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Sentencia EP-916-19 — Registro 17635

Resumen

Se interpuso garantía constitucional de exhibición personal. El compareciente interpone la presente garantía constitucional de exhibición personal en condición de director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, a favor de todas las personas privadas de libertad en centros penales y penitenciarios, contra actuaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, y otros.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "-4. De acuerdo con el planteamiento anterior, se nota que la decisión cuestionada en la presente garantía constitucional de exhibición personal, adoptada en forma radical por la dirección del Instituto Nacional Penitenciario no fue debidamente meditada, tampoco partió de un estudio o auxilio de instancias expertas, como por ejemplo: El cuerpo de bomberos, Copeco, la empresa Nacional de Energía Eléctrica, etc.; o en su defecto, siguiendo instrucciones de peritos expertos.-5. Aunque como ya se dijo antes, la medida denunciada no constituye tortura, ni maltrato propiamente dicho, si podría constituir lo que el artículo 182 constitucional establece como una restricción o molestia innecesaria; en virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia cree oportuno declarar con lugar la presente garantía de exhibición personal, en el único sentido de ordenar a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario que proceda adecuar la medida adoptada, esta vez tomando en cuenta y conciliando las necesidades particulares de seguridad de cada centro penitenciario y la mejora de condiciones de vida para las personas privadas de libertad, afectadas por el retiro absoluto de aparatos eléctricos.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinte de agosto de dos mil veinte.-VISTA: Para dictar sentencia de la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el ciudadano PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ conocido también como RIHANA FERRERA SÁNCHEZ, (nombre que PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ, ha adoptado y usado según información ad perpetuam inscrita en el registro de sentencias del Registro de la Propiedad y Mercantil bajo el número 89 del tomo 444 de fecha tres de abril de dos mil diecisiete). El compareciente interpone la presente garantía constitucional de exhibición personal en condición de director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, a favor de todas las personas privadas de libertad en centros penales y penitenciarios, contra actuaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, y otros.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, el ciudadano PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ también conocido como RIHANA FERRERA SÁNCHEZ, interpuso garantía constitucional de exhibición personal a favor todas las personas privadas de libertad en centros penales y penitenciarios, contra actuaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, y otros. -La denuncia se interpone porque el director del Instituto Nacional penitenciario emitió un comunicado a todos los coordinadores de módulo y directores de los distintos centros penitenciarios a nivel nacional para que informen a la población de internos que tienen hasta el trece de octubre de dos mil diecinueve para enviar con sus familiares todos los artículos que se encuentran restringidos por el reglamento de la Ley del sistema penitenciario. (Folios 1 al 8 de la presente garantía constitucional de exhibición personal).-2. En esa misma fecha este alto tribunal de justicia admitió la garantía constitucional de exhibición personal y en consecuencia, nombró juez ejecutor al defensor público, abogado JULIO FRANCISCO BACA DURÓN de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de constatar los extremos narrados por la recurrente y determinar la procedencia de la garantía de mérito, rindiendo el informe correspondiente; todo de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre justicia constitucional. (Folio 10 de la presente garantía constitucional de exhibición personal).-3. En fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, el abogado JULIO FRANCISCO BACA DURÓN en su condición de juez ejecutor, compareció ante la secretaría de la Sala de lo Constitucional, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente declarando no ha lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal. -FUNDAMENTOS DE DERECHO.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por la garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. La denuncia de mérito se interpone porque en septiembre de dos mil diecinueve se ordenó notificar a toda la población penitenciaria para que enviaran a sus familiares todos los artículos que se encuentran restringidos por el Reglamento general de la ley del sistema penitenciario nacional; asimismo los utilizados en los talleres, citando para ello el artículo 70 de la ley y 237, 238, 239 y 240 del reglamento antes mencionado.-Asimismo, en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve el director del Instituto Nacional Penitenciario envió la circular No. 034-DN-INP-2019 a todos los directores de los centros penitenciarios para que instruyan a los internos que entreguen todos los aparatos eléctricos. En virtud de lo cual los directores de los centros solicitaron a los internos el cumplimiento de la disposición mencionada.-La compareciente señala que con dicha disposición se violentan el derecho a la igualdad y a la no discriminación contenidos en los artículos 60 de la Constitución, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Estima que la disposición que ataca es trato cruel, inhumano y degradante y que es un acto de discriminación. -Desarrolla lo anterior señalando que cualquier forma de dolor o sufrimiento, sea físico o mental es tortura. Agrega que los internos no deben nunca ser sometidos a castigo, ni siquiera por infracciones disciplinarias. Menciona que el uso de la fuerza debe ser solo cuando sea indispensable y siempre dentro del marco de la ley. Reclama también el derecho que tienen los reclusos de presentar quejas acerca de todo maltrato que reciban sin temor a represalias.