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Sentencia EP-963-19 — Registro 17484

Resumen

Recurso de Exhibición personal a favor de impetrante condenados por los delitos de asesinato ,asesinato en su grado de ejecución de tentativa y violación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, por su parte, cuando una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.-CONSIDERANDO (9): Que el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado.-CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos (CorteIDH, de aquí en delante), ha señalado sobre el hábeas corpus que la tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes para que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad;[1] también se ha establecido en dicho órgano internacional que el objetivo de esta garantía sobre la verificación de la legalidad de un detención exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada.[2]-CONSIDERANDO (11): Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos (CorteIDH) ha hecho también mención sobre el concepto y alcance de la garantía de hábeas corpus, en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, de obligatorio acatamiento para nuestro país, como parte del Bloque de Convencionalidad: “De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o hábeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad”.[3]-CONSIDERANDO (12): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, se conceptualizaría, en principio, como un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos (as); frente a las conductas afirmativas u omisivas de la autoridad que, la perturben, restrinjan o priven con infracción, violación o inobservancia de las normas convencionales, constitucionales y legales; así como también, frente a aquellos actos u omisiones de la autoridad que, en igualdad de circunstancias, atenten, o pongan en precario, la integridad física, síquica y moral de la persona humana en situación de detención.-CONSIDERANDO (13): Que se colige de lo anterior, que, la juez ejecutora presentó en tiempo y forma los informes requeridos por este órgano jurisdiccional constitucional, concluyendo en la falta de mérito para declarar con lugar la exhibición personal impetrada; por no encontrarse en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la precitada garantía individual.- CONSIDERANDO (14): Que, por lo anteriormente expuesto, se concluye no concurre mérito para la declaratoria con lugar de la presente garantía constitucional de Habeas Corpus. Ello, sin perjuicio de asegurar los deberes de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que vinculan a las autoridades del Estado de Honduras; mediante el respeto al ámbito de las competencias y atribuciones legalmente atribuidas en el marco de la democracia y del Estado de Derecho;[4] tanto en lo que concierne a la Administración, como en lo que compete jurisdiccionalmente, para el cumplimiento de las sentencias condenatorias firmes, en materia penal. - Por ende, debe dictarse denegatoria a la presente acción constitucional de Exhibición Personal; sin perjuicio de los derechos constitucionales de petición y a la tutela judicial efectiva que conciernan, al legítimo interés del beneficiario del recurso en las vías ordinarias"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero del dos mil veinte.-VISTA: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal a favor del señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, manifiesta el peticionario que: “… el agraviado fue sancionado, por dicha autoridad, junto a los Señores Olvin Efraín Rodríguez Duron, Natividad José Romero, José Luis Zelaya Ulloa, Hipólito de Jesus Cruz Mejía, Wilmer Banidardo Reyes, Carlos Rolando Velásquez Calix, Luis Alberto Lobo Aguilar, Melvin Geovanny Duran Solórzano, Julia Isabel Menocal Juárez y Erick Alexander Calix Matute, por lo cual, consideraron trasladarlos de manera irregular del Centro Penitenciario de Juticalpa, Olancho a la PENITENCIARIA NACIONAL UBICADA EN MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, situación que fue informada al JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, por consiguiente, el Señor José Maria Alonzo Herrera en su condición de padre del privado de libertad Juan José Alonzo Zelaya, compareció ante dicho Juzgado, quienes, abrieron de oficio un expediente investigativo a favor del agraviado y de las demás personas antes citadas, el cual fue remitido al JUZGADO DE EJECUCION DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, quien dispuso mediante resolución de fecha 20 de septiembre de 2019, que los privados de libertad regresaran al centro Penitenciario de Juticalpa, Olancho, asimismo, en fecha 29 de octubre del presente año, presentaron escrito ante el Instituto Nacional Penitenciario y aún no han tenido respuesta, haciendo caso omiso e incumpliendo de manera arbitraria y antojadiza de detener ilegalmente, en el Centro Penal de Morocelí, El Paraíso, al Señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA…”.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha uno (01) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, interponiendo Recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor del Señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA, detenido ilegalmente en el Centro Penal de Moroceli, Departamento de El Paraíso, solicitud de pronta ejecución del mandato judicial emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho. (Folio 1-14 del presente Recurso).-2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombro como Juez Ejecutora a la Abogada LESLY SOFIA MEDINA SIERRA, Defensora Publica de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folio 16 del presente Recurso).