Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia EP-706-20 — Registro 11167

Resumen

En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de junio del año dos mil veinte (2020), que declaró no ha lugar el Recurso de Exhibición Personal, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; manifestando el peticionario, que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal por haber prescrito la medida cautelar de prisión preventiva. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 71 y 89 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (12): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la Resolución que se revisa debe ser revocada, ello porque el tiempo legal máximo establecido para la duración de la medida cautelar de la prisión preventiva se encuentra ya vencida, al tenor de lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal y como corolario de lo relacionado en los acápites del presente libelo, debiendo improbar el Informe emitido por la Juez Ejecutor y declarar HA LUGAR la garantía de Hábeas Corpus que se revisa; por lo cual se hace procedente en derecho Revocar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. CONSIDERANDO (13): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, decreta y ordena la inmediata libertad del agraviado, ciudadano JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga al encausado, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia del mismo en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de junio del año dos mil veinte (2020), que declaró NO HA LUGAR el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado CARLOS ARTURO MUNGUIA MARTINEZ, a favor del privado de libertad JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; manifestando el peticionario, que su representado se encuentra en una situación de detención ilegal por haber prescrito la medida cautelar de prisión preventiva; con relación a la causa instruida contra el señor JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, por suponerlo responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES Y FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Situación que, a criterio del peticionario, violenta en perjuicio de su representado, los derechos contenidos en los artículos 71 y 89 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veinte (2020), se interpuso un Recurso de Hábeas Corpus, mediante correo electrónico enviado al Secretario de la Sala de lo Constitucional, por parte del abogado CARLOS ARTURO MUNGUIA MARTINEZ, a favor del señor JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL. Manifestando el peticionario, que su representado ya se le venció el plazo de la medida cautelar de prisión preventiva, y a pesar de haber presentado solicitud de modificación de medida cautelar, la autoridad recurrida se niega a liberarlo; arguye el peticionario que en fecha catorce (14) de mayo del año 2020. se llevó a cabo la audiencia de Revisión de Medidas, en virtud de haber prescrito la prisión preventiva contra su representado por el plazo máximo de dos años seis meses, en donde el Tribunal de Sentencia actuante denegó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva y en su resolución estableció que a través del PCM-21-2020 del Poder Ejecutivo y el Acuerdo PCSJ-28-2020 del Poder Judicial limitan el derecho a la libertad y que así mismo se suspendieron algunas garantías constitucionales; ello en relación a la causa instruida contra el señor JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, por suponerlo responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES Y FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 2) Mediante Auto de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), la Sala de lo Constitucional Resolvió: (Sic) “1º DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE MERITO; 2º REMITIR DE INMEDIATO LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA CORTE DE APELACIONES PENAL DE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para los efectos legales consiguientes; 3º A PREVENCION DESIGNAR COMO JUEZ EJECUTOR para efectos del habeas corpus solicitado a la Abogada ONIX JACKELINE MANZANARES MONTOYA, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, quien deberá requerir de la autoridad recurrida el informe pertinente dentro del plazo y con las formalidades establecidas…”. (Folios 9fv de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 3) Que en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones relacionada, tuvo por recibida la acción de Exhibición Personal de mérito, ordenando que la Juez Ejecutor nombrada por la Sala de lo Constitucional, debería rendir el informe correspondiente ante esa Corte. (Folio 13 de la pieza de antecedente de Exhibición Personal) 4) Que en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos ml veinte (2020), la Juez Ejecutora compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con Competencia Territorial Nacional, y en el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: A) Que en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020), recibió el informe solicitado al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, en donde pudo constatar lo siguiente: que ese tribunal conoce de la cauda instruida contra el señor JUAN CARLOS ROSALES GARCIA y otros diez (10) imputados, en donde a él en específico, se le supone responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA COMERCIAL Y FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; que la audiencia de debate inició con los once (11) imputados, cada