-Señala que ha sido violentado el derecho que tienen los internos de una calidad de vida o alojamiento adecuadas, citando los artículos 23, 24, 63.1, 70.1 de la Ley del sistema penitenciario nacional; 28.1, 29.4, 29.5, 124, 125,127, 169, 199, 211 261 del Reglamento general de la Ley del sistema penitenciario nacional; 2.6 Ley del trabajo para personas privadas de libertad y ce permanencia para reos de alta peligrosidad y agresividad; 2, 6, 15, 37 y 63 del Reglamento del régimen penitenciario de las personas privadas de libertad; reglas 12-17 de las Reglas de Nelson Mandela.-Solicita de acuerdo con lo expuesto que se le ordene al Instituto Nacional Penitenciario que comunique a los centros penitenciarios el ingreso de artículos eléctricos basados en el derecho a una calidad de vida alojamiento adecuado. En consecuencia, el cese inmediato de lo ordenado haciendo referencia al reglamento de la ley del sistema penitenciario.-CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por la juez ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. El juez ejecutor Julio Francisco Baca Durón, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a rendir el presente informe, del cual se destaca lo siguiente: 1. En fecha cinco de febrero de dos mil veinte, se dirigió a las instalaciones del centro penal de Marcala, departamento de La Paz donde se entrevistó con los coordinadores de módulo Wilmer Alexis Martínez, Amílcar García Domínguez, Ismael López Gonzales, Rufina Sánchez Corea y José Malaquiel Gutiérrez quienes manifestaron que la medida de dejarlos sin aparatos eléctricos (estufas, radios, televisores)les ha afectado porque ya no pueden calentar la comida que recibían de sus familiares y además el único televisor que dejaron es insuficiente. -2. Se dirigió al centro penal de La Esperanza, en el departamento de Intibucá donde los coordinadores de módulo Leonel Gutiérrez, Manuel Antonio Gómez, Marco Danilo Pérez y Lester Alvarado señalan que el privarles de los ventiladores les afecta por el calor que hace en el lugar, además un televisor es insuficiente para toda la población y que con los televisores se distraían viendo programación religiosa, deportiva, películas; y que les dejaron sin poder calentar su comida. -3) En fecha seis de febrero de dos mil veinte se traslado al centro penitenciario de Comayagua, donde se entrevistó con cuatro privados de libertad de nombres Rigoberto Varela Martínez, Rubén Darío Castro, José David Ordóñez y Ernesto Doblado Ponce quienes se quejaron básicamente de lo mismo. -4) En fecha seis de febrero de dos mil veinte, se dirigió a las instalaciones del centro penal de La Paz donde se entrevistó con tres privados de libertad de nombres Wilmer Chávez Guerrero, Valentín Centeno Gutiérrez y Francis Edgar Galdámez quienes coinciden que el retiro de los ventiladores les afecta por la falta de ventilación y de espacio suficiente de los recintos, el retiro de las estufas les afecta especialmente a los que tenían que cocinar sus propios alimentos por ejemplo los diabéticos. Que solo les dejaron un televisor y que por lo menos deberían de dejarles uno por módulo. -5) En fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte se presentó en el centro penitenciario de El Progreso en el departamento de Yoro para entrevistarse con cuatro internos de nombres Oscar Canales, Alexis Romero, Danilo Pineda Manzano y Noé Reynaldo Villanueva, todos ellos coordinadores de módulo, quienes relatan que antes tenían un ventilador por cama dejando unos pocos los cuales son insuficientes por el clima de la zona, además son bartolinas para cuarenta personas y actualmente hay unos sesenta. Se quejan también del retiro de las estufas. -6) En esa misma fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte se presentó en el centro penal de Tela, en el departamento de Atlántida. En dio lugar los coordinadores de módulo se quejan de lo mismo, el retiro de electrodomésticos que en el caso de los ventiladores eran necesarios por las altas temperaturas, afectando a todos, pero especialmente a los que padecen de enfermedades como hipertensión arterial o en el caso de los diabéticos el retiro de las estufas que necesitan para hacer sus comidas. Se quejan además de que les han restringido el ingreso de enseres para el aseo personal. -7) También en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte se presentó en el centro penal de El Porvenir en el departamento de Atlántida, donde entrevistó de igual manera a coordinadores de módulo, quienes le informaron prácticamente lo mismo. En el caso de los televisores señalan que antes había un televisor en cada hogar que son veintiséis, ahora sólo han dejado tres televisores en los pasillos, privándoles así de una diversión sana; y en el caso de los ventiladores afecta especialmente a los que padecen de hipertensión arterial.-8) En fecha veinte de febrero se presentó en el centro penitenciario del barrio Inglés en La Ceiba, departamento de Atlántida para entrevistar a Luis Alberto Chirinos y Johnny Jesús Pineda Orellana quienes dijeron que necesitaban los ventiladores para un clima tan cálido y que sólo les dejaron un televisor para ochenta internos. -9) En fecha veintiuno de febrero se presentó en el centro penitenciario de Santa Bárbara se entrevistó con los internos Darwin Ismael Matute, Selvin Geovanny Cantarero Castro, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas y Rony A. Ponce quienes manifiestan que nunca han tenido electrodomésticos. El juez ejecutor se puso en contacto con el departamento legal del centro, donde le informaron que los internos no tienen electrodomésticos y que cada módulo cuenta con su propio televisor. -10) En fecha doce de marzo de dos mil veinte se presentó en el centro penal de Morocelí, en el departamento de El Paraíso donde se le informó que los internos no tienen electrodomésticos y que cumplen con el reglamento. Asimismo, en cada módulo hay un televiso. -11) En esa misma fecha se presentó ante el centro penal de Danlí, en el departamento de El Paraíso donde se entrevistó con el coordinador general, un privado de libertad llamado José Antonio Gonzales Cáceres, quien les manifestó que antes cocinaban los alimentos que les enviaban sus familias, pero que ahora ya no se puede. Que les afecta el retiro de los televisores en cada módulo y que ahora solo han dejado tres en los pasillos.