Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-826-20 — Registro 11184

Resumen

En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar el Recurso de Exhibición Personal, contra actuaciones de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional Territorial en Materia Penal; manifestando el peticionario, que su representada se encuentra en una situación de detención ilegal, pues ha permanecido por más de tres años y meses con la medida cautelar de prisión preventiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Por todo lo cual, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor de la libertad del beneficiario de la presente garantía, en virtud que la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz se encuentra legalmente detenida, al declarársele culpable en fallo emitido el 22 de marzo del año 2019, del delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras; desprendiéndose de las investigaciones realizadas por la Juez Ejecutor la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, por parte del Tribunal de Sentencias denunciado, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veinte. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL TERRITORIAL EN MATERIA PENAL; manifestando el peticionario, que su representada se encuentra en una situación de detención ilegal, pues ha permanecido por más de tres años y meses con la medida cautelar de prisión preventiva, todo con relación a la causa instruida contra la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, mediante correo electrónico enviado al Secretario de la Sala de lo Constitucional, por parte del abogado CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL TERRITORIAL EN MATERIA PENAL. Manifestando el peticionario, que a su representada se le venció la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa que se le instruye, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Por lo que en la misma fecha, este Alto Tribunal Resolvió: (Sic) “1º DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE MERITO; 2º REMITIR DE INMEDIATO LAS PRESENTES DILICENGIAS A LA CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para los efectos legales consiguientes; 3º A PREVENCION DESIGNAR COMO JUEZ EJECUTOR para efectos del habeas corpus solicitado a la Abogada EDA VELASQUEZ Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, quien deberá constar los extremos narrados por el recurrente y constituirse de manera inmediata al lugar donde se encuentra detenida la señora FANNY DAYANARA HENRIQUEZ, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo constatar la legalidad a que obedece su detención, asimismo deberá requerir de las autoridades recurridas el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiendo emitir sus conclusiones e informes sobre lo actuado dentro de un plazo prudencial ante la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán….” (Folios del 1-5fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 2) Que en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, tuvo por recibido el Recurso de Exhibición Personal de mérito, ordenando a la Juez Ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional, rendir su informe ante la misma. (Folio 9 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 3) Que en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante la mencionada Corte de Apelaciones, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Al no estar el presente recurso dirigido contra las autoridades del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), y es de conocimiento público la situación que impera a nivel mundial a causa de la pandemia de COVID-19, se deben tomar con la debida responsabilidad las medidas pertinentes para evitar su propagación; se estima que la visita al centro penitenciario ya mencionado, pone en menoscabo la salud y la vida, tanto de los privados de libertad, como de los jueces ejecutores. Por lo tanto, se estima como innecesario requerir a las autoridades penitenciarias, o entrevistar a la agraviada; pues con el informe de la autoridad recurrida, se derivara si hay o no una detención ilegal, tal como lo alega el recurrente; B) Que en fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020), recibió el informe rendido por las autoridades de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional Territorial en Materia Penal, en donde pudo constatar lo siguiente: que en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019), se declaró culpable a la señora FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; que la defensa de la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, solicitó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que debe aplicársele conforme al principio de Retroactividad de la ley penal más favorable, ya que la pena a imponer seria de 8 años de prisión, rebajada a la mitad por tener ésta una relación de unión de hecho con el señor Elvin Noé Peña; misma que fue declarada SIN LUGAR, en virtud de lo establecido en el artículo 439 numeral 2 del Código Penal vigente, señalando en dicha normativa que la pena a imponer es de ocho (8) a diez (10) años y multa de cien por ciento de dicho valor; C) Que conforme a la doctrina y a la Ley sobre Justicia Constitucional y de lo relatado según los