folios 679 al 681 y 732 del Tomo III de la pieza de los antecedentes). 7) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil once (2011), el Juzgado de letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, decretó auto de apertura a juicio en el proceso instruido contra el imputado Mario Roberto Espinal Gutiérrez por el delito de secuestro en perjuicio de Pablo Andonie Botto, habiendo sido recibidas las diligencias por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de agosto del año dos mil doce (2012). (Folios 1597 al 1599 y 1605 del Tomo IV de la pieza de los antecedentes). 8) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil diez (2010), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ, en su condición de Apoderado Defensor del señor MARIO ROBERTO ESPINAL GUTIERREZ, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diez (2010), la Corte de Apelaciones de lo Penal de este Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la resolución apelada. (Folios 1638 y 1639 del Tomo IV de la pieza de los antecedentes). 9) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil trece (2013), el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró audiencia de proposición de pruebas, en la cual resolvió admitir todos los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público incluyendo el medio de prueba denominado pericial 3) consistente en (sic) “SE SOLICITA SE JURAMENTE COMO PERITO A LA SEÑORA BLANCA YANETH LOPEZ GARCIA. Con número de identidad 0505-1980-00387 quien labora en el Departamento de Documentologia de Medicina a fin de que proceda a tomar muestras caligráficas al imputado José Orlando Morales a efecto de que realice prueba Documentologia consistente en la comparación de la letra del imputado con el manuscrito que se encuentra en la nota que le fue decomisada al imputado al momento de su detención la cual tiene la leyenda el millón de lempiras haselo un rollo y métetelo en………, etc..”. (Folios 1783 al 1791 del Tomo IV de la pieza de los antecedentes). 10) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE ORLANDO MORALES OSORIO, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad vía excepción, por razón de su contenido, contra el ARTÍCULO 247 PARRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL, aplicado en la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013); por considerar el recurrente que la referida norma jurídica entra en contradicción con lo establecido en el artículo 88 de la Constitución de la República. (Folios ver copia escrito entre folio 1838 y 1839 del Tomo IV de la pieza de los antecedentes). 11) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil catorce (2014), este Sala, recibió el recurso de inconstitucionalidad vía excepción interpuesto por el Abogado HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE ORLANDO MORALES OSORIO, contra el ARTÍCULO 247 PARRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL, mismo que fue admitido mediante auto de fecha veinte (20) de enero del año dos mil catorce (2014), omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, en virtud que el recurrente indicó que el presente recurso no va dirigido al procedimiento de su creación sino por razón de contenido de manera parcial contra el citado artículo, ordenándose en consecuencia dar traslado de los antecedentes por seis (6) días al Fiscal del Despacho para que emitiera su opinión en el asunto de mérito. (Folio 9 del expediente contentivo del recurso). 12) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil catorce (2014), el Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, se abstuvo de emitir dictamen en virtud que (sic) “La presenta causa se inició mediante actuaciones del Ministerio Publico en el ejercicio de sus atribuciones legales consignadas en el artículo 1 numeral 1 y artículo 16 numeral de la Ley del Ministerio Público, según consta en el expediente de mérito venido en estudio.”. (Folios 12 y 13 del expediente contentivo del recurso). CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la Garantía de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogará dicha norma. CONSIDERANDO (2): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Garantía de Inconstitucionalidad por vía de Excepción, por inaplicabilidad del segundo párrafo del artículo 247 del Código Procesal Penal, que confronta el artículo 88 de la Constitución de la República. Interpuesta en fecha 21 de noviembre del año dos mil trece, por el Abogado HECTOR EFRAIN FORTIN PAVON en su condición de representante procesal del señor JOSÉ ORLANDO MORALES OSORIO, a quien se supone responsable del delito de Secuestro. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente ha acreditado ante este alto Tribunal su interés legítimo, personal y directo, contando con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente HECTOR EFRAIN FORTIN PAVÓN, señala como motivo de inconstitucionalidad la vulneración a las siguientes garantías y derechos contenidas en la Constitución de la República, en su artículo 88 cuyo contenido está referido a que el imputado no está obligado a declarar contra sí mismo en asunto penal, ello en relación a lo prescrito en el artículo 247 en su párrafo segundo del Código Procesal penal. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente desarrolla el motivo de inconstitucionalidad de la siguiente manera: Por vulneración al artículo 88 constitucional en relación con el artículo 247 del mencionado Código Procesal Penal. Como PRIMER Y UNICO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: explica el impetrante como inconstitucionalidad de fondo, que el artículo 247 en su párrafo segundo contradice el artículo 88 constitucional, que contiene el principio de no estar obligado a declarar contra sí mismo en asunto penal. El articulo señalado como inconstitucional, literalmente dispone “Art. 247 Auxilio Judicial a los Peritos. El Juez a solicitud del Ministerio Público o de las partes, podrá ordenar la presentación o el secuestro de cosas y documentos, o la comparecencia de personas, si ello es necesario para llevar acabo las operaciones periciales. También se podrá requerir al imputado o a otras personas que escriban de su puño y letra lo que se le dicte, estampen su firma, graven su voz o realicen cualquier otro acto necesario para la pericia. Además, la referida orden podrá darla el fiscal en casos urgentes, si el asunto se encuentra en etapa de investigación. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente considera inconstitucional el segundo párrafo del artículo 247 del Código Procesal Penal en cuanto ordena imperativamente “que También se podrá requerir al imputado o a otra persona que escriban de su puño lo que se dicte, estampen su firma…” siendo estos dos actos los que considera inconstitucionales porque contravienen el artículo 88 constitucional que dice: “Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía a declarar contra sí mismo, señalando que el ámbito de protección de este principio constitucional se extiende no solo a declarar verbalmente en un juicio penal contra sí mismo, sino también a escribir para efecto de realizar una pericia que lo puede perjudicar, pues el objetivo buscado es que el imputado, no puede ser utilizado como objeto de prueba en contra de su voluntad, señalando que es obligación del Ministerio Público hacer llegar al juicio las pruebas que rompan su presunción de inocencia, ya que el imputado no está obligado a declarar en un proceso penal, solo podrá hacerlo si quiere, tampoco está obligado a generar un cuerpo de escritura sin su consentimiento para efectos de realizar una pericia que puede perjudicarlo, pues contradice el principio que lo exonera de producir prueba que pueda incriminarlo, señalando que por ello al iniciar el debate o en cualquier instancia se le pregunta si tiene dese de declarar, en caso de ser afirmativa su respuesta, se consigna en el acta su deseo de declarar, en caso de no hacerlo su negativa o puede ser tomado como indicio de culpabilidad. CONSIDERANDO (8): Que el impetrante expone como soporte sentencias (dictadas por la justicia costarricense) relacionadas con la producción de pruebas en el proceso, entre las la dictada por la Sala Constitucional que se ha pronunciado en cuanto a la producción de pruebas, diciendo que debe ponderarse dos intereses: “la búsqueda de la verdad real por un lado y el respeto de los derechos fundamentales del imputado por el otro. En este contexto conviene analizar la utilización del imputado como fuente de prueba (el imputado como objeto de prueba), y si es admisible obligarlo a que permita la realización de una serie de actos de investigación o de obtención de prueba, para lo que debe utilizarse su propio cuerpo…, el imputad puede ser fuente de prueba en aquellos casos en que la obtención de la misma no importe daño físico o psíquico para el sujeto, no lesión los derechos propios de un ser humano. Consecuentemente los actos que requieran de una colaboración pasiva del imputado,. V. gr., extracción de sangre, reconocimiento, corte de cabellos, entre otros pueden ser realizados aun sin su consentimiento.” (Sala Constitucional, voto #556.91, de 14:10 horas del 20 de marzo de 1991. En el mismo sentido voto # 3461.93. Medios de prueba que regula nuestra legislación y que no implica daño físico o psíquico para el sujeto, ni lesione los derechos fundamentales de un ser humano por lo que pueden ser realizados aun sin su consentimiento. Es más dada la naturaleza de la diligencia, para que se lleve a cabo, debe contarse con el consentimiento del sujeto como sucedió en este caso…. CONSIDERANDO: (9) Que el recurrente expone que “no es un principio de la ley procesal penal el que se tenga que investigar la verdad a cualquier precio”…, señalando que “La investigación de la verdad no es un valor absoluto del proceso penal, por tanto debe estar sujeta a determinados límites, generalmente establecidos, por su valor y trascendencia, en las constituciones democráticas” (Derecho Procesal de Honduras (Manual teórico. práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y Otros. 1ra ed. Cooperación Española.- p 295). Reitera que su representado quiere ser utilizado como objeto de prueba, en un juicio en su contra obligándolo contra su voluntad a proporciona una cooperación activa que equivale a una autoincriminación, circunstancia que atenta contra las garantías constitucionales, de las que debe estar revestido un proceso penal. CONSIDERANDO (10): Que dentro de un moderno y democrático proceso penal el imputado goza de una doble dimensión en el ámbito probatorio, pues, por un lado, es un sujeto de derechos y, por ende, es una parte esencial del proceso como titular de derecho y amparado de todas las garantías procesales. Por otra parte también puede considerarse como objeto de investigación toda vez que existen diversos actos de investigación y prueba, que se desarrolla precisamente, tomando como base indispensable al propio cuerpo del imputado[1]. El imputado, como sujeto de derechos, tiene libertad de colaborar o no en la producción de la prueba cuando esta dependa de la realización de una conducta positiva de su parte, como escribir o hablar[2]. En otras palabras el imputado no solo no está obligado a declarar contra sí mismo, sino que tampoco puede ser obligado a realizar ningún tipo de actividad que pueda contribuir a probar su culpabilidad, lo cual implica que no puede ser obligado actuar en su contra. De tal forma que a la libertad de