uno con su equipo de defensa, la Fiscalía y los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), misma que no pudo concluirse, pues las partes presentaron muchos incidentes y el Poder Judicial decretó la suspensión de labores a causa de la actual pandemia de COVID-19, y; en fecha catorce (14) de mayo de dos mil veinte (2020), se celebró por medio de la plataforma virtual “ZOOM”, la audiencia de revisión de medidas, en donde estuvieron presente todas las partes, y el Tribunal resolvió la no procedencia de excarcelación del imputado; B) Que se han establecido protocolos y lineamientos por la pandemia de COVID-19, dictados por la Secretaria de Salud (SESAL), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), sustentándose en el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 y la Constitución de la República, que en el plazo de cuarentena no podrán transitar libremente las personas, con el objetivo de evitar una mayor propagación del virus; C) En vista de todo lo expuesto anteriormente, la Juez Ejecutora Resolvió: (Sic) “DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL: En virtud de no haberse violentado garantías constituciones como ser una detención ilegal, ya que el País se encuentra en un Estado de Emergencia por la Pandemia COVID- 19, y por ende restricción y suspensión de derechos constitucionales a fin evitar el contagio de toda la población hondureña, como la muerte…. 2) Que en ningún momento al señor Juan Carlos Rosales García, se le denegó la audiencia de revisión de medidas, ya que la misma se realizó en fecha 15 de mayo de 2020, existiendo una causa justificada por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial; al denegar dicha solicitud, en virtud de estar suspendida la garantía del derecho a la libertad, emitido por el decreto número Decreto Ejecutivo PCM 021-2020…” (Folios del 16-20 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 5) Que en fecha uno (1) de junio del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia, mediante la cual Falló: (Sic) “Declarando NO HA LUGAR la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal de la cual se ha hecho mérito.-En consecuencia MANDA: Que se notifique esta resolución al peticionario y posteriormente se remita la misma en revisión a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”. (Folios del 77-79 de la pieza de antecedentes de Exhibición Personal) 6) Que en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020), esta Sala de lo Constitucional recibió para su revisión el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal de mérito, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral primero de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 3 numeral primero y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que una vez emitido el Informe por la Juez Ejecutora designada, la Corte de Apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha uno de junio del presente año dos mil veinte, mediante la cual declara No Ha Lugar la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal promovido, sustentando su decisión inter alia en las siguientes consideraciones: “Que el artículo 189 del Código Procesal penal dispone que el trámite para la revocación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva se hará en audiencia oral celebrada para tal efecto por el juez competente. En la misma sintonía, el articulo 190 y el articulo 354 numeral 4) del mismo texto legal citado, disponen que serán apelables las resoluciones que, impongan, modifiquen o declaren sin lugar una medida cautelar. Es decir, la imposición, revisión, sustitución o revocación de las medidas cautelares deberá hacerse en audiencia de revisión de medidas y si las partes no estuvieren de acuerdo con la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, podrán pedir la revisión de lo resuelto mediante el recurso de apelación. Es criterio de esta Corte de Apelaciones que en el caso sub judice, siendo que el Tribunal de Sentencia llevo a cabo la audiencia de revisión de medidas a solicitud del abogado defensor y que la petición de revisión y revocación de la prisión preventiva fue declarada sin lugar por los Jueces, corresponde a tenor de los artículos citados que dicha resolución y los criterios esgrimidos por el togado sean revisados mediante un recurso de Apelación y no mediante la interposición de un recurso extraordinario como lo es la Exhibición personal; hacerlo mediante este procedimiento especial violentaría el debido proceso. CONSIDERANDO (3): Que según se desprende del Informe emitido por la Juez Ejecutor, requirió a la Abogada Jocelyn Marie Donaire Fernández, en su condición de Juez del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, con el fin de rendir informe en relación al Hábeas Corpus promovido a favor del privado de libertad Juan Carlos Rosales García; en el referido Informe emitido por la autoridad requerida se hace referencia a que se presentó solicitud de revisión de medida cautelar a favor del señor Juan Carlos Rosales García, señalándose la audiencia para el 14 de mayo del año 2020, la cual se llevó a cabo de manera virtual a través de la Plataforma Zoom, contando con la concurrencia de todas las partes. En ella, la Defensa alegó que, en el caso de sus representados, ya el plazo de la prisión preventiva había vencido, es decir dos años más los seis meses que amplio la Sala Penal y por eso se solicitó que dicha medida fuese revocada y en su lugar se impusieran otras sustitutivas. Que el Tribunal una vez deliberado y ponderado los derechos y normas