hechos del escrito de interposición del presente recurso, e informe proporcionado, se determina que no se cumple con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un hábeas corpus o exhibición personal, ya que el Tribunal declaró sin lugar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva en virtud de lo establecido en el artículo 439 numeral 2 del Código Penal vigente, señalando en dicha normativa que la pena a imponer es de ocho (8) a diez (10) años y multa del cien por ciento del valor, por lo cual y habida cuenta que la imputada se encuentra en detención preventiva desde el 8 de mayo del 2017, a la fecha lleva en efectiva reclusión 3 años 3 meses 16 días, por lo cual al tenor de lo establecido en el artículo 181 cuarto párrafo del Código Procesal Penal que establece que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de duración del mínimo de la pena a aplicar, conforme lo enmarcado en la normativa penal sustantiva, el mínimo sería de 4 años de prisión. D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (Sic) “DECLARA: NO HA LUGAR la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA….”. (Folios del 13-22 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 4) Que en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil veinte (2020), la referida Corte de Apelaciones, dictó Sentencia, mediante al cual Falló: (Sic) “1) Declarando NO HA LUGAR la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito. 2)Remitir en revisión las presentes diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. MANDA: Que se notifique la presente resolución al peticionario y se remita en revisión a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios 23-24 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 5) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el abogado CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la Privada de Libertad FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, contra actuaciones del SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en relación a la posible detención ilegal de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, por el vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. En la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se argumenta que del contenido del informe se desprende que en fecha diez de agosto de dos mil veinte a solicitud del Abogado Marvin Calix, se realizó audiencia de revisión de medidas en la que se resolvió declarar sin lugar la petición de la defensa y se mantiene la prisión preventiva. Asimismo, del análisis de las diligencias y del informe de la Jueza Ejecutora Defensora Pública Abogada Ela Lizeth Velásquez Bonilla se constata que la señora Fanny Dayanara Henríquez Paz, se encuentra interna en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) por orden de autoridad competente en virtud de prisión preventiva que se ha mantenido en la audiencia de revisión de medidas.- CONSIDERANDO (3): Que consta en autos, las investigaciones realizadas por la Juez Ejecutora, dando cumplimiento a lo ordenado y conociendo a prevención por este Alto Tribunal, en fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinte, como ser el Informe emitido por la Abogada Leandra Lissett Vega Montoya, Juez de Sentencia, mediante el cual informa que en el expediente 6-26-2018, del 14 de enero al 6 de febrero del año 2019 se llevó a cabo juicio oral y público contra la señora Fanny Dayanara Henríquez Paz; ese Tribunal emitió fallo el 22 de marzo del año 2019, donde se declara culpable a la señora Fanny Dayanara Henríquez Paz por el delito de Lavado de Activos; el Ministerio Público en audiencia de Individualización de la Pena, solicitó la imposición de la pena de 15 años de reclusión; la Defensa solicitó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que debe aplicársele conforme al principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable, pues según la defensa, la pena a imponer es de 8 años de prisión, rebajada a la mitad por tener ésta una relación de unión de hecho con el señor Elvin Noé Peña; ante tal solicitud el Tribunal declaró sin lugar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en virtud de lo establecido en el Artículo 439 numeral 2 del Código Penal vigente, señalando dicha normativa que la pena a imponer es de 8 a 10 años y multa; por lo cual la imputada se encuentra en detención preventiva desde el 8 de mayo de 2017, a la fecha en efectiva reclusión 3 años 3 meses 16 días.- CONSIDERANDO (4): Que la Constitución de la República garantiza la libertad personal, al establecer en el Artículo 69 que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Con el fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la libertad personal inter alia, se instituyó la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus, como un mecanismo judicial ágil, rápido, carente de formalismo y de observación general, a efecto de hacer cesar de manera rápida y efectiva cualquier detención ilegal que sufra una persona, así como todo tormento o tortura que pudiera estar soportando en su detención legal.- CONSIDERANDO (5): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[1].