-3) Que en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), la Juez Ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: (SIC) “PRIMERO: Que en fecha un día del mes de noviembre del año dos mil diecinueve me hice presente en las instalaciones del Centro Penitenciario de Moroceli ,del departamento de el Paraíso siendo las cuatro y diez de la tarde, para constatar si el señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA, está siendo objeto de tormentos , torturas, vejámenes, exacción ilegal, y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión quien en la entrevista fue claro al manifestar que está detenido por los delitos de asesinato ,asesinato en su grado de ejecución te tentativa, y violación desde el veintisiete de julio del año dos mil doce, se entregó a la policía de Tegucigalpa , su caso es de Juticalpa departamento de Olancho sentenciado a cuarentaicinco años con expediente pendiente se le resuelva recurso de casación . Su domicilio siempre ha sido en Juticalpa departamento de Olancho donde residen sus padres, su esposa e hijos. Que en fecha dieciocho de junio fue traslado del centro penal de Juticalpa a Moroceli al centro penal de máxima seguridad, sintiéndose sorprendido ya que le han violentado su derecho al hacerse el traslado ya que el siempre ha tenido un buen comportamiento, incluso tenía una panadería y le enseñaba a varios reclusos a trabajar entre seis y siete personas lo vendíamos internamente para obtener fondos, el director Dionisio Sánchez me cerro la panadería en dos ocasiones. La señora Rosa Gudiel me dio permiso verbalmente para tener ese panadería durante ese tiempo que he estado recluido en Moroceli el trato es bueno siento es un castigo , de salud ha tenido gripe, tos y bajo de peso le han dado asistencia medica al estar en una cárcel de máxima seguridad me han causado mucho estrés y alejado de mi familia me visita mi mama, mi hermana, y le ocasiona muchos gastos desde el departamento de Olancho en espera de que se me traslade a Juticalpa tal y como lo ha ordenado el Juez de ejecución desde el veinte de septiembre. SEGUNDO: Que el día lunes cuatro de noviembre siendo la una y treinta y ocho de la tarde requerí a la señora ROSA IRENE GUDIEL ARDON en su condición de directora del Instituto Nacional Penitenciario para que en el termino de veinticuatro horas informe sobre el traslado del señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA del Centro Penal de Juticalpa , Olancho a la Penitenciaria Nacional de Moroceli y las razones por las cuales se ha dejado de dar cumplimiento a una resolución remitida por el Juzgado de Ejecución de la sección judicial de Juticalpa de fecha veinte de septiembre del año dos mil diez y nueve. Que dicho informe fue entregado en fecha ocho de noviembre junto con las copias fotostáticas del expediente criminológico que consta de 59 folios .dicho informe refleja lo siguiente: 1.- Según resolución No. DN-INP-614-2019 de fecha veintisiete de abril del año dos mil diez y nueve; dicho privado de libertad fue trasladado asía a el centro penitenciario de Moroceli, el Paraíso por estrictas medidas de seguridad y que dicho traslado fue autorizado en base a la certificación de la resolución No. CNDS-0066-2017 de fecha veinte de octubre del dos mil diez y siete emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en la cual se resolvió ordenar el traslada de los privados de libertad hacia los distintos centros penitenciarios a nivel nacional que sean necesarios independientemente de la condición procesal o grado de peligrosidad de cada interno ,así como tomar cualquier medida que sea oportuna para evitar incidentes entre la población penitenciaria, la cual corre agregada a folio cincuenta y cincuenta y uno del expediente criminológico y en virtud de la resolución CDI-CP-J-INP-038-09-05-2019 de fecha diez y nueve de mayo del año dos mil diecinueve emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario de Juticalpa, donde se solicita autorización para realizar el traslado del centro penal de Juticalpa, Olancho ,según consta a folio cuarenta y seis al cuarenta y nueve del expediente criminológico . 2.- Que la resolución antes mencionada fue emitida por los hechos suscitados según informe de fecha veinte y tres d marzo del año dos mil diez y nueve donde hubo un interno de amotinamiento donde se pretendía sacar al privado de libertad Ángel Rene Aguilar Rivera a quien intentó quitárselo el privado de libertad JUAN JOSE ALONZO ZELAYA al agente penitenciario y al no lograr su objetivo, ofendió e intimido con frases amenazantes al agente penitenciario, por lo que era necesario y procedente realizar dicho traslado según consta a folio treinta y dos y treinta y tres (f.32 y 33) del expediente criminológico. 3.- El Instituto Nacional Penitenciario es el responsable de la guardia y custodia de los privados de libertad que se encuentran recluidos en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional por lo que de igual manera es el responsable por velar por salva guardar la vida e integridad personal de los privados de libertad y para ello puede tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar incidencias entre la población penitenciaria tal como lo establece en el artículo 93 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional el cual establece que toda persona interna puede ser trasladada urgentemente a otro establecimiento, individualmente o en grupo y sin importar su condición procesal para proteger su seguridad e integridad personal, la de otras personas internas, terceros y la del establecimiento en el que se encuentren estos traslados deben de ser autorizados por la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que debe informar por los canales correspondientes y a la brevedad al juez e ejecución ,así como el artículo 203 numerales 3 y 5 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, el cual establece tres funcionarios que pueden autorizar los traslados 1 el juez que