Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-838-20 — Registro 11188

Resumen

En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento De Cortés que declaró Sin Lugar el Recurso de Exhibición Personal contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; manifestando el peticionario, que el día cuatro de febrero del año dos mil veinte se venció el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, siendo éste de dos años y medio. Que dicha causa estaba en Tegucigalpa, pero fue devuelto por defectos procesales al Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, donde actualmente se encuentra el expediente, que solicitó una audiencia de revisión de medidas y no han señalado audiencia y que en ninguno de los Juzgados tanto el de Letras como el Tribunal de Sentencia le quieren señalar la audiencia de revisión de medidas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que el supuesto agraviado, señor JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA, en ningún momento se encontró detenido en forma ilegal, según lo expuesto por el pedidor de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues la detención del referido señor, respondía a un proceso iniciado en su contra por los delitos de Extorsión Continuada y Asociación Ilícita, no obstante a ello, la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta por los plazos establecidos en la ley penal adjetiva, se encontraba ya vencida, procediendo el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Extorsión a la revisión inmediata de la Medida Cautelar impuesta, según lo indicado en la ampliación del Informe emitido por la Juez Ejecutora en fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación, pues la privación de libertad del ciudadano JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA no se consideraba arbitraria al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; no obstante a ello el plazo establecido en la ley para el mantenimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva se encontraba ya vencido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 181 del CPP; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal en contra del señor JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veinte.-VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho (8) de septiembre del presente año dos mil veinte (2020), que declaró SIN LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, a favor del señor JHONY JAVIER MURCIA GARCIA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL UNIFICADO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; manifestando el peticionario, que el día cuatro de febrero del año dos mil veinte se venció el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, siendo éste de dos años y medio. Que dicha causa estaba en Tegucigalpa, pero fue devuelto por defectos procesales al Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, donde actualmente se encuentra el expediente, que solicitó una audiencia de revisión de medidas y no han señalado audiencia y que en ninguno de los Juzgados tanto el de Letras como el Tribunal de Sentencia le quieren señalar la audiencia de revisión de medidas. Ello en relación a la causa instruida contra su representado JHONY JAVIER MURCIA GARCIA, por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN CONTINUADA y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “ER-200” y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado las disposiciones contenidas en los Artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 94 de la Constitución de la República en cuanto a las garantías del debido proceso. -ANTECEDENTES: 1) Que en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, interponiendo Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal a favor del señor JHONY JAVIER MURCIA GARCIA, contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula; manifestando el peticionario, que el día cuatro de febrero del año dos mil veinte se venció el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, siendo éste de dos años y medio. Que dicha causa estaba en Tegucigalpa, pero fue devuelto por defectos procesales al Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, donde actualmente se encuentra el expediente, que solicitó una audiencia de revisión de medidas y no han señalado audiencia y que en ninguno de los Juzgados tanto el de Letras como el Tribunal de Sentencia le quieren señalar la audiencia de revisión de medidas. Ello en relación a la causa instruida contra su representado JHONY JAVIER MURCIA GARCIA, por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN CONTINUADA y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “ER-200” y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado las disposiciones contenidas en los Artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 94 de la Constitución de la República en cuanto a las garantías del debido proceso. (Folio 1fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-2) Que, en la misma fecha, la referida Corte admitió el recurso relacionado, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la abogada KARLA CPRINA MEJIA, a efecto que ordene a las personas presuntamente responsables de la detención que presente al ofendido, así como el original o copia de la orden de detención y que rinda informe detallado de los hechos que la motivaron. (Folios 2 y 3 de la pieza de antecedentes).