- CONSIDERANDO (6): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 constitucional, la libertad personal sólo podrá ser suspendida y restringida con arreglo a las leyes; en ese orden de ideas el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta el grado de dificultad, la dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. El mismo precepto 181 de la ley penal adjetiva señala que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.- CONSIDERANDO (7): Que se puede entender que la prisión preventiva se extiende hasta el momento en que la sentencia condenatoria adquiere firmeza, por lo que una vez que se hayan vencido los plazos ordinarios o extraordinarios, podría alegarse que el mantenimiento de la prisión preventiva vulneraria derechos constitucionales como el principio de inocencia; pero ya resuelta dicha situación el Código Procesal expresa que dicha medida cautelar podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia, siendo el órgano jurisdiccional quien deberá de reevaluar posterior a la declaración de culpabilidad, la necesidad de asegurar que el presunto culpable no eludirá la acción de justicia. Es fundamental determinar en qué momento procesal se encuentra el proceso penal que se está conociendo en contra del beneficiario del presente Hábeas corpus, dado que el veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia determinó o declaró la culpabilidad de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, lo que se rompe la presunción de inocencia.- CONSIDERANDO (8): Que se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia a través de la Juez de Sentencia Abogada Leandra Lissett Vega Montoya, que la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un análisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aún no ha recaído sentencia condenatoria.- CONSIDERANDO (9): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede decretar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional, en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen definidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, es imperativo indicar que se ha modificado el status jurídico de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz de inocente a culpable, siendo aplicable en consecuencia el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz; si bien en este punto radica el motivo por el cual el Tribunal ha procedido a declarar sin lugar la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, ante la falta de individualización de la pena a imponer a la imputada, en atención al principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ésta es una situación que compete resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia y de no estar conforme la parte interesada, procede la interposición de los recursos ordinarios que la ley prevé el respecto.- CONSIDERANDO (10): Que como se ha interpretado, el beneficiario del Hábeas Corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpablilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme[2], por lo que es aplicable lo dispuesto por el artículo 181 de la norma antes indicada, en lo concerniente a lo potestativo de la ampliación de la prisión preventiva, siendo que esta no puede observarse nunca como una pena anticipada, deberá el órgano jurisdiccional competente determinar dicha ampliación a petición de una de las partes procesales, sino deberá de ordenar la sustitución de la medida cautelar a una distinta a la de la prisión preventiva.- CONSIDERANDO (11): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que de las investigaciones realizadas por la Juez Ejecutor, no se ha observado por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que en relación a las privaciones de libertad que se consideran ilegales enumera taxativamente tres presupuestos a saber: “DE LAS PRIVACIONES DE LIBERTAD QUE SE CONSIDERAN ILEGALES Y ARBITRARIAS. Es ilegal y arbitraria: 1). Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2). Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3). Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.”, presupuestos éstos que no se observan en los hechos denunciados, ello porque no obstante haber vencido el plazo de dos años seis meses de la medida cautelar de prisión preventiva, a la imputada se le declaró culpable del delito acusado de Lavado de Activos, en Audiencia de Juicio Oral y Público que culminó en fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve, siendo aplicable en el presente caso lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal, relacionado a que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.- CONSIDERANDO (12): Que conforme a lo anteriormente expuesto, la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz no se encuentra detenida ilegalmente; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención o prisión ilegal, en contra de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, por todo lo cual, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán.- CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Por todo lo cual, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor de la libertad del beneficiario de la presente garantía, en virtud que la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz se encuentra legalmente detenida, al declarársele culpable en fallo emitido el 22 de marzo del año 2019, del delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras; desprendiéndose de las investigaciones realizadas por la Juez Ejecutor la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, por parte del Tribunal de Sentencias denunciado, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.