relacionadas, así como los antecedentes expuestos, llego a concluir de manera unánime que en efecto el Presidente de la República en Consejo de Ministros había ejercido su potestad de declarar estado de excepción, contenido en el artículo 187 de la Constitución de la Republica, en ese sentido, había suspendido el derecho a la libertad, por lo cual encontrándose suspendido ese derecho a la libertad, que ello también estaba recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27, razón por la cual encontrándose suspendido ese derecho a la Libertad y la libertad de deambular, no procedía la excarcelación de los imputados. (Folio 24fv de la pieza de antecedentes de Exhibición personal) CONSIDERANDO (4): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[1], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[2]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos, libertades y disposiciones reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 25 el derecho a la Protección Judicial y textualmente señala: “Artículo 25. Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…” CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República garantiza la libertad personal, al establecer en el Artículo 69 que la libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Con el fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la libertad personal inter alia, y dando asimismo cumplimiento a los compromisos convencionales de protección de Derechos Humanos, se instituyó la Garantía Constitucional del Hábeas Corpus, como un mecanismo judicial ágil, rápido, carente de formalismo y de observación general, a efecto de hacer cesar de manera rápida y efectiva cualquier detención ilegal que sufra una persona, así como todo tormento o tortura que pudiera estar soportando en su detención legal. CONSIDERANDO (6): Que la libertad y la seguridad comportan la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, adoptadas arbitraria e ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar en todo momento y lugar, dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias convicciones (STC 15/1986, de 31 de enero). Este derecho fundamental, como cualquier otro, no se puede concebir como un derecho absoluto y no susceptible de restricciones, si bien teniendo en cuenta que sólo la Ley podrá establecer los casos y la forma en que aquellas restricciones o privaciones de libertad son posibles[3]. CONSIDERANDO (7): Que, en el informe presentado por la Juez Ejecutor y de las investigaciones realizadas, ésta es del criterio de declarar Sin Lugar la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida a favor del privado de libertad ciudadano Juan Carlos Rosales García, argumentando que en ningún momento al señor Juan Carlos Rosales García, se le denegó la audiencia de revisión de medidas, ya que la misma se realizó en fecha 15 de mayo de 2020, existiendo una causa justificada por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial al denegar dicha solicitud, en virtud de estar suspendida la garantía del derecho a la libertad, emitido por el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020. La valoración y motivación que el Tribunal hizo en el momento de resolver sobre la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa, a través de la Plataforma Zoom, fue en relación al Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 y que a su criterio unánime el derecho a la libertad del imputado estaba suspendida. Conforme a los argumentos de la Juez Ejecutor en el Informe emitido, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dicta sentencia declarando No ha Lugar la Acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal promovida, al compartir asimismo el criterio asumido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional para denegar el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva y en su lugar imponer al imputado cualesquiera de las medidas cautelares previstas en el Artículo 173 del Código Procesal Penal, fundamentando tal decisión en que la libertad personal del imputado se encuentra suspendida por el Decreto Ejecutivo PCM 21-2020 y en consecuencia no procede su excarcelación. CONSIDERANDO (8): Que en la sentencia que se revisa y que fuera dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de junio del año 2020, hace relación a que el vencimiento de la medida cautelar de la prisión preventiva impuesta a un procesado, no puede ser objeto de revisión en razón de interponer un recurso de Exhibición Personal; ese criterio vertido por la Corte de Apelaciones es línea jurisprudencial de esta Sala de lo Constitucional y sigue siendo expuesta en las diferentes sentencias emitidas por este Alto Tribunal, no obstante a ello esta Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en esa línea jurisprudencial que la prolongación de la prisión preventiva en las circunstancias antes mencionadas, constituye no sólo una restricción indebida del derecho a la libertad personal garantizada por el artículo 69 de la Constitución de la República, sino que además una violación a la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en el caso sub júdice, el pedidor de la garantía de Hábeas Corpus, fundamenta sus alegatos no en la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, pues tal petición ya la presentó ante el órgano jurisdiccional competente, quien le denegó el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva argumentando que la libertad personal de su representado se encuentra suspendida en fundamento al Decreto Ejecutivo PCM 21-2020, en este caso específico