-3) Que en fecha once (11) de febrero de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, ordenando a la Juez Ejecutor en auto de fecha doce de febrero ampliar el informe tomando en cuanta las observaciones indicadas y evitando ambigüedades, pronunciándose concretamente conforme a las diligencias que realice en el trámite del recurso. (Folios del 10-13 y 54fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal). -4) Que la Juez Ejecutor compareció de nuevo en fecha trece de febrero del año dos mil veinte, ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés a rendir la ampliación de informe ordenado y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo consignó entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha 5 de agosto del año 2017 se le toma declaración de imputado y se le impone la medida de detención judicial, se celebra audiencia inicial el 10 de agosto del mismo año 2017 y se le dicta Auto de Prisión por el delito de Extorsión Continuada y Sobreseimiento Provisional por el delito de Asociación Ilícita y se le impone la medida de prisión preventiva. Se señala audiencia preliminar para el 22 de octubre del año 2019, a lo que el ministerio Público presenta manifestación en el cual explica que el 4 de agosto vence la prisión preventiva. B) Referente a lo establecido en el artículo 181 párrafo 6 del Código procesal Penal en lo que considera la defensa y a lo ya explicado, las demoras en la presente causa no han sido ocasionadas por la defensa, ya que como se informa la mayoría de retrasos fueron causados por el Ministerio Público al presentar recursos de apelación o por el Juzgado de Letras Penal en cuanto a las subsanaciones procedimentales y una incomparecencia de la defensa a la realización de la audiencia preliminar en fecha 11 de octubre a la cual tampoco compareció el fiscal. c) Referente al inciso segundo de la comunicación considera la Juez Ejecutor que el señor Jhony Javier Murcia se encuentra recluido por medio de orden judicial bajo la medida de prisión preventiva, ya las misma se encuentra con vencimiento. D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR, el Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus N° 05-20, interpuesto a favor del señor JHONY JAVIER MURCIA GARCIA ya que si se encuentra ilegalmente detenido por haber sobrepasado el termino de ley para que se le haya realizado un juicio o declara su absolución o inocencia, en base al artículo 181 del Código Procesal Penal y por medio de la presente resolución envío copia del presente informe y oficio al Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional en materia de Extorsión en la ciudad de Tegucigalpa para que los mismos procedan a realizar audiencia de Revisión de Medida cautelar y revocar la medida de prisión preventiva impuesta hasta este momento….” (Folios del 57-61 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-5) Que en fecha ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia Fallando: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA ACCIÓN DE EXHIBICION PERSONAL O HABEAS CORPUS interpuesto por el Abogado NAÍN PAZ SERRANO en su condición de Defensor Privado, a favor del señor JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ÉSTA SECCION JUDICIAL.- Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en CONSULTA a la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 67-72 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal).-6) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020), esta Sala de lo Constitucional, recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1-2 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. -CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO a favor del ciudadano JHONY JAVIER MURCIA GARCIA, contra actuaciones de las autoridades del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en relación a la detención ilegal del señor JOHNY JAVIER MURCIA GARCIA, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. Argumenta la Corte de Apelaciones Penal de San pedro Sula, en atención a jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal en relación al vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, misma que resulta coherente con que el Hábeas Corpus es una institución de garantía para hacer valer el derecho de libertad, o en su caso, el cese de tratos crueles, supuestos de hecho, que no fueron objeto de denuncia constitucional en el presente caso, pero si se denunció una detención ilegal y tratándose en ese aspecto, el Hábeas Corpus, de un proceso especial de cognición limitada, que no versa sobre todos los aspectos o modalidades de una detención, pero si sobre su regularidad y legalidad, estos aspectos, se han observado con la puesta en libertad del procesado por la autoridad jurisdiccional competente (tribunal de sentencia) que reconoció haberse sobrepasado el plazo de prisión preventiva a que el procesado debió haber estado sujeto, razón por la que lo puso en inmediata libertad, mediante imposición de una medida sustitutiva, por lo cual puede ser oído en libertad, resultando por ello que no está en detención ilegal. -CONSIDERANDO (3): Que consta en autos y según el informe rendido por la Juez Ejecutor, que ésta, en fecha siete de febrero del presente año dos mil veinte, se constituyó en las instalaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en la ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de revisar el expediente en relación al proceso instruido en contra del señor Jhony Javier Murcia; en el que pudo constatar que al ciudadano en mención se le impuso medida cautelar de prisión preventiva en fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), por lo que la medida cautelar es ya vencida, por ello a criterio de la Juez ejecutor al ciudadano Jhony Javier Murcia, se le debe revisar la medida cautelar de prisión preventiva y conforme a ello se deberá realizar el cambio de medida cautelar que se encuentra vencida.