- CONSIDERANDO (14): Que advierte esta Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, no llama la atención a sus subalternos en cuanto al tiempo transcurrido sin que se haya emitido pronunciamiento en cuanto a la determinación de la pena y la redacción de la sentencia, conforme lo dispuesto en el Artículo 343 del Código Procesal Penal, al advertirse del informe emitido por la Juez de Sentencia Abogada Leandra Lissett Vega Montoya, que el juicio oral culminó en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), pronunciándose fallo condenatoria en fecha veintidós (22) de marzo del mismo año dos mil diecinueve (2019), por lo que al mes de marzo del presente año dos mil veinte había transcurrido un año, sin existir pronunciamiento en relación a la individualización de la pena a imponer a la imputada Fanny Dayanara Henríquez Paz, actuando con lenidad la Corte de Apelaciones, al no realizar las correcciones disciplinarias y procesales que corresponden, según lo dispone el artículo 57, en relación con el artículo 43 y 28 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, toda vez que se constaten las circunstancias del por qué a la fecha de interposición de la presente garantía de Hábeas Corpus, no se ha dado continuidad al proceso incoado en contra de la imputada FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0826-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil veinte. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL TERRITORIAL EN MATERIA PENAL; manifestando el peticionario, que su representada se encuentra en una situación de detención ilegal, pues ha permanecido por más de tres años y meses con la medida cautelar de prisión preventiva, todo con relación a la causa instruida contra la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), se interpuso Recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, mediante correo electrónico enviado al Secretario de la Sala de lo Constitucional, por parte del abogado CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, contra actuaciones de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL TERRITORIAL EN MATERIA PENAL. Manifestando el peticionario, que a su representada se le venció la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa que se le instruye, por suponerla responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Por lo que en la misma fecha, este Alto Tribunal Resolvió: (Sic) “1º DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE MERITO; 2º REMITIR DE INMEDIATO LAS PRESENTES DILICENGIAS A LA CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para los efectos legales consiguientes; 3º A PREVENCION DESIGNAR COMO JUEZ EJECUTOR para efectos del habeas corpus solicitado a la Abogada EDA VELASQUEZ Defensora Pública de la Ciudad de Tegucigalpa, quien deberá constar los extremos narrados por el recurrente y constituirse de manera inmediata al lugar donde se encuentra detenida la señora FANNY DAYANARA HENRIQUEZ, haciendo cesar de manera inmediata cualquier tormento, tortura, vejamen exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual, asimismo constatar la legalidad a que obedece su detención, asimismo deberá requerir de las autoridades recurridas el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiendo emitir sus conclusiones e informes sobre lo actuado dentro de un plazo prudencial ante la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán….” (Folios del 1-5fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 2) Que en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, tuvo por recibido el Recurso de Exhibición Personal de mérito, ordenando a la Juez Ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional, rendir su informe ante la misma. (Folio 9 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 3) Que en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante la mencionada Corte de Apelaciones, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Al no estar el presente recurso dirigido contra las autoridades del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), y es de conocimiento público la situación que impera a nivel mundial a causa de la pandemia de COVID-19, se deben tomar con la debida responsabilidad las medidas pertinentes para evitar su propagación; se estima que la visita al centro penitenciario ya mencionado, pone en menoscabo la salud y la vida, tanto de los privados de libertad, como de los jueces ejecutores. Por lo tanto, se estima como innecesario requerir a las autoridades penitenciarias, o entrevistar a la agraviada; pues con el informe de la autoridad recurrida, se derivara si hay o no una detención ilegal, tal como lo alega el recurrente; B) Que en fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020), recibió el informe rendido por las autoridades de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional Territorial en Materia Penal, en donde pudo constatar lo siguiente: que en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019), se declaró culpable a la señora FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; que la defensa de la ciudadana FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, solicitó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que debe aplicársele conforme al principio de Retroactividad de la ley penal más favorable, ya que la pena a imponer seria de 8 años de prisión, rebajada a la mitad por tener ésta una relación de unión de hecho con el señor Elvin Noé Peña; misma que fue declarada SIN LUGAR, en virtud de lo establecido en el artículo 439 numeral 2 del Código Penal vigente, señalando en dicha normativa que la pena a imponer es de ocho (8) a diez (10) años y multa de cien por ciento de dicho valor; C) Que conforme a la doctrina y a la Ley sobre Justicia Constitucional y de lo relatado según los hechos del escrito de interposición del presente recurso, e informe proporcionado, se determina que no se cumple con ninguno de los presupuestos legales establecidos para incoar un hábeas corpus o exhibición personal, ya que el Tribunal declaró sin lugar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva en virtud de lo establecido en el artículo 439 numeral 2 del Código Penal vigente, señalando en dicha normativa que la pena a imponer es de ocho (8) a diez (10) años y multa del cien por ciento del valor, por lo cual y habida cuenta que la imputada se encuentra en detención preventiva desde el 8 de mayo del 2017, a la fecha lleva en efectiva reclusión 3 años 3 meses 16 días, por lo cual al tenor de lo establecido en el artículo 181 cuarto párrafo del Código Procesal Penal que establece que en ningún caso la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de duración del mínimo de la pena a aplicar, conforme lo enmarcado en la normativa penal sustantiva, el mínimo sería de 4 años de prisión. D) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (Sic) “DECLARA: NO HA LUGAR la acción del recurso de exhibición personal, interpuesto por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA….”. (Folios del 13-22 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 4) Que en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil veinte (2020), la referida Corte de Apelaciones, dictó Sentencia, mediante al cual Falló: (Sic) “1) Declarando NO HA LUGAR la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, de la cual se ha hecho mérito. 2)Remitir en revisión las presentes diligencias a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. MANDA: Que se notifique la presente resolución al peticionario y se remita en revisión a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios 23-24 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal)- 5) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.- CONSIDERANDO (2): Que de lo anteriormente expuesto se desprende que la Acción de Hábeas Corpus intentada por el abogado CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la Privada de Libertad FANNY DAYANARA HENRIQUEZ PAZ, contra actuaciones del SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, en relación a la posible detención ilegal de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, por el vencimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, no se enmarca en ninguno de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se declare con lugar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal intentada. En la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se argumenta que del contenido del informe se desprende que en fecha diez de agosto de dos mil veinte a solicitud del Abogado Marvin Calix, se realizó audiencia de revisión de medidas en la que se resolvió declarar sin lugar la petición de la defensa y se mantiene la prisión preventiva. Asimismo, del análisis de las diligencias y del informe de la Jueza Ejecutora Defensora Pública Abogada Ela Lizeth Velásquez Bonilla se constata que la señora Fanny Dayanara Henríquez Paz, se encuentra interna en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) por orden de autoridad competente en virtud de prisión preventiva que se ha mantenido en la audiencia de revisión de medidas.- CONSIDERANDO (3): Que consta en autos, las investigaciones realizadas por la Juez Ejecutora, dando cumplimiento a lo ordenado y conociendo a prevención por este Alto Tribunal, en fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinte, como ser el Informe emitido por la Abogada Leandra Lissett Vega Montoya, Juez de Sentencia, mediante el cual informa que en el expediente 6-26-2018, del 14 de enero al 6 de febrero del año 2019 se llevó a cabo juicio oral y público contra la señora Fanny Dayanara Henríquez Paz; ese Tribunal emitió fallo el 22 de marzo del año 2019, donde se declara culpable a la señora Fanny Dayanara Henríquez Paz por el delito de Lavado de Activos; el Ministerio Público en audiencia de Individualización de la Pena, solicitó la imposición de la pena de 15 años de reclusión; la Defensa solicitó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que debe aplicársele conforme al principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable, pues según la defensa, la pena a imponer es de 8 años de prisión, rebajada a la mitad por tener ésta una relación de unión de hecho con el señor Elvin Noé Peña; ante tal solicitud el Tribunal declaró sin lugar la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en virtud de lo establecido en el Artículo 439 numeral 2 del Código Penal vigente, señalando dicha normativa que la pena a imponer es de 8 a 10 años y multa; por lo cual la imputada se encuentra en detención preventiva desde el 8 de mayo de 2017, a la fecha en efectiva reclusión 3 años 3 meses 16 días.