Sentencia EP-762-20 — Registro 13297
Resumen
que representado tiene problemas de salud, desde hace seis (6) meses se desconoce de su estado físico, y por la situación sanitaria de nuestro país, es una persona propensa a contagiarse de COVID-19. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que en este respecto, resulta meritorio reiterar que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala debe exhortar a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías. CONSIDERANDO (8): Que con respecto a las restricciones en torno a visitas y acceso al teléfono, se ha constatado de las actuaciones de mérito que tales medidas han sido tomadas por las autoridades del centro penal como acciones preventivas para evitar la exposición de los reclusos al virus del COVID-19, situación que no implica, a criterio de esta Sala, que el agraviado se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido en forma indebida en el goce de su libertad, pues tales acciones son propias del régimen penitenciario al que está sometido, correspondiendo las mismas a la prevención y protección de la salud, no solo del supuesto agraviado, sino del resto de la población penitenciaria. Por las mismas razones, tampoco encuentra esta Sala que tales medidas puedan calificarse como tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y si bien podrían buscarse mecanismos alternos para facilitar la comunicación con apoderados o familiares, ello no corresponde ser resuelto o decidido por medio de la presente acción constitucional sino por los canales, medios y/o recursos legales que establece nuestra legislación ordinaria. CONSIDERANDO (9): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (10): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer de la juez ejecutora nombrada al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al no cumplirse los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de la persona considerada como agraviada, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 38 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de octubre de dos mil veinte. VISTAS: Para dictar Sentencia en el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por la abogada GLADYS ENEYDA TRUJILLO MONDRAGÓN, a favor del señor EDWIN GEOVANY HERNÁNDEZ RUIZ, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP); manifestando la peticionaria, que su representado se encuentra en una situación de peligro y alto riesgo a su vida. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán, la abogada GLADYS ENEYDA TRUJILLO MONDRAGÓN, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor del señor EDWIN GEOVANY HERNÁNDEZ RUIZ, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP). Manifestando la peticionaria, que su representado tiene problemas de salud, desde hace seis (6) meses se desconoce de su estado físico, y por la situación sanitaria de nuestro país, es una persona propensa a contagiarse de COVID-19. Situación que, a criterio de la peticionaria, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 84 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 2-3 del presente Recurso). 2) Que, en la misma fecha, este Alto Tribunal admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró Juez Ejecutora a la abogada CLAUDIA ANABELLE PEREIRA FLORES, Defensora Pública de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 4 y 5 del presente Recurso). 3) Que en fecha ocho (8) de septiembre de dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que según el informe rendido por las autoridades del Centro Penitenciario de Morocelí, departamento de El Paraíso, se pudo constatar lo siguiente: que el señor EDWIN GEOVANY HERNÁNDEZ RUIZ, ingresó al Centro Penitenciario de Tamara, en fecha trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019), por suponerlo responsable de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, por orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; se encuentra recluido en el módulo 5 de medida de seguridad; en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), se le otorgó sobreseimiento definitivo por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, pero se encuentra procesado por el delito de EXTORSIÓN; que según el informe del médico del Centro Penitenciario, se puede constatar que el señor EDWIN GEOVANY HERNÁNDEZ RUIZ fue diagnosticado con diabetes II y tuberculosis pulmonar, estas condiciones están siendo controladas con tratamiento que le proporciona la misma farmacia del centro penitenciario, y; entre las medidas preventivas impuestas, se han implementado la suspensión de visitas de familiares a nivel nacional, se han dado charlas para la socialización de las medidas preventivas a todo el personal y población penitenciaria, el uso obligatorio de mascarillas y guantes a toda persona interna y externa que ingresa al centro penitenciario, desinfección de vehículos y persona que ingresa al centro, toma de temperatura e interrogación de signos y síntomas sobre COVID-19, proporción de mascarillas y material de aseo personal a la población penitenciaria, y la fumigación del establecimiento penitenciario; B) Que según el informe rendido por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se pudo constatar: que el señor EDWIN GEOVANY HERNÁNDEZ RUIZ se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Morocelí, departamento de El Paraíso; ingresó en fecha trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019), por una causa que se le instruía por suponerlo responsable de los delitos