-En virtud de todo lo anterior el juez ejecutor motiva su decisión señalando que el retiro de los enseres eléctricos se debe a que se prevé que no ocurran siniestros en los centros penales por sobre carga de dichos artículos, tal como ocurrió antes en los centros de El Porvenir en La Ceiba y en Comayagua.-Sin embargo, como juez ejecutor recomienda que se permitan ciertos aparatos eléctricos, pero que en virtud de la pandemia se tomen las correspondientes medidas de seguridad, debiendo contar con la opinión e intervención de COPECO, la Empresa de energía eléctrica y otras instituciones necesarias para evitar siniestros. -Al final, el juez decidió declarar no ha lugar la acción del recurso de exhibición personal interpuesto.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por el juez ejecutor, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, destaca especialmente las siguientes: 1. Lo referido por el juez ejecutor en su informe en relación con lo apuntado por los privados de libertad, quienes se quejan de las incomodidades que les ha provocado el retiro de los electrodomésticos, especialmente los ventiladores, los radios, las estufas y los televisores. En el caso de los ventiladores es de especial atención en aquellos lugares del país donde las altas temperaturas afectan la calidad de vida de los internos, especialmente si padecen de hipertensión arterial u otras condiciones que se agudizan con el clima caliente.-2. La nota enviada por las internas de la Penitenciaria nacional femenina de adaptación social (PNFAS) domiciliadas en los hogares del 1 al 9, casa cuna y reflexión mediante la cual se quejan de la premura con que deben sacar los enseres eléctricos pues les dejan poco tiempo para cumplir con esa orden. Se refieren a estufas, ventiladores, televisores, refrigeradoras, máquinas coser y otros aparatos de belleza y cocina que les son útiles para sus quehaceres y necesidades, inclusive de subsistencia.-3. Informe sin fecha de la entonces directora nacional del Instituto Nacional Penitenciario, abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, mediante la cual refiere que la circular No. 034-DN-INP-2019 emitida el diez de octubre de dos mil diecinueve a todos los directores de centros penitenciarios y coordinadores de módulo para que a más tardar el trece de octubre de dos mil diecinueve se retiraran todos los aparatos eléctricos de los centros penales, se justifica como una medida de seguridad para evitar sobrecargas en los sistema eléctricos y así evitar tragedias como la ocurrida el catorce de febrero de dos mil doce en la granja penal de Comayagua al fallecer trescientos seis internos en un incendio que además costó al Estado de Honduras setenta y dos millones de lempiras para indemnizar a los familiares de las víctimas; asimismo el incendio ocurrido el diecisiete de mayo de dos mil cuatro en el que fallecieron ciento siete privados de libertad, por los que el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos mediante sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil doce a pagar una indemnización. La entonces directora menciona también que dicha determinación se encuentra apegada a derecho en lo dispuesto por los artículos 237 y 238 del Reglamento general de la ley del sistema penitenciario nacional, donde se establecen cuales son los bienes de libre ingreso a los centros penitenciarios y cuales requieren de autorización, por lo que la instrucción es sacar todos los aparatos que no han sido ingresados conforme a dicho reglamento. -4. Plan de contingencias por riesgos de los centros penitenciarios de Honduras emitido por la unidad de ingeniería, infraestructura y diseño del Instituto Nacional Penitenciario, en junio de dos mil diecisiete. Se señala que en los trece centros penitenciarios del país existe sobrepoblación existiendo un cupo para doce mil seiscientos noventa y nueve internos y para entonces había dieciocho mil cuatrocientos trece privados de libertad. -5. Nota de fecha veintiuno de febrero enviada por el director del centro penal de Ilama en el departamento de Santa Bárbara de dos mil veinte, mediante la cual informa al juez ejecutor que dicho centro por ser de máxima seguridad fue diseñado de manera que no existen conexiones eléctricas en sus recintos. El centro dispone de lugares de uso común donde los internos tienen acceso a televisión controlada por las autoridades. -La Sala de lo Constitucional además verifica la literalidad de las disposiciones que sirvieron de fundamento a la restricción de aparatos eléctricos dentro de los centros penitenciarios, o sea los artículos 237 y 238 del Reglamento general de la ley del sistema penitenciario de Honduras, los cuales se transcriben, así: “Artículo 237. BIENES DE LIBRE INGRESO. Con el fin de suministrárselos gratuitamente a la persona interna, el visitante podrá portar consigo al ingresar al establecimiento penitenciario los siguientes bienes: 1. Alimentos cocidos y frutas permitidas en adecuado estado de conservación para su consumo, en las cantidades que sean autorizadas por la dirección del establecimiento penitenciario y siempre que sean aptos para inspeccionarse; 2. Productos útiles para el mantenimiento de la higiene personal; 3. Prendas de vestir y ropa de cama utilizables y limpias; 4. Medicamentos declarados de venta libre por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en pequeñas cantidades determinadas por el médico del establecimiento; 5. Libros, cuadernos y otros útiles de estudio, siempre que no se trate de objetos punzocortantes; 6. Cigarrillos y tabaco ingresados por personas mayores de edad. el director(a) del establecimiento debe establecer los lugares permitidos para su consumo; y, 7. Objetos para el entrenamiento personal cuya utilización por sí misma, no altere el descanso de los demás o afecte una adecuada convivencia.”