- CONSIDERANDO (4): Que la Constitución de la República garantiza la libertad personal, al establecer en el Artículo 69 que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Con el fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la libertad personal inter alia, se instituyó la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus, como un mecanismo judicial ágil, rápido, carente de formalismo y de observación general, a efecto de hacer cesar de manera rápida y efectiva cualquier detención ilegal que sufra una persona, así como todo tormento o tortura que pudiera estar soportando en su detención legal.- CONSIDERANDO (5): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[3].- CONSIDERANDO (6): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 constitucional, la libertad personal sólo podrá ser suspendida y restringida con arreglo a las leyes; en ese orden de ideas el Artículo 181 del Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año. Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años. Excepcionalmente, y habida cuenta el grado de dificultad, la dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público. En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito. El mismo precepto 181 de la ley penal adjetiva señala que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.- CONSIDERANDO (7): Que se puede entender que la prisión preventiva se extiende hasta el momento en que la sentencia condenatoria adquiere firmeza, por lo que una vez que se hayan vencido los plazos ordinarios o extraordinarios, podría alegarse que el mantenimiento de la prisión preventiva vulneraria derechos constitucionales como el principio de inocencia; pero ya resuelta dicha situación el Código Procesal expresa que dicha medida cautelar podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia, siendo el órgano jurisdiccional quien deberá de reevaluar posterior a la declaración de culpabilidad, la necesidad de asegurar que el presunto culpable no eludirá la acción de justicia. Es fundamental determinar en qué momento procesal se encuentra el proceso penal que se está conociendo en contra del beneficiario del presente Hábeas corpus, dado que el veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia determinó o declaró la culpabilidad de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, lo que se rompe la presunción de inocencia.- CONSIDERANDO (8): Que se concluye dado el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia a través de la Juez de Sentencia Abogada Leandra Lissett Vega Montoya, que la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, tiene el status de culpable, y la misma tiene el carácter de definitiva, aunque tal decisión no se encuentre firme y cause ejecutoría (res iudicata); situación que se vuelve pertinente para un análisis diferenciado de una persona acusada en un proceso penal en el cual aún no ha recaído sentencia condenatoria.- CONSIDERANDO (9): Que para esta Sala de lo Constitucional no procede decretar la liberación del beneficiario de la presente garantía constitucional, en vista de que al hacer una revisión de los artículos 13, 24 y 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se tienen definidas legalmente las situaciones en que se decretará con lugar una exhibición personal; en el presente caso se considera que la detención no es ilegal porque ha emanado de una autoridad competente y si bien ha transcurrido más del plazo de dos años y seis meses de prisión preventiva, es imperativo indicar que se ha modificado el status jurídico de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz de inocente a culpable, siendo aplicable en consecuencia el párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal que indica que la prisión preventiva podrá durar hasta la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito, mientras se sustancia algún recurso extraordinario contra la declaratoria definitiva de culpabilidad que ha recaído en la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz; si bien en este punto radica el motivo por el cual el Tribunal ha procedido a declarar sin lugar la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, ante la falta de individualización de la pena a imponer a la imputada, en atención al principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ésta es una situación que compete resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia y de no estar conforme la parte interesada, procede la interposición de los recursos ordinarios que la ley prevé el respecto.- CONSIDERANDO (10): Que como se ha interpretado, el beneficiario del Hábeas Corpus ha perdido la presunción de inocencia, en vista de la declaratoria de culpablilidad que ha recaído en su persona, aunque la misma no se encuentre firme[4], por lo que es aplicable lo dispuesto por el artículo 181 de la norma antes indicada, en lo concerniente a lo potestativo de la ampliación de la prisión preventiva, siendo que esta no puede observarse nunca como una pena anticipada, deberá el órgano jurisdiccional competente determinar dicha ampliación a petición de una de las partes procesales, sino deberá de ordenar la sustitución de la medida cautelar a una distinta a la de la prisión preventiva.