el recurrente fundamenta sus alegatos en una detención ilegal al estar vencido el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de prisión preventiva y la inobservancia del Tribunal competente a declarar con lugar tal petición. CONSIDERANDO (9): Que en la presente acción de Hábeas Corpus se aprecia la coincidencia con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veintidós (22) de julio del presente año dos mil veinte (2020), por los Magistrados y Magistradas de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; en virtud de constituir precisamente el objeto de examen constitucional, en ambos expedientes la suspensión de garantías constitucionales en Estado de Excepción, en la motivación del antes referido fallo que declara HA LUGAR la Garantía de Habeas Corpus[4] promovida, (Expediente número SCO-0376-2020), se establece en su parte conducente: CONSIDERANDO (7): Que en efecto el referido Decreto Ejecutivo PCM-21-2020, decreta restringir en forma temporal las garantías constitucionales establecidas en los siguientes artículos: 69 Libertad Personal; 71 Tiempo límite de detención o incomunicación de una persona; 72 Emisión del pensamiento; 78 Libertad de Asociación; 81 Derecho de circulación; 84 Arresto conforme a mandato de autoridad competente; 93 Derecho a otorgar caución; 99 Derecho a la inviolabilidad del domicilio y 103 Derecho a la propiedad. El referido Decreto Ejecutivo que restringe en forma temporal los derechos fundamentales supra enunciados, se hace con el único fin de adoptar medidas extraordinarias para la contención a nivel nacional de la propagación del COVID-19 y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas y salvar vidas. No obstante de la lectura del referido Decreto se observa la no restricción de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República en los siguientes artículos a saber: 80 Derecho de Petición; 90 Debido Proceso; 182 Hábeas Corpus y; 321 Principio de Legalidad; entre otros, por ser precisamente garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos fundamentales que no admiten suspensión al tenor de lo dispuesto en el Artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a la Suspensión de Garantías. CONSIDERANDO (8): Que a efecto de conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la garantía de Hábeas Corpus en estado de excepción, es importante hacer alusión a lo establecido en el párrafo 24 de la OPINIÓN CONSULTIVA OC-8/87 EL HÁBEAS CORPUS BAJO SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS. DE FECHA 30 DE ENERO DE 1987. 24. La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables (cf. La expresión " leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32). –El subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): Que asimismo es importante hacer relación a la jurisprudencia procedente de la CIDH en relación a la no suspensión de los principios del Debido Proceso Legal en estado de excepción, ello en lo establecido en la OPINIÓN CONSULTIVA OC-9/87 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1987 GARANTÍAS JUDICIALES EN ESTADOS DE EMERGENCIA (ARTS. 27.2, 25 Y 8 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS). 28. Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2.a) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. 29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma. 30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser objeto de suspensión. -Énfasis suplido- CONSIDERANDO (10): Que el recurso de Exhibición Personal o Hábeas Corpus procede cuando por actos de la autoridad se vea vulnerado en forma arbitraria el derecho a la libertad individual o personal de los ciudadanos, en contravención a las normas legales y constitucionales establecidas; asimismo, contra aquellos actos de la autoridad pública que atenten contra la integridad física, síquica y moral de los ciudadanos en situación de privación de libertad, caso contario deberá declararse Sin Lugar el mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 24 y 38 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (11): Que de todo lo actuado y establecido en la tramitación del recurso de Hábeas Corpus que se revisa, esta Sala de lo Constitucional ha logrado constatar, de acuerdo con lo expuesto e informado por la juez ejecutora designada, que el privado de libertad ciudadano JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, ha permanecido en prisión preventiva más allá del plazo legal máximo establecido por el Artículo 181 del Código Procesal Penal, por consiguiente, aún y cuando su detención y posterior reclusión fuera efectuada dentro del marco legal aplicable, al haberse excedido el término legalmente estipulado para la duración de la prisión preventiva, se le ha cohibido en forma indebida del goce de su libertad, vulnerado con ello el debido proceso y el plazo razonable a efecto de resolver su situación jurídica como líneas arriba de dijo, situación que se agrava ante la denegatoria de la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva solicitada por la defensa del encausado, ante los argumentos emitidos por el Órgano Jurisdiccional que los plazos de la medida cautelar se encuentran en suspenso, derechos elementales y consustanciales con la persona humana, los cuales no pueden ser suspendidos aún en estado de excepción, pues se vulneraria con ello el principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho, siendo procedente en consecuencia improbar el Informe emitido por la Juez Ejecutora y declarar HA LUGAR la presente garantía de Hábeas Corpus, ante