de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, bajo orden del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; que en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), se dictó sobreseimiento definitivo por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, pero no fue puesto en libertad, por ser procesado por los delitos de EXTORSIÓN, en perjuicio de los TESTIGOS PROTEGIDOS BB303, y ASESINATO Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de DIANA YARELI MENDOZA PALAO, DARWIN JOSUÉ MARTINES MONCADA, ELVIN ANTONIO GARCÍA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (SIC) “DECLARA NO HA LUGAR la Acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal, interpuesta por la señora GLADYS ENEYDA TRUJILLO MONDRAGÓN en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veinte a favor de EDWIN GEOVANY HERNÁNDEZ RUIZ, en virtud de que los planteamientos esgrimidos por la peticionaria NO PUEDEN ENMARCARSE dentro delos preceptos de: una detención ilegal o arbitraria, así mismo que la orden de prisión no emane de autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley o que la misma no se cumpla en los centros destinados para tal efecto por el Estado, de igual forma que en su prisión legal esté siendo víctima de tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda clase de coacción, restricción, o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Es importante remarcar que la petición planteada por la recurrente no es susceptible del Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus, ya que el mismo es un mecanismo de defensa para garantizar la libertad personal o individual frente a actos de autoridad realizados con inobservancia de normas constitucionales y legales; …”. (Folios 15v–40v del presente Recurso) 4) Que en fecha nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020), se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los antecedentes enviados por el referido Juzgado, en virtud de inhibirse el mismo, de seguir conociendo de dicho trámite. (Folio 42 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de la República: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o de Exhibición Personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla: 1º Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y 2º Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal tiene por objeto hacer valer los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales que se lleva a cabo en perjuicio de quien se encuentre o haya sido privado de su libertad. CONSIDERANDO (3): Que, bajo esta premisa, como ya lo ha pronunciado esta Sala en forma reiterada, el Habeas Corpus ha sido establecido con el fin de resguardar la libertad personal frente a la arbitrariedad y establecer remedios eficaces y rápidos para eventuales supuestos de detenciones de la persona, no justificados legalmente o que transcurran en condiciones ilegales. El Habeas Corpus se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento[1] y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención y las condiciones de esta[2], con el fin que el órgano jurisdiccional que la conoce se pronuncie sobre la conformidad a derecho de la detención. CONSIDERANDO (4): Que con relación a los extremos externados por la recurrente para la interposición de su recurso, esta Sala debe insistir que el recurso de habeas corpus procura prevenir, sancionar e impedir la privación ilegal de la libertad, la imposición arbitraria de la detención o prisión, o la aplicación al agraviado de tormentos, torturas y cualquier otro vejamen de los consignados en el texto constitucional y en el artículo 13.1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que recoge a su vez las estipulaciones normativas constitucionales. El objeto de esta acción constitucional es la de garantizar en forma efectiva los derechos del agraviado ante una detención ilegal o arbitraria y hacer cesar toda conducta o acción encaminada o emergente de una violación de derechos individuales. CONSIDERANDO (5): Que, de las actuaciones llevadas a cabo por la Juez Ejecutora designada en el presente trámite, se logró acreditar que el agraviado ha sido imputado por la supuesta comisión de delitos por parte del Ministerio Público como ente encargado del ejercicio de la acción penal pública, habiéndole sido impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por autoridad judicial competente, de ahí entonces que la privación de su libertad ha sido dispuesta por la autoridad, dentro de los requerimientos de la ley. La juez además determinó que el peticionario tampoco ha sufrido ningún tipo de torturas, malos tratos, vejámenes o exacciones ilegales, ello de acuerdo con lo consignado y verificado por dicha funcionaria, así entonces, resulta evidente para esta Sala que no se han acreditado en el presente trámite, ninguno de los supuestos establecidos por la ley para el otorgamiento de la garantía constitucional que se ha invocado. CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, el agraviado ha externado su preocupación ante la propagación en nuestro país del virus COVID19, estimando que su condición de salud actual, al padecer de ciertas enfermedades preexistentes, le hace susceptible a que, de contagiarse de dicho virus, su vida correría peligro. Al respecto, la juez ejecutora nominada logró constatar que el imputado ha recibido atención médica para el tratamiento de sus enfermedades, y se le han proporcionado los medicamentos que se requieren para mantener el debido