.- “artículo 238. bienes que requieren autorización para su ingreso. previa solicitud por escrito del interesado, el consejo técnico interdisciplinario del establecimiento penitenciario puede autorizar mediante resolución debidamente fundamentada, el ingreso de cualquier otro bien que no se entienda incluido dentro de los bienes de libre ingreso, o dentro de los prohibidos o decomisables, respetando los controles administrativos previamente determinados. en el caso de los aires acondicionados, la autorización está supeditada a la capacidad del sistema eléctrico del establecimiento penitenciario determinada por autoridad competente y está sujeta a un canon como retribución por el consumo de energía eléctrica, que serán determinados en la resolución. en estos casos y siempre que existan razones institucionales que así lo justifiquen, podrá delimitarse el lugar en donde ha de permanecer dicho bien, lo cual se hará constar también en la resolución respectiva.”.-La Sala de lo Constitucional de exhibición personal, tomando en consideración toda la información anterior llega a las siguientes conclusiones:1. No se constataron las torturas, ni malos tratos crueles, inhumanos o degradantes denunciados por la recurrente, partiendo del hecho que el retiro de los aparatos eléctricos en los centros penitenciarios, es una medida que no entra dentro de la naturaleza y concepto de dichas violaciones. -2. No existe ninguna disposición que establezca la prohibición de tener aparatos eléctricos, de hecho las disposiciones reglamentarias en que la entonces directora del Instituto Nacional Penitenciario fundamentó su decisión no disponen nada al respecto. -3. La justificación de evitar desastres como los incendios ocurridos con anterioridad y que dejaron un saldo elevado de víctimas, si es válida porque se pretende preservar la vida y la indemnidad de todas las personas privadas de liberad; sin embargo, toda medida debe ser idónea, necesaria y proporcional. En ese sentido, la Sala estima que la medida adoptada por la dirección del Instituto Nacional Penitenciaria, si bien es cierto puede ser idónea en virtud de que reduce el riesgo de sobrecalentamiento de las instalaciones eléctricas o accidentes que puedan causar incendios dentro de los centros penales, no son necesarias o únicas en tanto y cuanto puede haber otras medidas de control alternativas al retiro absoluto de aparatos. Asimismo, no es una medida proporcional si se pondera las molestias innecesarias que causa una medida tan radical como la adoptada, especialmente los ventiladores, los cuales pueden ser de mucha importancia para la calidad de vida en aquellos lugares con climas calurosos.-4. De acuerdo con el planteamiento anterior, se nota que la decisión cuestionada en la presente garantía constitucional de exhibición personal, adoptada en forma radical por la dirección del Instituto Nacional Penitenciario no fue debidamente meditada, tampoco partió de un estudio o auxilio de instancias expertas, como por ejemplo: El cuerpo de bomberos, Copeco, la empresa Nacional de Energía Eléctrica, etc.; o en su defecto, siguiendo instrucciones de peritos expertos.-5. Aunque como ya se dijo antes, la medida denunciada no constituye tortura, ni maltrato propiamente dicho, si podría constituir lo que el artículo 182 constitucional establece como una restricción o molestia innecesaria; en virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia cree oportuno declarar con lugar la presente garantía de exhibición personal, en el único sentido de ordenar a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario que proceda adecuar la medida adoptada, esta vez tomando en cuenta y conciliando las necesidades particulares de seguridad de cada centro penitenciario y la mejora de condiciones de vida para las personas privadas de libertad, afectadas por el retiro absoluto de aparatos eléctricos.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13 No. 1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. Declarando CON LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus correctivo, interpuesto por el ciudadano PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ conocido también como RIHANA FERRERA SÁNCHEZ, (nombre que PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ, ha adoptado y usado según información ad perpetuam inscrita en el registro de sentencias del Registro de la Propiedad y Mercantil bajo el número 89 del tomo 444 de fecha tres de abril de dos mil diecisiete), en su condición de director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, a favor de todas las personas privadas de libertad, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario. 2. Ordena a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario que proceda adecuar la medida adoptada mediante la circular No. 034-DN-INP-2019, esta vez tomando en cuenta y conciliando las necesidades particulares de seguridad de cada centro penitenciario y la mejora de condiciones de vida para las personas privadas de libertad, afectadas por el retiro absoluto de aparatos eléctricos. 3. Para el cumplimiento de lo anterior la dirección deberá auxiliarse de ayuda técnica del Cuerpo de Bomberos, Copeco, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, etc.; o en su defecto, siguiendo instrucciones de peritos expertos, para que verifiquen la capacidad real de cada uno de los centros y de sus necesidades de seguridad. Asimismo, tomar en cuenta las necesidades de los internos para una estadía digna, conforme a los estándares internacionales y los derechos humanos. 4. La secretaría de la Sala de lo Constitucional deberá remitir certificación de la presente sentencia a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario para su debido cumplimiento. Se concede a dicha entidad un plazo de seis meses para dar cumplimiento con lo ordenado por esta sentencia. 5. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo a la peticionaria, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7 ) días del mes de Septiembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de Agosto del año dos mil veinte (2020 ) recaída en el Recurso de Exhibición Personal , registrado en este Tribunal bajo el número 0916-2019 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinte de agosto de dos mil veinte.-VISTA: Para dictar sentencia de la garantía constitucional de exhibición personal interpuesta por el ciudadano PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ conocido también como RIHANA FERRERA SÁNCHEZ, (nombre que PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ, ha adoptado y usado según información ad perpetuam inscrita en el registro de sentencias del Registro de la Propiedad y Mercantil bajo el número 89 del tomo 444 de fecha tres de abril de dos mil diecisiete). El compareciente interpone la presente garantía constitucional de exhibición personal en condición de director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, a favor de todas las personas privadas de libertad en centros penales y penitenciarios, contra actuaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, y otros.-ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, el ciudadano PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ también conocido como RIHANA FERRERA SÁNCHEZ, interpuso garantía constitucional de exhibición personal a favor todas las personas privadas de libertad en centros penales y penitenciarios, contra actuaciones de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, y otros. -La denuncia se interpone porque el director del Instituto Nacional penitenciario emitió un comunicado a todos los coordinadores de módulo y directores de los distintos centros penitenciarios a nivel nacional para que informen a la población de internos que tienen hasta el trece de octubre de dos mil diecinueve para enviar con sus familiares todos los artículos que se encuentran restringidos por el reglamento de la Ley del sistema penitenciario. (Folios 1 al 8 de la presente garantía constitucional de exhibición personal).-2. En esa misma fecha este alto tribunal de justicia admitió la garantía constitucional de exhibición personal y en consecuencia, nombró juez ejecutor al defensor público, abogado JULIO FRANCISCO BACA DURÓN de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de constatar los extremos narrados por la recurrente y determinar la procedencia de la garantía de mérito, rindiendo el informe correspondiente; todo de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley sobre justicia constitucional. (Folio 10 de la presente garantía constitucional de exhibición personal).-3. En fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, el abogado JULIO FRANCISCO BACA DURÓN en su condición de juez ejecutor, compareció ante la secretaría de la Sala de lo Constitucional, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió su informe correspondiente declarando no ha lugar la presente garantía constitucional de exhibición personal. -FUNDAMENTOS DE DERECHO.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de exhibición personal o habeas corpus. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República, el Estado hondureño reconoce la garantía de hábeas corpus o de exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla ante los supuestos siguientes: 1) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. 2) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de lo expuesto por la garantista en el escrito de interposición de la garantía constitucional de exhibición personal. La denuncia de mérito se interpone porque en septiembre de dos mil diecinueve se ordenó notificar a toda la población penitenciaria para que enviaran a sus familiares todos los artículos que se encuentran restringidos por el Reglamento general de la ley del sistema penitenciario nacional; asimismo los utilizados en los talleres, citando para ello el artículo 70 de la ley y 237, 238, 239 y 240 del reglamento antes mencionado.-Asimismo, en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve el director del Instituto Nacional Penitenciario envió la circular No. 034-DN-INP-2019 a todos los directores de los centros penitenciarios para que instruyan a los internos que entreguen todos los aparatos eléctricos. En virtud de lo cual los directores de los centros solicitaron a los internos el cumplimiento de la disposición mencionada.-La compareciente señala que con dicha disposición se violentan el derecho a la igualdad y a la no discriminación contenidos en los artículos 60 de la Constitución, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Estima que la disposición que ataca es trato cruel, inhumano y degradante y que es un acto de discriminación. -Desarrolla lo anterior señalando que cualquier forma de dolor o sufrimiento, sea físico o mental es tortura. Agrega que los internos no deben nunca ser sometidos a castigo, ni siquiera por infracciones disciplinarias. Menciona que el uso de la fuerza debe ser solo cuando sea indispensable y siempre dentro del marco de la ley. Reclama también el derecho que tienen los reclusos de presentar quejas acerca de todo maltrato que reciban sin temor a represalias.-Señala que ha sido violentado el derecho que tienen los internos de una calidad de vida o alojamiento adecuadas, citando los artículos 23, 24, 63.1, 70.1 de la Ley del sistema penitenciario nacional; 28.1, 29.4, 29.5, 124, 125,127, 169, 199, 211 261 del Reglamento general de la Ley del sistema penitenciario nacional; 2.6 Ley del trabajo para personas privadas de libertad y ce permanencia para reos de alta peligrosidad y agresividad; 2, 6, 15, 37 y 63 del Reglamento del régimen penitenciario de las personas privadas de libertad; reglas 12-17 de las Reglas de Nelson Mandela.