declarar se suma la libertad de colaboración o de cooperación ya que el imputado tiene el derecho de permanecer callado y tiene derecho de no llevar a cabo ninguna actividad que pueda comprometerlo[3]. Tales serían los casos de cualquier tipo de comunicación oral, escrita o gestual que dependa de su conciencia o de su razonamiento. CONSIDERANDO (11): Que, si bien es cierto, el imputado está en la libertad de decidir si desea o no declarar, si desea colaborar o no, también es cierto que cuando el imputado interviene como objeto de prueba, lo cual nunca estará lejos de la practica en el proceso, puesto que la investigación busca el encuentro de la verdad, en torno a un supuesto de hecho, en este caso el imputado tiene una exigencia de tolerancia, debiendo respetarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad entre la medida que debe soportar y el fin perseguido por la misma. …, siempre que se cumplan con las previsiones legales y garantizando en todo momento el derecho de defensa que le asiste[4] al imputado. Es decir que los derechos fundamentales del imputado deben estar garantizados a lo largo del proceso, a través del representante de la defensa. CONSIDERANDO (12): Que el derecho a no auto incriminarse es constitucionalmente reconocido en el artículo 88 que a la letra dice: “No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad…. En su último párrafo señala que la declaración obtenida con la infracción de cualquiera de estas disposiciones es nula y los responsables incurren en la pena que establezca la ley. CONSIDERANDO (13): Que en el proceso penal la búsqueda de la verdad conlleva la actividad, investigativa y probatoria ante el órgano jurisdiccional, a fin de que el Estado ejercite el ius puniendi, dentro de las garantías y respeto de los derechos del imputado, en ese orden de ideas si bien el derecho a rendir declaración por parte del imputado es personalísimo, ya que constitucionalmente no está obligado a declarar, también es cierto que siendo sometido a proceso, deberá tener un nivel de tolerancia de la injerencia estatal, siempre que para ello exista el control jurisdiccional, que garantizan el respeto a la dignidad humana y demás derechos inherentes al imputado. Ello en consideración a que los derechos de las personas no son absolutos, (salvo el derecho a la vida), lo que implica el razonamiento y la proporcionalidad cuando se pretenden pruebas provenientes del imputado. Debiendo considerarse solamente en aquellos casos que resulten absolutamente necesarios, como se ha dicho, sin quebrantar los derechos del imputado, obviamente mediando el control jurisdiccional y el libre ejercicio del derecho de defensa del acusado, ejercitado a través del Abogado Defensor quien en todo momento deberá velar por el respeto de los derechos fundamentales de su representado, en ese orden de ideas si la diligencia investigativa no compromete los derechos del acusado, deberá tolerar la injerencia estatal, a fin de darle prosecución al proceso y arribar a una sentencia justa. CONSIDERANDO (14): Que por todo lo dicho, el precepto legal impugnado no confrontan las garantías y libertades reconocidas y protegidas en la Constitución, toda vez que su aplicación requiere el control jurisdiccional con absoluto respeto a los derechos inherentes al imputado, y la respuesta obligada que se le debe a la o las víctimas en el proceso penal, de acuerdo a los principios de Legalidad, Proporcionalidad, razonabilidad, dentro de la base constitucional del Estado de Derecho; de todo lo cual, esta Sala estima la improcedencia de la declaratoria de inconstitucionalidad, ya citado artículo 247 párrafo segundo del Código Procesal Penal, no confronta el artículo 88 constitucional, en relación con el principio de no autoincriminación, en virtud de que el legislador ha previsto el control jurisdiccional en las actuaciones periciales, así como el respeto y garantía del derecho de defensa que le asiste al acusado. CONSIDERANDO (15): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, éste, se abstuvo de emitir dictamen por tratarse de un asunto promovido por el Ministerio Público, quien a lo largo del proceso ya ha dejado sentada su postura. CONSIDERANDO (16): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala de lo Constitucional concluye que el artículo 247 párrafo Segundo del Código Procesal penal no entra en conflicto, ni quebrantan los derechos invocados por el recurrente, tal como ha quedado expuesto en los considerandos que anteceden. En consecuencia, no procede la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 18, 59, 60, 64, 80, 102, 128, 184, 185 No. 2, 205, 294, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 328 y 329 de la Constitución de la República; artículos 2, 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 10 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 2), 78, 79, 80, 81, 92 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, promovido por vía de excepción, contra el ARTICULO 247 párrafo segundo del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto No. 9-99-E. Y MANDA: 1) Que se ponga en conocimiento de las partes impetrantes, el presente fallo; y 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, con orden de ingreso en este Tribunal No.0040=14.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Quiroga Corti María Paula. El Imputado como objeto de prueba. Intervenciones, Registros e Inspecciones, corporales en el proceso penal Argentino. Sevilla 2017, Pág. 60. file:///C:/Users/Lale%20Fearon/Downloads/EL%20IMPUTADO%20COMO%20OBJETO%20DE%20PRUEBA%20157760965.pdf
[2] Tapia Juan Francisco. Intervenciones Corporales en el Proceso Penal. www,pensamiento penal.com.ar pág. 15
[3] Idem Ref. (1).
[4] Idem Ref. (1) Pág. 63