tratamiento al agraviado. Dicho lo anterior, y como ya lo ha manifestado esta Sala, resultan preocupantes las condiciones de hacinamiento que persisten en nuestros centros penales, por lo que deben tomarse acciones apropiadas para mitigar esta situación que sin duda favorece la insalubridad y compromete las medidas de control sanitario que sean o puedan ser aplicadas por las autoridades y el personal de salud, siendo que, sobre todo tratándose de esta particular enfermedad, el distanciamiento social y el aislamiento resultan ser claves para evitar su propagación. CONSIDERANDO (7): Que en este respecto, resulta meritorio reiterar que la salud de los privados de libertad en los distintos centros carcelarios y de detención en el país, es responsabilidad del Estado de Honduras, por ende, todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial deben tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19. Así entonces, esta Sala debe exhortar a las autoridades referidas a que acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías. CONSIDERANDO (8): Que con respecto a las restricciones en torno a visitas y acceso al teléfono, se ha constatado de las actuaciones de mérito que tales medidas han sido tomadas por las autoridades del centro penal como acciones preventivas para evitar la exposición de los reclusos al virus del COVID-19, situación que no implica, a criterio de esta Sala, que el agraviado se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido en forma indebida en el goce de su libertad, pues tales acciones son propias del régimen penitenciario al que está sometido, correspondiendo las mismas a la prevención y protección de la salud, no solo del supuesto agraviado, sino del resto de la población penitenciaria. Por las mismas razones, tampoco encuentra esta Sala que tales medidas puedan calificarse como tormentos, torturas, vejámenes, exacciones ilegales, coacciones, restricciones o molestias innecesarias para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y si bien podrían buscarse mecanismos alternos para facilitar la comunicación con apoderados o familiares, ello no corresponde ser resuelto o decidido por medio de la presente acción constitucional sino por los canales, medios y/o recursos legales que establece nuestra legislación ordinaria. CONSIDERANDO (9): Que en lo referente a la procedencia de la acción de habeas corpus, el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los Artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. CONSIDERANDO (10): Que con fundamento en las anteriores consideraciones, al no cumplirse los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, de acuerdo con el parecer de la juez ejecutora nombrada al efecto, esta Sala es del criterio porque la presente acción de exhibición personal debe ser denegada, al no cumplirse los requisitos que la ley exige para declarar la procedencia de esta acción constitucional, pues no se ha verificado violación alguna de derechos en perjuicio de la persona considerada como agraviada, no constando de lo actuado que se haya dado alguno de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5a. y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 17, 38, 72, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL del cual se ha hecho mérito, interpuesto por la abogada GLADYS ENEYDA TRUJILLO MONDRAGÓN, a favor del señor EDWIN GEOVANY HERNÁNDEZ RUIZ, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INP); 2) EXHORTAR a las autoridades del Centro Penal de Máxima Seguridad de Morocelí, Departamento de El Paraíso a que se acaten sin reserva ni dilación las instrucciones y recomendaciones que han sido dadas a conocer por las autoridades de salud de la República y además por la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención, cuidado y tratamiento de la pandemia del COVID19, debiéndose hacer valer el mandato constitucional de preservar a la persona humana, así como sus derechos y garantías; 3) EXHORTAR a su vez a todos los empleados y funcionarios del orden administrativo, policial y judicial a que tomen todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida, salud e integridad física de las personas recluidas en centros penales, de sus familiares, del personal penitenciario y judicial, y en general de todas las demás personas que, por alguna razón u otra, ingresen o tengan acceso a los mismos, implementando además medidas de control de ingreso apropiadas para evitar la propagación del virus COVID19; 4) EXHORTAR a las autoridades penitenciarias y demás autoridades estatales a tomar acciones apropiadas para mitigar el hacinamiento en los centros penitenciarios, adoptando medidas de control sanitario apropiadas, en favor del aislamiento como medida esencial para evitar su propagación del virus COVID19; Y MANDA: 1. Que se notifique de la presente sentencia a los peticionarios, por los medios legales que correspondan; 2. Que se remita certificación de este fallo a las siguientes dependencias: i) Instituto Nacional Penitenciario; ii) Dirección Nacional de la Defensa Pública; iii) Dirección del Centro Penal de Máxima Seguridad de Morocelí, departamento de El Paraíso; y, se proceda oportunamente al archivo de las presentes diligencias. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal bajo el número SCO-762-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Etimológicamente habeas corpus significa tener el cuerpo o presentar el cuerpo
[2] Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data. Rubén Flores Dapkevicius