-CONSIDERANDO (4): Que un examen detenido de los antecedentes y de las actuaciones efectuadas por la juez ejecutora designada revela, que al ciudadano Jhony Javier Murcia García, se le impuso medida cautelar de Prisión Preventiva en fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). De lo cual se colige a la fecha de interposición de la garantía de Hábeas Corpus el referido señor había permanecido en prisión preventiva por DOS (2) AÑOS, SEIS (6) MESES, haciendo el cálculo al mes de febrero del año 2020, sin que hasta el momento se hubiese dictado fallo condenatorio en su contra por los delitos a él acusados de Extorsión Continuada y Asociación Ilícita, ello a efecto de continuar con la medida cautelar de prisión preventiva, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 181 del Código Procesal Penal. Advirtiendo con ello que se ha superado así el tiempo máximo de duración de la prisión preventiva fijada por la ley, que inicialmente es por el plazo de un año por regla general, con las excepciones que el mismo precepto establece. (Vid. art. 181 del Código Procesal Penal).-CONSIDERANDO (5): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1], ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la libertad personal admite restricciones, que Deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. Siguiendo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva.-CONSIDERANDO (6): Que según dispone el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es ilegal y arbitraria: 1) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2) Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.-CONSIDERANDO (7): Que, como lo ha expresado ya esta Sala, la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no sólo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, conforme a la cual se establece el derecho que toda persona tiene para ser juzgada por un Juez competente con arreglo a las formalidades, derechos y garantías previstas por la ley, siendo una de estas la de no ser sometido a un período de prisión preventiva excesivo y por lo tanto con la naturaleza propia de una pena anticipada, derecho que por otro lado encuentra reconocimiento expreso en un instrumento jurídico internacional suscrito por el Estado de Honduras como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, al prever en su artículo 8 No. 1) que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en plazo razonable en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.-CONSIDERANDO (8): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que no se ha observado por parte de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, comprobando que el supuesto agraviado, señor JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA, en ningún momento se encontró detenido en forma ilegal, según lo expuesto por el pedidor de la acción constitucional de Hábeas Corpus, pues la detención del referido señor, respondía a un proceso iniciado en su contra por los delitos de Extorsión Continuada y Asociación Ilícita, no obstante a ello, la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta por los plazos establecidos en la ley penal adjetiva, se encontraba ya vencida, procediendo el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Extorsión a la revisión inmediata de la Medida Cautelar impuesta, según lo indicado en la ampliación del Informe emitido por la Juez Ejecutora en fecha catorce de febrero del año dos mil veinte, ello por ser dicho Tribunal quien tiene la jurisdicción y competencia para resolver sobre esta situación, pues la privación de libertad del ciudadano JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA no se consideraba arbitraria[2] al tenor de lo establecido en el Artículo 24 de la Ley sobre Justicia Constitucional; no obstante a ello el plazo establecido en la ley para el mantenimiento de la medida cautelar de Prisión Preventiva se encontraba ya vencido, al tenor de lo preceptuado en el artículo 181 del CPP; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención ilegal en contra del señor JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la ya referida Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que la revisión, revocación e imposición de medidas cautelares en el proceso penal es una potestad propia de la jurisdicción penal, por ende, en el trámite de la exhibición personal los jueces ejecutores designados no ostentan —en principio— esta potestad en forma taxativa, por lo que se ha dispuesto en el pasado que lo pertinente es que, cuando el caso lo amerite, el ejecutor debe ordenar a la autoridad judicial denunciada responsable de la actuación indebida que proceda a imponer las medidas bajo las formalidades exigidas en el proceso, cuando sea legalmente exigible y bajo las condiciones y circunstancias previstas por la ley. -CONSIDERANDO (10): Que en suma, de la resolución de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, y del Informe y ampliación de Informe emitido por la Juez Ejecutor designada se desprende la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal del señor JHONY JAVIER MURCIA GARCÍA, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. -NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0838-2020 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Jesús María Casal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal, Konrad Adenauer. Magna Terra Editores, Guatemala, diciembre de 2014, Pág. 187. En refuerzo a la injerencia del Estado en el derecho a la Libertad Personal, la Corte ha dejado establecido, que como principio nadie puede ser privado de su libertad física, según lo dispuesto en el Artículo 7.2 de la Convención, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias a este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las leyes cónsonas con ellas, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse.

[2] En relación a las privaciones de libertad arbitrarais e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.