conoce la causa 2.el director del establecimiento 3 el director del Instituto Nacional Penitenciario 4. Se ajunta ficha de entrevista al privado de libertad JUAN JOSE ALONZO ZELAYA la cual acredita que dicho privado se le han respetado todos sus derechos la cual consta a folio 18. POR TANTO: Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Estado de Honduras según el artículo 59,71, y 84 de la Constitución de la República, 15,16,25,26,33,37 de la ley de Justicia Constitucional y 91,93 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y 203 del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Y con las facultades que estoy envestido soy del criterio en DECLARAR NO HA LUGAR, la acción del recurso de exhibición personal interpuesto a favor de JUAN JOSE ALONZO ZELAYA puesto que el motivo objeto del presente recurso de Exhibición personal por el traslado de la Penitenciaria Nacional de Juticalpa, Olancho a la Penitenciaria Nacional de Moroceli, no fueron apreciados por esta juez ejecutora, de que se haya realizado por un acto contario a la ley, ya que corre agregada al expediente criminológico, las Resoluciones por parte del Instituto Nacional Penitenciario para la realización de dicho traslado. Y manda que se remitan el presente informe juntamente con la comunicación de mérito y los documentos que se acompañan a la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.CUMPLASE. (Folios 29-116 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que, en fecha uno (01) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el señor FRANCISCO JOSE ALONZO ZELAYA, accionando la presente garantía constitucional favor de su hermano, el señor JUAN JOSÉ ALONZO ZELAYA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, manifestando el peticionario que el agraviado fue sancionado, por dicha autoridad penitenciaria, junto a los señores OLVIN EFRAÍN RODRÍGUEZ DURON, NATIVIDAD JOSÉ ROMERO, y OTROS, al trasladarlos de manera irregular del CENTRO PENITENCIARIO DE JUTICALPA, departamento de OLANCHO a la PENITENCIARIA NACIONAL de MOROCELÍ, departamento de EL PARAÍSO; situación que fue puesta en conocimiento del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, por el señor JOSÉ MARIA ALONZO HERRERA en su condición de padre del privado de libertad agraviado, señor JUAN JOSÉ ALONZO ZELAYA. En razón a lo anterior, procedió el Juzgado de Garantías, de oficio, a abrir expediente investigativo a favor del agraviado y demás privados de libertad en mención. A resultas de ello, se remitió dicho antecedente al JUZGADO DE EJECUCION DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO; el cual dispuso, mediante resolución de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que los privados de libertad regresaran al CENTRO PENITENCIARIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO; resolución que, al veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019), aún no han tenido respuesta por las autoridades del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Estimando el recurrente, que tal omisión de las autoridades penitenciarias concernidas, hace un uso arbitrario del poder, pues hicieron caso omiso de una resolución judicial, incurriendo así en detención ilegal, en el CENTRO PENAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, del señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA; lo cual violenta su seguridad individual y personal, en vista al alto nivel de corrupción prevalente entre los Custodios; quienes incluso, han sido sorprendidos tratando de ingresar granadas de fragmentación, dinero y armas. Por todo lo cual, solicita el garantista, se proceda por parte de la justicia constitucional, a ordenar se remuevan los obstáculos que impiden la ejecución de la resolución emitida por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, la cual tiene carácter de firme y que; en consecuencia, se ordene de manera inmediata a las autoridades del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, que se devuelva a los agraviados al CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, por ser el lugar donde residen los familiares de los señores privados de libertad; inter alia.-CONSIDERANDO (2): Que en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el Recurso de Exhibición Personal relacionado, designando como juez ejecutor a la Abogada LESLY SOFÍA MEDINA SIERRA, Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, a quien se le instruyó el deber de constatar los extremos narrados por el recurrente; constituirse al lugar donde se encuentra detenido el señor JUAN JOSÉ ALONZO ZELAYA, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual. Asimismo, ordenar a dichas autoridades que rindan un informe de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (3): Que, la Abogada LESLY SOFÍA MEDINA SIERRA, en su condición preindicada y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), consignando los extremos fácticos y jurídicos que recoge en su relatoría el Antecedente 3) de la presente sentencia; verificándose, que el agraviado no fue violentado en sus Garantías Constitucionales, en virtud, de haberse basado en ley, las autoridades penitenciarias que ordenaron el traslado correspondiente, desde el CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA al CENTRO PENAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO; del señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA; lo cual además, está reglamentado para situaciones de urgencia, como las motivadas por la Abg. ROSA GUDIEL, en el Informe respectivo, con fundamento en el artículo 93 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.-CONSIDERANDO (4): Que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182, 313 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral primero 9, 13 y 39 de la Ley de Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (5): Que la Carta Magna en el artículo 182 establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia, en el Hábeas Corpus o de Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla (…): a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”.