la privación de libertad arbitraria[5] del ciudadano JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, ello ante el vencimiento de los plazos establecidos en la ley adjetiva para el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva y la denegatoria del Tribunal conocedor del proceso a revisar y decretar el cese de la misma. CONSIDERANDO (12): Que, para esta Sala de lo Constitucional, la Resolución que se revisa debe ser revocada, ello porque el tiempo legal máximo establecido para la duración de la medida cautelar de la prisión preventiva se encuentra ya vencida, al tenor de lo establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal y como corolario de lo relacionado en los acápites del presente libelo, debiendo improbar el Informe emitido por la Juez Ejecutor y declarar HA LUGAR la garantía de Hábeas Corpus que se revisa; por lo cual se hace procedente en derecho Revocar la sentencia de Hábeas Corpus venida en revisión, acorde a lo prescrito en el último párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional precitado. CONSIDERANDO (13): Que en ese sentido y en aplicación del segundo párrafo del artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional[6], decreta y ordena la inmediata libertad del agraviado, ciudadano JUAN CARLOS ROSALES GARCÍA, mediante la sustitución de la medida cautelar de Prisión Preventiva, por ello se ordena al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, imponga al encausado, las medidas cautelares que aseguren la eficacia del procedimiento y garanticen la presencia del mismo en el transcurso del proceso, adoptando una o más de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal, ello en cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 181 del Código Procesal Penal. Observando asimismo las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° CSJ-02-2020 de fecha cuatro (4) de junio del año dos mil vente (2020), emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al Proceso de Reincorporación Gradual y Responsable de los Servidores Judiciales a Labores Presenciales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos Números 59, 60, 69, 80, 82, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5 y 316 de la Constitución de la República; 2, 5, 8, 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 1, 2, 3 numeral primero, 5, 13, 24, 25, 26, 37, 39 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: I) REVOCANDO la sentencia que se revisa y Declara Con Lugar el Recurso de Exhibición Personal que se ha hecho mérito. II) Se Ordena a la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, proceda a dictar todas las diligencias pertinentes a fin de acatar lo ordenado en el presente fallo, como ser el ordenar, previo a su excarcelación, que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal proceda a imponer al señor JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que señala el artículo 173 del Código Procesal Penal; ello con la finalidad de garantizar la presencia del encausado señor JUAN CARLOS ROSALES GARCIA, en la continuación del juicio oral y público. III) Para el cumplimiento de esta sentencia la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, debe proceder de inmediato con el acatamiento de las recomendaciones indicadas y conforme a ello dictar de nuevo la sentencia que conforme a derecho corresponda. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Sello y firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Exhibición Personal Venido en Revisión registrado en este Tribunal con el número SCO-0706-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[2] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[3] Antonio Zárate Conde (Coordinador) et al, Derecho Constitucional, Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, Citando la sentencia del Tribunal Constitucional español STC 178/1985 de 19 de diciembre. Editorial Universitaria Ramón Areces, S.A. Primera Edición: febrero 2018, Madrid, España. Pág. 135.

[4] Ver Antecedentes 12), 15), 17) y 19) de la presente sentencia.

[5] En relación a las privaciones de libertad arbitrarais e ilegales el citado autor Jesús María Casal, sostiene que la prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y proccidental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias de la libertad responde a un criterio fundamentalmente material o sustancial. No basta que una detención sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla licita o legitima, ya que es preciso adicionalmente que esta normatividad de ajuste a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en cuenta que: […] se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas o métodos que –aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. Citando a la Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47.

[6]

Ley Sobre Justicia Constitucional. ARTÍCULO 39.- DEL EFECTO LAS RESOLUCIONES PROCEDENTES. Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos precedentes, resulta que la detención, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretará la orden de libertad del agraviado o la cesación de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o para el orden de la prisión, y pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto de que se ejerza la acción penal correspondiente.

Igual obligación tendrá el juez o magistrado que conozca de la acción una vez dictada la sentencia que declare con lugar la misma.

Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas, una vez revisadas en su caso por la Sala de lo Constitucional.