- CONSIDERANDO (11): Que para esta Sala de lo Constitucional, la sentencia que se revisa es apegada a derecho, toda vez que de las investigaciones realizadas por la Juez Ejecutor, no se ha observado por parte de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, violación a lo prescrito en el artículo 13 en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que en relación a las privaciones de libertad que se consideran ilegales enumera taxativamente tres presupuestos a saber: “DE LAS PRIVACIONES DE LIBERTAD QUE SE CONSIDERAN ILEGALES Y ARBITRARIAS. Es ilegal y arbitraria: 1). Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las personas o a la propiedad; 2). Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley; y, 3). Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado.”, presupuestos éstos que no se observan en los hechos denunciados, ello porque no obstante haber vencido el plazo de dos años seis meses de la medida cautelar de prisión preventiva, a la imputada se le declaró culpable del delito acusado de Lavado de Activos, en Audiencia de Juicio Oral y Público que culminó en fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve, siendo aplicable en el presente caso lo dispuesto en el artículo 181 del Código Procesal Penal, relacionado a que una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.- CONSIDERANDO (12): Que conforme a lo anteriormente expuesto, la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz no se encuentra detenida ilegalmente; por tanto, resulta apegada a derecho la declaratoria sin lugar de la presente acción constitucional, toda vez que no se acreditó haber detención o prisión ilegal, en contra de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, por todo lo cual, no habiéndose comprobado ninguno de los extremos que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional para el otorgamiento de la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, procedía su declaratoria sin lugar, como en efecto se pronunció la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán.- CONSIDERANDO (13): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad. Por todo lo cual, siendo esta una situación no comprendida en ninguno de los supuestos para invocar la garantía de Hábeas Corpus, no procede decretar el cese de restricción alguna a favor de la libertad del beneficiario de la presente garantía, en virtud que la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz se encuentra legalmente detenida, al declarársele culpable en fallo emitido el 22 de marzo del año 2019, del delito de Lavado de Activos en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras; desprendiéndose de las investigaciones realizadas por la Juez Ejecutor la no existencia de trasgresión alguna a los derechos fundamentales de libertad personal e integridad personal de la ciudadana Fanny Dayanara Henríquez Paz, por parte del Tribunal de Sentencias denunciado, por lo cual se hace procedente en derecho confirmar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión y que se tenga por definitiva, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado.- CONSIDERANDO (14): Que advierte esta Sala de lo Constitucional, que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, no llama la atención a sus subalternos en cuanto al tiempo transcurrido sin que se haya emitido pronunciamiento en cuanto a la determinación de la pena y la redacción de la sentencia, conforme lo dispuesto en el Artículo 343 del Código Procesal Penal, al advertirse del informe emitido por la Juez de Sentencia Abogada Leandra Lissett Vega Montoya, que el juicio oral culminó en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), pronunciándose fallo condenatoria en fecha veintidós (22) de marzo del mismo año dos mil diecinueve (2019), por lo que al mes de marzo del presente año dos mil veinte había transcurrido un año, sin existir pronunciamiento en relación a la individualización de la pena a imponer a la imputada Fanny Dayanara Henríquez Paz, actuando con lenidad la Corte de Apelaciones, al no realizar las correcciones disciplinarias y procesales que corresponden, según lo dispone el artículo 57, en relación con el artículo 43 y 28 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, toda vez que se constaten las circunstancias del por qué a la fecha de interposición de la presente garantía de Hábeas Corpus, no se ha dado continuidad al proceso incoado en contra de la imputada FANNY DAYANARA HENRÍQUEZ PAZ. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia que se revisa y que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión, registrado en este Tribunal bajo el número 0826-2020.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.

[2] Al tiempo de cumplimentarse las diligencias de investigación por la Juez Ejecutora nombrada.

[3] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.

[4] Al tiempo de cumplimentarse las diligencias de investigación por la Juez Ejecutora nombrada.