-Solicita de acuerdo con lo expuesto que se le ordene al Instituto Nacional Penitenciario que comunique a los centros penitenciarios el ingreso de artículos eléctricos basados en el derecho a una calidad de vida alojamiento adecuado. En consecuencia, el cese inmediato de lo ordenado haciendo referencia al reglamento de la ley del sistema penitenciario.-CONSIDERANDO TRES (3): Diligencias efectuadas por la juez ejecutora en cumplimiento de la garantía constitucional de exhibición personal. El juez ejecutor Julio Francisco Baca Durón, cumpliendo con el mandato de su cargo procedió a rendir el presente informe, del cual se destaca lo siguiente: 1. En fecha cinco de febrero de dos mil veinte, se dirigió a las instalaciones del centro penal de Marcala, departamento de La Paz donde se entrevistó con los coordinadores de módulo Wilmer Alexis Martínez, Amílcar García Domínguez, Ismael López Gonzales, Rufina Sánchez Corea y José Malaquiel Gutiérrez quienes manifestaron que la medida de dejarlos sin aparatos eléctricos (estufas, radios, televisores)les ha afectado porque ya no pueden calentar la comida que recibían de sus familiares y además el único televisor que dejaron es insuficiente. -2. Se dirigió al centro penal de La Esperanza, en el departamento de Intibucá donde los coordinadores de módulo Leonel Gutiérrez, Manuel Antonio Gómez, Marco Danilo Pérez y Lester Alvarado señalan que el privarles de los ventiladores les afecta por el calor que hace en el lugar, además un televisor es insuficiente para toda la población y que con los televisores se distraían viendo programación religiosa, deportiva, películas; y que les dejaron sin poder calentar su comida. -3) En fecha seis de febrero de dos mil veinte se traslado al centro penitenciario de Comayagua, donde se entrevistó con cuatro privados de libertad de nombres Rigoberto Varela Martínez, Rubén Darío Castro, José David Ordóñez y Ernesto Doblado Ponce quienes se quejaron básicamente de lo mismo. -4) En fecha seis de febrero de dos mil veinte, se dirigió a las instalaciones del centro penal de La Paz donde se entrevistó con tres privados de libertad de nombres Wilmer Chávez Guerrero, Valentín Centeno Gutiérrez y Francis Edgar Galdámez quienes coinciden que el retiro de los ventiladores les afecta por la falta de ventilación y de espacio suficiente de los recintos, el retiro de las estufas les afecta especialmente a los que tenían que cocinar sus propios alimentos por ejemplo los diabéticos. Que solo les dejaron un televisor y que por lo menos deberían de dejarles uno por módulo. -5) En fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte se presentó en el centro penitenciario de El Progreso en el departamento de Yoro para entrevistarse con cuatro internos de nombres Oscar Canales, Alexis Romero, Danilo Pineda Manzano y Noé Reynaldo Villanueva, todos ellos coordinadores de módulo, quienes relatan que antes tenían un ventilador por cama dejando unos pocos los cuales son insuficientes por el clima de la zona, además son bartolinas para cuarenta personas y actualmente hay unos sesenta. Se quejan también del retiro de las estufas. -6) En esa misma fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte se presentó en el centro penal de Tela, en el departamento de Atlántida. En dio lugar los coordinadores de módulo se quejan de lo mismo, el retiro de electrodomésticos que en el caso de los ventiladores eran necesarios por las altas temperaturas, afectando a todos, pero especialmente a los que padecen de enfermedades como hipertensión arterial o en el caso de los diabéticos el retiro de las estufas que necesitan para hacer sus comidas. Se quejan además de que les han restringido el ingreso de enseres para el aseo personal. -7) También en fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte se presentó en el centro penal de El Porvenir en el departamento de Atlántida, donde entrevistó de igual manera a coordinadores de módulo, quienes le informaron prácticamente lo mismo. En el caso de los televisores señalan que antes había un televisor en cada hogar que son veintiséis, ahora sólo han dejado tres televisores en los pasillos, privándoles así de una diversión sana; y en el caso de los ventiladores afecta especialmente a los que padecen de hipertensión arterial.-8) En fecha veinte de febrero se presentó en el centro penitenciario del barrio Inglés en La Ceiba, departamento de Atlántida para entrevistar a Luis Alberto Chirinos y Johnny Jesús Pineda Orellana quienes dijeron que necesitaban los ventiladores para un clima tan cálido y que sólo les dejaron un televisor para ochenta internos. -9) En fecha veintiuno de febrero se presentó en el centro penitenciario de Santa Bárbara se entrevistó con los internos Darwin Ismael Matute, Selvin Geovanny Cantarero Castro, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas y Rony A. Ponce quienes manifiestan que nunca han tenido electrodomésticos. El juez ejecutor se puso en contacto con el departamento legal del centro, donde le informaron que los internos no tienen electrodomésticos y que cada módulo cuenta con su propio televisor. -10) En fecha doce de marzo de dos mil veinte se presentó en el centro penal de Morocelí, en el departamento de El Paraíso donde se le informó que los internos no tienen electrodomésticos y que cumplen con el reglamento. Asimismo, en cada módulo hay un televiso. -11) En esa misma fecha se presentó ante el centro penal de Danlí, en el departamento de El Paraíso donde se entrevistó con el coordinador general, un privado de libertad llamado José Antonio Gonzales Cáceres, quien les manifestó que antes cocinaban los alimentos que les enviaban sus familias, pero que ahora ya no se puede. Que les afecta el retiro de los televisores en cada módulo y que ahora solo han dejado tres en los pasillos.-En virtud de todo lo anterior el juez ejecutor motiva su decisión señalando que el retiro de los enseres eléctricos se debe a que se prevé que no ocurran siniestros en los centros penales por sobre carga de dichos artículos, tal como ocurrió antes en los centros de El Porvenir en La Ceiba y en Comayagua.