-CONSIDERANDO (6): Que, se reconoce por parte de la Sala de lo Constitucional, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-8/87, que versa sobre el Hábeas Corpus; encontrando que, en un sentido clásico, tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad. El artículo 7 numeral sexto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece, por su parte: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, que decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente para que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”.-CONSIDERANDO (7): Que, en continencia a lo preceptuado en el artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se deslinda claramente que el numeral quinto del precepto (Toda persona… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio que continúe el proceso…) está especialmente referido a las personas que han sido detenidas en un proceso penal y se encuentra inescindiblemente ligado al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ante un juez regular, y en el marco del debido proceso.-CONSIDERANDO (8): Que, el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, por su parte, cuando una privación de libertad se considera ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.-CONSIDERANDO (9): Que el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado.-CONSIDERANDO (10): Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos (CorteIDH, de aquí en delante), ha señalado sobre el hábeas corpus que la tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes para que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad;[1] también se ha establecido en dicho órgano internacional que el objetivo de esta garantía sobre la verificación de la legalidad de un detención exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada.[2]-CONSIDERANDO (11): Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos (CorteIDH) ha hecho también mención sobre el concepto y alcance de la garantía de hábeas corpus, en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, de obligatorio acatamiento para nuestro país, como parte del Bloque de Convencionalidad: “De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o hábeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad”.[3]-CONSIDERANDO (12): Que la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal, se conceptualizaría, en principio, como un mecanismo de defensa dirigido a garantizar el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos (as); frente a las conductas afirmativas u omisivas de la autoridad que, la perturben, restrinjan o priven con infracción, violación o inobservancia de las normas convencionales, constitucionales y legales; así como también, frente a aquellos actos u omisiones de la autoridad que, en igualdad de circunstancias, atenten, o pongan en precario, la integridad física, síquica y moral de la persona humana en situación de detención.-CONSIDERANDO (13): Que se colige de lo anterior, que, la juez ejecutora presentó en tiempo y forma los informes requeridos por este órgano jurisdiccional constitucional, concluyendo en la falta de mérito para declarar con lugar la exhibición personal impetrada; por no encontrarse en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la precitada garantía individual.- CONSIDERANDO (14): Que, por lo anteriormente expuesto, se concluye no concurre mérito para la declaratoria con lugar de la presente garantía constitucional de Habeas Corpus. Ello, sin perjuicio de asegurar los deberes de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, que vinculan a las autoridades del Estado de Honduras; mediante el respeto al ámbito de las competencias y atribuciones legalmente atribuidas en el marco de la democracia y del Estado de Derecho;[4] tanto en lo que concierne a la Administración, como en lo que compete jurisdiccionalmente, para el cumplimiento de las sentencias condenatorias firmes, en materia penal. - Por ende, debe dictarse denegatoria a la presente acción constitucional de Exhibición Personal; sin perjuicio de los derechos constitucionales de petición y a la tutela judicial efectiva que conciernan, al legítimo interés del beneficiario del recurso en las vías ordinarias.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 68, 69, 71, 80, 84, 87, 89, 90, 94, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el Abogado FRANCISCO JOSE ALONZO GARCIA, a favor del Señor JUAN JOSE ALONZO ZELAYA, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO; sin perjuicio del efecto útil preventivo que dimana, por aplicación del principio pro homine, de la parte motiva de la presente sentencia. Y MANDA: 1. Que se notifique y firme la presente sentencia. 2. Que cumplimentado que sea lo anterior, se proceda a su archivo correspondiente en la Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de enero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0963-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver la precitada Opinión Consultiva OC-8/87, de la CorteIDH, párr. 33.

[2] Cfr. CorteIDH. Opinión Consultiva OC-8/87, párr. 35.

[3] CorteIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. (Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 65.)

[4] Optimizando dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes la observancia legítima del principio de legalidad constitucional. Ver: Seguridad ciudadana, derechos humanos, sociedad civil: algunas notas aproximatorias, artículo de NIETO LOAIZA, Rafael, en: Memoria I Curso Interamericano de Sociedad Civil y Derechos Humanos. San José, C. R., Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 1999. Pág. 100.