-Sin embargo, como juez ejecutor recomienda que se permitan ciertos aparatos eléctricos, pero que en virtud de la pandemia se tomen las correspondientes medidas de seguridad, debiendo contar con la opinión e intervención de COPECO, la Empresa de energía eléctrica y otras instituciones necesarias para evitar siniestros. -Al final, el juez decidió declarar no ha lugar la acción del recurso de exhibición personal interpuesto.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Examen de la Sala de lo Constitucional de los hechos y el resultado de las actuaciones realizadas por el juez ejecutor, en relación con la garantía de exhibición personal de mérito. Este alto tribunal de justicia, al examinar las diligencias de mérito, destaca especialmente las siguientes: 1. Lo referido por el juez ejecutor en su informe en relación con lo apuntado por los privados de libertad, quienes se quejan de las incomodidades que les ha provocado el retiro de los electrodomésticos, especialmente los ventiladores, los radios, las estufas y los televisores. En el caso de los ventiladores es de especial atención en aquellos lugares del país donde las altas temperaturas afectan la calidad de vida de los internos, especialmente si padecen de hipertensión arterial u otras condiciones que se agudizan con el clima caliente.-2. La nota enviada por las internas de la Penitenciaria nacional femenina de adaptación social (PNFAS) domiciliadas en los hogares del 1 al 9, casa cuna y reflexión mediante la cual se quejan de la premura con que deben sacar los enseres eléctricos pues les dejan poco tiempo para cumplir con esa orden. Se refieren a estufas, ventiladores, televisores, refrigeradoras, máquinas coser y otros aparatos de belleza y cocina que les son útiles para sus quehaceres y necesidades, inclusive de subsistencia.-3. Informe sin fecha de la entonces directora nacional del Instituto Nacional Penitenciario, abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, mediante la cual refiere que la circular No. 034-DN-INP-2019 emitida el diez de octubre de dos mil diecinueve a todos los directores de centros penitenciarios y coordinadores de módulo para que a más tardar el trece de octubre de dos mil diecinueve se retiraran todos los aparatos eléctricos de los centros penales, se justifica como una medida de seguridad para evitar sobrecargas en los sistema eléctricos y así evitar tragedias como la ocurrida el catorce de febrero de dos mil doce en la granja penal de Comayagua al fallecer trescientos seis internos en un incendio que además costó al Estado de Honduras setenta y dos millones de lempiras para indemnizar a los familiares de las víctimas; asimismo el incendio ocurrido el diecisiete de mayo de dos mil cuatro en el que fallecieron ciento siete privados de libertad, por los que el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos mediante sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil doce a pagar una indemnización. La entonces directora menciona también que dicha determinación se encuentra apegada a derecho en lo dispuesto por los artículos 237 y 238 del Reglamento general de la ley del sistema penitenciario nacional, donde se establecen cuales son los bienes de libre ingreso a los centros penitenciarios y cuales requieren de autorización, por lo que la instrucción es sacar todos los aparatos que no han sido ingresados conforme a dicho reglamento. -4. Plan de contingencias por riesgos de los centros penitenciarios de Honduras emitido por la unidad de ingeniería, infraestructura y diseño del Instituto Nacional Penitenciario, en junio de dos mil diecisiete. Se señala que en los trece centros penitenciarios del país existe sobrepoblación existiendo un cupo para doce mil seiscientos noventa y nueve internos y para entonces había dieciocho mil cuatrocientos trece privados de libertad. -5. Nota de fecha veintiuno de febrero enviada por el director del centro penal de Ilama en el departamento de Santa Bárbara de dos mil veinte, mediante la cual informa al juez ejecutor que dicho centro por ser de máxima seguridad fue diseñado de manera que no existen conexiones eléctricas en sus recintos. El centro dispone de lugares de uso común donde los internos tienen acceso a televisión controlada por las autoridades. -La Sala de lo Constitucional además verifica la literalidad de las disposiciones que sirvieron de fundamento a la restricción de aparatos eléctricos dentro de los centros penitenciarios, o sea los artículos 237 y 238 del Reglamento general de la ley del sistema penitenciario de Honduras, los cuales se transcriben, así: “Artículo 237. BIENES DE LIBRE INGRESO. Con el fin de suministrárselos gratuitamente a la persona interna, el visitante podrá portar consigo al ingresar al establecimiento penitenciario los siguientes bienes: 1. Alimentos cocidos y frutas permitidas en adecuado estado de conservación para su consumo, en las cantidades que sean autorizadas por la dirección del establecimiento penitenciario y siempre que sean aptos para inspeccionarse; 2. Productos útiles para el mantenimiento de la higiene personal; 3. Prendas de vestir y ropa de cama utilizables y limpias; 4. Medicamentos declarados de venta libre por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en pequeñas cantidades determinadas por el médico del establecimiento; 5. Libros, cuadernos y otros útiles de estudio, siempre que no se trate de objetos punzocortantes; 6. Cigarrillos y tabaco ingresados por personas mayores de edad. el director(a) del establecimiento debe establecer los lugares permitidos para su consumo; y, 7. Objetos para el entrenamiento personal cuya utilización por sí misma, no altere el descanso de los demás o afecte una adecuada convivencia.”.- “artículo 238. bienes que requieren autorización para su ingreso. previa solicitud por escrito del interesado, el consejo técnico interdisciplinario del establecimiento penitenciario puede autorizar mediante resolución debidamente fundamentada, el ingreso de cualquier otro bien que no se entienda incluido dentro de los bienes de libre ingreso, o dentro de los prohibidos o decomisables, respetando los controles administrativos previamente determinados. en el caso de los aires acondicionados, la autorización está supeditada a la capacidad del sistema eléctrico del establecimiento penitenciario determinada por autoridad competente y está sujeta a un canon como retribución por el consumo de energía eléctrica, que serán determinados en la resolución. en estos casos y siempre que existan razones institucionales que así lo justifiquen, podrá delimitarse el lugar en donde ha de permanecer dicho bien, lo cual se hará constar también en la resolución respectiva.”.-La Sala de lo Constitucional de exhibición personal, tomando en consideración toda la información anterior llega a las siguientes conclusiones:1. No se constataron las torturas, ni malos tratos crueles, inhumanos o degradantes denunciados por la recurrente, partiendo del hecho que el retiro de los aparatos eléctricos en los centros penitenciarios, es una medida que no entra dentro de la naturaleza y concepto de dichas violaciones. -2. No existe ninguna disposición que establezca la prohibición de tener aparatos eléctricos, de hecho las disposiciones reglamentarias en que la entonces directora del Instituto Nacional Penitenciario fundamentó su decisión no disponen nada al respecto. -3. La justificación de evitar desastres como los incendios ocurridos con anterioridad y que dejaron un saldo elevado de víctimas, si es válida porque se pretende preservar la vida y la indemnidad de todas las personas privadas de liberad; sin embargo, toda medida debe ser idónea, necesaria y proporcional. En ese sentido, la Sala estima que la medida adoptada por la dirección del Instituto Nacional Penitenciaria, si bien es cierto puede ser idónea en virtud de que reduce el riesgo de sobrecalentamiento de las instalaciones eléctricas o accidentes que puedan causar incendios dentro de los centros penales, no son necesarias o únicas en tanto y cuanto puede haber otras medidas de control alternativas al retiro absoluto de aparatos. Asimismo, no es una medida proporcional si se pondera las molestias innecesarias que causa una medida tan radical como la adoptada, especialmente los ventiladores, los cuales pueden ser de mucha importancia para la calidad de vida en aquellos lugares con climas calurosos.-4. De acuerdo con el planteamiento anterior, se nota que la decisión cuestionada en la presente garantía constitucional de exhibición personal, adoptada en forma radical por la dirección del Instituto Nacional Penitenciario no fue debidamente meditada, tampoco partió de un estudio o auxilio de instancias expertas, como por ejemplo: El cuerpo de bomberos, Copeco, la empresa Nacional de Energía Eléctrica, etc.; o en su defecto, siguiendo instrucciones de peritos expertos.-5. Aunque como ya se dijo antes, la medida denunciada no constituye tortura, ni maltrato propiamente dicho, si podría constituir lo que el artículo 182 constitucional establece como una restricción o molestia innecesaria; en virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia cree oportuno declarar con lugar la presente garantía de exhibición personal, en el único sentido de ordenar a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario que proceda adecuar la medida adoptada, esta vez tomando en cuenta y conciliando las necesidades particulares de seguridad de cada centro penitenciario y la mejora de condiciones de vida para las personas privadas de libertad, afectadas por el retiro absoluto de aparatos eléctricos.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 69, 182, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 12 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 1, 13 No. 1, 14, 17, 19, 27, 28, 31, 35, 37, 38 y 39 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. Declarando CON LUGAR la garantía de exhibición personal o habeas corpus correctivo, interpuesto por el ciudadano PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ conocido también como RIHANA FERRERA SÁNCHEZ, (nombre que PEDRO ERNESTO FERRERA SÁNCHEZ, ha adoptado y usado según información ad perpetuam inscrita en el registro de sentencias del Registro de la Propiedad y Mercantil bajo el número 89 del tomo 444 de fecha tres de abril de dos mil diecisiete), en su condición de director ejecutivo de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, a favor de todas las personas privadas de libertad, contra actuaciones del Instituto Nacional Penitenciario. 2. Ordena a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario que proceda adecuar la medida adoptada mediante la circular No. 034-DN-INP-2019, esta vez tomando en cuenta y conciliando las necesidades particulares de seguridad de cada centro penitenciario y la mejora de condiciones de vida para las personas privadas de libertad, afectadas por el retiro absoluto de aparatos eléctricos. 3. Para el cumplimiento de lo anterior la dirección deberá auxiliarse de ayuda técnica del Cuerpo de Bomberos, Copeco, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, etc.; o en su defecto, siguiendo instrucciones de peritos expertos, para que verifiquen la capacidad real de cada uno de los centros y de sus necesidades de seguridad. Asimismo, tomar en cuenta las necesidades de los internos para una estadía digna, conforme a los estándares internacionales y los derechos humanos. 4. La secretaría de la Sala de lo Constitucional deberá remitir certificación de la presente sentencia a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario para su debido cumplimiento. Se concede a dicha entidad un plazo de seis meses para dar cumplimiento con lo ordenado por esta sentencia. 5. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo a la peticionaria, la secretaría de este alto tribunal de justicia proceda al archivo de las presentes diligencias, sin trámites ulteriores. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7 ) días del mes de Septiembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de Agosto del año dos mil veinte (2020 ) recaída en el Recurso de Exhibición Personal , registrado en este Tribunal bajo el número 0916-2019 .- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL